Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 108535
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede, se confirma la resolución de fecha 15 de marzo de 2022, debiéndose sustanciar la causa ante el órgano pertinente. Costas al recurrente (doct. art. 352 inc. 1, C.P.C.C.; arts. 36, ley 24.240; 1094 Código Civil y Comercial de la Nación; 68, C.P.C.C.).
Sentencia Definitiva
Causa N° 108535; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº14 - LA PLATA
ISRAEL SILICARO, OSVALDO JUAN C/PONZI, RAUL DAVID S/ COBRO SUMARIO
En la ciudad de La Plata, a los cinco días del mes de julio de Dos mil veintidós, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 108535, caratulada: "ISRAEL SILICARO, OSVALDO JUAN C/PONZI, RAUL DAVID S/ COBRO SUMARIO", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 15 de marzo de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
I. Vienen las presentes actuaciones a efecto de tratar el recurso de apelación incoado por el actor con fecha 16 de marzo de 2022, contra el decisorio del 15 de marzo de 2022. El 25 de marzo de 2022 se presentó el respectivo memorial de agravios, el que no mereció réplica de la contraria. Asimismo, el día 26 de abril de 2022 el Fiscal de Cámaras presentó su dictamen.
II. A. El juez de la instancia de origen indicó que el deudor registra domicilio real en la localidad y partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires, motivo por el cual, atento la existencia de una relación de consumo a la que se refiere el art. 36 de la ley 24.240, se declaró incompetente para entender en las presentes actuaciones. Así, ordenó que una vez que adquiera firmeza la resolución, deberían remitirse al Juzgado de Quilmes que corresponda, previo glose de la documentación reservada, darse de baja en las actuaciones del Sistema Informático del Juzgado, remitirse oficio electrónico a la Receptoría General de Expedientes departamental, a fin de que tome debida nota, y a la Receptoría General de Expedientes de Quilmes, a efecto de que por su intermedio designe el juzgado que va a conocer, debiendo pasar las mismas al Juzgado correspondiente (v. res. del 15/3/22).
B. El recurrente entiende que la actual redacción del art. 36 de la ley 24.240, que impone la competencia del juez del lugar del domicilio del consumidor en las relaciones financieras de consumo, aunque haya prórroga de la competencia, fue introducida por la ley nacional 26.361, promulgada el día 03 de abril de 2008, y por no tener ninguna de ellas expresa aplicación retroactiva, la prórroga de competencia deviene válidamente acordada y ejercida al promoverse la presente demanda (v. memorial del 25/3/22).
Se duele de la declaración de incompetencia enfatizando que la misma resultó ser extemporánea, pues retrotrae el proceso a etapas precluidas, atentando contra el dispendio de actividad jurisdiccional, los principios de seguridad jurídica, preclusión y economía procesal. Sostiene que, no obstante la circunstancia de domiciliarse el consumidor-ejecutado en otro Departamento Judicial, en las presentes actuaciones se diligenció el traslado de demanda y se dictó sentencia que se encuentra en el estado de cumplimiento, actos que impiden que la potestad revocatoria sea ejercida indefinidamente. Entiende que la postura adoptada es contraria a la doctrina de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en la causa “Rodríguez, Ricardo Alberto c/ Alonso Campanile s/ Cobro Ejecutivo”, dado que el juez resolvió su incompetencia luego de varios años de iniciada la causa y tras haber realizado distintas medidas que implicaron el ejercicio pleno de su jurisdicción. Finalmente, manifiesta que esa forma de decidir quebranta la garantía constitucional de imparcialidad, concebida como el derecho de los justificables a ser juzgados por un tribunal no contaminado directa e indirectamente con el objeto ni con los sujetos de un proceso (v. memorial del 25/3/22)
III. Liminarmente, es pertinente destacar que en el memorial bajo análisis el quejoso refiere (en el punto iv titulado “De la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias”, v. memorial cit.) que se omitió en la sentencia expedirse sobre las modificaciones a los intereses y la eliminación del cómputo de la capitalización pactada. Cabe indicar al respecto, que el referido tópico no se condice con la cuestión ventilada en los obrados, puesto que lo aquí debatido es la incompetencia declarada por el juez de grado para entender en las presentes actuaciones.
IV. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el fallo C. 109.305, "Cuevas, Eduardo Alberto c/ Salcedo, Alejandro Rene s/ Cobro Ejecutivo" (sentencia del 1° de septiembre de 2010), estableció que, si bien imperan en el ámbito de las relaciones de financiación para consumo las limitaciones cognositivas propias de los procesos de ejecución, que impiden debatir aspectos ajenos al título (cfme. art. 542 C.P.C.C.), es posible una interpretación de la regla aludida a la luz de los principios derivados de la legislación de protección de usuarios (arts. 1, 2, 36 y 37, ley 24.240).
En ese orden, admitió que los jueces declaren de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación (mediante elementos serios y justificados) de la existencia de una relación de consumo de las mencionadas en el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor.
