Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 133167
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, y demás fundamentos expuestos se confirmar la sentencia apelada e imponer las costas al demandado en su objetiva condición de vencido (art 68y 69 CPCC).
MP FS
En la ciudad de La Plata, a los 27 días del mes de Diciembre de 2022, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados:
"COMITE DE ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO LEY 12726 C/ DELIA ROQUE LUJAN COSME S/ COBRO SUMARIO DE PESOSIGACIONES "
(causa: 133167), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
1. La decisión La Sra. Jueza de grado el 19/8/22 resolvió que de la cláusula 9 del convenio traído surge que "El Estudio solo percibirá sus honorarios en el caso de resultado exitoso de la gestión de recupero y su base de cálculo serán los fondos efectivamente ingresados en El Fideicomiso" y no resultando de las constancias de las actuaciones que se haya saldado el crédito perseguido, habiendo resultado condenada en costas la demandada, la regulación judicial de los estipendios pretendida contra su cliente se contrapone a lo pactado, encontrándose en franca oposición a las condiciones tenidas en miras por las partes al momento de efectuar el convenio.
2. Recurso El 25/8/22 el Dr. L. G. interpuso apelación que fue concedida el 5/9/22, fundada con el memorial de fecha 6/9/22 y contestada el 16/9/22. Se agravia por considerar que la cláusula 9 del convenio de honorarios es nula (art. 2 y 8 LH) pues implica una renuncia anticipada de honorarios profesionales. Agrega que el art. 58 LH lo habilita a ejecutar los honorarios regulados contra el condenado en costas y solidariamente contra el beneficiario del trabajo profesional, el Comité de Administración del Fideicomiso Ley 12726/12790. Señala que esta responsabilidad no es subsidiaria, es solidaria, su ejecución se puede dirigir tanto al condenado como al beneficiario de los trabajos. El letrado no debe cumplir requisito previo alguno que demuestre que el condenado en costas no se encuentra en condiciones de abonar.
3. Tratamiento de los agravios.
3.1. La interpretación del art. 8 de la ley arancelaria, DL 8904/77 y L 14.967 (L.H.).
La cuestión debatida radica en determinar la interpretación del art 8 LH ya que el fallo atacado tiene como base que el convenio de honorarios en que renunció a cobrar honorarios al cliente salvo que obtuviera un resultado económico es válido, es decir que no resultó anulado de pleno derecho cuando el abogado intentó ejecutar al cliente.
Es trascendente para su interpretación el contexto del art. 8, ya que - tanto en el Dec. ley 8904/77 y en la ley 14.967- esta ubicado en el titulo II sobre convenios y pactos de honorarios de ambas leyes de honorarios (que contienen los arts. 3 a 8).
El art. 3 de la ley 14.967 permite el pacto de honorarios, en la medida que se sujete a la ley arancelaria -el art. 3 del Dec. Ley 8904/77 alude a la ley arancelaria y al Código Civil-, y establece que los honorarios a cargo de la parte contraria corresponderán exclusivamente al abogado.
El art. 4 de la ley 14.967 -al igual que el art. 4 del Dec. ley 8904/77- se refiere a los pactos de cuota litis, estableciendo límites al mismo y la posibilidad de celebrar pacto de cuota litis con el representante del menor de edad (esto último esta en el art. 6 del Dec. ley 8904/77).
El art. 5 de la ley 14.967 establece que los contratos de honorarios deben ser celebrados por abogados matriculados y que no se podrán hacer en función del tiempo que dure el asunto, excepto por actuación extrajudicial (el art. 5 del Dec. ley 8904/77 dispone lo mismo, aunque la referencia a la contratación por tiempo esta en el art. 3).
