Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 177557
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación interpuesto el 13/5/23 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.);
II. Imponer las costas en el orden causado en atención a la falta de controversia (arts. 68 del C.P.C.);
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967);
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA. EXPEDIENTE N° 177557. JUZGADO N° 2. "BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ RANNELUCCI ANDRÉS S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.)".
Mar del Plata
AUTOS Y VISTOS: Las actuaciones caratuladas: "BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ RANNELUCCI ANDRÉS S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.)" traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido por la parte actora el 13/5/23 contra la resolución del 11/5/23.
I. En el auto cuestionado el juez desestimó el embargo de haberes solicitado por la accionante.
Para resolver de tal manera, tuvo en cuenta la obligación cuyo cobro se persigue, que el demandado es empleado público y que no se encuentra acreditado el cumplimiento del trámite previsto en el art. 2 del decreto nacional nro. 6754/43.
II. En los fundamentos expuestos en el escrito del 13/5/23, el apelante alegó que la operatoria de la ley 25.065 no se encuentra incluida en las disposiciones del decreto 6754/43.
Sostuvo que la obligación emergente del contrato base de la acción no está contemplada en el art. 1 del decreto, por lo que no resultaría aplicable la previsión del art. 2.
Manifestó que la resolución cuestionada no respeta la igualdad de trato y lesiona el derecho de propiedad del acreedor respecto de los deudores que revistan el carácter de empleados públicos.
III. El recurso no prospera.
El decreto 6754/43, ratificado por ley 13.894, dispone la inembargabilidad relativa de sueldos, pensiones, salarios y jubilaciones de empleados y obreros de la Administración Pública. Se limita exclusivamente a los casos en que se trate de obligaciones emergentes de préstamos de dinero o de compra de mercaderías, cuando no se hayan cumplido las exigencias previstas en el art. 2 apart. b y no medie sentencia de condena firme dictada en juicio ordinario (art. 11). Por lo tanto, no debe extenderse a obligaciones que respondan a otra causa u origen (conf. esta Sala en causas 170111 RSI 261 del 24/9/20; nro. 169145 RSD 45 del 12/03/20, 152939 RSI 6 del 13/2/13, 149564 RSI 664 del 13/12/11, entre otras).
En cuanto al argumento de que el decreto vulneraría el artículo 16 de la Constitución Nacional, cabe destacar que la Corte Suprema ha resuelto que la garantía de igualdad no obsta a que el legislador contemple en forma distinta las situaciones que considere diferentes, en tanto la distinción no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución de personas o grupos de ellas (Fallos: 315:839; 320:1166, 322: 2346, entre otros).
El establecimiento de un régimen especial igual para todos los empleados de una especie de trabajo no comporta una violación de la garantía de la igualdad. Así, la normativa se limita a proteger la retribución del empleado público, dejando intacto el derecho de los acreedores de perseguir otros bienes (esta Sala, causas nro. 169145 RSD 45 del 12/3/20; 163086 RSD 225 8/9/17 154.295, RSD 210 del 10/9/2013).
Por otro lado, no se evidencia vulneración al derecho de propiedad de la actora, toda vez que ésta ha contratado bajo la vigencia de la normativa que alega como lesionadora de su derecho de propiedad. Esto pone de relieve que el eventual derecho de embargar en forma amplia nunca integró su patrimonio, ya que al tiempo de suscribir el contrato de tarjeta de crédito debía saber de la existencia de aquella limitación legal (conf. argto. jurisp. Sala III, causas nro. 170936 RSD 199 del 3/12/20; 148928 RSD 157/11 del 6/9/2011).
En el caso, no está en discusión la condición de empleado público del Sr. Rannelucci. La controversia gira en torno a si el título que se ejecuta queda o no comprendido dentro del marco de aplicación de la normativa citada.
El instituto de la tarjeta de crédito, como sistema operativo económico creado para determinadas necesidades del desarrollo productivo, del crédito y del estímulo al consumo, responde a la necesidad de dar satisfacción a ciertas funciones dentro de la propia realidad económica comercial (Muguillo R., "Tarjeta de Crédito", Ed. Astrea, 2da. ed., Bs. As., 1994, p. 13).
La tarjeta de crédito representa para el usuario un instrumento de crédito limitado o ilimitado para la adquisición de bienes o servicios en todos los establecimientos adheridos al sistema. A su vez, es un instrumento de pago, ya que implica para el usuario el cumplimiento de su obligación frente al comerciante (conf. op. cit, p. 14/5).
En suma, la tarjeta de crédito constituye un medio de crédito y de pago para la adquisición de mercaderías. Por lo tanto, resulta aplicable el decreto 6754/43 en los casos en que se reclamen resúmenes impagos por el uso de tarjetas de crédito a empleados y obreros de la Administración Pública (esta Sala, causas nro. 136.489, RSI 327 del 10-5-2007; nro. 149.564, RSI 664 del 13-12-2011, entre otras).
Por todo lo expuesto y en atención a que no se dio cumplimiento con el trámite previsto en el art. 2 inc. b del decreto, los haberes del ejecutado como empleado público dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires resultan inembargables, hasta tanto exista sentencia firme que condene al deudor al pago de la deuda (art. 11 decr. 6754/43).
Por lo tanto, corresponde rechazar el recurso interpuesto y confirmar la resolución dictada el 11/5/23 (arts. 1 y 2 decreto 6754/43; arts. 242, 245 y ccdantes. del CPCC).
Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del C.P.C., RESOLVEMOS: I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto el 13/5/23 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.); II.- Imponer las costas en el orden causado en atención a la falta de controversia (arts. 68 del C.P.C.); III.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967); IV.- Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
Firmas
Funcionario Firmante: 18/08/2023 14:51:46 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2023 19:45:07 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2023 22:33:27 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 18/08/2023 22:34:08 hs. bajo el número RR-476-2023 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia