Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 123654
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXIV
Causa N° 123654; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº12 - LA PLATA
IBAÑEZ GRACIELA MARIANA C/ CAJA DE SEGUROS S.A S/COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.)
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, reunidos en acuerdo ordinario los señores Jueces vocales de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctores Silvia Patricia Bermejo y Leandro Adrián Banegas para dictar sentencia en la Causa 123654, caratulada: "IBAÑEZ GRACIELA MARIANA C/ CAJA DE SEGUROS S.A S/COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 343/352?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
I. La sentencia de primera instancia rechazó la demanda interpuesta por la señora Graciela Mariana Ibañez contra la “Caja de Seguros S.A.” por cobro de sumas de dinero y la indemnización por daño moral, como las excepciones de prescripción y falta de legitimación pasiva opuestas por la demandada. A su vez, condenó a esta última a abonar el daño punitivo a la actora, en el plazo de diez días, por la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000), con más los intereses a liquidar según la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, desde la fecha de constitución en mora y hasta el efectivo pago. Finalmente impuso las costas del proceso a la accionada, difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad (fs. 343/352).
II. Contra dicha forma de decidir deduce recurso de apelación la parte demandada por intermedio de su letrado apoderado (fs. 353), expresando agravios a fs. 363/368, los que no fueron replicados. Dictaminado por el Señor Fiscal de Cámaras, se llamó autos para sentencia (fs. 373).
III. Se agravia del rechazo de la excepción de prescripción articulada en su conteste, considerando incorrecta la aplicación del art. 50 de le ley 24.240 por sobre el art. 58 de la 17.418.
Considera que lo decidido por el a quo se contradice con el criterio consolidado en el fallo “Buffoni, Osvaldo c/ Castro Ramiro” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que la ley de Defensa al Consumidor es una normativa general posterior respecto a la ley especial del contrato de seguro, por lo que no la deroga ni la modifica, tácita o implícitamente.
Se duele asimismo de la aplicación de daño punitivo por resultar contrario a derecho y por haberse impuesto la multa civil de manera autónoma, sin la existencia de una condena principal.
Subsidiariamente, se queja de las consideraciones que tomo el Sr. Juez de grado para aplicar el daño punitivo, denunciando la inexistencia de dolo ni culpa grave por parte de la aseguradora en la supuesta falta de información. Entiende que el daño punitivo debe ser aplicado en carácter restrictivo y excepcional, en casos de extrema gravedad.
Finalmente, se agravia del monto recocido por daño punitivo y por la imposición de costas a su parte, toda vez que fue la actora la vencida en el pleito.
IV. Ya habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, desde el 1 de agosto del año 2015 –art. 7, ley 26.994, conf. art. 1 ley 27077-, habrá que aclarar si corresponde juzgar este litigo con el marco legal con el cual nació –el Código Civil anterior- o con el nuevo. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el art. 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala que “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.”
Como refiere Aida Kemelmajer de Carlucci, las leyes de protección a los consumidores, sean supletorias o imperativas, son de aplicación inmediata. El sustento se encuentra en la misma Constitución Nacional y en el carácter protectorio innato en el derecho de Consumo. Como la distinguida doctrinaria destaca, ello se receptó en el nuevo ordenamiento no sólo en los artículos 1096 a 1122 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, sino también se extendió a otros ámbitos específicos, como por ejemplo, a los contratos bancarios (arts. 1384 a 1389), el cementerio privado (arts. 2111) y el tiempo compartido (art. 2100). Empero, como señala, no puede hablarse de la aplicación retroctiva, sino de la aplicación inmediata (autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, págs. 59 a 61).
Por ello, tratándose en el caso de autos de una relación de consumo –tal como lo desarrollaré en el apartado V-, corresponde la aplicación de las disposiciones actuales, con la salvedad de la aplicación temporal de las reformas introducidas a la ley de Defensa del Consumidor a la fecha del hecho denunciado por la señora Ibañez que data del 16/4/2010, mientras que la comisión médica determina la incapacidad psíquica en fecha 23/1/2012 (fs. 11/14).
