Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 3074
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso de la demandada en su totalidad, admitiéndose el de la parte actora, modificando la forma de cómputo de los accesorios, dejando establecido que los intereses deberán computarse desde el vencimiento de cada período adeudado y hasta el efectivo pago.
Costas de Alzada, al demandado vencido (art. 68 del CPCC).
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
Causa Nº MO-3074-2008
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “SADAIC C/LLANES SANCRISTOBAL WASHINGTON LEONEL Y OTRO/A S/ COBRO SUMARIO DE SUMAS DE DINERO ” Causa Nº MO-3074-2008 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 11 Departamental con fecha 29 de Septiembre de 2023 dictó sentencia, haciendo lugar a la demanda en los términos que de allí surgen.
Apelaron la actora y el demandado, siendo concedidos sus recursos en forma libre.
El de la actora se fundó con el escrito de fecha 24 de Noviembre de 2023, que no mereció réplica.
El de la demandada se fundó con el escrito de fecha 13 de Noviembre de 2023, replicado con fecha 30 de ese mismo mes y año.
La actora se queja de la forma en que ordenaron computarse los intereses.
La demandada, mientras tanto, se agravia de la admisión del reclamo, del monto de condena, de la forma en que se ordenaron computar los intereses y de la imposición de costas.
A los términos de cada una de esas expresiones de agravios cabe remitirse, en homenaje a la brevedad.
Con fecha 21 de Diciembre de 2023 se llamaron "AUTOS PARA SENTENCIA" , procediéndose al sorteo del orden de estudio y votación, dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
2. En orden a dar respuesta a la cuestión planteada debo señalar, inicialmente, que varios aspectos de la expresión de agravios de la demandada no satisfacen, siquiera mínimamente, las exigencias del art. 260 del CPCC, por lo que devienen insuficientes.
A título introductorio es dable recordar que esta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que -en el caso concreto- se atribuye al sentenciante (conf. Causas nros. 24.783, R.S. 178/90; 27.537, R.S. 74/92; 31.702, R.S. 147/94, entre otras).
El embate contra la sentencia de Primera Instancia llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuña que tiende a romper el fallo atacado, pero, para ello hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la resolución impugnada.
Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo (Causa nº 22.242, R.S. 44/89).
La apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al justiciable, por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.
Para tener por satisfechos los fines legales de dicho escrito, deben concretarse punto por punto los déficit fundamentales que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba (conf. Hitters en "Técnica de los Recursos Ordinarios", págs. 442/446).
Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia (conf. Causa nº 22.549, R.S. 89/89).
La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia (Cám. Nac. Com., Sala D, 24/4/84, L.L. 1.985, v. A, p. 309; esta Sala, Causa nº 31.349, R.S. 52/94).
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 261, 34, inc. 5º, pto. c), del Cód. Procesal; Causa nº 32.277, R.S. 228/94).
Trasladando estos conceptos al caso de autos, vemos que la argumentación del quejoso en modo alguno llega a satisfacer los recaudos técnicos enunciados; ni aun aplicando un criterio de suma elasticidad, en resguardo a ultranza del derecho de defensa de las partes (arts. 18 Const. Nac., 15 Const. Pcial.), sortea el umbral de técnica recursiva que posibilita la apertura de la segunda instancia.
Es que una cosa es que en caso de duda nos inclinemos por considerar técnicamente suficiente la argumentación recursiva y otra, bien diversa , es que sustituyamos la actividad de la parte e ingresemos en el análisis de cuestiones acerca de las cuales no existe ni siquiera un mínimo de crítica técnicamente computable.
En tales casos no solo arrasaríamos con las normas procesales de los arts. 260 y 261 del C.P.C.C. sino que también, al asumir incumbencias propias de las partes (y fundamentalmente de su asistencia técnica, arts. 56 C.P.C.C.) , quebraríamos el trato isonómico e igualitario que debemos dispensar a ambos litigantes (art. 34 inc. 5º ap. c C.P.C.C.) por mandato constitucional (arts. 16 Const. Nac., 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás normas concordantes).
En este sentido, voy a referirme a los agravios de la demandada.
Comienza quejándose de que la demanda haya prosperado a su respecto.
Pero lo hace con generalidades, refiriéndose a la situación de los restantes accionados (luego desistidos) y sin enfocarse en la razón principal por la cual la demanda se admite.
En efecto: su excepción de falta de legitimación es desestimada es base a la ausencia de prueba y a la normativa que se refiere a la transmisión de los fondos de comercio.
Respecto de esto último, la apelante no dice absolutamente nada, sino que menciona -en cambio- la ley de defensa al consumidor.
Por lo demás, dice la quejosa que hay infracción al principio de congruencia, pero sin advertir que dicha normativa fue expresamente invocada por la contraria al replicar su defensa.
En definitiva, este aspecto de los agravios es insuficiente.
Y también es insuficiente la parte de su recurso donde alude a la condena.
Es que, como bien lo refiere la actora, aquí se habla de cuestiones genéricas, mayormente relativas a cuestiones de responsabilidad civil por daños, dejando totalmente irrebatidas todas la consideraciones que el sentenciante llevó a cabo y en virtud de las cuales admitió la demanda.
Veo, en este sentido, que acerca de los fundamentos jurídicos del fallo no se dijo absolutamente nada.
