Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 3668
Registro N° 161 /2019
Fojas 1114/1125
En la ciudad de Pergamino, el 19 de Diciembre de 2019, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 3668-19 caratulada "MALMIERCA ANA MARIA Y OTRO/A C/ MARTINICA S.A. S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.)", Expte. 60.325 del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffia y Roberto Degleue, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión a señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
El Sr. Juez de la anterior instancia rechazó la demanda que por de cobro de pesos instauraran ANA MARIA MALMIERCA y MIGUEL ALFONSO O'BRIEN contra MARTINICA S.A.. Aplicó las costas a la parte actora que resulta vencida. Difirió la regulación de honorarios de los letrados intervinientes y de la perito, hasta que medie firme la respectiva liquidación de intereses y gastos.
Tal decisorio fue objeto del recurso de apelación por la actora mediante el escrito electrónico de fecha 17/07/19, concedido libremente y en ambos efectos a fs. 169. A fs. 170 se le ordenó expresar agravios quien a fs. 171 los presentara, sustanciándose el debido traslado con la contraria . A fs. 172 se llama autos para dictar sentencia, providencia que firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.
El apoderado de la parte actora se agravia del decisorio en cuanto fuera desestimado su reclamo, que el a quo motivara sobre la falta de acreditación de los presupuestos de hecho que constituyeron el fundamento de la pretension.-
Se duele contra la decisión judicial señalando que los presupuestos mencionados por el sentenciante se refieren al precio del metro cuadrado de construcción y al porcentaje utilizado para determinar el monto del reclamo; indicando el quejoso que esto es un error y sosteniendo que el verdadero sustento del reclamo lo constituye el contrato de locación de obra, la obra propiamente dicha y el pago por la misma (resalto esta cuestión porque la demandada ciñe su reclamo judicial al pago de los trabajos efectivamente realizados, lo que por imperativo de congruencia procesal me llevará a circunscribir la tarea revisora a la retribución que eventualmente pudiese corresponder por tal concepto excluyendo cualquier otro rubro que no tenga carácter retributivo directo -vgr. lucro cesante, pérdida de chance, daño moral, etc..-
Dice que la locación de obra está reconocida, la realización de la obra está acreditada en su faz técnica con la prueba documental producida (anteproyecto, proyectos, plano) y en lo físico con los informes periciales rendidos: "En cuanto al pago la accionada se limitó a negar la deuda sin siquiera referir el como del cumplimiento de contraprestación a su favor"
Indica que el costo del metro cuadrado de construcción es un presupuesto fáctico, responde al índice que al efecto fija y publica periódicamente el Instituto Nacional de estadísticas y Censos, es decir que por su condición de público y oficial no pudo ni puede desconocerse.-Sin perjuicio de ello refiere que también y a pesar de la respuesta evasiva de la Cámara Argentina de la Construcción (fs 116) la demandada en su presentación de fecha 28/02/19 punto de pericia letra a) tuvo por aceptado, tácitamente, el índice del costo del metro cuadrado tomado como referencia para determinar el monto del reclamo.,
En cuanto al porcentaje sobre costo de obra fijado para determinar los honorarios objeto del reclamo, el mismo corresponde al mínimo obligatorio regulado por la normativa de colegiación profesional de los actores. Vale decir que en el caso de autos, partiendo del contrato acreditado entre partes (locación de obra y su condición de oneroso), ante la falta de determinación del costo de la obra aquel mínimo fijado por la norma resulta de aplicación ineludible.-
Critica el razonamiento del a quo en cuanto sostuvo "que ningún elemento de convicción aportado en autos permite siquiera inferir que ello fue asi", cuando en rigor de verdad, en la presentación del 27/03/19 la Perito Arquitecta afirmó categóricamente que el porcentaje de honorarios por Proyecto y Dirección de Obra es a partir de un mínimo de 8,5% del valor real de la obra.-
Expresa que sus clientes fueron despojados del derecho al cobro de los honorarios por la obra realizada y que se ha desnaturalizado la figura contractual de la locación de obra -reconocida por las partes- al desconocer su carácter eminentemente oneroso.
Achaca ligereza y liviandad en el análisis de los hechos, así como en el tratamiento de la prueba rendida que el quejoso atribuye a un afán de dar inmediato finiquito al pleito.-
Solicita se revoque la sentencia y se haga lugar a la demanda.-
En escrito electrónico de fecha 26 de Agosto de 2019, la parte demandada evacua el traslado correspondiente al escrito de apelación. En tal sentido, señala que la apelación interpuesta no satisface los requisitos mínimos de crítica concreta y razonada que requiere el tratamiento del recurso. Seguidamente, aduce que no hubo ligereza del Juzgador Primero en el análisis de la cuestión litigiosa, atento a la irrelevancia del error material endilgado. Asimismo, plantea que la documental relativa al Anteproyecto debe tenerse por no incorporada a la causa atento a que ha sido oportunamente desconocida sin que se produzca ulteriormente informativa subsidiaria que acredite autenticidad de la misma. Finalmente, aduce que en función del dictamen pericial realizado por la perito Arquitecta queda claro que la suma dada en pago resulta totalmente cancelatoria de la deuda de honorarios profesionales.