A esas fechas, en virtud a los parámetros antes dispuestos, la ley de Defensa al Consumidor aplicable será entonces la 24.240 con las modificatorias introducidas por la ley 26.361, toda vez que la reforma fue sancionada con anterioridad de los hechos ventilados en autos, el 3 de abril de 2008 y previo a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
V. Superada la cuestión relativa a la ley aplicable, cabe dar respuesta al agravio sobre la prescripción de la acción opuesta por la demandada.
Para ello debe determinarse primeramente si existe entre la actora y la demandada una relación de consumo en los términos de la ley 24.240.
De autos surge la existencia de un contrato de seguro colectivo celebrado entre Caja de Seguros S.A. -la aseguradora- y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires -el tomador o contratante- que es quien solicita, concierta y suscribe el contrato, además es el tenedor de la póliza. Persiste su figura durante toda la vida del contrato, cumpliendo una función principal tanto en las relaciones existentes con los componentes o asegurados, como el asegurador.
Conforme lo dispuesto por el art. 153 y siguientes de la ley 17.418, la actora resulta ser la parte adherente y beneficiaria eventual del seguro, compartiendo tal carácter con un conjunto de personas que mantienen vínculo con el tomador, en este caso, todos son los empleados de la DGCYE.
En este tipo de seguros colectivos el papel del beneficiario se limita a su adhesión a las cláusulas dispuestas por el tomador y la aseguradora, descontándosele la prima de sus haberes mensuales.
Ahora bien, el artículo 1° de la ley 24240 con las modificaciones introducidas por ley 26.361 define al consumidor como “La persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social” y en su párrafo final agrega “Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella , adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social”.
Por su parte, el artículo 2 define como proveedor a “la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores y usuarios”.
De aquí se colige que la “Caja de Seguros S.A.”, en su carácter de comercializador de un servicio destinado a consumidores y usuarios (el de seguros de vida), es PROVEEDOR y la Dirección General de Cultura y Educación es el TOMADOR, mientras que la actora mediante la suscripción del contrato de adhesión al ingresar a trabajar como auxiliar de portería (fs. 30/36) y en definitiva beneficiaria del servicio, es CONSUMIDORA en los términos de la normativa vigente al momento del hecho.
Nuestro máximo Tribunal Provincial ha dicho sobre el rol de cada parte en este tipo de contratos que “En el seguro de vida colectivo voluntario se establece una relación directa entre la compañía aseguradora y las personas asegurables -empleados- resultando el empleador -principal- un simple intermediario, relación que se rige por los arts. 153 a 156 de la ley 17.418” (SCBA, causas L 79840, sent. del 23-XII-2003; L 33269, sent. del 26-VIII-1986).
A su vez, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (Sala I, en los autos “Lavarello, Maria Antonieta c/ Caja de Seguros S.A. p/ Cuest. Deriv. de Contrato de Seg. s/ Cas.” sentencia del 23/II/2012), resolvió que la relación de consumo se da plenamente en el contrato de seguro, aún colectivo. Si bien la principal –en ese caso la D.G.E.- aparece como tomadora del mismo, es claro y evidente que no lo hace por su propio interés (asegurando su patrimonio) sino en beneficio de quienes desempeñan tareas en su ámbito, como el caso de la parte actora.
En el mismo sentido, esta Sala ha dicho que “Resulta plenamente de aplicación lo normado por el artículo 1 de la ley 24240 ya que el tomador actúa como un simple intermediario de los intereses de las partes y el asegurado, adquiere un servicio (cuál es el seguro) de una empresa dedicada a tal fin de modo tal que se encuentra comprendida en las previsiones del artículo 2 de la citada norma legal” (esta Sala, Causa 122675, resolución del 12 de diciembre de 2017).
No es de recibo entonces el argumento de la legitimada pasiva en sus agravios en cuanto distingue al beneficiario del seguro –como es la actora- del tomador y en virtud de ello adjudica únicamente a esta última el carácter de consumidor.