No mejor suerte corre la parte de los agravios donde se habla del monto resarcitorio: lo único que se expresa, allí, es una discrepancia subjetiva de criterio, pero de los fundamentos del fallo y las pruebas tomadas en cuenta, no encontramos mayor consideración.
Sí existe, a mi juicio, un mínimo de crítica en lo que respecta al cómputo de los intereses y la imposición de costas, con lo cual abordaré esos temas, conjuntamente con los agravios de la actora, que sí sortean la valla del art. 260 del CPCC.
En cuanto al cómputo de los intereses, es necesario analizar cómo juega la obligación en análisis dentro del sistema del art. 509 del Código Civil y, posteriormente, 886 del CCyCN (dada la fecha de los períodos adeudados).
Creo que la solución es, en ambos casos, la misma.
Dada la naturaleza de la obligación, la jurisprudencia nacional ha dicho que "La causa generadora del crédito que se reclama es la falta del pago correspondiente al uso de grabaciones fonográficas, comprendida en la ley 11.723 en el régimen de licencia legal, que aun cuando se trate de un crédito civil, su nacimiento no radica en un acto de voluntad común (contrato) y tan siquiera en un acto de voluntad unilateral del acreedor, sino que es la ley la fuente obligacional. La deuda nace y se hace exigible recién cuando alguien amparándose en la licencia legal decide difundir la público grabaciones fonográficas. O sea, el nacimiento del crédito está dado por un hecho potestativo del deudor y encontrándose en juego la protección intelectual, es éste quien debe cargar con las obligaciones de informar sobre la utilización de los fonogramas y de pagar por ellos el canon correspondiente. De allí que mal pueda entenderse que se trata de un crédito común sujeto a las reglas genéricas en materia de mora, como lo ha entendido la señora juez de la anterior instancia al exigir la interpelación del acreedor para su constitución. Tal criterio resulta contraria al objeto y fines mismos del sistema de licencia legal, convirtiendo en sus alcances en letra muerta la protección legal de los derechos intelectuales específicos en la materia, poniendo a cargo del "accipiens" el cumplimiento de una actividad imposible o de muy dificultoso cumplimiento que exija (conf.: fallo de esta sala ya citado).
Por todo ello, tratándose de un supuesto de mora legal resulta innecesario exigir la interpelación para lograr la constitución en mora. En consecuencia, los intereses deberán calcularse a la tasa establecida por la juzgadora desde el momento en el que los aranceles, por los períodos admitidos, se devengaron" (CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, SALA F, 3/4/2006, "AADI CAPIF A.C.R. c. Hidalgo, Rubén A. y otros", Cita: TR LALEY AR/JUR/1935/2006).
Coincido con tal orientación, por sus mismos fundamentos y el mismo sendero ha sido transitado por la jurisprudencia provincial (C. Civ. y Com. San Martin, sala 2ª, 22/05/2007, "AADI CAPIF A.C.R. c/Markana S.R.L. (Vai Vai) s/Cobro de pesos").
Es que tratándose de una obligación legal, con un señalamiento puntual acerca de cuando debía cumplirse, no es necesaria la constitución en mora y los accesorios comienzan a devengarse desde el vencimiento de cada período adeudado.
Por lo demás, los fallos que evoca el demandado se refieren a situaciones diversas de la aquí analizada, por lo que dichos criterios no devienen de aplicación al caso.
Promoveré, consecuentemente, el rechazo del recurso de la demandada y la admisión del de la actora en este sentido, dejando establecido que los intereses deberán computarse desde el vencimiento de cada período adeudado y hasta el efectivo pago.
Ultimo tema a tratar es el relativo a la imposición de costas, que trae la demandada.
La demanda ha prosperado en su totalidad.
El accionado tiene el innegable carácter de vencido.
Por lo demás, no ha logrado revertir en Cámara tal adversa decisión.
Rige, entonces, en plenitud el principio del art. 68 del CPCC, el cual establece que la parte vencida es quien ha de abonar las costas del proceso.
El apelante, cuando se queja de las costas, se remite, mas que nada, a sus argumentos anteriores, pero ninguno de ellos fue admitido, por lo cual conservará el carácter de vencido, con la condigna imposición de costas.
3. Consecuentemente, y por todo lo expuesto, promoveré el rechazo del recurso de la demandada en su totalidad, admitiéndose el de la parte actora, modificando la forma de cómputo de los accesorios, dejando establecido que los intereses deberán computarse desde el vencimiento de cada período adeudado y hasta el efectivo pago.
Las costas de Alzada deberán quedar impuestas al demandado vencido (art. 68 del CPCC).
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta
PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor CUNTO
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RECHAZA el recurso de la demandada en su totalidad, ADMITIÉNDOSE el de la parte actora, modificando la forma de cómputo de los accesorios, dejando establecido que los intereses deberán computarse desde el vencimiento de cada período adeudado y hasta el efectivo pago.
Costas de Alzada, al demandado vencido (art. 68 del CPCC).
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
NOTIFIQUESE en los términos del Ac. 4013 de la S.C.J.B.A.,mediante resolución autonotificable, a los domicilios electrónicos constituídos por las partes.
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE
Firmas
Funcionario Firmante: 16/04/2024 12:23:07 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/04/2024 12:50:18 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/04/2024 13:16:56 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 16/04/2024 13:16:57 hs. bajo el número RS-134-2024 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia