Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 180778
Expte. Nº 180.778 Juzgado Civil y Comercial N° 8
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “SADAIC C/ RESIDENCIAS COOPERATIVAS DE TURISMO COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE S. S/ COBRO SUMARIO DE SUMAS DE DINERO” [causa n° 180.778]”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la sentencia dictada el 2 de mayo de 2024?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 2 de mayo de 2024, el juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 8 departamental dictó sentencia definitiva e hizo lugar a la pretensión contenida en la demanda iniciada por S.A.D.A.I.C. en contra de Residencias Cooperativas de Turismo Coop. de Provisión de Servicios Turísticos Ltda., condenando a esta última a abonar a la actora la suma de $2.024.275,20, más intereses.
Para así decidir, consideró en primer lugar que “no son aplicables, con retroactividad, los criterios normativos posteriores [sobre factor de ocupación y/o estacionalidad]- (sic). Agregó que la accionada no ofreció datos objetivos completos -y conducentes- “para confrontar las proyecciones económicas del reclamo en el giro ordinario de su explotación y ponderar la desmesurada incidencia de las magnitudes implicadas que, en este plano y sin demérito de lo que acto seguido se dirá sobre los precios por persona y por habitación tomadas por base para el cálculo tarifario [únicos objeto de específica peritación], entonces, restan en el plano conjetural de las alegaciones de parte”.
Agregó que “no observa el tribunal motivo atendible para cuestionar la estimación practicada en la demanda por la sociedad actora, en lo referente a ambientación de balnearios Arameo y Siempre Verde [meses de enero y febrero de 2020, por $54.000; enero y febrero de 2021, por $ 54.000], así como los cálculos proyectados respecto de los espectáculos que tuvieron lugar durante los años 2016 al 2020 [de acuerdo al detalle que porta la demanda, por un total de $ 159.810]; sendos parciales resultan procedentes, siendo relevante poner de resalto [en orden a lo que antes se señaló sobre el débito de cooperación de las partes en pos de la verdad] que, a su respecto, omitió la demandada expreso pronunciamiento así como actividad probatoria conducente para confrontar los guarismos”. Concluyó que, teniendo en cuenta la pericia contable, “se reconoce por el año 2017, la suma de $432.360 a razón de $ 36.030 por mes; por el año 2018, la suma de $ 540.450 a razón de $ 45.037,50 por mes; y por el año 2019, la suma de $ 783.655,20 a razón de $65.304,60 por mes”.
En cuanto a los intereses, dispuso que se liquidarán a la tasa más alta que aplica el banco de la provincia de Buenos Aires en sus operaciones pasivas, vigente en los distintos períodos, desde la fecha de la mora, operada al vencimiento de cada período mensual [para el débito correspondiente a los espacios de hotel o balnearios] o desde el día siguiente a la fecha de realización del respectivo evento [para los restantes débitos], y en todos los supuestos, hasta el efectivo pago.
Finalmente, agregó que la SCBA “ha dejado establecido que el escrutinio constitucional podrá ser diferido a ulteriores fases del proceso [doct. SCBA Ac. 124.096 "Barrios", sent. del 17/4/2024, del voto del señor Ministro doctor Soria al que prestaron adhesión los restantes integrantes del Alto Tribunal]. Sobre la base de esa línea directriz, se observa prudente, en la especie, hacer constar a las partes que el tópico, a instancia del interesado, podrá ser objeto de eventual atención en la etapa de ejecución de la sentencia” (sic).
Con esos argumentos, hizo lugar a la demanda e impuso las costas a la accionada.
II. El recurso de la demandada.
La sociedad accionada apeló la sentencia el 02/05/2024 y fundó su recurso el 08/07/2024, mediante expresión de agravios que fue replicada por la actora el 04/08/2024. Sus quejas pueden sintetizarse de la siguiente manera:
(i) Que erró el juez al no aplicar al caso el Decreto 600/2019 y la Resolución Ministerial Conjunta n ° 2/2019, sin advertir que ella había sido dictada como directa consecuencia de decisiones administrativas y judiciales en el marco de cuestionamientos jurídicos anteriores a que se devengue la deuda aquí reclamada. Indicó que esas resoluciones establecen un régimen diferenciado de fijación de los aranceles que pueden exigir las Sociedades de Gestión Colectiva a los establecimientos de servicios de alojamiento por la ejecución pública de obras, en base a criterios de razonabilidad, no discriminación, transparencia y equidad. Citó al art. 7 del Decreto 600/2019, que dispone que "Los establecimientos de servicios de alojamiento que, con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto, hubiesen celebrado acuerdos arancelarios con las Sociedades de Gestión Colectiva alcanzadas por el presente, quedan exceptuados del pago de los aranceles especiales que determine la Autoridad de Aplicación hasta el vencimiento del plazo acordado en los referidos acuerdos".
