Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 97617
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos se revoca la sentencia apelada de fs. 198/205, rechazándose la demanda instaurada por AADI CAPIF A.C.R. contra Carlos Abel Carnero, con costas a la actora en ambas instancias (arts. 68, 260, 265, 266, 274, 330, 354, 375, 384, y concs. del CPCC; 979, inc. 2°, 980, 993, 1037, 1038, 1043 y concs. del C. Civil; 130, Decreto Ley 9.020/78) y difiriéndose la regulación de honorarios profesionales para la oportunidad correspondiente (art. 31 ley 8.904 y ley 14.967).
En la ciudad de Dolores, a un día del mes de octubre del año dos mil diecinueve, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 97.617, caratulada: "AADI CAPIF A.C.R. C/ EL ENCUENTRO Y OTRO/A S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO", habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden Dres. Mauricio Janka; Silvana Regina Canale y María R. Dabadie.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Primera cuestión ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 198/205?
Segunda cuestión ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JANKA DIJO:
I. Antecedentes.
Interpone recurso de apelación la parte demandada en fecha 16-10-2018 contra la sentencia de fs. 198/205, que fue concedido libremente a fs. 210, expresando sus agravios a fs. 219/220, los que fueron replicados por la contraria en fecha 10/05/2019.
Firme el llamado de fs. 225, han quedado los autos en estado de sentenciar en esta Instancia (art. 263 CPCC).
a. Sentencia.
La jueza de grado admite la demanda condenando a la accionada a abonar a la actora la suma de pesos un mil ochocientos sesenta y cuatro con cincuenta ($ 1864,50), adeudada en concepto de aranceles por los períodos 01/03/07 al 13/08/10 (conf. arts. 17 de la CN, art. 12 Convención de Roma, art. 15 Tratado OMPI sobre la Interpretación o Ejecuciones y Fonogramas, art. 8 del Tratado OMPI sobre Derecho de Autor (ley 25.140), arts. 1, 4, 56 de la ley 11.723, art. 1 Decreto 1670/74, arts. 1, 2, 4 y 7 Decreto 1671/74, Resolución 390/05 y Resolución 100/89); con más sus respectivos intereses y costas.
Sustenta tal decisión en la validez del acta notarial que sirvió como fundamento de la deuda que se reclama [la que fuera cuestionada al contestarse la acción, resaltándose la falta de competencia territorial de la notaria que la confeccionara -v, fs. 107-], alegando no haber procedido la demandada en los términos del art. 993 del Código Civil, habida cuenta que se trata de constataciones efectuadas por un oficial público, por lo que tuvo por demostrado que en el restaurante "El Encuentro" de propiedad del Sr. Carnero, se escucha música proveniente de equipos propios con parlantes desde los que se realiza la difusión de fonogramas comerciales.
Que surge asimismo de autos que la demandada fue debidamente intimada a abonar los aranceles conforme los montos establecidos en la Resolución Nº 390/05 de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación (aviso de recibo de fs. 11, carta documento de fs. 12 de fecha 09/02/09 y carta documento de fs. 15 del 19/02/07) (arts. 979 y 993 del CC); frente a lo cual guardó silencio.
b. Agravios.
La demandada se agravia del fallo citado por cuanto la sentenciante no hizo lugar a sus defensas, acogiendo la demanda entablada por cobro de aranceles por la difusión de música en su local comercial -restaurante "El Encuentro"-, correspondientes a los períodos 01/03/07 al 13/08/2010.
Señala que la condena se basa únicamente en la validez del acta notarial, ya que el resto de las pruebas ofrecidas por la parte actora no fueron producidas (pericia contable, prueba confesional), o bien carecen de relevancia probatoria (actas de constatación unilaterales de AADI CAPIF A.C.R.).
Resalta que su parte planteó la nulidad del acta notarial por haber sido realizada por una escribana actuando fuera de su competencia territorial y sin que se dieran las excepciones que habilita la ley, cuestión que no fuera admitida por la sentenciante.
