Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 98102
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución de fs. 119/123 y admitir la excepción de prescripción opuesta por la demandada respecto de los períodos comprendidos desde enero 2007 hasta junio 2010 inclusive. Con costas de ambas instancia a cargo de la actora vencida (arts. 68, 69, 242, 246, 274 del CPCC; 3964, 4023, 4027 inc. 3°, y cc. del CC).
98102: SADAIC C/ RESP.SAHARA APART HOTEL Y OTRO/A S/ COBRO SUMARIO SUMAS DE DINERO (EXC. ALQUILERES, ETC)
Dolores, 29 de octubre de 2019.
I. Viene la causa a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto el 02/07/2019 por el accionado contra lo resuelto el 25/06/2019, el cual fue fundado el 12/07/2019 y mereció réplica de la actora el 06/08/2019.
La jueza de grado rechazó la excepción de prescripción opuesta por la demandada, con costas, por considerar que el reclamo impetrado a través de esta causa es subsumible dentro de la categoría de "acción personal por deuda exigible" por lo que se encuadraría en el supuesto residual previsto por el art. 4023 del C.C., que le brinda a la actora un plazo de prescripción de la acción de diez años.
El apelante asienta su queja en cuestionar la aplicación de esa norma, en el entendimiento que el correcto y ajustado a los hechos ventilados en autos resulta ser el plazo quinquenal dispuesto por el art. 4027 inc. 3° C.C., por tratarse de un reclamo de sumas dinero que debieron ser abonadas en forma mensual. Cita un antecedente jurisprudencial en apoyo de su posición.
Por su parte el accionante al contestar solicita la confirmación de la resolución puesta en crisis, citando una multiplicidad de casos de jurisprudencia que avalan su posición. Sostiene que el antecedente mencionado por el apelante constituye un caso aislado, pues a su criterio la jurisprudencia mayoritaria se encuentra en línea con la postura fijada por la sentenciante de grado.
II. Vistas las constancias de la causa es dable apreciar que estamos ante una excepción de prescripción planteada frente a una típica cuestión de puro derecho, por lo que resulta acertado resolverla como previa (art. 344 párr. 2°, del CPCC).
Dicho ello resulta esencial con carácter previo a sentar la posición del Tribunal precisar la naturaleza jurídica de los derechos que se encuentran en juego (CSJN Fallos 312:2257). Ello así pues sabido es que no todos los casos poseen bases fácticas idénticas, lo que sin dudas condiciona las decisiones de los tribunales y obliga a los sentenciantes a verificar, en forma previa a citar un precedente, los hechos que fueron sometidos a la jurisdicción en el caso específico.
En ese tren si bien no cabe desconocer de plano la importancia de los precedentes citados por ambas partes como tampoco la autoridad de las citas doctrinarias realizadas, lo cierto es que la aplicación de los mismos en la presente causa lo será siempre y cuando sean concordantes con los hechos ocurridos en autos. Veamos.
Surge del líbelo de inicio que la actora reclama el pago de los cánones correspondientes a derechos de autor por la comunicación pública del repertorio musical administrado por SADAIC en los apartamentos del Complejo Sahara Apart Hotel durante el período comprendido entre el mes de enero de 2007 a junio de 2013, junto a los períodos que se vayan devengando (v, fs. 45 vta.).
Visto ello es dable apreciar que la naturaleza obligacional que vincula a las partes de este proceso se origina por una reproducción lícita de obras musicales, que genera como contrapartida la carga de abonar un canon específico fijado por la normativa vigente.
No estamos ante un hecho ilícito que forje la obligación de resarcir un daño, sino que presenciamos el ejercicio de una acción patrimonial que emerge del supuesto aprovechamiento por parte de un tercero (en el caso un hospedaje turístico) de la creación intelectual del autor de las obras, cuya representación ejerce por ley la sociedad actora (Leyes 17.723 y 17648 y decreto 5146/69).
Y considerando que la deuda reclamada se refiere a una obligación que se paga mensualmente (v, fs. 5), tal como lo alega el apelante, corresponde aplicar el plazo de prescripción quinquenal previsto por el art. 4027 inc. 3 del CC, justamente en razón de que el devengamiento de los cánones se produce en forma mensual; siendo la posición adoptada por la Corte Suprema de Justicia en la causa “SADAIC c/ Tierra del Fuego, provincia de s/ cobro de sumas de dinero”, sentencia del 2 de marzo de 2011, de su competencia originaria (S. 903. XLI. Originario CSJN).
Ello así pues sabido es que el plazo decenal previsto por el art. 4023 del CC constituye un principio general –y residual- que debe ser aplicado a todos los casos para los cuales no se ha previsto un plazo más corto.