Por tanto, cabe concluir que estamos frente a una relación de consumo que debe estar protegida por el derecho consumeril (arts. 1, 2 ley 24240; 7, 1092, 1093, 1094 1095, sig. y conc. CCCN).
VI. También la parte demandada solicita la aplicación al caso sub judice de la doctrina legal emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Buffoni, Osvaldo Omar c/ Castro, Ramiro Martín s/ daños y perjuicios” (sentencia del 8 de abril de 2014).
Este antecedente trata sobre la inoponibilidad de las cláusulas contractuales a un tercero, víctima del siniestro, en particular el límite de cobertura allí dispuesto, cuestión que no es de aplicación en este supuesto, toda vez que aquí estamos ante una contradicción entre dos normas respecto del plazo de prescripción como lo es la ley de defensa del consumidor y la ley de seguros. El análisis que efectúa el apelante de la ley general y la especial, la anterior y posterior, si bien de plena validez, existen otros precedentes más específicos para dirimir el caso.
Por lo expuesto, considero que no resulta la doctrina legal aplicable a estos actuados y, por tanto, no es de recibo el agravio del demandado en este sentido.
VII. Continuando con la tarea revisora respecto de la prescripción de la acción debemos volver a señalar la ley aplicable en función al tiempo. Como se dijo, el hecho denunciado por la señora Ibañez data del 16 de abril de 2010 e, incluso, la comisión médica determinó la incapacidad psíquica en fecha 23 de enero de 2012 (fs. 11/14).
Para esta fecha la ley de Defensa del Consumidor vigente era la que contaba con las reformas de la ley 26.361 (sancionada en el año 2008) pues aún no se había sancionado la Ley 26.994 -Código Civil y Comercial de la Nación- (1 de agosto del año 2015).
En su redacción original el art. 50 de la mencionada normativa establecía que “las acciones y sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de tres años. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales” (Ley 24240, sancionada el 22/9/1993).
Luego, la reforma de la Ley 26.361 incluyó una variable que entiendo resulta de aplicación al caso de marras por la ley vigente al tiempo del hecho. El texto del art. 50 según esa disposición quedó redactado de la siguiente forma: “Las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de tres años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente, se estará al más favorable al consumidor o usuario. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales” (lo destacado no corresponde al original) (art. 50, ley 24240, acorde art. 23 de la ley 26361, sancionada el 12/3/2008).
Esta reforma dispuso que ante una relación de consumo –la que encuentra acreditada, tal como se desarrolló en el punto anterior- existiendo plazos de prescripción distintos entre leyes especiales y la LDC, se deberá estar a la más beneficiosa para el consumidor.
Ello me lleva a concluir que el plazo de prescripción que debe prevalecer en el presente, es el establecido en la ley consumeril de tres años, en tanto, como se dijo, es la ley aplicable a la fecha del hecho.
En el mismo sentido nuestra Corte Provincial tiene dicho: “… a partir de la reforma introducida por la ley 26.361 al régimen normativo de usuarios y consumidores, ninguna duda cabe acerca de que el plazo de prescripción establecido por el art. 50 de la ley 24240 incluye a las acciones judiciales emergentes de los contratos de consumo, entre los que cabe contabilizar, según las circunstancias, a los contratos de seguro…” y agrega “…Siendo que la póliza respectiva amparaba el camión de propiedad del actor, cuyo uso personal no ha sido discutido, ninguna duda cabe albergar en cuanto a que el plazo de prescripción trienal resultaría hoy ser el de aplicación en la especie, no pudiendo invocar en su favor la compañía aseguradora el plazo anual previsto en la ley especial de seguros. Ello así, en tanto el aludido precepto -en su actual redacción- resultase de aplicación al sub judice”. (SCBA C. 107.516, "Canio, Daniel Gustavo contra Seguro Metal Coop. de Seguros. Cumplimiento contractual", sentencia del 11 de Julio de 2012). El antecedente citado luego hace dos excepciones para no aplicar el plazo de prescripción aludido, las que no se presentan en este litigio.