Al respecto argumenta que para lograr que el accionar de la escribana encuadre en la excepción del inc. 2, pto. II del art. 130 de la ley 9020, la parte actora solicitó a la fedataria que se constituyera en sus oficinas para constatar la existencia de cartas documento, cuando es reiterada la jurisprudencia respecto a que tales misivas tienen la eficacia probatoria de un instrumento público y la forma de acreditar su validez es con un pedido de informe al Correo sobre su autenticidad, envío y recepción. La constatación de que en las oficinas de AADI CAPIF en la ciudad de Mar del Plata había cartas documento, fue al mero fin de eludir la ley que limita la actuación fuera del territorio asignado al escribano para casos especiales, y de esa manera justificar las constataciones en el Partido de la Costa.
Sostiene que interpretar, como lo ha hecho la jueza de grado, que sólo constatar documentación en una oficina implica atribuirle competencia territorial a los escribanos en toda la Provincia, resulta improcedente; pues no es lo querido por la ley ya que la regla es la competencia territorial dentro de los límites del registro de actuación, y la excepción es la prórroga. Cita jurisprudencia de esta Alzada que confirma tal postura.
Concluye solicitando que se revoque la sentencia apelada y se rechace la demanda en todas sus partes, declarándose la nulidad del acta de constatación (v, fs. 219/220).
c. Contestación.
La accionante en su responde sostiene que la sentencia no se basó únicamente en el acta notarial, ya que la prueba producida en autos debe analizarse en su conjunto, relacionando unos elementos con otros y todos entre sí y no separadamente. Que del fallo en crisis surge que "el silencio" guardado por la demandada fue valorado por la sentenciante como fundamental a la hora de formar su convicción, siendo -a la postre- el acta notarial confirmación de la existencia de haber reproducción pública de fonogramas en el restaurante de la demandada.
Agrega que en la Provincia de Buenos Aires el art. 130 de la ley 9.020 dispone que el escribano ejercerá sus funciones dentro de los límites territoriales que correspondan al registro de su actuación (inc. I), competencia que se extenderá cuando solicitada la intervención en la sede de su registro para actuar, a fin de cumplir el objeto de requerimiento hubiere de efectuar diligencias no sólo en el distrito de su competencia sino también en otros (inc. II).
Ello ocurre frecuentemente con las actas de comprobación de hechos, dichos, situación de personas o estado de cosas o de documentación, donde muchas veces el escribano comienza el acto notarial en el ámbito territorial asignado para el ejercicio de sus funciones pero debe continuarlo fuera, hecho que no le quita validez al instrumento firmado en su notaría que así cumple los principios de unicidad y continuidad del acto notarial (art. 1001 CC).
Culmina su responde señalando que en tal caso la contraria debió de haber redargüido de falsedad el acta, con pleno conocimiento del notario y efectiva garantía de su derecho de defensa.
Por ende, los hechos que mediante tales actas se constataron se deben considerar como existentes, reales y verdaderos, conclusión que coincide -además- con las restantes actas unilaterales fs. 10/10 bis y demás pruebas aportadas en los presentes autos y plasmadas en la sentencia.
En definitiva, solicita el rechazo del recurso de apelación interpuesto y la confirmación de la sentencia apelada.
II. Esta Alzada.
Abocándome al análisis de la queja interpuesta he de señalar la necesidad de establecer si los hechos alegados en la demanda fueron debidamente acreditados por el actor con la prueba ofrecida y producida en autos, para luego sí reconsiderar la procedencia de la acción en los términos decididos; ello en tanto de no haberse cumplido con la carga que impone el art. 375 del CPCC, la suerte de la pretensión se encontraría sellada.