1.-a) Entrando a resolver es dable señalar que la plataforma fáctica reconocida da cuenta de la existencia de un vínculo contractual entre los litigantes cuyo objeto fue la realización de obras de construcción en el inmueble situado en San Nicolás 548/570 de esta ciudad; negando la demandada el precio del contrato y la correcta ejecución de la obra por parte de los actores.-
b) La fuente normativa aplicable a la cuestión ha sido decidida correctamente por el a quo acudiendo a las previsiones del Código Civil de Vélez Sárfield, teniendo en cuenta la fecha en que las partes se vincularon con el negocio jurídico en el año 2007 así como la intimación mediante carta documento de fecha 5/05/2015 (fs 19), que indican por redireccionamiento del art 7 del C.C.C.N que será el anterior sistema normativo el que rija la cuestión en debate. En dicho cuerpo legal las referencias específicas se encuentran dispersas en los arts. 1623 a 1628 y 1629 a 1647 Cód. Civil, definiendo Vélez Sárfield a las tres locaciones en forma conjunta en el art. 1493 del CC, creando dificultades para integrar el concepto con los elementos característicos de cada figura, que la doctrina ha tratado de diferenciar provocando diversas dificultades de encuadramiento de cada una de las figuras.-
En la especie, la demanda se interpuso pretendiendo la parte actora el cobro de los honorarios devengados por la prestación de trabajo profesional de arquitectura en el inmueble sindicado, sin que la calidad invocada por los accionantes haya sido controvertida por la demandada, con lo cual la relación jurídica procesal ha de ser encuadrada dentro de la locación de servicios (arts. 1623 y sgtes del C.C.), más allá de la calificación que inicialmente le dieran las partes, a tenor del iura novit curia.-
Desde aquí y en cuanto a la formalidad del contrato, no requiere para su existencia formas especiales, quedando concluido por el sólo acuerdo de las partes, expresado verbalmente o por escrito, en forma expresa o tácita, siendo admisible toda clase de prueba, recayendo la carga de su producción sobre el locador, pudiendo quedar demostrado a partir de la efectiva realización de los trabajos y de la declaración de testigos que pudieron haber participado de las obras entre otros elementos probatorios. Se trata de admitir en la locación de servicios o de obra la tesis amplia (arts. 1627 y 1628 del C.C), pudiéndose acreditar mediante toda clase de pruebas la prestación del servicio que constituye el objeto de la obligación (arts. 495, 496, 497, 500, 503, 953 y ccs del C.C).-
Además hay que tener en cuenta la premisa conforme el art. 1627 del C.C que establece una presunción de onerosidad de los trabajos realizados, siempre que la labor sea propia de la profesión de quien la prestó, a menos que se demuestre la intención de beneficiar gratuitamente a favor de quien prestó su esfuerzo (RSD-37-10-S 11/03/2010 .
c) De las constancias se desprende que la pretensión ejercitada tiende al cobro de honorarios por tareas correspondientes al proyecto, dirección técnica y ejecutiva de la construcción, remodelación del inmueble sito en calle San Nicolás 548/570 de esta ciudad, la cual constituye una actividad que es peculiar del arquitecto, una obra inmaterial artística y técnica, que tiene carácter previo -el proyecto- con respecto a la construcción, que es la realización material del mismo; así como también la dirección técnica que es la actividad que se despliega para lograr que se ejecute el proyecto.-
d) Las actuaciones dan cuenta y se encuentra probado que las partes se vincularon mediante la relación jurídica que se inicia con conversaciones a partir del mes de abril de 2006 donde fueron consultados por Abel Majluff y Alberto Bonancea, en carácter de Presidente y Vice de la firma "Martinica S.A." propietaria del inmueble identificado catastralmente como Circ. 1, Seccion B, Manzana 73, Parcela 9, Partida 11640 de pergamino (082) inscripto en el registro de la propiedad Inmueble de La Plata en las Matriculas 10703 y 10704 del año 2006. Tras esas conversaciones se llegó al acuerdo de construcción de una edificación, manteniendo el estilo según refirieron, recuperando la fachada y la torre del viejo inmueble, que fuera un antiguo Hotel en Pergamino testimonio histórico de la ciudad; y convertirlo en un paseo comercial, cómodo y práctico hotel.