(ii) Que el juez valoró erróneamente la prueba testimonial y pericial contable. Agregó que, “mientras para el año 2017 SADAIC perseguía el pago de $ 562.500 y la demanda progresó por la suma de $ 432.360, de aplicarse el esquema tarifario vigente a partir del dictado del Decreto 600/2019 y la resolución 2/2019 debería pagar la suma de $ 51.863,64 a prorratearse entre todas las sociedades de gestión colectiva involucradas en el cobro de derechos de autor”.
(iii) Que, al deslizar la posibilidad de que en la etapa de ejecución de sentencia se pueda introducir un planteo sobre la validez constitucional de la Ley 23.928, el juez ha violado el principio de congruencia y de inmutabilidad de la cosa juzgada, ya que dicha cuestión no fue planteada por la actora en su demanda.
(iv) Que, en caso de mantenerse la condena, las costas deben imponerse en el orden causado, pues las cuestiones que han sido materia de controversia en este juicio exhiben características de particular complejidad que justifican un apartamiento al principio objetivo de la derrota previsto en el artículo 68 del CPCC.
III. Tratamiento de los agravios.
a. Sobre la aplicación al caso del Decreto 600/2019 y la Resolución 2/2019.
La apelante calificó de errónea la decisión del juez de prescindir de la aplicación del marco regulatorio fijado por el Decreto 600/2019 la Resolución Ministerial Conjunta n° 2/2019 para el cálculo y determinación de los aranceles cuyo cobro se persigue en este proceso.
El agravio no prospera.
a.i. El art. 7 del Código Civil reproduce, en lo esencial, el art. 3 del anterior cuerpo legal -texto según ley 17.711-, que —en materia de derecho transitorio— autoriza al intérprete a recurrir a la extensa doctrina y jurisprudencia elaborada en torno de aquella norma (v. Kemelmajer de Carlucci, Aída, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, pág. 16 y ss.).
A propósito de la eficacia temporal de los cambios legislativos, tuve oportunidad de pronunciarme en los autos “Buono José Salvador c/ Guerra María Esther s/ ejecución hipotecaria” (v. esta Sala, expte. 135.604 S. 31-8-2006 Reg. 234-S). Recalqué en esa ocasión que, según disponía el artículo 3 del Digesto Civil (vigente en ese momento; Ley 340 modif. por ley 17.711) “las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales". Indiqué allí que esa es la interpretación de nuestro máximo Tribunal federal cuando expresa que las leyes, en nuestro ordenamiento, pueden tener efecto retroactivo, bajo la condición obvia e inexcusable de que su retroactividad no afecte garantías constitucionales. Si las afecta, la ley de que se trate es jurídicamente inválida, más no por su irretroactividad sino por su inconstitucionalidad. Tal es lo que sucede, por ejemplo, cuando el efecto retroactivo de una ley atenta contra los que suelen llamarse "derechos adquiridos", que —por su naturaleza— son inalterables y no pueden ser suprimidos por ley posterior sin violentar al derecho de propiedad consagrado en el art. 17 de la C.N. (Fallos: 306:1799).
Los derechos adquiridos que han ingresado a un patrimonio —en este caso, el de SADAIC, autorizada legalmente a perseguir el cobro de los aranceles por los períodos aquí individualizados— no pueden ser alterados o suprimidos con posterioridad por ley ni —como en este supuesto— por un decreto del PEN. Los hechos pasados que han agotado la virtualidad que le es propia no pueden ser alcanzados por una ley o por un decreto pues, conforme a la noción de "consumo jurídico", si se los afectara, se incurriría en una retroactividad prohibida por la ley (v. causa cit).
a.ii. Trasladando estos conceptos al caso, coincido con el colega de primera instancia respecto a que la modificación en el sistema de cómputo de aranceles impuesta por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto 600/2019 —complementado por la Resolución Ministerial Conjunta 2/2019 (dictada el 3 de diciembre de 2019)— no puede utilizarse para modificar las liquidaciones de los períodos aquí reclamados (que, en concepto de música de ambientación dentro del hotel, comprenden los años 2017, 2018 y 2019), en la medida en la que esos aranceles fueron devengados con anterioridad a la entrada en vigencia del plexo normativo referido.
No tiene razón la apelante cuando sostiene —para peticionar la aplicación de dicha normativa— que si bien la deuda reclamada en este juicio por SADAIC corresponde a regalías devengadas entre enero de 2017 y diciembre de 2019, la demanda tendiente al cobro de esos montos fue recién promovida en 04/08/2021. Los cálculos de los aranceles no deben efectuarse en base a la normativa vigente al día de promover la demanda (como pretende la recurrente) sino mediante aquella que era aplicable durante el tiempo en el que la accionada utilizó el repertorio musical cuya propiedad tutelaba la actora.
