Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 173906
Expte. N º 173906 - Juzgado Civil y Comercial N°15
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BAKKER SANDRA FABIANA S/ COBRO SUMARIO DE SUMAS DE DINERO” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 29 de septiembre de 2021?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 29 de septiembre de 2021, el Sr. Juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°15 departamental, Dr. Héctor Fabián Casas, dictó sentencia definitiva en la que hizo lugar a la demanda promovida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires contra Sandra Fabiana Bakker, condenando a esta última a abonar a la accionante $75.897,83, más intereses y costas.
Para así decidirlo, y luego de explicar que el caso queda aprehendido por la legislación tuitiva de los derechos del consumidor, señaló que se acreditó la relación contractual entre las partes, mediante la celebración de un contrato de emisión de tarjeta de crédito. Además, ponderó el contenido de la pericia contable de la que surge la celebración del referido contrato el 8 de agosto de 2014 y la deuda que se reclama se ajusta a las constancias y registraciones contables del banco.
Seguidamente detalló la inexistencia de cuestionamientos o impugnaciones de los respectivos resúmenes de cuenta de conformidad con la vía prevista en el art. 26 de la Ley de Tarjetas de Crédito.
Agregó que si bien la actora no acompañó el acuse de recibo de los plásticos, la perito contadora Lazzaro los tuvo a la vista para realizar el dictamen pericial, lo que -a criterio del magistrado- lleva a considerar demostrado el vínculo obligacional entre la accionante y la demandada.
Indicó que la pericia contable detalló el saldo impago de la cuenta N°622751205 cuya titular es la accionada. El monto de condena, aclaró, debe ser únicamente $75.897,83 y no los $94.152,36 originalmente reclamados, dado que la capitalización de los intereses se encuentra prohibida en el art. 770 del CCyC.
En cuanto a los intereses compensatorios, apuntó que los intereses compensatorios aplicados a la cuenta se han ajustado al límite del art. 16 de la Ley 25.065 sin que sea procedente realizar morigeración alguna. En relación a los punitorios, indicó que no deben ser liquidados en los períodos de noviembre 2016, enero 2017 y febrero de 2017 puesto que allí hubo pagos mínimos que, por ley, tornan improcedente su devengamiento.
II.1. El recurso de la demandada.
La Sra. Bakker apeló el 23 de noviembre de 2021 y fundó su recurso el 10 de febrero de 2022, mereciendo la réplica de la contraria el 22 de ese mismo mes.
En síntesis, plantea:
a) Que al responder la demanda afirmó no deber nada a la actora ni haber recibido y utilizado los plásticos de la tarjeta. Critica que el juez haya admitido que el banco adjunte esa documentación tardíamente al momento de producir la prueba pericial y que, de ella, ningún traslado se dio a la demandada.
b) Con relación a los resúmenes de cuenta, reitera que nunca se enviaron en razón de que nunca usó la tarjeta de crédito
c) En lo tocante al saldo, manifiesta que la pericia hace referencia a resúmenes en los que no surge ningún consumo, sino un supuesto saldo anterior de septiembre de 2016.
Agrega que no se adjuntaron cupones que prueben los consumos, y los resúmenes arrastran saldos anteriores sin que ello pueda justificar el monto de condena.
La actora apeló el 8 de diciembre de 2021 y fundó su recurso el 11 de febrero de 2022, con la respuesta de la contraria presentada el 15 de febrero de ese mismo año.
Postula un único agravio vinculado al monto de condena.
Dice que en el contrato se previó la posibilidad de capitalizar intereses compensatorios de conformidad con lo normado en el art. 770 inc. “a” del Código Civil y Comercial. Dice que lo que la Ley 25.065 prohíbe es la capitalización de los intereses punitorios, y no de los compensatorios.
Pide se haga lugar a la demanda por un monto de $90.918,97, por estar acreditados los extremos para su procedencia.
III. Tratamiento de los recursos.
El recurso de la demandada es fundado y el de la actora debe ser rechazado. Propondré al acuerdo revocar la sentencia de primera instancia y desestimar íntegramente la demanda, con costas.
III.1. Sobre la irregularidad en el trámite de producción probatoria.
El Banco Provincia de la Provincia de Buenos Aires reclamó a la Sra. Bakker un saldo deudor de $94.125,36 motivado por el supuesto uso de una tarjeta de crédito VISA. La prueba que dio soporte a esa pretensión consistió en:
(1) dos resúmenes de cuenta correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2017 en los que únicamente se consigna un saldo deudor total -que, al parecer, viene de meses anteriores- y en los que ningún consumo se detalla. No es posible identificar y distinguir en ese monto total la composición interna de capital, intereses compensatorios, intereses moratorios, comisiones si las hubiera, impuestos sobre cada una de las operaciones, así como tampoco es posible comprender la dinámica de tales componentes y el modo en que confluyen en el saldo final a lo largo del tiempo (por caso, si hubo capitalización de intereses, de qué tipo, y si los accesorios fueron calculados con las tasas denunciadas, desde qué momento se verificó la mora, etcétera).
