Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 61090
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución apelada de fs. 109/109vta. en cuanto rechazó la vía ejecutiva y, previo cumplimiento por parte de la actora de lo indicado en el precedente punto 5 (arts. 34 inc. 5° ap. b, 330 inc. 3° y ccs. del C.P.C.C.), disponer que el juicio ejecutivo continúe según su estado (art. 39 de la ley 25.065; art. 523 inc. 1° y ccs. del C.P.C.C).
2Dejar sin efecto la instancia de mediación así como también todo trámite que sea impropio de la vía ejecutiva, a cuyo fin en origen se adoptarán las medidas del caso.
3Sin costas , atento el modo en que se originó la cuestión y el resultado al que se arriba (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).
Causa nº: 2-61090-2016
" HSBC BANK ARGENTINA SA C/ ORTIZ PABLO EMMANUEL S/COBRO SUMARIO SUMAS DE DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: 109 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los 9 días del mes de Agosto del año Dos Mil Dieciséis, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados: “HSBC Bank Argentina S.A. c/. Ortiz, Pablo Emmanuel s/. Cobro Sumario Sumas Dinero (Exc. Alquileres, etc.)" (Causa Nº 61.090) , habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes, Dra. Longobardi y Dr. Galdós .
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Es justa la resolución apelada de fs. 109/109vta.?.
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes , dijo:
I.1. La presente acción ejecutiva fue promovida por HSBC Bank Argentina S.A. quien reclamó a Pablo Emmanuel Ortiz la suma de $36.558,28 con sus accesorios (intereses, IVA) y costas, en base al saldo deudor de la tarjeta de crédito VISA que surge de los resúmenes que al efecto acompañó (fs. 95/104). Con el escrito inicial trajo, asimismo, el contrato de emisión de tarjeta de crédito (fs. 84/94).
2. Sin embargo, ponderando la multiplicidad de causas en las que interviene como actor (que surgen de la MEV), en el primer proveído dictado en autos la a quo ponderó que el Banco “tiene como misión la financiación del consumo a través del otorgamiento de créditos personales entre otros a través de la emisión de tarjetas de créditos” , por lo que la cuestión debe enmarcarse en los arts. 1092 y ss. del Código Civil y Comercial, en la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, y en la ley 25.065 de Tarjetas de Crédito. A partir de esos elementos concluyó que los resúmenes acompañados no cumplen con los requisitos de los arts. 23 y 40 de la ley 25.065 y no resultan hábiles, por lo tanto, para la vía ejecutiva, por lo que dispuso imprimir al sub-caso el trámite del juicio sumario. A dichos fines ordenó recaratular el expediente, someter la pretensión a la instancia previa de mediación y suspender el trámite hasta tanto se cumpla con esas medidas (fs. 109/109vta.).
3. Dicha resolución fue impugnada por el actor a través del recurso de revocatoria con apelación en subsidio, que interpuso y fundó a fs. 113/114vta.
El recurrente abasteció su recurso con los siguientes argumentos: que para aplicar el régimen del consumidor es preciso determinar si los bienes y servicios de la contratación bancaria tienen una finalidad o destino personal o familiar o social o si, en cambio, tienen como finalidad aplicarlos a la producción de bienes o servicios, no correspondiendo caracterizar la relación según los sujetos intervinientes; que la sentencia es excesivamente genérica y no precisa cuáles requisitos del art. 36 de la ley 24.240 y de los arts. 23 y 40 de la ley 25.065 se encuentran incumplidos; que la documentación acompañada cumple con todos los recaudos de la ley 25.065; que la aplicación de la normativa tutelar de los consumidores no impide que la ejecución se lleve a cabo; que la Cámara Departamental ha admitido la integración de los títulos ejecutivos con documentación con el fin de verificar si efectivamente cumplen con la normativa consumeril (esta Sala, causas n° 58.917 del 04-11-14, “Bazar Avenida S.A. c/. González de Castro, Alejandra Rosana s/. Cobro Ejecutivo”; n° 59.057 del 02-10-14, “Bazar Avenida S,A, c/. Castro, Oscar Alfredo s/. Cobro Ejecutivo”).
