Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 176386
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso de apelación articulado por la entidad bancaria el día 19.12.2022 y revocar la resolución dictada el 16.12.2022 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.)
II. Imponer las costas en el orden causado habida la falta de controversia atento el estado inicial del juicio en donde aún no hay contraparte. (arts. 68 y 69 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967)
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
EXPEDIENTE N° 176386. JUZGADO N° 6
"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MORMANDO, FEDERICO L. S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC. ALQUILERES, ETC.)".
Mar del Plata
AUTOS Y VISTOS: Las actuaciones caratuladas: "BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ MORMANDO, FEDERICO L. S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC. ALQUILERES, ETC.)" son traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido por la entidad bancaria el día 19.12.2022, contra la resolución dictada el 16.12.2022.
I. En el auto cuestionado la Sra. Jueza desestimó la medida cautelar solicitada por no encontrar configurada la verosimilitud en el derecho.
Para así decidir, se expidió sobre la información sumaria rendida en la causa y expresó que los testigos declararon reconocer la firma inserta en el contrato como perteneciente al Sr. Mormando porque concuerda con la del registro de firmas del banco, sin haber acreditado poseer conocimientos técnicos en caligrafía, ni haber estado presentes al momento de la firma del contrato, a la par que ambos declarantes son dependientes del actor, comprendiéndoles las generales de la ley.
II. En el memorial presentado en la misma pieza recursiva, alegó el apelante que las exigencias indicadas por la jueza no son procedentes porque en las medidas cautelares no requieren un examen sobre la certeza del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud.
Sostuvo que el C.P.C. no exige ninguna capacidad específica, preparación técnica o ser perito calígrafo para que el testigo reconozca la firma, ni tampoco tal calidad es necesaria para el normal funcionamiento de la actividad bancaria.
Señaló que los testigos que declararon resultan sumamente calificados por ser empleados bancarios y realizar actividades tales como pagar cheques, cotejar poderes de sociedades en donde se encuentra registrada la firma, permitir el ingreso a caja de seguridad, todo mediante la corroboración de las firmas registras informáticamente.
Expresó que resultaría un exceso ritual y arbitrario, requerir que solamente vaya a tenerse por reconocida una firma si el reconocimiento es efectuado por la persona ante quien fue estampada, que haya suscripto el contrato base de la demanda y que posea conocimientos científicos.
Citó jurisprudencia que considera avala su postura.
Solicitó que se revoque la sentencia apelada.
III. El recurso prospera.
Sin desconocer la postura adoptada al respecto por la Sala III de este Tribunal en las causas n° 173.751 y 174.508 (en cuanto a que “ el objeto de esta información sumaria es que, en caso de que no hayan visto firmar, quienes atestigüen tengan un conocimiento previo de que la inserta en el instrumento sea del trazo de quien se la pretenda imputar (y de cuenta del por qué), o bien tengan conocimiento de que esa persona haya firmado efectivamente ese documento ”), coincidimos con la postura que cita el apelante de la Sala I (conf. causa n° 174.509 RSI 405 del 9.8.2022, 173.752 RSI 185 del 5.5.2022, 168.754 RSI 572 del 12.11.2019).
III.1. Para que proceda cualquier cautela es necesario demostrar la existencia de los presupuestos exigidos para su traba: la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora (arg. SCBA LP I 73986 Reg. 780 22/12/2015; CC0202 c. 120696 Reg. 208 8/9/2016; ídem c. 120390 Reg. 123 7/6/2013).
En lo que concierne al primer recaudo, " la verosimilitud del derecho debe ser entendida como probabilidad de que el derecho exista, y no como una incontestable realidad, sin perjuicio de lo cual debe surgir su acreditación, al menos prima facie " (esta Sala en causas n° 174.840 RSI 404 del 18.8.2022, 159.000 del 12.5.2015, entre otras).
" No interesa cuán creíble o aparente es la hipótesis en la que el reclamante sostienen su pretensión cautelar, sino qué grado de corroboración o confirmación esa hipótesis obtiene de la evidencia aportada y de las demás circunstancias que rodean el reclamo, evaluada siempre de conformidad con un estándar probatorio inferior al que impera al momento de dictar sentencia " (MARINO, Tomás, “ Qué es (y qué no es) la verosimilitud en el derecho” , La Ley online AP/DOC/1476/2014, SJA 17/12/2014, 40 JA 22014-IV).