Insisto que esta determinación -la del plazo de prescripción de tres años para el caso de seguro colectivo- resulta a mi criterio de aplicación a las causas cuyos hechos hayan sucedido en el término comprendido entre la sanción de la ley 26.361 y la 26.994 por medio del cual se eliminó el criterio que ante la existencia de leyes generales o especiales que fijen otro plazo se estará al más beneficioso para el consumidor.
Por consiguiente, no le asiste razón al recurrente en este aspecto de lo debatido.
VIII. Cabe ahora abordar el agravio de la demandada respecto de la aplicación del daño punitivo.
El instituto de cuya aplicación el accionado se duele fue incorporado a la LDC por ley 26.361 en el art. 52 bis que dispone: “Al proveedor que no cumpla con sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista por el art. 47 inc. b) de esta ley”.
En palabras de Ramón Pizarro, citado por Fernando Colombres, el daño punitivo se traduce en “sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares del futuro… cuando el demandado en forma deliberada o con grosera negligencia causa un perjuicio a otro, se pueden aplicar estas presunciones”. El mismo autor refiere que “se trata de una pena privada, que se manda a pagar por encima de los valores que se condene en calidad de daños y perjuicios, destinados en principio al propio damnificado”. (conf. Dante D. Rusconi (coordinador), "Manual de Derecho del Consumidor", Editorial Abeledo Perrot, pág. 427).
De lo expuesto se desprende que el incumplimiento del proveedor debe tener una magnitud y una gravedad tal que justifique una sanción a modo de prevención de inconductas similares en el futuro.
En este caso la actora solicita la sanción del art. 52 bis de la LDC en función a un supuesto incumplimiento del deber de información, que –adelanto- no encuentro debidamente acreditado.
Por ello, en tanto este voto propone revocar en este punto el pronunciamiento atacado, debe procederse, por aplicación de la apelación implícita, también llamada adhesiva, a atender las cuestiones que la actora llevó a la instancia anterior y que por su condición de gananciosa no pudo traer a esta instancia.
Al respecto, tal como refiere el apelante, la ley de seguros establece la obligación por parte de la compañía de seguros de entregar la póliza al tomador. Al tratarse de un seguro colectivo, caracterizado por una relación tripartita (la que ya ha sido desarrollada precedentemente), estamos frente a dos intervinientes más: el tomador y el trabajador adherente.
En este caso, la Caja cumplió con su obligación entregando copia de la póliza a la Dirección General de Cultura y Educación correspondiente (el tomador), quien tiene a su cargo brindar la información al adherente (consumidor) sobre las condiciones particulares del seguro (conf. art. 20 inciso “J” de la póliza agregada en autos).
Por otra parte, considero que el daño punitivo procede como accesorio a la indemnización por daños efectivamente sufridos, extremo que no se cumple en autos. Nótese que la indemnización solicitada por la señora Ibañez no procede en virtud de no estar incluidas las dolencias psíquicas dentro de la cobertura de la póliza, más aún, se encuentra excluida expresamente por el instrumento respectivo. Por ende, no resulta procedente su aplicación con prescindencia de la efectiva causación de un daño.
En consecuencia, propongo hacer lugar al recurso y dejar sin efecto la fijación de daño punitivo en tanto no se ha acreditado el incumplimiento del deber de información al igual que por rechazarse la demanda respecto de la pretensión principal (arts. 52 bis, ley 24240; 330, 354 inc. 1, 375, 384 CPCC).
IX. Postulo que las costas de ambas instancias sean soportadas por la actora por el rechazo de la demanda y el daño punitivo, mientras que por la excepción de prescripción rechazada sean soportadas por la demandada en su calidad de vencida. Lo dicho, como consecuencia de la imposición de las costas al vencido (art. 68, CPCC), me exime de abordar los agravios a ello referidos en el recurso del accionado (fs. 363/368, esp. fs. 367 vta., punto 6)
X. Por lo tanto, si las precedentes consideraciones son compartidas por mi colega de Sala, corresponderá modificar la sentencia apelada en c
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