(2) una carta documento cuya autenticidad nunca fue corroborada y de la que ninguna constancia de recepción se acompaña; esa misiva se supone que fue remitida a un domicilio (Corrientes 2571 piso 9-K) que no es el contractual (9 de Julio 2839) y tampoco es el que figura en los dos resúmenes de cuenta acompañados con la demanda (España 988 6-F) ni aquel en el que se bilateralizó la pretensión (Sagastizábal 7001). No hay en el texto del escrito postulatorio explicación alguna que justifique tamaño desorden en las comunicaciones generadas en el seno de la relación comercial habida con la Sra. Bakker.
(3) una declaración jurada de personal del banco en el que se constata la inexistencia de impugnaciones;
(4) el contrato de emisión suscripto por la Sra. Bakker, donde se pactó como domicilio contractual al de calle 9 de Julio 2839, distinto de todos los otros domicilios que figuran en el resto de la documental (el de la carta documento, el de los resúmenes y el de notificación de la demanda).
Es frente a este reclamo, y a esta prueba documental, que la Sra. Bakker se presentó a defender sus derechos, contestó la demanda y negó haber recibido y utilizado el plástico, negó también la deuda y haber sido intimada extrajudicialmente. Objetó que los resúmenes adjuntados por la contraria solo tenían un saldo general y no indicaban su composición interna (v. escrito del 24 de octubre de 2018).
Superada la etapa postulatoria y ya conocidas las objeciones que la demandada hizo con relación al soporte probatorio y documental de la pretensión del banco, la actora aprovechó la oportunidad de producir la prueba pericial contable e incorporó con ostensible irregularidad una plétora de documentos que no habían sido acompañados con el escrito de inicio, tal como lo dispone el art. 332 -y 334 a contrario - del Código de Procedimientos. Ninguno de ellos era de fecha posterior o anteriores bajo juramente o afirmación de no haber tenido conocimiento de ellos (art. 334 del CPCCBA).
Mientras que la prueba pericial fue explícitamente ofrecida para evaluar « la totalidad de la documentación agregada en autos» (sic, punto «IV.d» de la demanda, debiendo reducirse al contrato de emisión y a los dos resúmenes de cuenta de septiembre y octubre de 2017), el dictamen finalmente evaluó todos los resúmenes de cuenta que la actora tenía respecto de la tarjeta en la que se generó el supuesto saldo y que se remontan a agosto de 2016, adjuntados indebidamente mediante el escrito electrónico del 24 de agosto de 2020.
La experta evaluó liquidaciones que contenían consumos no reflejados en los resúmenes de octubre y septiembre de 2017 (siendo esta una de las defensas que opuso la contraria), y previo a la presentación de su dictamen se permitió que el banco incorpore también la constancia de entrega del plástico, supuestamente suscripta por la Sra. Bakker (pretendiendo neutralizar la otra de las defensas de la demandada).
El punto es que la totalidad de la documental que el juez ha evaluado para considerar procedente la demanda y establecer la cuantía del monto de condena (sea evaluándola directamente, o evaluando la pericia que se supone que a ella refiere) ha sido incorporada al proceso de modo anormal, sin resguardar el debido contradictorio y sin respetar las reglas procedimentales esenciales que han sido contempladas para los medios probatorios que la propia accionante escogió (art. 18 CN).
Lo dicho es particularmente grave en lo que respecta a la alegada constancia de recepción de la tarjeta, donde no se trata ya de liquidaciones unilateralmente conformadas por el banco mediante sistemas informáticos, sino que se trata de un instrumento privado cuya firma se le atribuyó expresamente a la Sra. Bakker. Es decir, un documento respecto del cual la demandada tenía la carga y también el derecho de evaluar para expedirse sobre su contenido y autoría en los términos del artículo 354 del CPCCBA (art. 314 del CCyC).
El magistrado no fue ajeno al hecho de que la recepción del plástico fue negada por la demandada y ningún documento ofreció el banco para probar esa entrega, pero aún así dijo que la constancia « ha sido puesta a la vista de la perito contadora » (considerando «IV.b.2»).
Esta afirmación es problemática por varios motivos.
