Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala I · Causa 167290
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar, en cuanto fuera materia de agravio, el proveído de fs. 564. Transcurrido el plazo del art. 267 del CPCC, devuélvase.-
RAMIRO ROSALES CUELLO ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ
JOSÉ GUTIÉRREZ
-Secretario-
REGISTRO Nº 218.R FOLIO Nº 271
- Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata -
Autos: "ORGANIZACION MEDICA ATLANTICA SA C/ OSPATCA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.)" .
Expte. Nº 167290
Mar del Plata, 30 de Mayo de 2019.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. El proveído de fs. 564 en cuanto concede la medida cautelar de embargo requerida a fs. 548 vta./50 viene a conocimiento de esta alzada en virtud del recurso de apelación en subsidio interpuesto en el escrito electrónico de fecha 8/10/18 por la parte demandada.
El referido recurso fue concedido a fs. 594 y fundado en el mismo escrito apelatorio.
El agravio central del apelante se centra en la falta de configuración de los presupuestos para el dictado de la medida cautelar pretendida y en la prohibición de trabar cautelares contra un Agente del Seguro de Salud, según Ley 27.431.
II.-El recurso no merece prosperar.
En primer término, se debe recordar que la enumeración del art. 209 del CPCC no es taxativa sino meramente enunciativa pues su única finalidad es permitir que se prescinda de la acreditación de algunos de los presupuestos de las medidas cautelares cuando ocurran dichas hipótesis pero no impide la procedencia del embargo en otros casos si se configuran sus presupuestos básicos (Conf. Bacre, Aldo, "Medidas cautelares", Ed. La Rocca, Bs. As., 2005, pág. 234; Camps, Carlos, "Código...", Ed. Depalma, Bs. As., 2004, Abeledo Perrot online cita n° 8009/006641; esta sala, causa 152.072, R. 573, F. 688, 11/10/12).
Dicho ello, el art. 209 inc. 3° del CPCC prevé que podrá requerirse el embargo preventivo si fundándose la acción en un contrato bilateral se justifica su existencia en la forma prevista en el inc. 2° del mismo artículo (instrumento público o privado), debiendo probarse además sumariamente el cumplimiento del contrato por parte del actor, salvo que éste ofreciese cumplirlo, o que su obligación fuese a plazo; en otras palabras, se requiere acreditar la existencia del contrato y el cumplimiento del mismo por parte del actor, quedando dispensada la acreditación del peligro en la demora (arts. 195, 202, 209 y cctes. del CPCC; Conf. De Lazzari, Eduardo N., "Medidas Cautelares", Librería Editora Platense, La Plata, 1995, T. 1, pág. 231; Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos...", Librería Editora Platense-Abeledo Perrot, Bs. As., 1986, T. II, 651/652).
En los casos que la existencia del crédito se quiera demostrar con instrumento privado atribuido al deudor, su firma debe estar abonada por información sumaria de dos testigos, principio aplicable al inc. 3) del art. 209 cuanto la acción se funda en un contrato bilateral, según lo expuesto supra.
Sobre este último tópico se ha indicado que no resulta necesario que los testigos estén presentes al momento de la firma por parte del demandado sino que es suficiente que declaren conocer su firma y den razón de sus dichos (art. 443 y cctes. del CPCC; Bacre. Aldo, “Medidas cautelares…”, Ed. La Rocca, Bs. As., 2005, pág. 237).-
Sin embargo, también se admite todo otro medio de prueba que permita obtener análogo resultado (v.gr., pericia caligráfica, adjunción cartas documento donde se reconoce la obligación, etc.) y debe acompañarse el documento original donde se encuentre estampada la firma del presunto deudor (Conf. De Lazzari, Eduardo, “Medidas cautelares…”, Librería Editora Platense, Bs. As., 2006, T. 1, pág. 228).-
Ahora bien, en el caso de autos y analizada la documental acompañada (en particular, convenio de prestación médica de fs. 490/508, la constancia de saldo de deuda suscripta por Contador Publico de fs. 510/512 y la testimonial de fs. 541 y fs. 543, ratificadas a fs. 560/561) entendemos que se encuentra acreditada "prima facie" la verosimilitud del derecho invocada; la parte demandada no ha desconocido la existencia del convenio referido, las testimoniales brindadas destacan el cumplimiento del convenio por parte del actor y, principalmente, a fs. 511 vta. consta certificación donde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Bs. As. certifica la firma del Contador Público que suscribe el instrumento de fs. 510/512; dicho informe de un contador matriculado, actuando dentro de la órbita de su competencia, otorga a nuestro entender -junto a los restantes elementos señalados- suficiente seriedad al planteo formulado dado la responsabilidad que dicha constancia genera en el citado profesional (Conf. De Lazzari, Eduardo, "Medidas cautelares", Librería Editora Platense, Bs. As., 2006, T. 1, pág. 243; Rivas, Adolfo, "Medidas cautelares", Ed. Lexis Nexis, Bs. As., 2007, pág. 235; Bacre, Aldo, "Medidas cautelares", Ed. La Rocca, 2005, pág. 244; Ramírez, Jorge, "Función precautelar", Ed. Astrea, Bs. As., 2005, pág. 263/264; esta sala causa 142.282, R. 754, F. 1201, 2/10/08; causa 142.413, R. 753, F. 1199, 2/10/08).-
Finalmente, en lo que respecta a la prohibición de dictar medidas cautelares, la Ley 26.077, a la cual se remiten posteriormente las sucesivas leyes complementarias hasta la Ley 27.431, ha excluido de la prórroga de la emergencia sanitaria nacional, tal como lo señalara el a quo a fs. 591/594, la traba de medidas cautelares de causa o titulo posterior al 31 de diciembre de 2015 que se originen en el año 2006, extremo este último sobre el cual el apelante nada dice en su memorial.
Por lo expuesto, se RESUELVE: Confirmar, en cuanto fuera materia de agravio, el proveído de fs. 564. Transcurrido el plazo del art. 267 del CPCC, devuélvase.-
RAMIRO ROSALES CUELLO ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ
JOSÉ GUTIÉRREZ
-Secretario-
Fin de la sentencia