Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 98610
En la ciudad de Dolores, a un día del mes de octubre del año dos mil veinte, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 98.610 , caratulada: "ELECTRÓNICA SICCARDI DE PABLO Y ESTEBAN SICCARDI Y OTROS C/ VISA ARGENTINA S.A. S/ COBRO SUMARIO DE SUMAS DE DINERO" , habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden Dres. Mauricio Janka y María R. Dabadie.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Primera cuestión ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 06.04.2020?
Segunda cuestión ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JANKA DIJO:
I. Contra la sentencia de mérito dictada en la instancia de grado el 06.04.2020, interpuso la parte actora el recurso de apelación del 30.04.2020, que concedido libremente el 05.05.2020, se fundó ante este Tribunal con la expresión de agravios del 05.07.2020, replicada por la contraria el 22.07.2020.
II. a) Contra Visa Argentina Sociedad Anónima persiguen los actores el cobro de sumas de dinero con fundamento en que aquella, luego de liquidar los cupones de compras realizadas en su comercio Electrónica Siccardi y de depositar el monto en su cuenta del Banco de la Nación Argentina, habría ordenado su débito a la entidad bancaria en concepto de contracargos, devoluciones, ajustes y rechazos, por tratarse de un caso de recalcos de tarjetas ilegibles.
Señalan que tal proceder no fue correcto dado que los cupones eran perfectamente legibles, que el débito bancario se ordenó sin consentimiento ni comunicación a su parte y que la operación de compra se efectuó previa autorización suministrada por VISA; reclaman "daño emergente" y "daño extrapatrimonial" (fs. 98/106).
b) La parte demandada -Prisma Medios de Pago S.A., continuadora de Visa Argentina S.A.-, luego de la negativa general y particular de rigor, afirma que la actora se incorporó al Programa de Tarjetas de Crédito a través del Banco de la Nación Argentina, sistema en el cual se incluyeron las operaciones cuestionadas.
Resumidamente indica que no existió la conducta antijurídica alegada, pues del contenido del instrumento de mención surgen los recaudos que el comercio adherido debió tomar en respaldo de las operaciones, y no hizo.
Resalta que las autorizaciones a que alude su contraria no fueron otorgadas por VISA S.A. y que los consumos fueron realizados sin lectura de banda magnética, debiendo recalcarse en los cupones los datos grabados en las tarjetas de crédito de forma legible, lo que no se realizó incumpliendo con la reglamentación vigente.
Que el comerciante debió extremar recaudos al observar que las compras eran realizadas en la ciudad de Dolores con tarjetas emitidas en Australia, y que todas las operaciones con tarjeta de crédito son condicionales al quedar subordinados sus pagos a la aceptación del cargo por parte del usuario.
En el caso, sus verdaderos titulares desconocieron los consumos ante sus bancos emisores (fs. 153/169).
III. El sentenciante de grado rechazó la acción; para así decidir tuvo por acreditado que la parte actora se incorporó al Programa de Tarjetas de Crédito Visa, a través de un contrato que calificó de adhesión y conexo a otras tratativas contractuales celebradas con el Banco de la Nación Argentina.
Ello no obstante la negativa formulada por los accionantes y el desconocimiento de la documentación acompañada por la demandada (fs. 122/150), pues estimó que pese a ser un hecho controvertido esos contratos son de público conocimiento y constituyen hechos notorios para el juzgador.
Luego, concluyó que las operaciones se realizaron bajo la llamada modalidad "fuera de línea", incumpliendo el establecimiento comercial los pasos que indicaba aquel contrato para validar la transacción.
Que según las cláusulas contractuales la autorización no implicó validación y que las operaciones son condicionales a la aceptación del cargo por parte del usuario.
Consideró que los cupones de las ventas son ilegibles y que a todo evento el pedido de autorización nunca exime al establecimiento de cumplir las medidas de seguridad y procedimientos.
Finalmente, tuvo por probado que los titulares de las tarjetas desconocieron los cargos de acuerdo al informe agregado a fs. 342/378, en idioma extranjero.
IV. De lo así resuelto se agravian los apelantes al señalar que el juez de grado incurrió en una errónea valoración probatoria.
Afirman que los cupones originales son absolutamente legibles en toda su extensión.
Refieren que debió valorarse que ante los reclamos administrativos la demandada guardó completo silencio, y que ya judicialmente omitió suministrar elementos relevantes para el resultado del pleito, como documentación para lograr producir la prueba pericial contable ofrecida.
Precisan que la demandada aportó un contrato cuya autenticidad no fue acreditada, ni fue firmado por su parte; por ello no debió ser tomado como norte por el sentenciante, extrapolándolo en el tiempo y haciéndolo aplicable retroactivamente.
Exponen que el a quo se valió del menor o mayor color del relieve (que se hizo raspando sobre la tarjeta el ticket emitido por el aparato posnet en el mes de febrero del año 2014), omitiendo que el resto de los datos fueron validados tanto por Posnet como por VISA S.A. al emitir autorización, procedimiento que describió el empleado del comercio en su declaración testimonial.
V. Entrando al tratamiento de la cuestión planteada, resulta medular dilucidar en forma previa la situación generada en torno a las previsiones contractuales particulares que resultan aplicables a la relación jurídica de autos.
A la par, y como el derecho obligacional y contractual se ha visto impregnado durante las últimas décadas por el denominado bloque protectorio del consumidor, cabe ineludiblemente verificar si nos encontramos ante una relación de consumo.
Tal precisión no se diluye en la nada, sino que su transcendencia lo será en punto a la injerencia que pueda tener en torno a ciertos aspectos procesales como el de la carga probatoria, y sustanciales que hacen a la valoración del vínculo contractual desde la perspectiva de la parte más débil.
Ello así en tanto es deber del juez aplicar el derecho que corresponda, aún cuando las partes guardaran silencio (art. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 266 CPCC).
En la determinación del derecho aplicable como en la calificación de la acción, el juez actúa con entera independencia de las partes, pudiendo válidamente calificar la realidad fáctica y subsumirla en las normas jurídicas que la rigen (Fenochietto, "Código Procesal Civil y Comercial", 3º ed., 1996, p. 42, nº 4º; CSJN, 17-11-94, L.L. 1995-D-942, nº 1744; SCBA, L. 2-6-92, Jurisprudencia, nº 44, p. 55).
Pues bien, se trata la presente de una relación contractual donde el establecimiento comercial "Electrónica Siccardi" se ha adherido a un sistema, en virtud del cual se encuentra habilitado para concretar sus ventas mediante la utilización de tarjetas de crédito VISA como medio de pago.
Ello se desprende de los términos de los escritos postulatorios, donde los sujetos procesales reconocen la existencia de un nexo contractual entre ellos, como así también que forman parte de una operatoria multilateral y coordinada que importa la existencia de un conjunto de contratos coligados o conectados entre sí con una finalidad común previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado perseguido, entre los que se incluye al Banco de la Nación Argentina -aquí no demandado-.
No cabe duda que una de las partes de esa relación, la demandada, lleva a cabo su actividad en forma masiva, de evidente trayectoria y con un despliegue económico y empresarial notablemente superior al de la actora.
Por otra parte, aquélla otorga un servicio al comercio adherido a un sistema de cobro, que lo aprovecha o lo consume como destinatario final de una operación que le permite que los montos liquidados sean finalmente depositados por VISA en una cuenta bancaria, a través de una entidad bancaria que actúa como intermediaria.
Es así que el vínculo que uniera a las partes de autos: establecimiento adherido por un lado y empresa global de tecnología de pagos electrónicos por otro -una de las más reconocidas en el ámbito internacional-, que facilita el comercio a través de la transferencia de valores, debe ser calificado como una relación de consumo que tiene recepción normativa particular (arts. 37, 65 y concs. de la ley 24.240).
Precisando la cuestión, como establece el art. 1 de la ley 24.240 en el tramo que interesa, se consideran consumidores a las personas físicas o jurídicas que adquieran o utilicen, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatarios finales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
Por su parte, el art. 2 refiere que el proveedor es la persona humana o jurídica de carácter público o privado que actúa profesionalmente en el mercado, con actividades de producción, importación, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a los sujetos del art. 1 de la LDC.
Dicho articulado es de protección y defensa pues el legislador parte del supuesto de la debilidad de los consumidores en las relaciones con los empresarios. Debilidad motivada en desigualdades reales que los colocan naturalmente en una posición de desequilibrio (en el poder de negociación, en la no equivalencia del contenido del contrato, derechos y obligaciones recíprocas), y esencialmente en una desinformación del consumidor en torno al objeto de la relación (arts. 4, 8 bis , 37 y concs., ley 24.240).
Lo fundamental de estas normas es que responden a una expresa exigencia del art. 42 de la C.N.; y lo que no cabe obviar es que la ley 24.240 debe aplicarse cada vez que haya abusos del contratante fuerte, ya que el dato relevante para que se brinde protección legal debe ser la desigualdad en la capacidad de negociación, lo que ocurre cuando el proveedor ostenta una posición dominante. Por lo tanto, debieran considerarse dignos de esta tutela también los pequeños empresarios que sufren las consecuencias de la desigualdad (Farina, "Defensa del consumidor y del usuario" 3ra ed., Ed. Astrea, Bs. As. 2004, pág. 51).
