Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala II · Causa 34886
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Dejar establecido que el equivalente en moneda de curso legal mediante el cual el deudor podrá afrontar la condena deberá ser calculado mediante la cotización del dólar estadounidense -tipo vendedorque informa el Banco de la Nación Argentina.
2Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás fuera materia de apelación.
3Las costas de esta instancia se imponen en un 80% al apelante y en un 20% al actor (art. 68 CPCC).
SII - 34886 - GRUPO INDESA SA C/ FESTA JOSE MARCELO S/ COBRO SUMARIO DE SUMAS DE DINERO
Exp: 34.886 Juicio GRUPO INDESA SA C/ FESTA JOSE MARCELO S/ COBRO SUMARIO DE SUMAS DE DINERO Juzgado en lo Civil y Comercial N°7 Departamental.-
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, en la fecha de la firma digital, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes, doctores TOMÁS MARTIN ETCHEGARAY y LUCAS RICARDO GOMEZ con la presencia de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. nº 34.886 en los autos: "GRUPO INDESA S.A. C/ FESTA, JOSÉ MARCELO S/COBRO SUMARIO DE SUMAS DE DINERO."
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones de acuerdo con los artículos 168 de la Constitución provincial y 266 del Código Procesal. PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada?
SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Lucas Ricardo Gomez y Tomás Martín Etchegaray.-
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor Juez doctor Lucas Ricardo Gomez dijo:
I. El señor juez a cargo por subrogancia del Juzgado en lo Civil y Comercial N°7, Dr. Martín Hernando Cherubini, mediante el dictado de la sentencia de fecha 4/9/2023, acogiendo la demanda interpuesta por Grupo Indesa S.A. contra José Marcelo Festa condenó a éste al pago de la suma de U$S23.360,93 (o la cantidad de pesos necesarios para adquirir dicho monto en el Mercado Electrónico de Pagos -MEP-) con más sus intereses desde la fecha de la mora -13/1/2019- hasta su efectivo pago. Desestimó la excepción de pago total documentado, impuso las costas al vencido e hizo extensivos los efectos de la sentencia a la tercera citada “en garantía” (Sic) Verónica Fabiana Etchart.
Con la sentencia aclaratoria de fecha 4/9/2023 se dejó establecido que la tasa de interés a aplicar será la que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a 30 días en dólares estadounidenses.
La sentencia fue apelada por el demandado Festa, con el patrocinio letrado del Dr. Luis Ángel Souto. Concedido el mismo y recibidos los autos en ésta Cámara en fecha 9/10/2023, fue convocado a expresar agravios, lo que hizo con su presentación de fecha 11/10/2023.
Media réplica de la actora en su presentación de fecha 2/11/2023 mediante su apoderado Dr. Axel Sheehan, quien pese a no invocar tal carácter en franco incumplimiento del art. 118 inc. 2 del CPCC, cabe decir que el mismo resulta de la documentación adjunta a la demanda. Llamados autos para sentencia, consentidos y practicado el pertinente sorteo (8/2/2023), quedó la presente en condiciones de ser votada.
II. El apelante estructura su recurso a través de distintos agravios los cuales, siguiendo la terminología allí empleada, son los referidos a la desestimación de la excepción de pago, a la extensión de la responsabilidad al tercero, a la equivalencia de la moneda extranjera y a la aplicación del derecho.
Previamente haré una reseña de lo decidido por el señor juez de primera instancia, para luego ocuparme de las críticas que formula el apelante y, considerando las réplicas que sobre ellas existan, hacer mi propuesta de solución. Ello, recordando -como suelo hacerlo habitualmenteque es facultad de los jueces del recurso decidir cuáles serán los temas conducentes para fundar la decisión, y que esta prescindencia de alguno o algunos de los argumentos jurídicos de los apelantes será ejercida, claro está, sin modificar el objeto del recurso (Cfr. Morello, Augusto M.; Sosa, Gualberto L. y Berizonce, Roberto O.; Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, Abeledo Perrot, 2da. ed. reelaborada y ampliada, T°III pág. 420 y ss.) pues no es necesario que el tribunal analice todos los argumentos propuestos, sino los que considere suficientes y decisivos para dar solución al asunto (Loutayf Ranea, Roberto G., El recurso ordinario de apelación en el proceso civil, Astrea, T°2 p.291).
Entonces y por razones de brevedad, doy por reproducidos en este voto la totalidad de los agravios del apelantes, sin que sea necesario referirlos minuciosamente y mucho menos transcribirlos, pues lo importante es que la decisión que se proponga adoptar se encuentre razonablemente fundada (art. 3 Cód. Civ. y Com.)
