Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala II · Causa 34361
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, en la fecha de la firma digital (Ac 3971 de la Excma. SCBA) se reúnen en Acuerdo ordinario los señores Jueces de la Sala II de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes, Dres. TOMAS MARTIN ETCHEGARAY Y CARLOS VIOLINI, no interviniendo el señor juez Dr. LUCAS RICARDO GOMEZ, por hallarse excusado, con la intervención de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SII-34361 , en los autos: “BALAN PEDRO JOSE C/ BARSOBA CARLOS ALBERTO Y OTRO/A S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO(EXC.ALQUILERES,ETC)”.-
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.-
1ª.) ¿Es justa la sentencia apelada?
2ª.) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres.Tomás Martín Etchegaray y Carlos Violini.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Etchegaray dijo:
I. Trámite del recurso. Contra la sentencia del 23/08/2022 – 10:39:20, que rechazó los planteos de los accionados e hizo lugar a la demanda entablada por el señor abogado Dr. Pedro José Balan contra los señores Carlos Alberto Barsoba y María Elena Garritán, a quienes condenó a pagar la suma de $ 468.325 con más intereses, suma comprensiva de honorarios (de abogado), aportes (a la Caja Profesional) e IVA que surgen del expediente “García Ida c/Barsoba Carlos A. y ot. s/Nulidad de acto jurídico”, desestimó el pedido de repotenciación e inconstitucionalidad pedido por el actor, e impuso las costas a los accionados vencidos, solo apeló el actor, siéndole concedido libremente su recurso. Convocado a expresar agravios, lo hizo mediante EE del 17/04/2023 – 10:53:38, el que fue complementado por el EE de la misma fecha a la hora 11:48:43. Corrido traslado de ambas presentaciones, los demandados no lo contestaron. Llamados “autos para sentencia”, consentido, y practicado el sorteo de ley, el tribunal advirtió que, en el punto VI de su libelo, el apelante había recusado con causa al juez Dr. Lucas R. Gómez. Abierto el trámite, el recusado presentó el respectivo informe en el que aceptó tener amistad con el Dr. Balán, por lo que el Tribunal, integrado al efecto con el presidente de la Cámara Dr. Carlos Alberto Violini resolvió aceptar la recusación y disponer el apartamiento del Dr. Gómez. Con lo que la integración de la Sala con el presidente quedó consolidada, y consentida por las partes. Con lo que quedó la causa en condiciones para ser votada.
II. El caso. La sentencia relacionó que el Dr. Pedro José Balán demandó ejecutivamente a Carlos Alberto Barsoba y Elena Isabel Garritani por cobro de la suma de $ 468.325 comprensiva de sus honorarios, aportes e IVA que le fueron regulados en el expediente “García Ida c/Barbosa Carlos y ot. s/Nulidad de acto jurídico”, por su responsabilidad concurrente por las costas. El actor había sido el abogado de los aquí demandados, y pese a que estos no estaban condenados en costas, les reclamó a ellos el pago de sus honorarios, ya que quienes debían hacerlo no se los habían pagado. Pidió que se liquiden intereses desde el 1° de septiembre de 2017. Luego amplió su demanda y pidió que se establezca una fórmula razonable y equitativa de reajuste del crédito reclamado, en virtud de la depreciación de la moneda.
Pidió que se declarara la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, y en otra ampliación extendió aquel pedido al art. 10 de la misma ley (se trata de la ley 23.928, de convertibilidad). Desestimado el trámite de ejecución de sentencia porque se lo basaba en la solidaridad establecida por el art. 58 de la ley 8904, al pretender canalizarlo el juzgado de oficio como juicio ejecutivo, el actor ejerció la opción que le confiere el CPC 519, por lo que en definitiva se imprimió el del juicio sumario (de conocimiento pleno, con cosa juzgada material). El demandado contestó la demanda, planteó excepción de inhabilidad de título, la inconstitucionalidad del art. 58 de la ley 8904, y excepción de falta de legitimación pasiva.
El juez rechazó en la sentencia todas las defensas del demandado, y esa decisión llegó firme a la Alzada. En razón de ese rechazo, abrió paso a la acción, y en el fallo condenó a los demandados al pago de la suma reclamada de $ 468.327 por honorarios, más aportes e IVA, regulados en el juicio “García c/Barsoba s/Nulidad de actos jurídicos”. En cuanto al pedido de reajuste (tema del recurso), relacionó los argumentos del actor (vg., que la prohibición de indexar estaba unida al principio de convertibilidad, que implicaba que el dinero circulante debía equivaler a las reservas del Estado y que la derogación de ese principio por la ley de emergencia lo dejó sin sustento; que mantener esa prohibición colisiona con la garantía constitucional del respeto a la propiedad; que en la actualidad las actualizaciones son admitidas por otras vías, tales como leyes arancelarias, convenciones colectivas de trabajo que contienen cláusulas gatillo, etc.), así como también que el demandado Barsoba se opuso a ella con cita de la doctrina de fallos de la SCBA y de la CSJN que avalan la constitucionalidad de la prohibición de indexar.
