Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 63185
Causa nº: 2-63185-2018
"BILBAO DE ZABATONI ELSA FELIPA Y OTRO/A C/ CAMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BOLIVAR S/COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - AZUL
Sentencia Registro nº: 2 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los siete días del mes de Febrero del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi , Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós , para dictar sentencia en los autos caratulados: “Bilbao de Zabatoni, Elsa Felipa y Otro/a c/ Cámara Comercial e Industrial de Bolívar s/ Cobro Sumario Sumas Dinero (Exc. Alquileres, Etc.)” (Causa N° 63.185) , habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, arts. 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós - Dr. Peralta Reyes - Dra. Longobardi .
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª.- ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 755/765?.
2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C IÓ N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Galdós , dijo:
I. Los Sres. Elsa Felipa Bilbao de Zabatoni y los sucesores de Raúl Alfredo Zabatoni, María Silvina Zabatoni, Emilio Raúl Zabatoni, María Cecilia Zabatoni y María Laura Zabatoni promovieron, mediante apoderado, demanda por cobro de sumas de dinero contra la Cámara Empresaria e Industrial de Bolívar. Aducen que el Sr. Raúl A. Zabatoni alquiló durante varios años una caja de seguridad en la Cámara Empresaria de Bolívar y que a su fallecimiento (11/10/14) su esposa Elsa Felipa Bilbao mantuvo dicha caja de seguridad. A fines del año 2014 y principios del 2015 advirtió que le habían sustraído la suma de U$S 70.000. Efectuó el pertinente reclamo ante las autoridades de la Cámara demandada, quienes pese a que le manifestaron que mantuvieron conversaciones con su empleado, Alberto Fabián Leal, no le dieron ninguna respuesta concreta aunque la accionada formuló la pertinente denuncia penal que tramitó por ante la Fiscalía de Bolívar en la causa correccional nº 4.473 (1023/15 – I.P.P. 389/15), caratulada “Leal, Alberto Fabián – Hurto – Bolívar”. Acota que Alberto Fabián Leal entregó a la actora la suma de U$S 30.000 y ofreció hipotecar su casa para integrar el monto faltante a la Sra. Zabatoni. Ese dinero fue depositado en una cuenta judicial. Luego, en un allanamiento decretado en dicha causa penal, se secuestraron en la caja de seguridad de Leal que tiene en la misma entidad la suma de U$S 30.000 en 3 fajos de U$S 10.000 cada uno, y U$S 5.700 en su vivienda. En lo atinente a los rubros resarcitorios reclamados pide los siguientes: U$S 70.000 sustraídos de la caja de seguridad por daño emergente; U$S 20.000 por “lucro cesante – pérdida de chance” porque la sustracción le impidió concretar negocios y operaciones, y U$S 30.000 por daño moral para todos los actores en conjunto, distribuyéndose el 80% para la Sra. Elsa Bilbao y el resto a sus hijos. La accionada contestó la demanda y resiste la pretensión, solicitando la citación como tercero de Alberto Fabián Leal ante su eventual responsabilidad en el hecho de autos. Más adelante éste comparece al juicio y pide el rechazo de la demanda. Tramitado el proceso se arriba al dictado de la sentencia definitiva.