4. La a quo rechazó la revocatoria y concedió la apelación (fs. 115/115vta.).
5. Elevadas las actuaciones a esta alzada, a fs. 123 se confirió vista a la Fiscalía General Departamental que dictaminó en los términos que surgen de la pieza de fs. 124/126vta.
6. Habiéndose considerado la cuestión definitiva (fs. 127) y practicado el sorteo de rigor (fs. 128), la causa se encuentra en condiciones de ser decidida.
II. Liminarmente, considero necesario destacar que la aplicación inmediata de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo por imperio del art. 7 del CCCN, carece de incidencia en el caso de autos para modificar la solución y los fundamentos que seguidamente propondré al acuerdo (arts. 1, 2, 3, 7, 1.092, 1.096, 1.117, 1.378 y ccs. del C.C.C.N.).
Para dar respuesta a los cuestionamientos del apelante como primera medida cabe analizar la vinculación jurídica de las partes para constatar si la misma puede catalogarse como una relación de consumo, ya que dicha categorización resulta determinante para la aplicación del régimen protectorio del consumidor (esta Sala, causa nro. 55.029, del 19/5/11 “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Rodríguez, Valerio s/ cobro ejecutivo”).
En la anterior instancia se consideró que la relación jurídica subyacente es de consumo y, en particular, de crédito para el consumo, calificación que fue inferida de la actividad de la ejecutante consistente en la financiación del consumo a través del otorgamiento de créditos personales –entre otros- a través de la emisión de tarjetas de crédito, así como también de la multiplicidad de causas existentes en la MEV en las que interviene como actor (fs. 109/109vta.).
Las operaciones de crédito para el consumo han sido definidas por este Tribunal como aquellas en las cuales “una persona física o jurídica, en el ejercicio de su actividad u oficio, concede o se compromete a conceder a un consumidor bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito, o cualquier otro medio equivalente de financiación, para satisfacer necesidades personales al margen de su actividad empresarial o profesional, destacándose que usualmente la operación de crédito para el consumo quedará configurada sin perjuicio de la técnica empleada para la financiación, siempre que los bienes o servicios contratados estén destinados a satisfacer necesidades personales y familiares del consumidor” (Müller, Enrique C. y Saux, Edgardo I. en “La Ley de Defensa del Consumidor” Picasso-Vázquez Ferreyra Dir., Tomo I Parte General, Ed. La Ley 2009, pág. 413 y notas 958 y 959; esta Sala, causas n° 57.975 del 06-11-13, “Consumo SA c/. González, Ana Paola s/. Cobro Ejecutivo”; n° 58.182 del 20-02-14 “Consumo SA c/. Rey, Nilda Susana s/. Cobro Ejecutivo” –con mi voto-; n° 58.917 del 04-11-14 “Bazar Avenida SA c/. González de Castro, Alejandra s/. Cobo Ejecutivo” y n° 58.893 del 11-12-14 “Caja de Crédito Cooperativa La Capital del Plata Ltda. c/. Machado Juan Alberto s/ Cobro Ejecutivo” –ambas con voto de la Dra. Longobardi-).
Más allá de las consideraciones dogmáticas que la parte impugnante deslizó en la pieza recursiva acerca del modo en que debe acometerse la interpretación a fin de determinar si existe o no relación de consumo (atendiendo principalmente al objeto de la contratación y no tanto a los sujetos intervinientes), lo cierto es que la calificación realizada en origen no fue sometida a una crítica puntual y concreta por parte de la apelante. En efecto, en la pieza recursiva el impugnante se limitó únicamente a exteriorizar su disconformidad con el razonamiento merced al cual la a quo arribó a la conclusión de que en autos se verifica una relación de consumo, más omitió criticar dicha conclusión de la magistrada en los términos que exige el art. 260 del ritual, por lo que dicho aspecto arriba firme a esta alzada (arts. 1, 2, 3, 4, 36 ss. y ccs. de la ley 24.240 –texto según ley 26.361-; arts. 242, 260 del C.P.C.C).