El a quo, a diferencia del suscripto, ha optado por realizar en la sentencia una extensísima transcripción de los escritos constitutivos de la litis (tanto de la demanda y su contestación como la presentación de la tercera citada) y de la prueba pericial contable e informática, para concluir (Consid. cuarto ap. C) que no encuentra mérito para apartarse de lo dictaminado pericialmente por lo que, valorando ello y el intercambio epistolar como así también la falta de producción de la prueba ofrecida por el demandado y la tercera citada, que la demanda es procedente.
III. El apelante se queja del rechazo de la excepción de pago, fundamentando ello a través de propiciar la aplicación al caso de la “teoría de la representación aparente” establecida en el art. 367 del Cód. Civil y Comercial, con cita de doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para luego referirse al pago que entiende perfeccionado con la figura del acreedor aparente y denostar la valoración probatoria efectuada.
Por su parte la actora, luego de considerar que la fundamentación de este agravio viola el principio de congruencia decisoria establecido en el art. 272 del CPCC, rebate puntualmente los argumentos de su contraria.
Comienzo por decir que, efectivamente, la aplicación al caso de autos de la regla contenida en el art. 367 del Cód. Civ. y Com., no le fue propuesta al juez de grado pero ello, en la medida en que está referida a la aplicación al caso del derecho vigente, en modo alguno importa óbice para su consideración en razón del principio iura novit curia que es el arbitrio del juez para encuadrar en derecho los planteos y circunstancias de hecho incorporados al proceso por las partes, aplicar las normas que entiende adecuadas y hacerlo sin sujeción a las invocadas por los litigantes, pues así como no puede poner una norma que no exista, aunque la afirmen las partes, tampoco puede omitir una norma que exista, aunque ellas la callen (Carnelutti, Francesco, “La prueba civil”; cit. por Soria, Daniel F., “El iura novit curia y la descalificación judicial de oficio de las normas. A propósito de algunos pronunciamientos de la Corte Suprema”, LL 2023-A,386;
AR/DOC/277/2023).
Sin embargo, su aplicación al caso de autos no resulta posible, aún sin considerar si efectivamente se reúnen sus presupuestos, pues lo que ha dicho el juez de primera instancia es que ante la ausencia de producción de prueba por parte del demandado y la tercera citada, cuyo rol -me refiero a ésta última- consideró que era el afirmado por la actora según lo acreditado a través de las aclaraciones formuladas por el perito contador a su informe (presentación de fecha 24/11/2022) no es rebatido en debida forma por el apelante, sino que sobre el punto exhibe una gran disconformidad pero que en definitiva no es más que ello, incluso cuando se refiere en el apartado III.II de su recurso a la valoración probatoria realizada por el a quo. Aún si se acudiera a un parámetro elástico para intentar verificar si la tercera citada actuó en algún momento como representante del actor en forma tal que pudiera presumírsela de alguna manera como facultada para transigir y percibir per se pagos, ello no ha sido demostrado conforme lo decidido por el a quo y sobre esto último es sobre lo que no puede la Alzada apartarse sin transgredir el principio de congruencia, aunque ahora no desde el punto de vista del derecho aplicable pero si desde la congruencia decisoria en la segunda instancia que encuentra uno de los ajustes de su corset decisorio (Hitters, Juan C., Técnica de los recurso ordinarios, Platense, 2004, 2da. Ed., p. 421) en el marco de la competencia que el apelante haya querido imponer en el recurso a través de la expresión de agravios (SCBA, sent. del 3/7/80, cit. Loutayf Ranea, Roberto G.; El recurso ordinario de apelación en el proceso civil, Astrea, T°1 p. 76; ésta Sala, Expte. Nº SII-33.481, “Pighín, Irene Regina C/Díaz, Diego Sebastián y Ot. S/Desalojo.”)
IV. Tampoco resulta audible que ante la duda sobre el resultado de la prueba producida debe decidirse en función del Estatuto del Consumidor (v. escrito de expresión de agravios cap. III.V), pero no porque - o no solamente porque- el demandado en el caso no sea un consumidor en los términos del art. 1° de la ley 24.240, sino porque como quedó dicho en el apartado anterior, el juez de grado no tuvo ninguna duda valorativa de la prueba sino que enfáticamente consideró acreditados los presupuestos de procedencia de la acción y, por el contrario, destacó que el accionado y la tercera citada nada habían acreditado en sentido contrario.