Por obvio que parezca, cabe recordar que el objeto de la prueba lo constituyen los hechos alegados como fundamento de la demanda. Reiteradamente ha sostenido este Tribunal que es principio procesal insoslayable derivado de lo dispuesto por el art. 375 del CPCC, que las partes tienen la carga de aportar la prueba de sus afirmaciones o, en caso contrario, soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el propio interés.
Es principio reconocido que el juez sólo está obligado a considerar las probanzas que estima adecuadas para la solución del caso y no todas las que se hayan producido. No tiene el deber de ponderar una por una y exhaustivamente todas las constancias probatorias arrimadas por las partes; resulta suficiente la valoración de las que estima conducentes o decisivas para fallar, de tal manera hace bien al preferir algunas sobre otras y omitir inclusive toda referencia a las que estimó inconducentes o no esenciales. Tampoco deben analizarse aisladamente, deben ponderarse en su conjunto, unas con otras, a fin de formar la convicción acerca de la existencia y alcance de los hechos controvertidos en el proceso (arg. art. 384 del CPCC; CSJN, J.A. 1991-III-901; SCBA, Ac. y Sent. 1988-Y-529, y 15.6.89, DJBA 136-459).
Ello sentado, se advierte que la accionada recurrente insiste en la nulidad de las actas notariales, elemento probatorio principal en que se sustenta esta acción (art. 375 CPCC).
Esta Alzada reiteradamente ha sostenido en casos análogos al presente, la invalidez de las actas realizadas por notarios practicando constataciones fuera del ámbito territorial que les incumbe en razón de su matrícula, tal como lo sostiene la apelante (v, causas n° 84.288, Sent. del 01-09-06; n° 88.276, Sent. del 27-8-09; n° 88.387, Sent. del 1-10-09; entre otras).
En los citados precedentes se sostuvo que la validez de un instrumento público lo es en tanto y en cuanto el mismo sea actuado conforme las solemnidades que la ley exige para su cumplimiento formal.
También está claro que su contenido, dado que hace plena fe, debe ser atacado por las vías del art. 993 del CC.
No obstante, si el instrumento público no fuera otorgado por quien está capacitado por ley para hacerlo, o bien lo hace excediendo su competencia profesional, el acto jurídico será nulo (arts. 979 inc. 2º y 980 del Código Civil -ley 340-, aplicable en la especie atento la fecha de realización del acta en consideración; arts. 3 cód. cit. y 7 CCyCN).
Tal lo que ocurre en el caso en tanto se aprecia que la escribana interviniente ha excedido su competencia territorial, otorgando un acto que no podía otorgar; más aún, que le está expresamente vedado por la ley que rige su actuación.
En efecto, el art. 130 de la ley 9.020, en su punto I limita el ejercicio de las funciones de los notarios a los límites territoriales que corresponden al registro de su actuación.
Y el punto II prevé cinco supuestos de excepción por los cuales el notario puede extender su competencia territorial dentro de la Provincia. Precisamente el inc. 2º es el invocado por la notaria interviniente que otorgó el acto cuestionado (v, fs. 3 vta., últ. párr.), el que expresa en cuanto a la extensión excepcional de su competencia, que ésta será admitida cuando fuera solicitada su intervención en la sede de su Registro para actuar en protestos y otras actas a fin de cumplir el objeto de requerimiento, y hubiere que efectuar diligencias no sólo en el distrito de su competencia sino también en otros.
Pero tal norma en modo alguno la autoriza a salir del partido de su registro en la forma en que lo hizo.
Veamos. Está claro que la norma comprende el supuesto en que un acto iniciado en el distrito deba cumplimentarse también en otro, sin distinguir si la actividad complementaria se desarrolla antes o después de la realizada en el partido de su Registro.
Sin embargo, en autos se advierte que el requerimiento fue efectuado en la ciudad de Mar del Plata por un cobrador de la entidad actora, a fin de que la notaria se constituya primero en el domicilio de AADI-CAPIF A.C.R. (sito en Mar del Plata) y verifique la existencia de las copias de las cartas documentos enviadas al usuario [en rigor son varios, al tratarse de un acta colectiva], y luego lo haga en el local comercial de éste (sito en San Clemente del Tuyú) con el objeto de verificar si hay difusión pública de grabaciones fonográficas, constatar quién es el titular actual de la explotación y requerirlo de pago (v, fs. 3/7).