El art. 6 del DL 8904/77 dice que la revocación del poder o del patrocinio no anula el contrato por honorarios, salvo que ella sea motivada por culpa del profesional. Si suscribieron un pacto de cuota litis, la renuncia injustificada del profesional, no lo eximirá de las obligaciones que asumió respecto de los gastos y costas del proceso asumidos. El 7 y 8 se refieren al derecho del abogado que hubiera celebrado contrato de honorarios y comenzado sus gestiones, a abandonar el vínculo contractual -locación de servicios profesionales- durante el proceso (entendido hasta el final) y sus consecuencias.
El art. 7 DL 8904/77 dice que el profesional puede separarse del juicio en cualquier momento, en tal caso quedará sin efecto del contrato y sus honorarios serán regulados judicialmente. El letrado que se aparta voluntariamente del proceso en curso pierde el derecho a cobrar lo pactado en el contrato de honorarios. Se trata de un supuesto de resolución unilateral que hace que el contrato (v.gr. pacto de cuota litis) quede sin efecto. El art. 8° del decreto ley 8904/77 establece que el abogado o procurador podrá pedir regulación por los trabajos efectuados en cualquier estado del proceso y en este caso queda ipso iure anulado el contrato o pacto. El art. 8° de la nueva ley arancelaria 14.967 establece también que podrá pedir regulación por los trabajos efectuados en cualquier estado del proceso, y modifica la segunda oración: el pedido de percepción contra el cliente importará la resolución “ipso iure” del contrato.
En resumen, el art. 8 del decreto ley 8904/77 se refiere al caso en que el profesional abandona el proceso antes de su finalización por el cumplimiento de la sentencia, finaliza la locación de servicios, y pierde el derecho a cobrar lo pactado con su cliente (v.gr. pacto de cuota litis). Los arts. 6, 7 y 8 protegen al cliente del abandono del proceso por parte del profesional. Es evidente que se refiere a perder el derecho a cobrar un convenio que lo beneficia cuando la tarea fue parcial (tal como lo es el caso de los pactos de cuota litis). No permite renunciar sin causa y pedir regulación cuando esta última sería más favorable, tal como sucede en la especie.
El pacto de honorarios en crisis data de 2010, por lo que en aplica la normativa vigente al momento de su celebración, esto es el Dec. ley 8904/77 (conf. arts. 3, Código Civil; 7, C.C.C.N.). Sentado ello, cabe destacar que en la cláusula 9na. del convenio precitado se dispone que el abogado se encuentra facultado a cobrar honorarios, al deudor y al Fideicomiso, en la proporción indicada en el Anexo 1 y utilizando como base de cálculo los fondos efectivamente ingresados por el recupero de deudas. Aclara que sólo cobraría honorarios en el caso de resultado exitoso de la gestión de recupero y renuncia a cobrar al Fideicomiso por regulaciones que se realicen, aun cuando haya cesado su relación contractual con el Fideicomiso por cualquier causa. Agrega que el abogado cederá el 7.5 porciento de los honorarios que genere por estos casos a Fiscalía de Estado, previo descuento de cargas previsionales e impuestos. El art. 2, por su parte, señala que el convenio mantendrá su vigencia durante el periodo de gestión de recupero que según la cláusula 6ta. es hasta la culminación de los procesos.
En el presente se impusieron costas a la parte ejecutada [sentencia de trance y remate 6/3/2013] y se regularon honorarios provisorios el 18/10/21. El Dr. L. A. G. pretende ejecutar los honorarios regulados a su cliente, lo cual excluye el caso de la solución prevista en el art. 8 del Dec. Ley 8904/77, que por tratarse de un supuesto de anulación “ipso iure” debe interpretarse restrictivamente. El acuerdo, por ende, no resultó anulado por el pedido de ejecución de los regulados contra su cliente, es válido.
No puede interpretarse la norma en cuestión (art. 8 LH) de forma tal que una de las partes pueda dejarla sin efecto a su solo arbitrio, en perjuicio del co-contratante. Es que si el pedido de regulación o bien la ejecución contra el cliente contratante fuere suficiente para dejar sin efecto todo contrato de honorarios, se estaría facultando a una de las partes a decidir si lo acordado habrá de mantener vigencia en cada caso, lo cual no es razonable (art. 28, Const. Nac.). Tal como ya se dijo, la norma se refiere a un convenio que beneficia al letrado cuando la tarea encomendada no se completó, fue parcial. No permite renunciar al convenio sobre honorarios sin realizar la tarea encomendada y pedir regulación, cuando esta última sería más favorable que la retribución que obtendría de mantenerse en convenio. Los contratos son el medio por el que las personas pueden realizar previsiones a futuro cuando la naturaleza de las prestaciones así lo exige, principalmente por el desarrollo que las mismas conllevan a través de períodos temporales más o menos largos, que hacen necesario implementar recursos materiales múltiples y ejecutarlos sucesivamente a la espera de un resultado que se perfeccionará en un momento futuro. De modo que, si una de las partes tiene la facultad de dejar sin efecto el contrato, ya sea comunicándolo a la otra o ejecutando una acción prevista, y ello en contradicción de lo pactado y en perjuicio de la contraparte, rompe con las previsiones de la contraria. En cualquier caso, tal decisión unilateral no puede ubicar a la contraria en peor situación que la que tendría si se aplicare el convenio. Admitirlo importaría convalidar un abuso del derecho (arts. 1, 2, 9 y 10, C.C.C.N.; 1071 Código Civil).
3.2. La buena fe contractual El contrato que aquí se interpreta es una relación por tiempo indeterminado entre el cliente y el profesional en que el primero le encomienda ejecutar una cartera de créditos, y entregar una parte de sus honorarios al Fisco de la Provincia, relación de duración.
El segundo párrafo del art. 2 del dec. ley 8904/77 establece que, si el profesional hubiere renunciado, quedará sujeto a los términos del convenio, sin perjuicio de que el Colegio de Abogados tendrá acción para reclamar del deudor la diferencia que resulte por aplicación de la ley arancelaria. Ello sin perjuicio de la aplicación del art. 18 de la ley arancelaria, frente a los letrados que han sido contratados en forma permanente mediante una retribución periódica, tal como cuando hay una relación de empleo público.
En la provincia de Buenos Aires, las diversas leyes orgánicas de los cuerpos llamados a asumir la defensa de los intereses fiscales -Fiscalía de Estado y Asesoría General de Gobierno- prevén expresamente la situación (art. 17, ley 7543 -Orgánica de Fiscalía de Estado-; art. 22, ley 8019, Orgánica de la Asesoría General de Gobierno; 37, ley 8838, Honorarios para apoderados y letrados en juicios municipales).
No desconozco que se impone hacer una distinción entre los abogados que forman parte de la administración pública -relación de empleo público- y la de aquellos a quienes se les encomienda mandato para representar al Estado -incluso sus organismos autárquicos u otras formas descentralizadas administrativas- en determinados procesos judiciales, sin pertenecer a la administración pública. En el primero de los casos la relación se rige por el derecho administrativo, en el segundo, por una normativa especial que debe interpretarse armónicamente con la legislación local (arts. 1 y 2, C.C.C.N.). Ello impone adecuar la aplicación del art. 58 de la ley arancelaria al presente caso, que impone la solidaridad entre el condenado en costas y el cliente en el pago de los honorarios profesionales.
Además, permite agregar otra razón a la falta de legitimación en el presente caso para cobrar al Fideicomiso los honorarios regulados cuando el ejecutado ha sido condenado en costas: es necesario considerar la especial naturaleza de la cartera cuyo "recupero" se encarga al letrado, que son los créditos "incobrables" de deudores del Banco Provincia de Buenos Aires que motivaron la creación del Fideicomiso de RECUPERACION CREDITICIA LEY 12726 a fines de "sanear" al Banco, pues según esta ley se transfieren al Fideicomiso los créditos de su cartera que -de acuerdo con las Normas del Banco Central de la República Argentina sobre Clasificación de Deudoresse encontraren al 31 de marzo de 2001, clasificados en categorías 3, 4, 5 y 6 en líneas comerciales, de consumo, hipotecarios, así como también otros que por su improbabilidad de cobro del Banco de la Provincia de Buenos Aires prevea que pueden ser categorizados de tal forma.