Cabe indicar que esta forma de resolver se presenta como una excepción al principio general que establece que la competencia territorial es prorrogable en asuntos patrimoniales, en virtud del cual el Juez ante quien ha sido articulada la demanda no puede inhibirse de oficio (arts. 1 y 2 del C.P.C.C.; S.C.B.A., Ac. 107607, Res. del 24/VI/09; C 108875 sent. del 30/III/2010; C 113588, sent. del 22/XII/2010, e/o).
En la especie, existen elementos que permiten inferir que podría tratarse de una operación de crédito de las normadas en el artículo 36 de la ley 24.240 que ampara al consumidor contra las prórrogas de competencia.
Cabe ponderar la multiplicidad de procesos de idéntico tenor iniciados en este departamento judicial, más de 50 juicios en los que el accionante reviste calidad de actor (cfme. Mesa Virtual de la SCBA., ver Página Web) y la circunstancia de que la demandada es persona física destinataria final del crédito, lo cual habilita la declaración oficiosa de incompetencia (arts. 36, ley 24.240; 1, 2, 163 inc. 5, C.P.C.C.).
Precisamente, la ley 24.240 -normativa de orden público (art. 65, ley citada)- introduce en su artículo 36 una disposición de competencia territorial no disponible por las partes y que conforme la cual será competente el tribunal del domicilio real del consumidor, para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por dicha norma -operaciones financieras para el consumo y de créditos para el consumo-, siendo nulo cualquier pacto en contrario.
Este plexo normativo impone que toda vez que se promueva una acción de cobro derivada de un título de crédito, en tanto por el domicilio del demandado el tribunal resulte incompetente, tal incompetencia debe ser declarada de oficio. Aguardar que sea el deudor (usuario o consumidor) quien por vía de excepción introduzca la cuestión, importaría no sólo eventualmente posponer o diferir su análisis, sino también, lo que es más importante, frustrar la protección que impone la ley.
De lo expuesto, va de suyo que debe rechazarse el agravio relativo al quebranto de la imparcialidad por parte del juez de primera instancia, puesto que, deviene menester indicar, las declaraciones en materia de competencia no resuelven sobre fondo de la cuestión, sino que, por el contrario, se trata de la estricta aplicación de las leyes que establecen reglas de competencia –de orden público-, que en el caso se materializa con las tuitivas disposiciones en materia de consumo.
Asimismo, debe meritarse que la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor tal cual se ha aplicado en las presentes actuaciones -cuyos preceptos, de orden público, están destinados a resguardar el derecho de acceso a la justicia y de defensa en juicio de la parte que el legislador ha considerado débil en la contratación que se hubo celebrado- no pueden violentar el principio de imparcialidad, acorde señala el accionante (arts. 14, 18 de la Constitución Nacional, 15 Constitución Provincial, 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; 65, ley 24.240).
En ese sentido, el Doctor de Lázzari señaló que: “…En el marco de una situación objetiva de desigualdad, se hace necesario fortalecer la posición del más débil, para de ese modo restablecer la igualdad, que es garantía constitucional. Ese fortalecimiento del más débil en la relación de consumo se exhibe con nitidez desde la perspectiva procesal. En ese terreno, la normativa que nos ocupa contiene fecundas alteraciones al régimen común. Y esas alteraciones tienen su explicación a la luz del principio de igualdad procesal, natural exteriorización en el campo procesal del principio general de igualdad ante la ley consagrado por el art. 16 de la Constitución nacional…” (Voto del Dr. De Lázzari, causa C117245, “Crédito para todos S.A. c/ Estanga Pablo Marcelo s/ ejecutivo”, sent. del 3/9/14).
Ahora bien, la circunstancia que al momento del inicio de las actuaciones no estuviese vigente el artículo 36 de la ley citada no es óbice para que, introducida esa norma, sea aplicada a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (art. 7 del CCCN). Se aprecia que si bien en fecha 13 de febrero de 2006 se dictó sentencia (v. hojas 36/38), la que fuera revocada -en lo que fue materia de recurso y agravios- por esta Alzada (v. hojas 68/69 vta.), aún no se ha podido hacer efectivo el cumplimiento de la obligación allí sentada, razón por la cual, y atento lo explicitado, la disposición sindicada resulta aplicable al caso (art. 7 del CCCN).
Además, de las constancias obrantes en las actuaciones se desprende que, al momento de interponer demanda, se denunció como domicilio real del demandado el de calle Urquiza n°926 e/ Bombero Sánchez y Tucumán de la ciudad de Quilmes Oeste. Asimismo, se aprecia que allí se notificó la demanda (v. hjs. 25 y vta.), la sentencia de primera instancia (v. hjs. 56 y vta.) y la de Cámara (v. hjs. 76), ese fue el domicilio informado por la Cámara Electoral a hojas 116 y 131, y el denunciado por el accionante con fecha 14/3/22.