Mi propuesta es confirmar este aspecto de la sentencia apelada.
V. Agravio relativo a la extensión de la condena a la tercera citada Sra. Verónica Fabiana Etchart:
Comienzo por marginar que la sentencia ha hecho extensivos sus efectos a la tercera citada “en garantía” -institución propia del derecho de seguros- y sólo tendré en cuenta que, en los términos del art. 96 del CPCC se han hecho extensivos los efectos de la sentencia a la Sra. Etchart. El demandado, lo que pretende es que se condene en soledad a la tercera citada y, subsidiariamente, que se establezca la solidaridad en la condena con su parte.
El actor, al contestar los agravios y pese a lo resuelto, sostiene que su único deudor es el demandado y sólo el demandado, y que en todo caso si éste tiene algún reclamo que formular a la Sra. Etchart podría invocar lo decidido en este proceso.
Estimo atinado comenzar a dilucidar la siempre espinosa cuestión de la citación de terceros, a través de la doctrina legal de nuestra Suprema Corte de Justicia mediante una extensa pero ilustrativa cita: “El tema que nos toca decidir ha sido muy controvertido en nuestra doctrina y jurisprudencia. Así esta Suprema Corte -en primer momento- entendió que la sentencia condenatoria resulta ser solamente un antecedente favorable para una posible pretensión de regreso, pero no puede ejecutarse contra el tercero (conf. causa Ac. 21.112, sent. del 15-VIl- 75 publicada en "Acuerdos y Sentencias", 1975-566). El mismo Tribunal, con distinta y posterior intervención, consideró por el contrario, que cualquiera que hubiese sido el modo procesal de intervención de un tercero (intervención voluntaria u obligada) la sentencia lo afectaría como a los litigantes principales: en la medida en que hubiese podido considerárselo "parte" en el estricto sentido (conf. causa Ac. 27.651, sent. del 25-111-80, D.J.B.A., t. 118 pág. 186, entre otras).
La posición de nuestros autores sobre el tema tampoco es pacífica. Así, apunta Colombo, que en realidad la denominación misma "intervención de terceros" no contribuye a clarificar la institución; este tercero, dice, era tal mientras se mantuvo o le permitieron que permaneciera ajeno al proceso, pero en el instante mismo en que se incorpora es parte; podría decirse que cronológicamente es tercero, pero conceptualmente, parte, y por esa razón estima que esta institución debería denominarse "Conversión de terceros en parte" (conf. "Código...", t. 1 ° , edición 1969, pág. 526). Morello, Passi Lanza, Sosa y Berizonce, en su "Código Comentado", entienden que el tercero citado asume el papel de parte y que la sentencia lo afecta como a los litigantes principales (t.
II, ed. 1970, págs. 457/458), Fassi, dice que quien fuera citado ajuicio a pedido de una de las partes, deberá continuar vinculado al proceso hasta que se dicte sentencia definitiva y la sentencia que se dicte liga al tercero, cualquiera sea el tipo de intervención asumida y a los litigantes principales (Cód., t. 1°, ed. 1971, pág. 192). Por su parte, Palacio, si bien admite que una vez operada la intervención, en cualquiera de sus formas, el tercero deja de ser tal para asumir la calidad de parte, entiende que salvo en los casos previstos por las leyes materiales (ley de seguros por ejemplo), la eventual sentencia condenatoria sólo constituye un antecedente favorable a la fundabilidad de la pretensión de regreso que se interponga frente al citado, pero no puede ejecutarse contra éste ("Derecho Procesal Civil", tomo III, edición 1970, págs. 228, 246/252).
En similar sentido Fenochietto C. E. y Arazi R. consideran que el tercero no puede eventualmente ser condenado en el proceso so pena de violarse el art. 163 inc. 6 ° del Código Procesal Civil ("Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. 1, 1983, págs. 334 y 3441345). Y ahora bien, a la luz de las posturas reseñadas y debiendo expedirme por vez primera sobre este controvertido tema, me inclino por admitir que se puede ejecutar la condena al tercero traído al proceso. Fundo este criterio antes que nada en las palabras de la ley. Ya que si el art. 96 del Código Procesal Civil y Comercial expresa que " ... en todos los supuestos la sentencia dictada después de la intervención del tercero lo afectará como a los litigantes principales" la conclusión que cabe inferir no es otra que la de que -en este caso- demandado y tercero puedan ser ejecutados.