El pronunciamiento de grado, y para lo que aquí interesa, hizo lugar a la demanda promovida por Elsa Felipa Bilbao de Zabatoni y los sucesores de Raúl Alfredo Zabatoni: María Silvina Zabatoni, Emilio Raúl Zabatoni, María Cecilia Zabatoni y María Laura Zabatoni condenando a los accionados Cámara Comercial e Industrial de Bolívar y a Alberto Fabián Leal a abonar ambos a los primeros la suma de U$S 4.300 con más intereses a la tasa más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones en dólares estadounidenses. Dispuso que el cálculo de los intereses se efectúe sobre el capital reclamado de U$S 70.000 desde la fecha de mora (07/01/2015, que es la del último registro fílmico donde se observa la violación del protocolo de seguridad por parte del Sr. Leal) hasta la fecha en que se restituyó ese dinero en la causa penal. Luego, y habiendo la actora percibido la suma de U$S 65.700, los intereses restantes se computarán desde esa fecha y hasta el momento del pago sobre U$S 4.300. En lo atinente al daño moral rechazó el reclamo de los herederos de Raúl Alfredo Zabatoni y admitió el de Elsa Felipa Bilbao de Zabatoni, que se cuantificó en $ 60.000, suma que se condenó a pagar a la Cámara Comercial e Industrial de Bolívar. Dispuso que ese importe devengue intereses a la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días desde el 26 de marzo de 2015 (fecha de remisión de la carta documento) y hasta el momento de su pago. Más adelante desestimó el rubro reclamado por “lucro cesante / pérdida de chance”; impuso las costas a los accionados vencidos y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad. Señaló que posteriormente la actora pidió que se aclare la sentencia y que se disponga que las costas se calculen sobre la base de U$S 70.000, lo que no fue decidido.
La sentencia de Primera Instancia, conforme lo prevé el art. 7 CCCN, sostiene que se aplica el Código Civil vigente al momento de los hechos y que las disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial rigen como pauta interpretativa o argumento de autoridad. Emplaza el contrato de caja de seguridad celebrado entre la actora Elsa Felipa Bilbao de Zabatoni y su fallecido esposo Raúl Alfredo Zabatoni, y continuado a su fallecimiento por ella y sus hijos, María Silvina Zabatoni, Emilio Raúl Zabatoni, María Cecilia Zabatoni y María Laura Zabatoni, en el marco de la relación de consumo (arts. 42 CN, 3 ley 24.240, arts. 1092, 1093 y concs. CCCN). Explica que el contrato se celebró entre los esposos Bilbao-Zabatoni y la Cámara empresaria demandada, aunque posteriormente se incorporó como titular Emilio Zabatoni, autorizándose el ingreso de Maria Silvina y Maria Cecilia Zabatoni.
Tras ello entiende que la obligación de la demandada es objetiva y de resultado y considera abusiva la cláusula Novena del contrato glosado a fs. 58 que limita la responsabilidad de la accionada. En torno a la sustracción de dinero considera que está probada la conducta antijurídica del dependiente de la Cámara Empresaria, Alberto Fabián Leal, porque de los registros fílmicos aportados y cuya autenticidad no fuera negada (incluso Leal afirma que de ellos no resulta que retirara dinero u objetos) se advierte que Leal saca la caja de seguridad de su casillero (se trata de la caja nº 2 del módulo E), que se encuentra en la parte superior de ese módulo, acompaña a la Sra. Bilbao de Zabatoni caminando detrás de ella llevando consigo la caja, e introduce su mano derecha en la caja, siendo que tomó con sus manos la referida caja (lo que no hizo ni le pidió la actora) más que nada por cuestiones de cortesía (fs. 183 e imágenes fílmicas cuyo valor probatorio no está discutido).
A ello añade que de la inspección ocular de fs. 618/619 resulta que a la fecha del hecho “había un punto ciego” en la captación de imágenes por las cámaras de seguridad, por lo que no se puede saber que ocurrió en ese lugar. Finalmente sostiene que la suspensión del juicio penal a prueba de Leal tiene efectos de acuerdo transaccional, tal como lo decidió la Suprema Corte. También sostiene que la demandada no se puede eximir alegando la violación del protocolo de seguridad que nunca acompañó y además quién tomó con sus manos la caja fue el dependiente de la Cámara empresaria. Finalmente afirma que el obrar de buena fe aducido por esa coaccionada al promover la denuncia penal contra Leal no lo libera de responsabilidad.