2. Sin perjuicio de lo dicho en el punto anterior, está claro que a través del sub-examine se pretende el cobro del saldo proveniente de resúmenes de tarjeta de crédito, lo que torna de aplicación el régimen específico previsto en la ley 25.065.
A dicho régimen se aplica de manera supletoria o complementaria la ley de protección del consumidor (art. 3 de la ley 25.065; arts. 1, 2, 3, 4, 36 ss. y ccs. de la ley 24.240 –reformada por ley 26.361-). Ello así, por cuanto el titular de la tarjeta es consumidor frente al proveedor de bienes y servicios adherido al sistema y también frente al emisor, en tanto proveedor de servicios financieros (cfr. Mariño López, Andrés “Protección del titular de tarjeta de crédito” Picasso-Vázquez Ferreyra Dir., Tomo II, Parte Especial, Ed. La Ley, 2009, pág. 345; esta Sala, causa n° 58.893 cit.).
Un sector de la doctrina considera que la aplicación de la ley 24.240 a las operaciones realizadas con tarjeta de crédito no sería supletoria, sino principal (cfr. Farina, Juan M. “Defensa del consumidor y del usuario”, 4ta. edición, tercera reimpresión, Ed. Astrea, 2014, pág. 384; CCO02, LM, 17/8/00 “Compañía Financiera Argentina SA”, sumario JUBA, B 3400021). Pero más allá de la referida distinción lo cierto es que la aplicación de la ley del consumidor no desplaza sino que complementa el régimen específico de tarjeta de crédito, que tiene su propio sistema protectorio. Así, contiene previsiones respecto del contrato de emisión (Cap. 4 de la ley 25.065), prevé su propio régimen de nulidades (Cap. 5) y un límite máximo para los intereses –compensatorios y punitorios- que el emisor aplica al titular de la tarjeta (Cap. 7, arts. 16 y 18). Además establece recaudos específicos para la confección y contenido del resumen mensual, su cuestionamiento e impugnación por parte del titular (Caps. 9 y 10), recaudos que se completan con un sistema de garantías procesales previsto a favor del usuario que exige la preparación de la vía ejecutiva con la presentación del contrato de emisión, el resumen de cuenta y dos declaraciones juradas (Título 3, arts. 39, 40, 41 y 42 de la ley 25.065; esta Sala, causa n° 58.893 cit.).
3. Dentro de este específico marco normativo corresponde analizar si en el caso resulta formalmente admisible la vía ejecutiva.
Inicialmente destaco que el pronunciamiento recurrido no menciona cuáles son los requisitos legales incumplidos, limitándose a expresar que la documentación de autos no satisface los recaudos previstos en los arts. 23 y 40 de la ley 25.065 y que, debido a ello, no resulta hábil para la vía ejecutiva el título base de la acción.
Por ello, corresponde verificar si la documentación de fs. 84/94 y fs. 95/105 cumple con la ley de tarjeta de crédito y no compromete, a su vez, el régimen protectorio del consumidor.
En esa faena considero que los resúmenes de cuenta contienen formalmente los recaudos legales (art. 23 de la ley 25.065). Así, de su examen se desprende que se encuentran identificados el emisor y el titular de la tarjeta, la fecha de cierre, la fecha de cada operación y los números de cada comprobante relativo a las operaciones realizadas, la identificación del proveedor, el importe de cada transacción, la fecha de vencimiento, el monto límite de compra, el monto hasta el cual el emisor otorga crédito, la tasa de interés financiero o compensatorio que el emisor aplica al crédito, compra o servicio contratado y a los adelantos en efectivo, y la fecha a partir de la cual se aplica el interés compensatorio o financiero, el interés punitorio sobre el pago mínimo, la tasa de interés punitorio, el plazo para cuestionar el resumen, y el monto y los conceptos detallados de los gastos a cargo del titular (art. 23 de la ley 25.065).