La buena fe en la interpretación del contrato implica la confianza ante una declaración de voluntad de que sus efectos serán los previsibles, por normales, en un caso dado. Los jueces no deben admitir la reserva mental, ni aceptar como válida una interpretación diferente que alguna de las partes diga haber considerado para salvar su responsabilidad. El abogado firmó que renunciaba a cobrar salvo que obtuviera un resultado, pero sostiene que no renunció porque ambas partes conocían la existencia del art. 8 LH que le permitía cobrar. Esta contrariando sus propios actos, en violación al principio de buena fe.
Entiendo que si bien la primera lectura del convenio pareciera que se está frente a una cláusula abusiva, al impedir cobrar suma alguna por las tareas desarrolladas, el carácter del ente otorgante, la naturaleza de los créditos, de difícil o casi imposible cobro por la calidad reconocida por ambas partes de los deudores así calificados por el BCRA, el volumen de operaciones comprometidas, implica comprender que en la naturaleza del "negocio" emprendido por el abogado es contrario a derecho permitir que el apoderado cobre sus honorarios utilizando como base de cálculo el monto de cada proceso (los créditos con sus accesorios). Si no se respetara este convenio, el inicio mismo de los procesos sería antieconómico para el Fideicomiso, pues generaría un crédito al abogado por un porcentaje del monto de la cartera contra el Fideicomiso, respecto de créditos que ambas partes saben tienen baja probabilidad de cobro.
Considero que el presente contrato de honorarios configura un contrato aleatorio, en que la relación existente entre los beneficios y sacrificios que las partes asumen no está determinada, al depender de alguna circunstancia imprevisible o desconocida por las partes. El abogado, consciente de la naturaleza de los créditos que acepta ejecutar, ha asumido el riego de la poca probabilidad de cobro. Sería contrario entonces a la buena fue contractual, en el caso concreto, cuando el álea le es desfavorable, invocar la norma arancelaria para ejecutar al Fideicomiso, utilizando este monto. Consecuentemente, voto POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor López Muro dijo que: por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante, adhiero a la solución propuesta.
Agrego a lo señalado por mi distinguido colega que los arts. 1 a 8 de la ley de honorarios profesionales (tanto los de la 8904 como la ley 14967) conforman un sistema que indica que por regla los honorarios entre el abogado y su cliente se pactan y por defecto, se determinan según la ley (art. 2). Pero también se entiende que los contratos no pueden ser por montos inferiores a los mínimos legales. Asimismo, los convenios tipo que se utilizan para estos casos se refieren al supuesto de que el cliente gane el pleito, en cuyo caso el abogado tendrá una participación en su resultado. Esta participación no puede ser más de 1/3 del neto (art. 4 inc. b) a menos que el abogado asuma las costas causídicas, lo que le permite convenir hasta una participación del 50% del producido líquido. Los artículos que señalo prevén un escenario en que el abogado ganará el pleito y tendrá los honorarios que se regulen a cargo de la contraria, más el pacto de cuota litis. El art. 6 señala que, si el cliente revoca el poder, el abogado tendrá de todos modos derecho a la cuota convenida, salvo que haya dado lugar a ello por su culpa y entonces sólo tendrá derecho a lo que se le regule. Ahora lo conflictivo: los arts. 7 y 8 facultan al abogado a rescindir el contrato por dos vías: una explícita (art. 7) y otra implícita (art. 8). En ambos casos el contrato queda sin efecto y será remunerado mediante regulación. En un contrato aleatorio uno de los contratantes no puede tener la facultad de dejarlo sin efecto, dejando de lado el álea que se advierte adversa y "mejorar" su situación a costa de la contraria. Por ende, no es razonable interpretar que el derecho a rescindir unilateralmente el convenio se puede aplicar a cualquier situación y a todos los contratos de honorarios, pues eso permitiría que el abogado incurra en abuso de derecho. Como ejemplos propongo dos supuestos.