Tampoco es acertado afirmar que no ha existido en este caso un consumo jurídico, planteo que la recurrente pretende sostener argumentando que la determinación de esos aranceles “no se encontraba zanjada entre las partes y venía siendo motivo de un severo cuestionamiento”. En este proceso no está discutido que: (1) la demandada utilizó el repertorio musical cuyos derechos de autor se encuentra tutelado por SADAIC; (2) que los cánones por esa utilización se devengaron y (3) que los aranceles por los períodos reclamados no fueron abonados. Ello es suficiente para la procedencia del cobro perseguido, independientemente de los reparos que la obligada al pago pueda tener sobre la razonabilidad o equidad de las pautas para mensurar los aranceles. El cuestionamiento pre-judicial o administrativo de las sumas reclamadas no tiene el efecto que pretende asignarle la apelante, y por eso es que el agravio no prospera.
Finalmente, tampoco es de recibo el argumento que ensaya la recurrente cuando, sobre la parte final de su agravio, sostiene que el artículo 3 de la Resolución Ministerial conjunta 2/2019 dispone que se encuentran alcanzados por el Decreto 600/2019 (arts. 3 y 7) tanto los acuerdos a celebrarse como los ya celebrados con anterioridad por SADAIC. La razón por la que el planteo no prospera es muy sencilla: ha sido la propia demandada quien, en su expresión de agravios, ha reconocido que —a la fecha de entrada en vigor del cuerpo legal cuya aplicación pretende—no tenía convenio alguno vigente con SADAIC. Ello implica, entonces, que la previsión del art. 3 de la RM Conjunta 2/2019 no se aplica al caso de Residencias Cooperativas de Turismo en la medida en la que no existía un acuerdo vigente al momento de su entrada en vigencia.
Por todo lo expuesto, se rechaza el agravio y se confirma la decisión de primera instancia en lo que hace a la normativa aplicable al caso.
b. Sobre la apreciación de la prueba y la justificación de las sumas reclamadas.
b.i. La apelante planteó que el juez omitió valorar la declaración testimonial del contador Sergio Juric, quien se desempeña como gerente en Mar del Plata de SADAIC. Sostuvo que mediante esa prueba “quedó al descubierto el notable grado de discrecionalidad y falta de transparencia con el que desde la oficina que el testigo tiene a su cargo eran fijados y gestionados en el período cuestionado los aranceles cuyo pago pretendía hacer efectivos contra RCT”.
El agravio no prospera porque el hecho que la recurrente pretende demostrar es inconducente para la resolución de este pleito. En este proceso de cobro sumario de sumas de dinero, SADAIC le ha reclamado a Residencias Cooperativas de Turismo el pago de aranceles devengados por la explotación de repertorio musical cuya utilización no ha sido controvertida. La transparencia o razonabilidad de la actividad desarrollada por SADAIC se encuentra fuera del marco de debate de este expediente. La obligación que aquí se reclama tiene una fuente legal y la forma de liquidar los aranceles reclamados se encuentra prevista en las tablas que SADAIC confecciona en virtud de las atribuciones oportunamente conferidas por la autoridad de aplicación.
Al señalar que “Las sustanciales diferencias entre el monto de las regalías pretendidas por SADAIC y las que RCT estaría obligada a pagar de aplicarse para su cálculo - como corresponde - el marco regulatorio vigente desde diciembre de 2019 (Decreto 600/2019) ponen de relieve la razón de ser de su dictado (…; sic)” la apelante insiste con la idea en la que ha fundado su defensa en este juicio y que ya fue desestimada al analizar el agravio anterior (esto es: que los aranceles son desproporcionados y que debieron liquidarse aplicando una normativa posterior).
Por lo tanto, se rechaza el agravio en lo que hace a la valoración de la prueba testimonial (art. 384 del CPCCBA).
b.ii. La apelante también sostuvo que el juez no valoró la prueba pericial contable de la que, según alega, “surgen demostrados cabalmente los extremos de hecho invocados por RCT para cuestionar la cuantía de las regalías, vinculados con el defecto de ponderación del efectivo nivel de ocupación mensual y los meses durante los cuales la misma fue nula o muy baja, privando de causa lícita a la obligación cuyo pago persigue SADAIC en orden a liquidar y percibir regalías sobre la base exclusiva del uso presunto del repertorio musical administrado por ella” (sic).
Esta porción del agravio tampoco prospera.