En primer lugar, porque un instrumento privado cuya firma se le atribuye a un litigante debe ser ofrecido como prueba documental a los fines de que la contraria pueda defenderse adecuadamente y expedirse sobre su contenido y rúbrica (arg. art. 314 del CCyC y 354 del CPCCBA); no es una pieza que pueda ser puesta a la vista de un auxiliar de la justicia a espaldas del litigante demandado (supuesto autor de la única firma que el documento posee).
En segundo lugar, y a todo evento, la pericia no hace mención alguna de esa constancia, por lo que la remisión que el magistrado hace carece de sentido. De hecho, esa constancia de recepción siquiera indica qué es lo que se supone que se recibe, por lo que su valor probatorio -llegado el caso- era sumamente relativo.
En tercer lugar, el juez presupone erróneamente que la firma le pertenece a la demandada, extremo que fue enfáticamente negado por la Sra. Bakker y que debía acreditar el banco por medios probatorios que no ofreció ni produjo. Reitero: no solo no se le permitió a la accionada expedirse sobre un documento cuyo contenido no pudo verificar y sobre una rúbrica que no pudo reconocer o negar en los términos del art. 314 del Código Civil y Comercial y 354 del Código de Procedimientos, sino que -llegado el caso- tampoco la perito podía imputarle la firma a la demandada pues no tenía modo ni incumbencia profesional para hacerlo.
Lo mismo ocurre con la incorporación irregular de resúmenes de cuenta anteriores a septiembre de 2017.
La agregación de esa documentación no luce accidental: la entidad financiera accionante superó de ese modo la objeción más importante que la demandada formuló para resistir el progreso de la demanda; esto es, que el fundamento probatorio de la pretensión quedaba reducido a un saldo genérico consignado en dos resúmenes de cuenta que nada decían sobre su composición interna. Prueba que era claramente insuficiente para fundar un cobro ordinario de sumas de dinero en el que las partes no tienen restricciones de alegación, prueba y defensa (cómo sí ocurre en la vía ejecutiva que la propia Ley de Tarjetas de Crédito contempla).
Las liquidaciones que acompañan a la demanda solo consignan un saldo acumulado de meses anteriores y no hay en ellos un solo consumo de la tarjeta de crédito que integraría el total supuestamente adeudado por Bakker; y como dije, tampoco reflejan el devengamiento de intereses compensatorios, moratorios y punitorios si los hubiere, impuestos, comisiones y otro concepto que podría llegar a integrar el monto final.
El banco pretendió incorporar cupones de compra que no obraban en su poder (v. demanda, punto IV apartados «c» y «d») con el presumible objetivo de demostrar consumos que, en rigor, los resúmenes de cuenta siquiera detallaban y el texto de la demanda tampoco menciona (art. 362 primer párrafo a contrario del CPCCBA). Lo hizo frente a la firma Prisma (quien sabía o debía saber que no los tiene en sus registros -v. informe del 26/03/2019-) y la propia demandada (quien negó el uso del plástico y nunca se adjuntó la constancia de recepción del plástico -v. punto II del escrito del 24/10/2018-).
En lugar de ceñirse a los términos y alcances del ofrecimiento probatorio expresamente postulado por la actora (donde se le pidió a la experta que evalúe la documental acompañada con la demanda y que solo podía versar sobre dos resúmenes de cuenta que contenían un saldo total indetallado) , la pericia contiene un análisis pormenorizado de un amplio conjunto de resúmenes de cuenta que fueron incorporados por fuera de la etapa procesal pertinente y a espaldas del control de la contraria.
La irregularidad en el procedimiento de producción de la prueba pericial no debió haber sido pasada por alto por el juez, a riesgo de generar un resultado como el que finalmente se presenta en la sentencia: conclusiones fácticas vinculadas al perfeccionamiento de la relación contractual, a la existencia de un saldo deudor y a la composición interna de ese saldo, se sustenta prácticamente en su totalidad en conclusiones técnicas realizadas sobre la base de información que ingresa al expediente por un cauce anormal, en flagrante violación a reglas elementales que hacen al debido proceso (art. 18 CN) y la tutela adecuada de los derechos de quien se invoca como parte débil en el marco de una relación de consumo (arts. 18, 42 CN, 1, 2, 8 y cctes. de la LDC).
III.2. Sobre la procedencia de la demanda.
De lo dicho en párrafos precedentes se hace previsible mi disidencia con la solución adoptada por el colega de primera instancia.
La pericia de la Contadora Lázzaro sobre el cual reposa buena parte de la motivación de la sentencia apelada constituye una prueba que, por la irregularidad en el modo en que fue incorporada la documentación peritada, debe ser excluida del material probatorio con el cual juzgar la procedencia del reclamo. Esta última decisión solo debió ser adoptada evaluando la prueba incorporada por el banco en el tiempo y en la modalidad contemplada en las reglas procesales que rigen la vía de conocimiento elegida.