Consideró la a-quo que la inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional, la última ratio del orden jurídico, que solo debe ejercerse cuando la repugnancia de la norma con el texto constitucional es manifiesta y la incompatibilidad es inconciliable. Que, por otra parte, los derechos amparados por la constitución deben analizarse a la luz del art. 14, esto es que se gozan conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, y que el art. 28 prohíbe que esos derechos resulten alterados por la reglamentación; que del juego de esos artículos surge que el Estado, en su actividad legislativa, debe obrar de manera razonable. Que el derecho de propiedad que garantiza el art. 17 integra el catálogo de garantías fundamentales, pero que la consagración de derechos sociales y económicos varió la concepción originaria y lo somete a restricciones que lo armonizan con el interés social, por lo que (hoy) no tiene carácter absoluto: el derecho de propiedad es inviolable siempre y cuando su ejercicio no obste al bien común.
Memoró luego el régimen de emergencia dispuesto por la ley 25.561 (año 2002) con las modificaciones que le introdujo a la ley de convertibilidad, en cuanto a que mantuvo la prohibición de toda actualización del monto nominal de las obligaciones. Dijo que no obstante los frondosos argumentos esgrimidos por el actor, en el tema existen numerosos fallos de la SCBA en los que se mantuvo la validez constitucional de las normas atacadas, por lo que se trata de doctrina consolidada, y que apartarse de ella importaría un dispendio jurisdiccional innecesario. Reiteró que la atribución de declarar la inconstitucionalidad solo debe ser ejercida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad (sea) inconciliable, lo que no se da en el caso; tanto más cuando la aplicación de los intereses corresponde se otorguen a tasa activa (citó arts. 54 inc.
“b” de la ley 8904, y 54 inc. “b” de la ley 14.967 que remite el CCyCN 552) y que con ella se neutralizaría el daño producido por la desvalorización. Luego se explayó generosamente sobre la procedencia de la tasa activa para esta obligación, basada en fallos de la Sala I de esta Cámara, que dan razones por las que no resultaría aplicable el fallo “Islas” de la SCBA, desde que el hecho posterior de la sanción del CCyCN (en especial desde que en el art. 552 impuso la tasa activa para obligaciones alimentarias) modificó las circunstancias. Por todo ello resolvió sobre el punto que desde la mora, y hasta el 21/10/2017 (entrada en vigencia de la ley 14.967) se aplicarían los intereses del art. 54 inc.
“b” de la ley 8904, y desde allí los dispuestos por el art. 54 inc. “b” de la ley 14.967 con remisión al art. 552 del CCyCN, porque los pendientes son consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (art. 7 CCyCN).
III. En su expresión de agravios, de más que generosa extensión, el Dr. Balán confutó cada uno de los fundamentos de la sentenciante. Me remito a la lectura su erudito texto, innecesario de reproducir o relacionar, ya que obra en estos infolios.
La cuestión que propone el apelante se refiere a la posibilidad, dentro del marco jurídico vigente desde ya, de actualizar la suma nominal de dinero constitutiva de sus honorarios de abogado generados en un juicio, que cuando se los regularon en el año 2017 representaba un valor equivalente a una cierta cantidad de dólares estadounidenses (U$S), pero que por efecto de la inflación ocurrida desde entonces, en la actualidad con esa suma solo es posible adquirir mucho menos de la décima parte de aquella mencionada cantidad de U$S.
IV. Es mi propuesta acoger en parte sus agravios. Con algunas aclaraciones, desde ya.
Sobre este tema, pero referido al monto indemnizatorio por un hecho ilícito, cuya actualización se pedía se hiciera al momento de la sentencia partiendo de la suma reclamada en la demanda, tengo dicho hace mucho tiempo, entre otros, en mi voto de los autos “Cicala c/Coronel” (causa número 28.978, sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Mercedes), de diciembre de 2015, lo siguiente: “…No veo que en el marco de la ley, es decir del derecho positivo vigente, tal pretensión encuentre andamiento. Conforme lo dispone el artículo 7 de la ley 23.928 (ley de convertibilidad del austral, B.O. 28 III 91) la añeja práctica judicial de equilibrar la variación de los valores en juego operada entre la fecha de origen de la obligación y el momento del pago mediante mecanismos de corrección, quedó desterrada a partir del 1° de abril de 1991. Ello así, puesto que la ley dice que “...en ningún caso se admitirá la actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con posterioridad al día 1 del mes de abril de 1991 ...” Y además, el artículo 8 decía (fue derogado en 2002) que “...los mecanismos de actualización monetaria o repotenciación de créditos dispuestos en sentencias judiciales respecto a sumas expresadas en australes no convertibles, se aplicarán exclusivamente hasta el día 1° de abril de 1991, no devengándose nuevos ajustes por tales conceptos con posterioridad a ese momento”.