Ahora bien, se desprende del propio texto del acta notarial impugnada que luego de aceptar el requerimiento en los términos antes expuestos, la escribana directamente se constituyó en el domicilio del establecimiento "El Encuentro" sito en la localidad de San Clemente del Tuyú [y otros establecimientos de esa misma ciudad y de las localidades de Mar del Tuyú y Santa Teresita], procediendo a constatar que en el lugar se escuchaba música provenientes de parlantes y a intimar el pago de lo adeudado a la entidad requirente.
En ningún pasaje del acta en cuestión la notaria dejó constancia de haber cumplido con la verificación de la existencia de las copias de las cartas documentos que debía realizarse en la ciudad de Mar del Plata (partido de Gral. Pueyrredón, donde tiene asiento su registro) y que eventualmente la habilitaría -a modo de excepción legal- a practicar la constatación en un partido distinto al del asiento de su registro (conf. art. 130 parág. II inc. 2 ley 9.020).
Ello sin entrar a considerar si tal primer requerimiento resultaba procedente y justificado, o si -por el contrario- se trataba de una mera maniobra para burlar la limitación de competencia territorial prevista en la ley y forzar el supuesto de excepción contenido en la norma.
Resulta pues entonces que la notaria ha sido requerida en su registro de la ciudad de Mar del Plata y ha cumplido el requerimiento en localidades extrañas al territorio de su competencia, sin que se verifique en los hechos el supuesto de excepción que invocó en el acta correspondiente (art. 130, pto. II, inc. 2, ley 9.020), violando de ese modo su competencia territorial y acarreando ello indefectiblemente la nulidad del acto; la que por resultar manifiesta, debe declararse sin más trámite (arts. 1037, 1038, 1043 C. Civil).
En referencia al resto de la prueba producida en autos, debo adelantar que ésta en modo alguno acredita el hecho que sustenta la pretensión actora.
En cuanto a las actas de constatación obrantes a fs. 9/10 bis, al emanar de la propia accionante, sin prueba alguna que corrobore lo allí asentado, ni que quien las realizara se encontrara facultado para confeccionarlas, encontrándose además incompletas en su llenado, careciendo -dos de ellas- de testigos y sin la firma del usuario -en todas-, resultan insuficientes para tener por acreditados los hechos que pretenden constatar (arts. 375, 384, 385, CPCC).
En referencia a las cartas documentos obrantes a fs. 11/15, sin perjuicio de haberse negado expresamente su autenticidad y la recepción de las mismas por parte de la demandada -fs. 107-, y al contrario de lo sostenido por la sentenciante, no cumplir con los requisitos necesarios para ser considerados instrumentos públicos (conf. SCBA, LP L 81.317 S 09/06/2004; LP Ac 57.020 S 17/09/1996; Resolución 1110/84 arts. 7° incs. 1 a 12 y 9° de ENCOTEL), lo cierto es que tampoco acreditan el hecho que da sustento a la deuda que se reclama, esto es, la difusión pública de fonogramas musicales, no pasando de ser intimaciones que compelen al propietario del referido local comercial a cumplir sus obligaciones respecto de la entidad accionante, sin especificarse la deuda ni los períodos que se comprenden.
Lo mismo acontece con los restantes elementos de prueba obrantes en autos, que en modo alguno acreditan el extremo señalado -v, prueba de informes de fs. 135, 138/146, 154, 157, 159/163, 169/171-, habiendo desistido la accionante de la prueba confesional y pericial -fs. 193- (arts. 375, 384, 394, y concs. del CPCC).
En razón de tal análisis, efectuado conforme las reglas de la sana crítica, arribo a la conclusión de que la accionante no ha acreditado debidamente el hecho sustento de su pretensión (arts. 375 y 384 CPCC).
En el supuesto de autos, correspondía al actor demostrar el hecho constitutivo que invocara como fundamento de su pretensión, mientras que la demandada debía probar los hechos extintivos, impeditivos o modificatorios de dicha pretensión (doctrina del art. 375, CPCC).
Ha reiterado esta Alzada que "carga de la prueba" es una noción procesal que contiene la regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables" (DEVIS ECHANDIA, Hernando, Teoría general de la prueba judicial, t. 1, pág. 424 y sgtes., Ed. Zavalía).
Cabe recordar que la actividad de las partes es de fundamental importancia para la suerte de sus pretensiones o defensas, sobre todo en procesos regidos por el principio dispositivo, como el civil; de aquí se deduce que aquellas deben ejecutar ciertos actos, adoptar determinadas conductas, afirmar hechos y hacer peticiones, todo ello dentro de los límites de tiempo y lugar que la ley procesal señale, si quieren obtener éxito y evitarse perjuicios como resultado del proceso.
Desde la óptica de la judicatura, de conformidad con el art. 384 del CPCC, resulta principio general que los jueces formarán su convicción respecto de la prueba con las reglas de la sana crítica, que no son otras que las normas de la lógica que operan en el criterio personal de los jueces, o bien son reglas del entendimiento humano, criterios de la lógica no precisados en la ley, meras directivas señaladas al sentenciante cuya necesaria observación queda sometida a su prudencia, rectitud y sabiduría.
Dicha tarea requiere el análisis y estudio de los medios probatorios arrimados por las partes a la causa en cumplimiento de la carga establecida por el art. 375 del CPCC.
Consecuentemente con lo expuesto y descalificada el acta notarial como prueba válida, no existiendo en autos otros elementos que avalen la pretensión actora, corresponde admitir el recurso en trámite y revocar la sentencia apelada, rechazándose la demanda instaurada, al no haberse cumplido con la carga procesal que impone el art. 375 del CPCC.
III. Las costas de ambas instancias deben imponerse a la accionante en su condición de vencida (arts. 68 y 274, CPCC).
VOTO POR LA NEGATIVA.
LAS SEÑORAS JUEZAS DOCTORAS CANALE Y DABADIE ADHIEREN AL VOTO PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JANKA DIJO:
Conforme se ha votado la cuestión anterior corresponde hacer lugar al recurso traído, revocando la sentencia apelada y rechazando la demanda instaurada, con costas a la actora en ambas instancias (arts. 68, 260, 265, 266, 274, 330, 354, 375, 384, y concs. del CPCC; 979, inc. 2°, 980, 993, 1037, 1038, 1043 y concs. del C. Civil; 130, Decreto Ley 9.020/78).
ASI LO VOTO.
LAS SEÑORAS JUEZAS DOCTORAS CANALE Y DABADIE ADHIEREN AL VOTO PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS.
CON LO QUE TERMINÓ EL PRESENTE ACUERDO, DICTÁNDOSE LA SIGUIENTE
Por los fundamentos expuestos se revoca la sentencia apelada de fs. 198/205, rechazándose la demanda instaurada por AADI CAPIF A.C.R. contra Carlos Abel Carnero, con costas a la actora en ambas instancias (arts. 68, 260, 265, 266, 274, 330, 354, 375, 384, y concs. del CPCC; 979, inc. 2°, 980, 993, 1037, 1038, 1043 y concs. del C. Civil; 130, Decreto Ley 9.020/78) y difiriéndose la regulación de honorarios profesionales para la oportunidad correspondiente (art. 31 ley 8.904 y ley 14.967).
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
MAURICIO JANKA
SILVANA REGINA CANALE MARIA R. DABADIE
GASTON FERNANDEZ
Abogado Secretario
Fin de la sentencia