En el primero, el abogado pacta una cuota del 50% haciéndose cargo de los gastos causídicos y costas de la contraria (art. 4 inc. c). Avanzado el pleito advierte que probablemente lo va a perder e incluso que se va a declarar que hubo "plus petitio inexcusable". Como reclamó una suma excesiva y si se produce el rechazo de la demanda la regulación tendrá como base lo demandado (art. 23 LH), recurre a cualquiera de las vías de los arts. 7 y 8, de modo que cuando le regulen le va a cobrar a su cliente. En el segundo caso, se trata de que el abogado firmó un pacto de cuota litis y prevé que va a ganar el pleito pero la contraria es insolvente, así que rescinde el contrato y pide regulación judicial para cobrarle a su cliente. Como se advierte, los contratos sobre hechos y obligaciones que se desarrollarán en un plazo extenso se formulan para prever ulterioridades y actuar con mayor seguridad. Importan la previsión que las partes hacen frente a contingencias futuras con más o menos álea y tienen como finalidad disminuir dicha álea y definir las consecuencias de su acaecimiento. Las facultades que una parte puede arrogarse (ya sea por vía contractual) o por disposición legal (tal el caso de los arts. 7 y 8 LH) para eludir las consecuencias de lo que se había convenido, pueden importar un abuso de derecho y por ello no deben admitirse. Corresponde analizar e interpretar el contrato bajo esta perspectiva, más aún cuando una de las partes, el abogado, tiene una posición de conocimiento e información que su cliente no tiene. Además, se trata de una situación en que el abogado también debió asesorar a su cliente sobre lo que más le convenía, incluidas las previsiones contractuales sobre honorarios. Y ello es muy delicado, porque en ese caso los intereses de abogado y cliente pueden ser contrarios, por lo que habría una cuestión ética de por medio.
Ante la duda, las cláusulas y sus consecuencias deben interpretarse en contra de quien las ha predispuesto (aún cuando articulen con disposiciones legales).
El nuevo texto de la ley de honorarios no cambia mucho en el sentido que he indicado. Solo modifica el modo "implícito" de dejar sin efecto el contrato: ya no es mediante el pedido de regulación, sino que ahora es mediante la decisión de intimar o ejecutar al propio cliente.
En conclusión, interpretar que los arts. 7 y 8 prevén la facultad del abogado para resolver el contrato a su solo arbitrio es inadmisible, la resolución del contrato no puede mejorar los derechos del letrado. Se refieren al abogado que decide abandonar el proceso antes de que finalice por el cumplimiento de la sentencia, que puede pedir regulación –en principio será provisoria- por las tareas cumplidas, pero pierde el derecho a cobrar los honorarios pactados con su cliente. No pierde valor “ïpso jure” el convenio que –como en el presente caso- limita sus posibilidades de cobro, sino el convenio que lo beneficia- como el pacto de cuota litis. La finalidad de los art 7 y 8 es proteger al cliente del abandono del proceso por parte del profesional y en su caso el análisis de la resolución del pacto de honorarios deberá hacerse con tales pautas de interpretación.
En consecuencia, también voto por la AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo: En atención el acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, confirmar la sentencia apelada e imponer las costas al demandado en su objetiva condición de vencido (art 68y 69 CPCC).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor López Muro dijo que, por idénticos motivos, votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y demás fundamentos expuestos se confirmar la sentencia apelada e imponer las costas al demandado en su objetiva condición de vencido (art 68y 69 CPCC). REG. NOT y DEV.
Fin de la sentencia