Los conocidos acontecimientos políticos ocurridos en el país a finales de 2001, con su saga en los meses siguientes de legislación de emergencia, variaron la situación, pero no el sentido de la prohibición. Eso así, por más que se produjo en esos días un abrupto cambio en el régimen o sistema monetario, al pasarse sin medias tintas de una moneda convertible, a otra que pese a mantener el mismo nombre (“peso”) no lo era. Ya que el artículo 3° de la ley 25.561 (ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario; B.O. del 07-01-2002) derogó entre otros los arts. 1 y 2 de la ley 23.928 (convertibilidad), con las modificaciones incorporadas por la ley 25.445, que establecían la convertibilidad de la moneda nacional con el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y el Euro. Sistema que era el pilar en el que descansaba la (¿sensación de?) estabilidad monetaria que se prolongó por una década, y justificación económica de la consecuente prohibición de los mecanismos indexatorios. La mencionada ley de emergencia, si bien modificó el artículo 7° de la ley de convertibilidad, repitió su texto en lo que aquí interesa: “...en ningún caso se admitirá la actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos, o repotenciación de las deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor...”.
Por ello es muy claro que la prohibición de indexar fue mantenida por el régimen de emergencia, que subsiste a más de 15 (hoy 21) años de su dictado. En efecto, el artículo 10 de la ley de convertibilidad modificado (y que sigue vigente) dice hoy que “...mantiénense derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria ...”
Y por si quedaba alguna duda (¿sobre que las sentencias judiciales estaban o no incluidas entre las normas indexatorias prohibidas?), el artículo 5° del decreto de necesidad y urgencia 214/02 (B.O. 04-02-2002) aclaró, refiriéndose al mecanismo de actualización de las obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en moneda extranjera conocido como “pesificación”, que “...lo dispuesto en el artículo precedente, no deroga lo establecido en los artículos 7° y 10° de la ley 23.928 en la redacción establecida por el artículo 4° de la ley 25.561. Las obligaciones de cualquier naturaleza u origen que se generen con posterioridad a la sanción de la ley 25.561 (que fue el 6 de enero de 2002), no podrán contener ni ser alcanzadas por cláusulas de ajuste...”
Por todo ello, la pretensión de actualizar no encuentra eco favorable en el texto de la ley vigente”.
El voto prosiguió: salió de la ley y se elevó a la Constitución. Decía que “…desde que rige la doctrina de la CSN en el sentido que la inconstitucionalidad de una ley puede ser dictada de oficio (“Mill de Pereyra c/Provincia de Corrientes”, La Ley 2001-F, 891), no es extravagante examinar el tema desde esa óptica. Al respecto debo decir que ya vimos que si bien no se derogó la ley de convertibilidad, sí ocurrió eso con el sistema allí instaurado, es decir, el de la convertibilidad del peso con el dólar americano (1 $ = 1 U$S), que tenía su basamento en que no podían circular más pesos que dólares tuviera en sus reservas el Banco Central de la República Argentina (es decir, en el régimen puro de la convertibilidad, había una traba legal para emitir moneda sin respaldo). Al derogar el art. 8 de la ley de convertibilidad, el Estado quedó con las manos libres para emitir moneda, sin depender del respaldo en divisas o reservas. Con el consiguiente e inmediato efecto de provocar inflación (según la teoría económica clásica, al menos; Dr. Juan Carlos de Pablo dixit). Lo que de hecho así ocurrió desde enero de 2002. Al mismo tiempo, vimos que la ley prohíbe las actualizaciones, tanto en contratos, como en sentencias.
Es de preguntarse, ante este panorama, si esa prohibición de indexar las obligaciones se compadece (económicamente, pero también jurídicamente, “constitucionalmente”) con el régimen de “libertad de emisión monetaria” ahora vigente de que goza el Estado y aplica a discreción por estos tiempos, ya que desde el punto de vista del derecho positivo daría la impresión que puede colisionar con la garantía constitucional del respeto al derecho de propiedad, en la medida que la pérdida del valor del dinero afecta el capital de los acreedores, corroyéndolo, al mantener fija la cantidad de billetes representativos del monto de una prestación, mientras que su valor (el de cada billete) cae abruptamente.