De allí continúa con el análisis de la prueba que acredita el contenido de la caja de seguridad teniendo probado con informes bancarios que el Sr. Zabatoni y su esposa Elsa Bilbao compraron en el Banco de la Nación un total de U$S 40, U$S 54.500 y U$S 300 (fs. 287 y 310/314) y que de las escrituras públicas de fs. 437/440 Bilbao recibió las sumas de U$S 61.770, U$S 50 y U$S 16.445 (ésta última junto a sus hijos). Igualmente la pericia contable de fs. 668/671 acredita el buen pasar económico de los accionados, teniendo en consideración que la falta de denuncia ante los organismos recaudadores no desacredita su tenencia por los depositarios. Por otra parte los testigos Juan P. Ibarrola y Ramiro García Sardón fueron muy explícitos en detallar cómo Raúl Zabatini ahorraba en dólares y los guardaba en la caja de seguridad, a lo que añade que el imputado ofreció en sede penal pagar la suma de U$S 65.700, lo que resulta un indicio más acerca de que en la caja de seguridad nº 2 del módulo E de la bóveda de la Cámara accionada había guardados en depósito U$S 70.000.
Paso seguido el juez de grado analiza los daños reclamados y respecto del daño emergente, siendo que la Sra. Bilbao percibió U$S 65.700, condena a reintegrar la diferencia de U$S 4.300, con más los intereses que mencioné al comienzo del voto, rechazando la tasa activa porque ello importaría un enriquecimiento sin causa. En concepto de daño moral otorgó $ 60.000 a la accionante Bilbao de Zabatoni, sobre la base de los informes psicológico y médico agregados. Rechaza luego el daño moral pedido por los hijos del matrimonio Bilbao-Zabatoni porque concurren como herederos de Raúl A. Zabatoni y no son damnificados directos y el dinero habido en la caja de seguridad sería parte del acervo hereditario.
Contra ese decisorio apelaron las tres partes. A fs. 772 interpuso recurso de apelación la parte actora, recurso concedido a fs. 773; a fs. 775 dedujo apelación el tercero citado, recurso que fue concedido a fs. 766 y a fs. 777 recurrió el demandado, recurso que fue concedido por el Sr. juez de grado a fs. 778.
A fs. 807, haciéndose efectivo un apercibimiento anterior, se tuvo por no presentado el escrito de fs. 807 de interposición del recurso de apelación por parte del tercero citado Alberto Fabián Leal.
Los agravios de la demandada, la Cámara Comercial e Industrial de Bolívar, versan sobre dos tópicos: la responsabilidad y la cantidad de dólares faltantes en la caja de seguridad. En primer lugar afirma que no está probada su responsabilidad y cuestionan el encuadre de Primera Instancia del contrato de caja de seguridad en el marco de la relación de consumo y que sea constitutivo de una obligación de resultado. Alega que la suspensión a prueba del juicio penal seguido contra el dependiente de esa entidad, el codemandado Leal, no implica asunción de responsabilidad civil y que no está probada ninguna maniobra ilícita suya. Reconoce que el empleado tuvo un “comportamiento incorrecto” pero no se acreditó la sustracción o el hurto del dinero reclamado por los actores. Prosigue diciendo que creerles a los actores, tanto acerca de que los hechos ocurrieron como lo afirman, como que el monto faltante o sustraído era de U$S 70.000, constituye sólo un acto de fe del juez de grado. Formula otras consideraciones y se queja de la valoración de la prueba, particularmente de la indiciaria que sustentó el quantum de los dólares estadounidenses sustraídos, controvirtiendo la eficacia de las declaraciones juradas impositivas y los informes bancarios presentados por la actora. Alude a que no se puede depositar más de U$S 250.000 y formula cálculos matemáticos de los que infiere que no era posible que se hubiera depositado el monto aducido. Consecuentemente solicita el rechazo de la demanda.
A fs. 819/820 obra la respuesta de la actora a los referidos agravios.