Con pie en esos parámetros y el margen amplio de interpretación, entiendo que la parte actora sí es consumidora en los términos referidos, al ser el sujeto pasivo del servicio prestado por la demandada en forma onerosa y como destinatario final. Demás está decir que utiliza el servicio como comercio adherido en su labor habitual, lo que no le quita la condición de consumidora pues la ley 24.240 es aplicable respecto de quien adquirió a título oneroso un bien o un servicio para satisfacer sus propias necesidades, ya sean éstas de índole "laboral", social o de esparcimiento (arts. cit.).
VI. a) Teniendo como norte la plataforma jurídica señalada he de analizar si el razonamiento llevado a cabo por el sentenciante de grado -debidamente impugnado por los apelantes- resulta acorde a las circunstancias de la causa y a los principios referidos.
A través de lo que la accionada denominó "Anexo 1" (fs. 122/125), incorporó junto a su escrito de contestación de la acción, un modelo de contrato de adhesión en virtud del cual un establecimiento comercial declararía conocer y aceptar las Normas Operativas que regulan el Programa Tarjeta VISA que le fuera comunicado por una entidad bancaria; también puede observarse de su contenido una detallada descripción de los procedimientos aplicables a las transacciones efectuadas bajo dicha modalidad.
Asimismo, en el "Anexo 2" (fs. 126/150) adjuntó un compendio de términos y condiciones que regularían la operatoria de los establecimientos comerciales con los medios de pago del Programa VISA, de donde surge de sus primeras líneas que "...el establecimiento se compromete a ajustar estrictamente su actuación a las normas que surgen a continuación o que en el futuro se le comuniquen por cualquier medio, como condición para su permanencia dentro del Programa VISA..." (sic; fs. 127); a continuación se prevé una serie de modalidades posibles de operación.
Esta documentación, fue desconocida por la actora quien manifestó no haberla suscripto (fs. 178 y vta.; art. 354 inc. 1 del CPCC).
Frente a este hecho controvertido no surge de autos que la demandada hubiera acreditado la autenticidad de las copias acompañadas, ni -especialmente- que la actora hubiera prestado efectivamente su conformidad para la celebración de los contratos (arts. 375 del CPCC; 1026 del CC).
Sabido es que cuando un instrumento privado o documento es desconocido de modo categórico por la parte a quien se opone, es indispensable para que valga como prueba que haya sido autenticado; esto es, demostrado que emana de la persona a quien se atribuye. Así, tratándose de documentos que por sí no demuestran su autenticidad y validez formal, es necesario producir prueba de ellos para que tengan efectos con relación a la parte que los desconoce (Morello, Sosa, Berizonce, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", Abeledo Perrot, 2015, Tomo V, págs. 1156, jurisprudencia allí citada).
Y tal extremo no se ha cumplido en el caso, donde a simple vista la documentación acompañada ni siquiera está completada con los datos del establecimiento comercial adherente. Se visualizan vacíos los espacios destinados a ello (v, fs. 123, 144 y vta.), y el lugar para a colocar la "firma, aclaración y cargo del responsable que obligue al establecimiento" y "CUIT del establecimiento" (v, fs. 150).
Evidentemente la demandada acompañó un contrato marco, pues así lo indica al calificarlo como "modelo" en su escrito de contestación (v, fs. 157 vta. primer párrafo), circunstancia que obsta que "cláusulas contractuales puntuales" que emanan de su contenido puedan ser aplicadas indiscriminadamente en perjuicio de la situación del comercio adherente, al menos sin la certeza de que el contrato hubiera sido aceptado por aquél.
El consentimiento constituye uno de los elementos sustanciales del contrato; en lenguaje claro, el término "consentimiento" significa asentir, aceptar; y se conforma cuando las declaraciones de voluntad de las partes contratantes se encuentran para crear la voluntad contractual, que debe ser "exteriorizada" (arts. 1137, 1138, 1144, 1198 y concs. del CC).
b) Señala el juzgador de grado, luego de encuadrar a este tipo de contratos como de "adhesión y conexos", que es un hecho notorio su contenido específico, pese a ser este punto controvertido ante la negativa de la actora. Añade que sus cláusulas son de público conocimiento, sumado a que ambas partes reconocieron la existencia de una vinculación contractual.
Sin embargo, en el marco del derecho protectorio del consumidor la subsunción de la cuestión en la figura del hecho notorio no es -a mi modo de ver- apropiada, dado que las obligaciones contractuales de las partes no pueden tener como único basamento la "notoriedad pública" del contenido de un contrato, máxime cuando se encuentra cuestionado.
Asimismo, analizar si el contenido de la documentación traída por la demandada es aplicable o no, no implica en sí desconocer la existencia de un vínculo contractual, reconocido por ambas partes.
Si bien tanto la actora como la demandada han aceptado formar parte de una relación contractual, lo cierto es que de allí a aplicar cláusulas particulares de un programa de adhesión que incluso puede ser extraído de internet, desconocido por el consumidor y ni siquiera firmado, hay una distancia considerable.
Fuera de discusión se encuentra -de acuerdo a los escritos postulatorios- que los montos oportunamente depositados a favor de Siccardi fueron luego debitados.
Asimismo, del informe emitido por el Banco Nación Sucursal Dolores de fs. 274, surge que el 25.03.2014 se acreditó en la cuenta corriente perteneciente a los actores el importe de $ 57.941,51 por liquidación VISA - tickets y cupones-, y que con fecha 23.06.2014 se debitó $ 46.818,13.
Por lo que la relación contractual es evidente; lo que no lo es, son qué cláusulas obligacionales resultan aplicables.
c) Cierto es que como indica el sentenciante de grado desde lo meramente conceptual, una de las características de los contratos de adhesión es la falta de negociación paritaria.
Cada vez que se lee un contrato de tal naturaleza, se piensa en una serie de estipulaciones predispuestas, modalidad que se ha convertido en la herramienta de tráfico más importante de la actualidad.
En este sentido ya no una es novedad que no son acuerdos negociados; Atilio Alterini señaló mucho antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial que receptó la figura, que los contratos predispuestos son instrumentos adecuados para la economía de masas, pues mediante ellos se producen significativos ahorros propios de la economía de escala: un ahorro de tiempo, al ser evitada la discusión individual de las cláusulas; un ahorro derivado de que la uniformidad de la contratación facilita la homogeneidad de la gestión empresarial; un ahorro de litigiosidad, en razón de que los contratos prevén de antemano soluciones puntuales para las distintas alternativas posibles en el desarrollo de la relación entre partes (Alterini, Atilio, "Bases para armar la teoría general del contrato en el derecho moderno", Buenos Aires, La Ley, 1-01-2009, cita online: AR/DOC/11425/2001).
Pero va de suyo que esta calificación contractual típicamente empresarial, en la cual una de las partes tiene pocas o nulas posibilidades de discutir su contenido, en modo alguno importa la inmediata aplicación de cláusulas contractuales frente al desconocimiento expreso y a la ausencia de prueba que avale el consentimiento prestado por el consumidor.
Si se admitiera que un contrato "modelo o marco" pueda ser considerado como "hecho notorio" y de allí aplicar sus cláusulas en perjuicio del consumidor, todos los avances interpretativos -legales, doctrinarios y jurisprudenciales- favorables a la posición del consumidor frente a las poderosas empresas, serían en vano.
Si bien al caso es aplicable el código velezano, el Código Civil y Comercial ha receptado este tipo de relaciones contractuales en su Libro III, Título II, Capítulo 3, Sección 2ª, arts. 984 a 989, bajo la denominación "contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas".
Como se desprende de su propia ubicación en dicho cuerpo normativo, los referidos contratos de adhesión fueron incluidos dentro de los convenios paritarios y en el capítulo 3 sobre "formación del consentimiento" (arts. 971 y concs. del CCyCN).
El legislador entonces asumió que esta figura no es un tipo contractual autónomo, sino una modalidad especial de prestar el consentimiento; por ende, el consentimiento o la adhesión sin dudas deben existir, por lo que no resulta apropiado "anularse" dicha exigencia y darla por supuesta bajo la excusa del hecho notorio invocado por el sentenciante.
Más, la circunstancia de ser contratos que no están regidos por la regla de la autonomía de la voluntad y por la negociación paritaria del modo clásico en que se conoce, no es condición para que pueda afirmarse que son tipos contractuales independientes "modelos/marcos" cuya celebración puede darse por sentada sin evidencia certera de que ambas partes intervinieron. La falta de negociación bilateral fundada en el mayor poder de negociación de una de las partes, no significa desterrar que la otra deba "aceptar o consentir".
Por el contrario, en tales supuestos la protección judicial necesariamente debe estar dotada de mayor intensidad; el control jurisdiccional de los contratos concluidos por adhesión es pertinente no sólo en la indagación de la
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.