La respuesta no es sencilla. Porque la declaración de inconstitucionalidad de una ley es un acto institucional de suma gravedad, debe ser la “ultima ratio” (CSJN, Fallos 256:602; 302:166; 307:531; 316:188, etc.) del sistema judicial, ya que en cierta medida importa que el Poder Judicial se inmiscuya en el área de la competencia natural de otro poder del Estado, por más que se trate de una de las manifestaciones del sistema de controles recíprocos entre ellos, propio del sistema republicano de gobierno. La facultad para examinar el ajuste a la Constitución de las leyes, el control difuso de constitucionalidad que rige en nuestro derecho, empero, debe ser ejercido de un modo prudente, desde ya, y restringido, ya que, por de pronto, es bien sabido que el acierto o el error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que al Poder Judicial quepa pronunciarse, so riesgo de llegar a consagrar al gobierno de los jueces, a contrapelo del principio que determina que los poderes ejecutivos y legislativos se integran con personas elegidas mediante votación popular. Debe basarse en circunstancias concretas, sin que pueda el Poder Judicial emitir juicios apriorísticos ni declaraciones generales abstractas. Menos aún sobre acontecimientos futuros como lo sería especular sobre los ulteriores a éste pronunciamiento, la inflación que pudiera llegar a existir entre la sentencia y la fecha del pago.
Para que la actual (en la sentencia me refería a la actualidad de 2015) prohibición expresa de la ley para “indexar” obligaciones (que, bueno es decirlo, no existía en el original régimen del nominativismo velezano, ya que el principio de la libertad contractual la hacía impensable) contravenga el respeto debido a la garantía constitucional de la propiedad privada, debe ocurrir algo más que el trastorno natural que provoca en los particulares la existencia de una moderada y previsible inflación, ya que forma parte esta del costo de vivir en sociedad. Por lo menos, en nuestra sociedad argentina. Ese “algo más” consistiría en que la estricta aplicación de esa prohibición provoque una notable disminución en la prestación debida, al punto tal que estemos ante una alteración que se asemeje a la (prohibida) confiscación de bienes (art. 17 C.N). Como podría llegar a ocurrir si los intereses devengados conforme las tasas de usual aplicación en las sentencias no llegaran a cubrir o compensar de modo suficiente o al menos razonable, el deterioro que la depreciación del signo monetario acarree en el capital, o disminuir de una manera intolerable la prestación debida. De darse esa situación de hecho, la prohibición de indexar, así no más, sin distingos entre deudas de valor y deudas de dinero como se hizo en otra época (categorías que parecerían retornar en el art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación – Ley 26.994), resultaría irrazonable, y por ende se podría transitar por el camino de la declaración de inconstitucionalidad. Pero aun sin llegar a ella, bastaría al efecto materializar o traducir actualizada aquella distinción …”.
V.-Si eso dije en 2015, cuando la inflación anual no superaba los dos dígitos, ¿no resultaría razonable revisar esos conceptos, o al menos su conclusión, cuando para este 2023 se prevé que superará el 120 %?
Si bien la ley de convertibilidad que prohíbe indexar los montos de las obligaciones dinerarias sigue formalmente vigente, la realidad nos muestra que son excepcionales las situaciones en que esa prohibición se mantiene.
Sabido es que, por todo lo antes dicho, debe prescindirse de la declaración de inconstitucionalidad de una ley cuando existe la posibilidad de resolver por via interpretativa la violación a los principios o garantías superiores que se le asigna. Con más razón aun cuando se lo puede hacer por la mera via de aplicar otra ley, ya que la prohibición de “indexar” solo tiene, jurídicamente, estatus legal.
Entiendo que la misma SCBA lo ha hecho al sentar la doctrina que pontifica que para asegurar que una indemnización sea integral, los valores de la reparación deben ser fijados en consonancia con los vigentes al momento más cercano a la sentencia (vg., doctrina dimanante de las conocidísimas causas “Vera” y “Nidera”). Y ya más acorde al tema que nos convoca, en materia de honorarios de abogado, la ley 14.967 contradice de modo derogatorio a aquella prohibición, al disponer un mecanismo que, solapada o expresamente, permite que los honorarios le lleguen al abogado al mismo valor que tenían al momento en que se los regula judicialmente. En efecto, dice la ley que la regulación de honorarios de abogados ya no debe expresarse en sumas de dinero, sino en un módulo variable, el designado como “JUS” (art. 15 inciso d), que es una entelequia cuyo valor varía al compás que lo hace la remuneración del juez de primera instancia con una antigüedad de 15 años (art. 9
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.