Del análisis precedente surge el cumplimiento formal de los requisitos previstos en la ley 25.065, no advirtiéndose irregularidades en los resúmenes que permitan calificar la conducta de la ejecutante como incompatible con la Ley de Defensa del Consumidor en relación a los cargos enumerados, ya que contienen una discriminación adecuada de los rubros liquidados, así como una explícita mención de las tasas aplicadas y los períodos comprendidos en el cálculo de intereses, sin que prima facie pueda avizorarse abusividad en la conducta del proveedor.
Druccaroff Aguiar expresa que “la legítima defensa del consumidor, de raigambre constitucional a partir de la reforma de 1994 y cuya regulación surge del texto legal respectivo, en nada altera la vigencia del deber de colaboración y sus señaladas consecuencias, relativas al cumplimiento por el usuario de las obligaciones a su cargo. En rigor, el espíritu legal procura evitar las conductas abusivas perjudiciales para el consumidor, pero ello no implica, en absoluto, generar oportunidades para el incumplimiento o, dicho de otro modo, para que los abusos sean de signo opuesto” (Druccarof Aguiar, Alejandro “El contrato de tarjeta de crédito y la buena fe”, publicado en DJ05/11/2008, 1904).
En el mismo sentido este Tribunal ha precisado que “la principal obligación que asume el titular es la de pagar el monto que se consigna en los resúmenes que, mes a mes, le remite el emisor. Es la principal obligación, porque sin su cumplimiento el sistema no puede funcionar. Desde la perspectiva del emisor su obligación de mantener el funcionamiento del sistema tiene su causa fin, objetiva, abstracta e idéntica en todos los casos, en la obligación del titular de pagar el resumen” (Wayar, Ernesto “Tarjeta de crédito y defensa del usuario”, pág. 186; Muguillo, Roberto “Tarjeta de crédito”, pág. 35-”; esta Sala causa N° 44.502, del 8/10/02 “Banco Mayo Cooperativo Ltdo. c/. Guerci, Mónica Laura s/. cobro de pesos”).
En cuanto al cumplimiento de las garantías procesales cabe señalar que se ha agregado la declaración jurada de inexistencia de denuncia de extravío o sustracción de la tarjeta de crédito y la declaración de ausencia de impugnación por parte del titular del resumen respectivo (fs. 105; art. 39 pto. B, incs. a y b de la ley 25.065). Por consiguiente se ha dado estricto cumplimiento a lo prescripto por el art. 3 punto b “in fine” de la ley 25.065).
4. Cabe abordar ahora el tema de los intereses que lleva el crédito que se intenta ejecutar. Este Tribunal ha resuelto que en principio deben aplicarse los intereses “que hubieran pactado las partes, pues es ésa la “ley” a la que los contratantes quisieron someter sus conductas (art. 1197 del C.C.). A pesar de ello, y con fundamento en las reglas moralizadoras contenidas en los artículo 953 y 1071 del Código Civil, el Tribunal ha morigerado los intereses cuando los pactados pudieran exceder “el límite de la ganancia lícita para convertirse en un enriquecimiento injusto” (esta Sala, causas n° 48.348 del 05-5-05, “Seguro de Depósito S.A...”; nº 49.681 del 30-5-06, “Mele...”; n° 55.899 del 27-10-11, “Banco de la Prov. de Bs. Aires c/. Burgos, Roberto Duilio y otros s/. Cobro Ejecutivo”; n° 55.992 del 08-3-12, “Don Nicolás S.A. Agropecuaria y Com…”; nº 56.986 del 04-10-12, “Consumo SA c/. Echeverría”; nº 54.746 del 18-8-10, “Carbonazzo Hogar S.A…”; entre otras).
De los resúmenes acompañados surge prima facie que los intereses compensatorios (de financiación) respetan el tope máximo previsto en la ley de tarjeta de crédito para emisores bancarios , conforme al cual no podrán superar en más del veinticinco por ciento la tasa que el emisor aplique a las operaciones de préstamos personales en moneda corriente para clientes (art. 16, párr. 1° de la ley 25.065).