Por su lado a fs. 808/811 la actora presentó la pieza impugnativa contra la sentencia, cuestionando tres tópicos: la tasa de intereses del daño emergente, considerando baja la fijada y solicitando se aplique la tasa activa o un promedio entre la activa y la pasiva; en segundo lugar se queja por la suma de $ 60.000 fijada en concepto de daño moral a la Sra. Elsa Felipa Bilbao de Zabatoni, la que considera reducida y se aparta de las constancias de la causa, especialmente de las declaraciones de los testigos García Sardón y del médico Carlos Lazo que relatan su estado de salud, y del informe de la perito oficial María E. Navarro de fs. 606/610 que concluyó que la actora sufrió un cuadro de ansiedad derivado del hecho. También se agravia del rechazo del daño moral a los otros coactores, herederos del padre que tenía la titularidad de la caja de seguridad, quienes también se vieron sorprendidos y angustiados ante el faltante y por el efecto que todo ello produjo en su madre. En tercer lugar critica el rechazo del lucro cesante-pérdida de chance derivado de la indisponibilidad de los fondos que le frustró la compra de una vivienda en Mar del Plata, lo que surge de la documental de fs. 62 y ratificación de fs. 306. Finalmente pide que las costas se impongan sobre la suma de U$S 70.000.
A fs. 823 dictaminó el Fiscal General solicitando se confirme la sentencia recurrida.
Llamados autos para sentencia y firme el proveído que hizo saber el orden de la votación (cf. fs. 833 y fs. 834 respectivamente) el expediente se encuentra en condiciones de ser resuelto.
II.- 1.- El agravio de la codemandada Cámara Empresaria e Industrial de Bolívar cuestionando la condena resarcitoria alegando que no existe responsabilidad de su parte y quejándose del monto de reintegro del dinero en moneda extranjera faltante de U$S 4.300, es improcedente y no logra conmover los argumentos que sustentan el pronunciamiento de Primera Instancia. Además, y atento el ofrecimiento de pago del codemandado Alberto Fabián Leal de U$S 65.700 en la causa penal nº 4.473 (1023/15 – I.P.P. 389/15), caratulada “Leal, Alberto Fabián –Hurto–Bolívar”, y sobre cuya base se admitió la suspensión del juicio a prueba, su pretensión deviene contraria a sus propios actos, relevantes y jurídicamente eficaces, constituyendo un importante indicio en su contra (arts. 65 Ley 24.240, 163 inc. 5, 375, 384 y concs. CPC).
No está en tela de juicio la existencia de un contrato de depósito de caja de seguridad entre la demandada Cámara Empresaria e Industrial de Bolívar y la coactora Elsa Felipa Bilbao de Zabatoni y su esposo Raúl Alfredo Zabatoni, que a su fallecimiento se mantuvo incorporándose como titular a uno de sus hijos (Emilio Raúl Zabatoni) y que del resto de los herederos (María Laura Zabatoni, María Silvina Zabatoni y María Cecilia Zabatoni) se autorizó el ingreso de las dos últimas al sector o boxes en el que se encuentra la caja. Tampoco cabe dudas que ese vínculo jurídico, como fuera correctamente calificado en la instancia de origen, constituye una relación de consumo, de jerarquía legal y constitucional, que la obligación del prestador es objetiva y de resultado y que el contenido puede acreditarse por cualquier medio de prueba (art. 42 CN, arts. 1, 2, 8, 40 y concs. ley 14.140; arts. 1413, 1415, 1092, 1093, 1386 y concs. CCCN).
En torno a la aplicación de las normas del nuevo Código Civil y Comercial, que no estaba vigente al momento de los hechos de conformidad con lo dispuesto en su art. 7 CCCN, cabe enfatizar que constituye una valiosa pauta interpretativa o argumento de autoridad, sin perjuicio de lo que esa misma norma prevé sobre la aplicación inmediata de las normas más favorables al consumidor. En efecto “las normas del nuevo Código (vigente a partir del 1° de Agosto de 2015) no modifican sino que consolidan y otorgan coherencia a aquella regulación de consumo, apuntalando la efectividad del principio protectorio, presente en la originaria ley 24.240 (B.O. 15/10/93) (arts. 984 ss. y cdtes., 1092 y sgtes., arts. 3 y 65 de la LDC; cfr. Prólogo al “Tratado de Derecho del Consumidor”, Gabriel Stiglitz y Carlos A. Hernández (Dir.), Tomo I, Ed. La Ley 2015, pág. XI), y, 4). El art. 7° del Cód. Civ. y Com. prevé la aplicación inmediata de las nuevas leyes supletorias más favorables al consumidor (arts. 3 in fine de la LDC; arts. 7, 1094 ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com.)” (cf. esta Sala, causas nº 62.251, del 27/3/2018, “Alegre…”; nº 63.490, "Muñoz, Juan Pablo c/ Fiat Uno S.A. de Ahorro para fines determinados y Otro/a s/ Daños y Perjuicios”, sent. del 12/12/2018).