Atento a ello, y siendo posible que exista una relación de consumo, por lo que resulte aplicable la Ley de Defensa del Consumidor a la relación existente entre las partes, tanto el juzgado de origen como esta Alzada carecen de competencia para entender en los presentes actuados (art. 36 Ley 24.240).
Atribuir al lugar establecido en el documento base de la acción la aptitud de determinar la competencia judicial vulneraría la garantía de la defensa en juicio, al crear obstáculos defensivos en función de la distancia (art. 18, CN). El espíritu antes referido es el mismo que guía la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el fallo “Productos Financieros S.A. c/ Ahumada, Ana Laura s/ cobro ejecutivo”, sent. del 10 de diciembre de 2013, el cimero Tribunal expuso –en un marco distinto a las presentes actuaciones, puesto que, como se explicó, se trataba de un proceso ejecutivo- que “…un nuevo examen de la cuestión permite concluir que la declaración de incompetencia de oficio en los supuestos que resulta aplicable el art. 36 de la ley 24240, texto según ley 26361, encuentra su sustento en el carácter de orden público que reviste dicha norma” (art. 65, ley 24240, causa cit).
De ello se concluye que el avance del proceso no es óbice para el control de la competencia de oficio, sin que impere la preclusión (esta Sala, causa 120.330, RSI 173/16, sent. int. del 18/08/16).
Acorde resolvió nuestra Suprema Corte “…la circunstancia de haber emitido el órgano jurisdiccional los actos procesales que dictó: primer despacho disponiendo la intimación de pago y la citación para oponer excepciones, ordenando a tal efecto libramiento del correspondiente mandamiento, no impiden su ulterior declaración de incompetencia de oficio fundada en el artículo 36 de la ley de defensa del consumidor…en tanto la misma viene fundada en el art. 36 de la ley de defensa del consumidor y se practica invocando la habilitación que emerge de la doctrina de la causa C.109.305 "Cuevas", resol. del 1-IX-2010” (S.C.B.A., Rc 119.349, Int. del 17/06/2015).
Finalmente, debe tenerse en cuenta el principio rector conforme el cual, en los supuestos de duda ya sea en el carácter de consumidor o usuario del ejecutado, en la condición de proveedor del ejecutante o en la calificación de la relación, deberá estarse por la interpretación más favorable al consumidor, considerando aplicable al caso el plexo normativo del conjunto de las normas que protegen a los consumidores. Ello en consonancia con la protección que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) brinda a los consumidores y usuarios, el cual en su artículo 1094 dispone que “las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable. En caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor”. El nuevo ordenamiento fortalece aún más la protección al consumidor (Stiglitz, Gabriel A., “La defensa del consumidor en el Código Civil y Comercial de la Nación”, publicado en: Sup. Especial Nuevo Código Civil y Comercial, 2014, 137).
Cabe concluir entonces que el juez natural para entender en el proceso debe ser aquél del domicilio real del deudor (arts. 1, 2, 3, 36 y 37 ley 24.240). Es dicho Juez el único que debe considerarse atribuido de competencia para determinar si existe o no relación de consumo en los términos que consagra el artículo 36 antes citado.
En consecuencia, el único juez hábil para dirimir la cuestión de competencia, es el del domicilio del deudor, ya que de lo contrario se estaría impidiendo su acceso a la justicia, al tener que presentarse en extraña jurisdicción para hacer valer el planteo de incompetencia. No cabe en supuestos como el presente admitir la prórroga y así habilitar a un Juez de extraña jurisdicción que se atribuya una competencia que la accionada se vería impedida, por razones de distancia o económicas, de controvertir (esta Sala, causa 127.259, RSD 62/20, sent. del 6/05/20, e/o).
Por todo lo expuesto, considero que la apelada resolución se ajusta a derecho y debe ser confirmada, con costas al recurrente (art. 68, C.P.C.C.).
Voto por la AFIRMATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la resolución de fecha 15 de marzo de 2022, debiéndose sustanciar la causa ante el órgano pertinente. Costas al recurrente (doct. art. 352 inc. 1, C.P.C.C.; arts. 36, ley 24.240; 1094 Código Civil y Comercial de la Nación; 68, C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede, se confirma la resolución de fecha 15 de marzo de 2022, debiéndose sustanciar la causa ante el órgano pertinente. Costas al recurrente (doct. art. 352 inc. 1, C.P.C.C.; arts. 36, ley 24.240; 1094 Código Civil y Comercial de la Nación; 68, C.P.C.C.). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Firmas
Funcionario Firmante: 05/07/2022 08:56:10 - HANKOVITS Francisco Agustín - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/07/2022 08:59:49 - BANEGAS Leandro Adrian - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 05/07/2022 09:13:20 hs. bajo el número RS-145-2022 por TARANTO HUGO DAMIAN.
Fin de la sentencia