Si bien la actora refiere que inicialmente se le había encomendado un proyecto por una superficie de obra de 5.048 m2 y que con fecha 24 de marzo de 2007 hizo la presentación respectiva del mismo, dicha circunstancia fue controvertida por la parte demandada quien desconoció la autenticidad de la documental acompañada sin que se produjese a la postre prueba informativa subsidiaria, y además puso de manifiesto que la misma carecía de su firma. Frente a ello, y a falta de prueba producida que acredite la autenticidad de la documental desconocida o posibilite alternativamente una comprobación de los hechos negados, habré de reputar a este extremo fáctico como no probado.
Que en cambio sí está acreditado -con la documental acompañada en el escrito de inicio y el reconocimiento de hechos que obra en el conteste de fs. 58/63- que la actora presentó el proyecto de obra sobre una superficie de 1.477,77 m2, con lo que en el mes de febrero de 2008 presentaron los planos respectivos en el organismos de colegiación y en marzo en la Municipalidad de Pergamino (documental letra B). Hasta agosto de 2009 la obra estuvo en fase de desarrollo y los actores reconocieron haber percibido honorarios por certificaciones parciales en un total de $ 189.741. Para fin de ese mes la obra se suspendió por decisión de la empresa propietaria y se reanudó en el año 2012, allí se le pidió a los profesionales incorporar nuevas modificaciones agregando 159,46 m2 llevando la obra a un total de 1.637,23 m2, lo que obligó a la confección de un nuevo proyecto que en el año 2013 fue presentado los organismos de colegiación y a la Municipalidad (letra C). No sólo fue realizado el Proyecto y la Dirección sino que se encargaron de lo que técnicamente se denomina Dirección por contratos separados.-
Sobre este escenario fáctico y probatorio, el Juez de grado justificó el rechazo de la pretensión actoral en la circunstancia que el actor omitió probar el precio en dinero en base a un porcentaje del valor de obra calculado sobre el m2. Dicho de otro modo, el a quo sustentó su decisión en la falta de acreditación del precio de obra como de los mecanismos de determinación del mismo.
Ante tal situación corresponde preguntarnos desde este instancia revisora cuál es el efecto que el ordenamiento jurídico prevé para un contrato de locación que ha sido acreditado en su existencia, pero en el que una de las obligaciones fundamentales de las partes no se encuentra probada en su cuantía: a saber, el precio de los honorarios de los arquitectos por los trabajos en tanto prestación debida por éstos como objeto de la relación contractual.
Entiendo que la respuesta a este interrogante descansa en el art. 1627 del Código Civil en cuanto dispone que: "El que hiciere algún trabajo, o prestare algún servicio a otro, puede demandar el precio, aunque ningún precio se hubiese ajustado, siempre que tal servicio o trabajo sea de su profesión o modo de vivir. En tal caso, entiéndese que ajustaron el precio de costumbre para ser determinado por árbitros".
La presunción de onerosidad que sienta el art. 1627 produce una inversión de la carga de la prueba ya que, acreditada la prestación del servicio, debe pagarse el precio correspondiente a dicho servicio salvo que se demuestre positivamente que hubo intención de beneficiar.
La prueba sobre cuál fue el precio convenido es carga de quien lo invoca. Ahora bien, cuando no hay o no se ha podido probar un determinado precio convenido, debe pagarse el precio de costumbre. En este sentido, la jurisprudencia ha evolucionado hasta establecer que en estos casos es el juez el que determina el precio.
Si bien es cierto que el art. 1627 se refiere a un trabajo que ha sido efectivamente realizado y cuyo precio no se estableció, puede aplicarse por analogía a los casos en que no hay constancia documentada sobre el precio convenido y surgen discrepancias en este aspecto (Cf. Código Civil Comentado, anotado y concordado, Tomo 8, Dir. BELLUSCIO, Augusto, Buenos Aires, Ed. Editorial Astrea, 1999, pag. 44).
Asimismo esta disposición debe complementarse con las leyes arancelarias vigentes en la actividad o profesión relativas al servicio de que se trate cuando estas constituyen disposiciones de orden público en cuyo caso deben ser aplicadas invariablemente. Con todo, cuando los aranceles no sean imperativos, pueden constituirse igualmente como una pauta de referencia, lo mismo que las resoluciones o dictámenes sobre honorarios que suelen expedir los colegios profesionales que tienen el gobierno de la matrícula y el control ético de la actividad, como así también los informes emitidos por organismos públicos oficiales en cuanto aporten datos útiles en punto a la determinación del precio del servicio (CSJN, 15/5/68, LL, 134-1057).