2. A partir de la base fáctica señalada y del precitado enfoque legal, cabe mencionar que está acreditado que de la caja de seguridad nº 2 del módulo E de la bóveda de la Cámara Empresaria de Bolívar le fueron sustraídos a la actora la suma de U$S 70.000 por el dependiente de ésta, Alberto Fabián Leal, siéndole reintegrada la suma de U$S 65.700 a raíz del pago voluntario que efectuó (ante el requerimiento notarial de su empleadora) de U$S 30.000, que Leal manifestó retirar de su caja de seguridad nº 27 ubicada en el módulo D de ese establecimiento y abierta a su nombre y de Nancy Mabel Herrera. El resto fue habido en sendos allanamientos ordenados en el marco de la referida causa penal en dicha caja de seguridad de Leal (U$S 30.000) y el resto (U$S 5.700) en su domicilio. En tal sentido, y como lo sostiene el fallo sin réplica contundente de la demandada recurrente, la actora advirtió ese faltante en los primeros días de Enero de 2015. Esta conclusión, que resulta nítida del relato de la sentencia, está absoluta y categóricamente reseñada y referenciada en el dictamen fiscal de fs. 156/163 vta. de la causa penal y en el pronunciamiento del Sr. Juez de Garantías que dispuso poner a disposición de la Cámara empresaria la suma de U$S 30.000 “entregados voluntariamente” por Leal, manteniendo inicialmente en resguardo la de U$S 35.700 recogida en los dos allanamientos, en su caja de seguridad y en la vivienda del empleado (resolución judicial fs. 169/172, acta de secuestro fs. 91, actas de la diligencia de los allanamientos y de los dólares hallados a fs. 64 y 67/68, 72/87, 92, fotos fs. 120/125, causa penal citada). No puede pasarse por alto que de los registros fílmicos y de esas fotos resulta muy claro que mientras la señora Bilbao se encontraba de espaldas, el codemandado no sólo “introduce la mano” en la caja sino que la abre, introduciendo “el brazo” mirando detenida y furtivamente su interior, cortándose allí las imágenes sin visualizarse los pasos siguientes (especialmente fotos de fs. 121, 123 y 124).
Acoto, y en ello advierto contradicción en la conducta de la accionada, que tras reconocer que Leal incurrió en un “comportamiento incorrecto” (sic., agravios fs. 813) cuestiona que se le atribuya responsabilidad pese a que la filmación de las cámaras revela que se vio que “introdujo la mano” en la caja de la Sra. Bilbao, lo que resulta patente de las fotos glosadas a fs. 120/125 de la causa penal, y que en el módulo de la Cámara, a la fecha del hecho y tal como se desprende de la inspección ocular realizada en autos (fs. 618/619), existía un “punto ciego” que no era alcanzado por las referidas medidas de seguridad. Como lo dijo la sentencia y lo muestran las fotos, en consonancia como lo afirmó la actora al ser citada judicialmente y brindar testimonio en sede penal ante la denuncia formulada por la Cámara, la caja estaba ubicada en la última fila, en la parte superior y Leal aprovechó que la bajó y en lugar de alcanzársela a la depositante y de entregársela en ese momento, la conservó consigo y se la dio cuando arribaron (detrás de Bilbao) en el sector más privado del lugar. En el interín “introdujo el brazo y la mano” (conf. fotos fs. 120/125 cit.).
Por resultar de interés transcribo parcialmente parte del acta notarial que constata la reunión mantenida entre las autoridades de la Cámara, su letrado y Leal, con motivo de la interpelación extrajudicial formulada por la actora y en la que el escribano actuante manifiesta: “que el día lunes 6 de Abril del corriente es que nos reunimos nuevamente en el estudio de
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