Por otra parte, se establece que la tasa de intereses punitorios equivale al 50% de la tasa prevista para los compensatorios (de financiación), a la vez que se informa el porcentaje de interés punitorio sobre pago mínimo impago aplicado en cada resumen indicándose que el mismo se computa desde el vencimiento del resumen anterior (arts. 16 y 18 de la ley 25.065).
Al momento de practicarse la liquidación deberán tenerse en cuenta los topes legales descriptos, el sistema de cómputo de los intereses contemplado en la norma, y la prohibición de capitalización (arts. 16, 18, 20, 21 ss. y ccs. de la ley 25.065).
Con relación a la publicidad de los intereses referidos precedentemente cabe señalar que la misma Ley de Tarjeta de crédito dispone que la entidad emisora deberá exhibir al público en todos los locales la tasa de financiación aplicada al sistema de tarjeta de crédito, omisión que en su caso deberá ventilarse en la oportunidad procesal correspondiente (art. 16 in fine de la ley 25.065).
5. Sin perjuicio de la solución que hasta aquí vengo insinuando y teniendo en cuenta que el monto de la demanda no coincide con el de los resúmenes acompañados, previo a disponerse la preparación de la vía ejecutiva, en la instancia de origen deberá requerirse a la parte actora que acompañe el resumen del que surge con exactitud el monto reclamado o, en su defecto, que aclare la suma por la cual pretende proceder ejecutivamente (arts. 34 inc. 5° ap. b, 330 inc. 3° y ccs. del C.P.C.C.).
6. Por todo lo expuesto propicio al acuerdo revocar la resolución apelada de fs. 109/109vta. en cuanto rechazó la vía ejecutiva y, previo cumplimiento por parte de la actora de lo indicado en el precedente punto 5 (arts. 34 inc. 5° ap. b, 330 inc. 3° y ccs. del C.P.C.C.), disponer que el juicio ejecutivo continúe según su estado (art. 39 de la ley 25.065; art. 523 inc. 1° y ccs. del C.P.C.C); dejar sin efecto la instancia de mediación así como también todo trámite que sea impropio de la vía ejecutiva, a cuyos fines en origen se adoptarán las medidas del caso; sin costas , atento el modo en que se originó la cuestión y el resultado al que se arriba (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Longobardi y Galdós adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes , dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve: 1) revocar la resolución apelada de fs. 109/109vta. en cuanto rechazó la vía ejecutiva y, previo cumplimiento por parte de la actora de lo indicado en el precedente punto 5 (arts. 34 inc. 5° ap. b, 330 inc. 3° y ccs. del C.P.C.C.), disponer que el juicio ejecutivo continúe según su estado (art. 39 de la ley 25.065; art. 523 inc. 1° y ccs. del C.P.C.C). 2) dejar sin efecto la instancia de mediación así como también todo trámite que sea impropio de la vía ejecutiva, a cuyo fin en origen se adoptarán las medidas del caso. 3) sin costas , atento el modo en que se originó la cuestión y el resultado al que se arriba (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Longobardi y Galdós adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 9 de Agosto de 2016.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve : 1) revocar la resolución apelada de fs. 109/109vta. en cuanto rechazó la vía ejecutiva y, previo cumplimiento por parte de la actora de lo indicado en el precedente punto 5 (arts. 34 inc. 5° ap. b, 330 inc. 3° y ccs. del C.P.C.C.), disponer que el juicio ejecutivo continúe según su estado (art. 39 de la ley 25.065; art. 523 inc. 1° y ccs. del C.P.C.C). 2) dejar sin efecto la instancia de mediación así como también todo trámite que sea impropio de la vía ejecutiva, a cuyo fin en origen se adoptarán las medidas del caso. 3) sin costas , atento el modo en que se originó la cuestión y el resultado al que se arriba (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase .
MARÍA INÉS LONGOBARDI
PRESIDENTE
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL
SALA II
VICTOR MARIO PERALTA REYES JORGE MARIO GALDÓS
JUEZ JUEZ
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL
SALA II SALA II
ANTE MÍ
CLAUDIO MARCELO CAMINO
SECRETARIO
CAMARA C
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