En primer lugar, observo que lo que la demandada pretende demostrar, mediante esta prueba, es que los aranceles se han calculado sin ponderar la efectiva ocupación del hotel de la demandada durante los períodos reclamados. Sin embargo, este argumento no es admisible pues remite —una vez más— a los fundamentos y parámetros de liquidación establecidos por el Decreto 600/2019 —complementada por la Resolución Ministerial Conjunta 2/2019 que, insisto, no son aplicables al caso.
Observo, además, que la apelante ha criticado que la sentencia no valoró los puntos 4.9, 4.10 y 4.11 del informe pericial presentado 11/09/2023 el Contador Público Nacional Raúl Ignacio Puls. Ahora bien: lo cierto es que esos fragmentos de la pericia versan sobre cuestiones no conducentes para resolver este pleito. A continuación me referiré brevemente a cada uno de ellos:
(1) En el punto 4.9 se requirió al experto que informe, “de acuerdo a los libros de reservas, de pasajeros y a la facturación de RCT, cuál es el porcentaje de ocupación promedio del establecimiento a lo largo de todos y cada uno de los 12 meses del año, indicando en su caso los meses en que el establecimiento se encuentra cerrado o tiene nula o muy baja ocupación”. Esta cuestión no es dirimente para el cálculo de los aranceles aquí reclamados, los que —de acuerdo a la normativa vigente y a la tabla arancelaria de SADAIC— se calcularon sobre la cantidad de habitaciones del espacio hotelero.
(2) Lo informado en el punto 4.10, tampoco es dirimente para resolver el caso, pues —en dicho pasaje de su informe— el perito se refirió al cierre del complejo por el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio a partir de marzo de 2020, es decir, con posterioridad a los períodos cuyos aranceles han sido reclamados en esta demanda en concepto de utilización por música de ambientación en el sector de hotelería.
(3) A idéntica conclusión se arriba respecto a la supuesta falta de valoración del punto 4.11 de la pericia, en la medida en la que allí se le requirió al perito que informe sobre cuándo se produjo la reapertura del establecimiento durante la temporada 2020/2021, período que —insisto— ha quedado por fuera del marco temporal de esta pretensión de cobro en lo que hace a la explotación del sector hotelero de la demanda.
Por lo demás, la expresión de agravios no contiene ningún cuestionamiento concreto de la liquidación efectuada por el juez en el punto 2.ii de la sentencia, que —a todo evento— resulta razonable, en la medida en la que fue confeccionada recurriendo a: (1) los precios estimados de alojamiento que el perito contador informó en base a la documentación acompañada por la propia demandada y (2) los parámetros tarifarios previstos en la tabla de aranceles de SADAIC que, por fuera de las críticas vinculadas con la aplicación del Decreto 600/19 y la Resolución Conjunta, no han sido adecuadamente impugnados.
En síntesis: el recurso no prospera porque no ha cuestionado ni el método de cálculo ni los valores tenidos en cuenta para efectuarlo, limitándose a insistir una y otra vez con una alegada falta de razonabilidad de los mecanismos de recaudación vigentes, aspecto del memorial que —como ya señalé— obedece a la frustrada pretensión defensiva dirigida a que la deuda se liquide mediante los parámetros de una normativa que no se encontraba vigente a ese momento.
En consecuencia, se rechaza este aspecto del recurso y se confirma la sentencia en cuanto al alcance económico del monto de condena.
c. Sobre lo resuelto por el juez en el punto III.2.iii de la sentencia.
Luego de fijar el capital de condena en base a los períodos de recaudación reclamados y probados, el juez agregó que “definido el débito como obligación dineraria, en lo puntual que aquí es de interés señalar, el propio Superior Tribunal en reciente decisión [al abordar el tópico relativo a la validez constitucional del principio nominalista y del régimen normativo que interdicta los mecanismos indexatorios], ha ponderado la alternativa de que, al tiempo de dictar pronunciamiento, el órgano jurisdiccional carezca de elementos para definir, con la certeza necesaria, la entidad del gravamen que, eventualmente, experimentará el acreedor [es decir, no ya con carácter retrospectivo, para lo cual en la especie -que no compromete una deuda de valor-, no ha mediado específico planteo, sino hacia el futuro]. Ello afectaría la valoración de ciertas variables que incidan en el caso. En esas circunstancias, descartado cualquier análisis meramente conjetural o hipotético, ha dejado establecido que el escrutinio constitucional podrá ser diferido a ulteriores fases del proceso [doct. SCBA Ac. 124.096 "Barrios", sent. del 17/4/2024, del voto del señor Ministro doctor Soria al que prestaron adhesión los restantes integrantes del Alto Tribunal]. Sobre la base de esa línea directriz, se observa prudente, en la especie, hacer constar a las partes que el tópico, a instancia del interesado, podrá ser objeto de eventua
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