Porque: ¿qué otro podría ser el modo de afectarlo sino extendiendo a él todos los efectos prácticos de la decisión recaída en un proceso en el que ha participado? Además, lo fundo también -y esto me parece decisivo- en razones que trascienden las de una mera interpretación gramatical, y que se enlazan con el sentido moral de la norma y con la misma naturaleza de las cosas. El sistema valorativo en el que descansa el orden jurídico exige que la decisión judicial recaiga de una vez por todas fijando las posiciones relativas -derechos y obligaciones- de quienes han intervenido en el proceso. - Diferir -aunque sea parcialmente- sus efectos o referirlos al resultado de un ulterior litigio y una nueva decisión, abre expectativas e incertidumbres y me parece por eso mismo contrario al sentido de la actividad judicial que exige que las delimitaciones recíprocas, una vez fijadas, puedan ser objeto de un procedimiento práctico de aplicación.
Por lo demás, no puede aducirse, para fundamentar la no ejecutabilidad, que está afectado el principio de congruencia al condenar a alguien que no fue -en origen- demandado por el actor por la simple razón de que la sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación (conf. art. 163 inc. 6°, Cód. proc. civil).” (Suprema Corte de Justicia, causa Ac. 33.123; “Bodoriquián, Jorge R. y ot. c/Empresa Constructora Juan Strauss, cit. en Morello, Sosa y Berizonce, “Códigos Procesales…”, Abeledo Perrot, 2da. ed., 2002, p.410; y para ver otra recopilación de la controversia en la doctrina y la jurisprudencia nacional: Arazi, Roland, “La intervención de terceros en el proceso civil”, y Leguisamón, Héctor E., “La intervención del tercero obligado y la ejecutabilidad de la sentencia a su respecto”, ambos en Revista de Derecho Procesal, 2006-2, Litisconsorcio, intervención de terceros y tercerías, Rubinzal Culzoni).
Aún cuando no es función de la Alzada la consulta o la “Academia” (Ibáñez Frocham, Manuel, Tratado de los recursos, p. 46; ésta Sala exptes. 34.003 y 34.473), vista la duda que trasunta en el apelante en orden al alcance de la condena resulta de utilidad lo transcripto, en la medida que despeja dudas acerca del alcance de la condena y a la vez demuestra que la pretensión de condena en soledad a la Sra. Etchart no resulta posible, restando en decir -en orden a la pretendida solidaridad, que “una sentencia judicial que imponga una condena solidaria a dos sujetos que no están obligados a ello por ley, contrato o testamento, resulta violatoria de derechos constitucionales, arbitraria y pasible de anulación. Es que no pueden ser condenados solidariamente quienes no estén vinculados a un antecedente que imponga esa solidaridad. La sentencia judicial no puede crear una solidaridad, solo puede declarar la existencia de una solidaridad anteriormente existente por un causa distinta (…) Bien se ha resuelto que la solidaridad no puede ser constituída por decisión judicial, pues los jueces no están habilitados para crear una solidaridad al margen de la ley, ya que las resoluciones o sentencias judiciales no hacen sino declarar la solidaridad cuando ella resulta de alguna de sus dos fuentes: la voluntad o la ley.” (López Mesa, Marcelo J. y Barreira Delfino, Eduardo; Código Civil y Comercial de la Nación comentado y anotado, Hammurabi, 1ra. Ed. T°6B p. 4; con cita de la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial de La Plata, sala III, Juba B352219.
Si bien la Sra. Etchart confesó que no rindió a "Grupo Indesa"
lo que recibió de Festa, ello no la convierte en deudora en este juicio: no sólo no se lo reclaman a ella, sino que tampoco pone elementos de prueba que permitan decidirlo.-
Propongo desestimar también este agravio.
VI. El último de los agravios del demandado estriba en la cotización del dólar estadounidense. Como dije en la alborada del voto, la sentencia condenó al pago de la suma de U$S23.360,93, o su equivalente en la cantidad pesos necesaria para adquirir tal monto en el Mercado Electrónico de Pagos (MEP).
La sentencia no ha explicitado los fundamentos en virtud de los cuales se ha pronunciado sobre esta cuestión. De la misma, incluso puede decirse que es una cuestión que desde una mirada puramente formalista y rígida se encuentra fuera del ámbito decisorio de esta litis pues en rigor de verdad nada dijeron sobre ello las partes, sino tangencialmente el actor al decir al liquidar la tasa de justicia que lo que pretendía era “la devolución en dólares estadounidenses billete, tal como fuera pactado.” (fs. 12, segundo párrafo, última parte).
Sin embargo, considero que por conducto del art. 253 del CPCC la cuestión puede ser abordada, en la medida que este aspecto de la sentencia fue consentido por el actor (que, lo digo nuevamente, pretendía inicialmente “billetes”) y por el demandado quien en esta instancia sólo protesta porque se haya fijado tal cotización, pero no que se haya decidido la cuestión.
Ergo, razones de economía procesal y en aras de hacer eficiente y eficaz el proceso judicial, superados los óbices formales, propondré una solución para esta arista del entuerto.
En su recurso, el demandado propicia la modificación de lo resuelto a través de distintas citas jurisprudenciales, referidas la cotización “oficial” de la moneda extranjera y, en algunos casos, con el aditamento de ciertas alícuotas impositivas. También enarbola un segundo argumento, el cual es que en la operación de compraventa origen de autos se llevó adelante con el tipo de cambio oficial.
El actor, por su parte, expresando que la cotización “oficial” se encuentra alejada de la realidad, defiende lo decidido y cita profusa jurisprudencia de signo contrario a la del actor, incluso de esta Sala (Exptes. 32.727 y 33.570).
Esto último parecería sellar la suerte adversa de este aspecto del recurso, pero no. Por delante del Derecho, están los hechos (Morello, Augusto M., El nuevo horizonte del derecho procesal, Rubinzal Culzoni, 2005, p. 343) y precisamente son los hechos acreditados en autos los que me persuaden que, en este caso, corresponde que me aparte de los precedentes mencionados para hacer una propuesta distinta al Acuerdo. Tengo que cuenta para ello el correo electrónico acompañado como Anexo III en la demanda, en el que se refiere que tanto el anticipo como el saldo restante, que es lo que se reclamó, serían facturados utilizándose “la tasa de cambio del Banco Nación, tipo vendedor” y que ello efectivamente fue hecho así (v. facturas 127, 128 129 -Anexo IV- y recibo 206 -Anexo XII).
Considero entonces que por tal la cotización de la moneda pactada es la que corresponde que sea fijada. En consecuencia, propongo la modificación de este aspecto de la sentencia dejándose establecido que el equivalente en moneda de curso legal mediante el cual el deudor podrá afrontar la condena deberá ser calculado mediante la cotización del dólar estadounidense -tipo vendedor- que informa el Banco de la Nación Argentina, conforme lo libremente pactado por las partes (cfr. arts. 7 y 765 - texto según ley 26.994-), destacando a mayor abundamiento que la controversia sobre el punto no versa sobre la facultad del deudor de liberarse mediante la entrega del equivalente en moneda de curso legal, sino exclusivamente sobre cotización a utilizar de la moneda extranjera (v. cap. 2.5 de la contestación de agravios).
Mi voto, con el alcance que surge de lo precedentemente expuesto, es por la AFIRMATIVA.
A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN, el señor Juez doctor Tomás Martín Etchegaray aduciendo análogas razones, dio su voto también por la AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el señor Juez doctor Lucas Ricardo Gomez dijo:
De acuerdo a la forma en que ha quedado votada la cuestión anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es 1°.- Dejar establecido que el equivalente en moneda de curso legal mediante el cual el deudor podrá afrontar la condena deberá ser calculado mediante la cotización del dólar estadounidense -tipo vendedor- que informa el Banco de la Nación Argentina. 2°.- Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás fuera materia de apelación. 3°.- Las costas de esta instancia se imponen en un 80% al apelante y en un 20% al actor (art. 68 CPCC).
ASI LO VOTO.
A LA MISMA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Etchegaray por iguales fundamentos y consideraciones a las expuestas por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
Con lo que se dio por terminado el acuerdo dictándose la siguiente S E N T E N C I A
Lo que surge del acuerdo que antecede, se
1. Dejar establecido que el equivalente en moneda de curso legal mediante el cual el deudor podrá afrontar la condena deberá ser calculado mediante la cotización del dólar estadounidense -tipo vendedorque informa el Banco de la Nación Argentina.
2. Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás fuera materia de apelación.
3. Las costas de esta instancia se imponen en un 80% al apelante y en un 20% al actor (art. 68 CPCC).
NOTIFIQUESE por medios electrónicos (conf. Res. del Presidente de la S.C.B.A. nro. 10/20, Res. S.C.B.A 480/20 y sus sucesivas prórrogas, AC 4013/2021 y AC 4023/2021):
REGISTRESE, fecho, DEVUELVASE.-
Fin de la sentencia