Despejada esa cuestión, no cabe sino concluir que la prueba producida por el banco solo alcanza para formar convicción sobre la existencia del vínculo contractual entre las partes con motivo de la celebración de un contrato de emisión de tarjeta de crédito (v. contrato del 3/08/2014 cuya rúbrica no fue negada por la demandada), pero no es un material probatorio suficiente para demostrar la existencia de un estado de cuenta con saldo deudor (es decir, que Bakker debe dinero al banco con motivo de los movimientos, operaciones y débitos que esa cuenta debiera reflejar) y que ese hipotético saldo asciende al monto consignado en la demanda (esto es, que Bakker le debe al banco $94.125,36.-).
Esa evidencia no solo no es idónea para formar convicción sobre el estado y evolución de la cuenta (y la justificación del alegado remanente impago) sino que deja al supuesto deudor en una patente indefensión, al no poder evaluar con precisión -y eventualmente impugnar- la composición interna de ese pasivo (sea el capital, los consumos, los intereses, los impuestos, las comisiones o cualquier otro débito que integra el saldo).
A ello cabe agregar la falta de prueba de la entrega del plástico y la ya mencionada confusión que emergen entre los cuatro domicilios que surgen de la documental acompañada por la entidad financiera y que generan el interrogante sobre el lugar en el que -se supone- fueron notificados las liquidaciones y en el que se habrían realizado las intimaciones extrajudiciales para el cobro (Corrientes 2571 piso 9-K, 9 de Julio 2839, España 988 6-F y Sagastizábal 7001).
Se aprecia igualmente injustificado el espacio en blanco que personal del banco dejó en la cláusula quinta del contrato, donde debiera indicar el correo electrónico de Bakker en el que habrían de remitirían las liquidaciones mensuales. No hay documentación ni explicación siquiera que justifique ese vacío en el llenado del contrato de adhesión, ni tampoco constancia de cambios de domicilio posteriores a la suscripción del negocio (como indica la misma cláusula y como lo regla los arts. 75 y 77 del Código Civil).
De conformidad con lo prescripto por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial -y su doctrina-, es un principio procesal ineludible que las partes deben probar las circunstancias de hecho que pretenden subsumir en las normas que invocan como sustento de su pretensión, defensa o excepción, por lo que cada una de ellas debe aportar a la causa los elementos de convicción que justifiquen la legitimidad de su reclamo (SCBA, in re "Alonso, Ernesto Ariel contra Municipalidad de Junín. Daños y perjuicios", L.118441, del 14/10/2015).
En otras palabras, las partes tienen la carga de aportar la prueba de sus afirmaciones o, en caso contrario, soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el propio interés (SCBA, Ac 45068 S 13-8-1991, AC 73932 S 25-10-2000, AC 83124 S 5-3-2003, Ac 91961 S 20-12-2006, C 94338 S 16-9-2009).
Resultando insuficiente la prueba producida para justificar el progreso de la demanda, propondré al acuerdo hacer lugar al recurso de la demandada, desestimar el de la actora, revocar la sentencia de primera instancia y rechazar la pretensión, con costas en ambas instancias al banco accionante en su carácter de vencida (art. 68 del CPCCBA).
Me permito hacer una última reflexión, para terminar.
La legitimidad de una sentencia judicial no depende únicamente de la justicia o acierto de la solución adoptada (es decir, del modo en que el juez o la jueza dirime la controversia a la luz de un cierto marco normativo), sino que depende también de que ese acto jurisdiccional sea el resultado final de un proceso en el que se han respetado celosamente las reglas que hacen al debido proceso y al derecho de defensa en juicio.
Dicho de otro modo, la legitimidad de la sentencia se encuentra intrínsecamente vinculada a la legitimidad del debate que le precede : el fallo debe ser el capítulo final de un diálogo entre partes en el que no solo debe darse tutela al derecho patrimonial de quien dice ser acreedor, sino también -y aquí muy particularmente- al derecho de defensa de aquel que es llamado a resistir esa pretensión, y que se invoca como sujeto pasivo de una supuesta obligación incumplida (art. 18 de la CN).
Es que, como bien dice Ferrer Beltrán, la prueba es libertad pero no tanto . La averiguación de la verdad es un objetivo institucional y socialmente valioso que se le asigna al proceso judicial, pero no es el único: la determinación del conjunto de elementos de juicio que el juez o la jueza debe valorar racionalmente al momento de dictar la sentencia está sujeta a numerosas reglas que tutelan otros valores igualmente relevantes pa
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.