En orden a la determinación del precio del contrato de locación de servicio por trabajos de arquitectura, es menester tener en cuenta que existe un régimen arancelario específico que regula los emolumentos profesionales de acuerdo a diversos factores. En este sentido, las tablas desarrolladas por el decreto arancelario 6964/65 (Art. 8 Resol. CAPBA N° 101/09) contemplan las variables necesarias para regular los honorarios de arquitectos por trabajos de proyecto y dirección de obra. A saber: valor de obra -que resulta de la multiplicación entre el valor del m2 y la superficie total trabajada-, porcentaje de honorarios por trabajos de proyecto y planificación, y proporción de trabajo realizado sobre la superficie total.
Al respecto entiendo que la totalidad de los presupuestos de hecho que justifican el devengamiento de los honorarios profesionales han quedado verificados en la especie.
1. La superficie total trabajada es de 1637,23 m2. Ello surge de los planos agregados a fs. 126 y 127 que fueron oportunamente presentados y aprobados a la autoridad de la colegiación y al Municipio local. Además tal circunstancia ha sido tenida por cierta en la sentencia de primera instancia sin que tal extremo fuera introducido como materia específica de agravio en el escrito de apelación. Si bien es cierto que el actor refiere en su demanda el encargo de un proyecto originario de 5048 m2, tal circunstancia constituye .-como he señalado ut supra- un hecho controvertido que no ha sido refrendado por la prueba producida en autos.
2. La proporción del trabajo realizado por los actores ha sido del 100% del Proyecto y del 25% de la Dirección de Obra sobre la superficie total indicada en el punto anterior. Esto se desprende del peritaje realizado por la Perito Arquitecta María Rita Annan con fecha 27/03/19. Al respecto, la profesional actuante dictaminó que la proporción de trabajo realizado por los contratados en relación a sendos aspectos coincide con los porcentajes de referencia. Y ello quedó oportunamente consentido por ambas partes.
3. El porcentaje de honorarios sobre el m2, aun cuando no ha sido probado por las partes, deriva supletoriamente del mínimo legal obligatorio que determina la normativa de la colegiación profesional (CSJN, 15/5/68, LL, 134-1057), cuya fuente reglamentaria ha sido indicada ut supra. Y que arroja un honorario del 8% sobre el valor de obra para los trabajos de proyecto y dirección, correspondiendo respectivamente cifrar los emolumentos para cada de una de estas labores en un 60% y 40% sobre el resultado del porcentaje señalado.
4. El valor del m2 promedio (cifrado en $ 3.500 al año 2007) surge supletoriamente del índice que al efecto fija y publica periódicamente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y del punto de pericia indicado con letra a) que se tuvo por consentido tácitamente.
En relación al punto 4, cabe observar que si bien la Cámara Argentina de la Construcción respondió a fs. 116 que no contaba con esa información -en punto al requerimiento para que refiriera el valor del m2 al año 2007-, haré mérito de la teoría de los hechos públicos y notorios para suplir la ausencia de prueba relativa a ese extremo específico.
Calamandrei define a los hechos notorios como aquellos que "entran naturalmente en el conocimiento, en la cultura o en la información normal de los individuos, con relación a un lugar, a un círculo social y a un momento determinado, en el momento en que ocurre la decisión" (Cit. en MORELLO, Agusto M.; SOSA, Gualberto L., BERIZONCE, Roberto O., Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y dela Nación. Comentados y anotados., Buenos Aires, Ed. Abeledo Perrot, 2016, T.V., pag. 888)
La doctrina reconoce como notorios en términos generales a los hechos históricos o políticos, los accidentes geográficos y los acontecimientos de cuya existencia dan cuenta los medios corrientes de difusión, siempre que sean conocidos y tenidos como verdaderos por la generalidad de las personas de mediana cultura en el lugar y en el tiempo en que se desenvuelve el proceso (PALACIO, Lino, E., Derecho Procesal civil, Tomo IV, Buenos Aires, Ed. LexisNexis, 2005, pag. 336/7).
La concepción de notoriedad procura dos altos fines de política procesal: 1) ahorrar esfuerzos al relevar a las partes de producir pruebas innecesarias; 2) prestigiar la justicia evitando que esta viva de espaldas al saber común o disponible para la gente.
En punto a la relación existente entre la teoría de los hechos notorios y las facultades judiciales, la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata ha dicho que: "Pueden considerarse hechos notorios aquellos que entran en conocimiento, la cultura y la información normal de los individuos, con relación a un lugar y un círculo social y a un momento determinado en el tiempo en que ocurre la decisión. En el campo de la fijación y la aplicación de los hechos notorios, como
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.