En autos no quedan dudas que el supuesto bajo examen escapa a ese principio general, quedando subsumido en el plazo previsto para “todo lo que se debe pagar por años, o plazos periódico más cortos”, previsión legislativa que tuvo por objeto evitar el excesivo acrecentamiento de la obligación, con prescindencia de que ésta tenga su fuente en la voluntad de las partes o en la ley, siempre que se trate de créditos líquidos (Salas, Trigo Represas, “Código Civil anotado” T. III, p. 354, Ed. Depalma; en este mismo sentido CNAC, Sala C, “Radioemisora Cultural s/concurso preventivo s/incidente de revisión -por SADAIC-”, sentencia del 24/06/2011).
III. Sentado ello cabe tener en cuenta que el curso de la prescripción puede dejar de correr por una única vez como consecuencia de una suspensión, es decir, cuando acaecen circunstancias que hacen que se detenga, pero apenas desaparecido el motivo de la suspensión la prescripción se reanuda sumándose el tiempo corrido antes de producirse la suspensión; por lo que para obtener la prescripción cumplida, habrá que limitarse a deducir de su curso el tiempo intermedio durante el cual estuvo suspendida (arts. 3966 y 3983 del CC).
En ese camino tenemos que “La prescripción liberatoria se suspende, por una sola vez, por la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica. Esta suspensión sólo tendrá efecto durante un año o el menor término que pudiere corresponder a la prescripción de la acción”, siendo que para que esta regla jurídica funcione se ha de estar frente a una prescripción en curso, extremo cumplido en el sub lite, y haberse interpelado al deudor de modo fehaciente, vale decir que éste pudiera tomar conocimiento de aquélla (art. 3686 párr. 2° del CC; esta Cámara en causas nº 84.548 y 85.488).
Con la carta documento que luce a fs. 18/19 de fecha 27/01/2010 la acreedora hubo de cumplir con el requisito supra señalado. A ello se debe agregar que esa instrumental de conformidad con la doctrina de nuestro Superior Tribunal Provincial reviste el carácter de instrumento público de conformidad con el art. 979 inc. 2º Cód. Civil, y sólo puede resultar cuestionada por la vía procesal específica y mediante la querella de falsedad, habiéndose limitado el accionado a negar su autenticidad y recepción por lo tanto la referida epistolar habrá de producir pleno efecto jurídico en cuanto a producir la suspensión de la prescripción (SCBA, Ac. 81.317 S 09-06-2004).
En este punto no huelga señalar que, teniendo en cuenta que la suspensión de la prescripción en los términos expuestos sólo acontece por una única vez, en el caso carece de tal efecto el pedido de sorteo de mediador presentado el 15/10/2013 (v, fs. 2 vta.), más allá de lo previsto en forma general por el art. 40 de la Ley 13.951, pues justamente el efecto suspensivo ya se ha cumplido con la misiva que se menciona ut supra.
Suspendida entonces la prescripción liberatoria por efectos de la carta documento mencionada por un año, al lapso quinquenal sólo cabe deducirle de su curso el tiempo intermedio durante el cual estuvo suspendida; además debe tenerse en cuenta lo expresamente solicitado por la parte apelante en atención a la previsión del art. 3964 del CC, que reclama se declaren prescritos los períodos que van desde enero 2007 y junio 2010 (v, memorial del 12/07/2019).
A la sazón tenemos que contando el primer período reclamado –enero de 2007- el plazo de cinco años se cumplía en enero de 2012, por lo que cabe adicionar –como se adelantó- el año por el cual estuvo suspendida la prescripción, lo que nos lleva a tener por cumplido el plazo en enero de 2013.
Habiéndose interpuesto la demanda el 19/09/2016 (v, fs. 60 vta.) se impone hacer lugar al planteo traído por el recurrente y declarar prescriptos los períodos reclamados desde enero 2007 hasta junio 2010 inclusive (art. 4027 inc. 3ro. del CC), lo que así habrá de decidirse.
IV. Costas. Atento el resultado arribado corresponde modificar las costas impuestas en la instancia de origen las cuales estarán, junto con las de esta instancia, a cargo de la actora vencida (arts. 68, 69, 274 del CPCC).
En atención a los argumentos dados este Tribunal Resuelve: Revocar la resolución de fs. 119/123 y admitir la excepción de prescripción opuesta por la demandada respecto de los períodos comprendidos desde enero 2007 hasta junio 2010 inclusive. Con costas de ambas instancia a cargo de la actora vencida (arts. 68, 69, 242, 246, 274 del CPCC; 3964, 4023, 4027 inc. 3°, y cc. del CC).
Regístrese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 29/10/2019 10:23:53 - JANKA Mauricio ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 29/10/2019 11:39:01 - DABADIE María Rosa ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 29/10/2019 12:03:22 - Gaston Cesar Fernandez ([email protected]) - SECRETARIOS (Lega
Fin de la sentencia