III.2. En el caso, el Banco de la Provincia de Buenos Aires procura mediante esta acción el cobro del alegado saldo impago de los resúmenes de las tarjetas de crédito VISA de $ 110.419,43 y MASTERCARD de $ 86.555,45, más los intereses pertinentes (v. escrito de demanda de fecha 2.8.2022)
Ofreció y produjo la información sumaria consistente en la declaración de la Sra. Yamila Acuña y Nicolás Abachian, empleados de la entidad bancaria actora, de las que surge que: preguntados por si saben y les consta a quién pertenece la firma de la documentación que se les exhibe, ambos contestaron: “ Que sabe y le consta que la firma inserta en la documentación base de la demanda que se le exhibe pertenece al Sr. Federico Leaondro Mormando y concuerda con la registrada en el Banco ” (v actas al 28.11.2022).
En el caso de los instrumentos privados, es el propio legislador quien ha establecido, en el entramado del articulado procesal, que la parte debe acercar dos testigos para abonar la firma. Dicho de otro modo, en el caso de los instrumentos privados, la tarea de comprobar cuáles son los elementos suficientes para considerar que hay verosimilitud y peligro en la demora ha sido asumida por el propio legislador, quien al regular la medida cautelar ha establecido de antemano qué es lo que debe aportarse para que la medida proceda; ello mediante la simple confrontación de los requisitos y sin que sea necesario sobreabundar en indagaciones mayores a las que indica la propia norma (arg. MORELLO-SOSA-BERIZONCE “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial…” Ed. Abeledo-Perrot Tomo III pág. 963; cit por esta Cámara, Sala 1 en causa 174.509 RSI 405 del 9-8-2022)
La doctrina y la jurisprudencia se han encargado de aclarar que no resulta imprescindible que los testigos que abonen la firma atribuida al demandado lo hayan visto firmar; pues exigir su presencia tornaría tal exigencia al extremo subordinante de la cautela, la que volvería a la medida de dificultosa concreción práctica. Tal exégesis aparecería contraria al espíritu de la norma (esta Cámara, Sala 1 en causa n° 168.754 RSI 572 del 12.11.2019; CC0002 QL c. 18729, res. del 22/12/2017; arg. CNCom Sala D 6/12/82 LL 1983-A-92; CNCom Sala B 14/3/80 ED 88-452, cit. por RAMIREZ, Jorge O., “ Función Precautelar-Medidas cautelares ” Ed. Astrea, p. 263; FENOCHIETTO, Carlos E., “ Código Procesal… ” Astrea, p. 263; y en sentido coincidente: MARTINEZ BOTOS, “medidas cautelares, Ed. Universidad Buenos Aires, 1990, p.155).
Aunque no se desprende de las declaraciones que los testigos presenciaron el acto de la firma, entendemos que tratándose el caso de una firma ológrafa inserta en el contrato y en las constancias de emisión de las tarjetas (documentación agregada a la demanda) abonada por empleados de la entidad actora que expresaron que la rúbrica concuerda con la registrada en el banco, quienes generalmente para llevar a cabo distintas operaciones realizan dicha tarea (verificar que las firmas de los clientes coincidan con aquéllas que la entidad tiene registradas), aparece idónea para acreditar los presupuestos legales exigidos por los arst. 197 y 209 del C.P.C.
Ello, sin perjuicio de la posibilidad para el afectado que emerge del art. 203 del C.P.C. y la responsabilidad del banco en caso de abuso o exceso en el derecho, prevista en el art. 208 del C.P.C.
IV. Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del C.P.C., RESOLVEMOS:
I. Hacer lugar al recurso de apelación articulado por la entidad bancaria el día 19.12.2022 y revocar la resolución dictada el 16.12.2022 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.)
II. Imponer las costas en el orden causado habida la falta de controversia atento el estado inicial del juicio en donde aún no hay contraparte. (arts. 68 y 69 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967)
IV. Registrar el presente y transcurrido el plazo del art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
Firmas
Funcionario Firmante: 23/03/2023 12:26:03 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/03/2023 13:39:34 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/03/2023 14:25:38 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 27/03/2023 08:50:02 hs. bajo el número RR-110-2023 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia