Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 123402
MH
REG. SENT. NRO. 86/18, LIBRO SENTENCIAS LXXIV. Jdo. 10
En la ciudad de La Plata, a los 10 días del mes de Abril de 2018 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "LA CAJA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. C/ ARRIGHI MIGUEL ANGEL Y OTROS S/COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.) " (causa: 123402), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor López Muro.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES :
1ra. ¿Resulta ajustada a derecho la regulación de honorarios de la mediadora fijada en el auto de fs. 454 y vta.?.
2a. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor López Muro dijo :
I. En las presentes actuaciones se regularon honorarios en favor de la mediadora interviniente, los que vienen apelados por el apoderado de la citada en garantía a fs. 458. Funda su queja sosteniendo que la regulación es elevada por aplicar el art. 27 del decreto 2530/10 y que la misma no guarda relación con los honorarios regulados a los letrados y con la tarea realizada.-
II. El caso encuadra en el contexto de lo previsto en el Decreto 2530/10, reglamentario de la ley 13.951, que en su art. 27 fijó las pautas mínimas para la determinación de los emolumentos de los mediadores fijando una escala de ius arancelarios en función del valor económico del litigio. Para tales supuestos esta Sala ha resuelto reducir “equitativamente el monto” señalando que rigen los principios de una remuneración adecuada y el de proporcionalidad, tanto en relación al monto en juego y a la labor efectivamente desarrollada, como a los honorarios que se deban justipreciar para otros profesionales intervinientes. La finalidad, está no sólo en asegurar la dignidad personal y profesional, sino también en establecer estándares de moralidad y responsabilidad poniendo una valla a regulaciones desmesuradas o ínfimas (conf. Cám. Civil y Com. de Dolores, causa nro. 85696, RSD 292-7, del 4-12-2007; Cám. Civ y Com Sala II, Mar del Plata, 160.594, RSI 280/2017, 29/06/2017; esta Cámara, Sala I, causa nro. 122.786, RSD nro. 264/17, del 08/11/2017).
Tal posición se abastece en la potestad de los jueces para disminuir los honorarios, incluso por debajo de las escalas arancelarias, ante una evidente e injustificada discordancia en las prestaciones, sean estas de cualquier servicio profesional (arts. 1627 Código Civil y 1255, CCCN; SCBA, C 92207, del 10-8-2011 y Ac. 86346 del 26-9-2007; esta Sala, causa 120090, RSD 26/17), frente a lo cual corresponde recurrir a la equidad (SCBA, Ac. 86.346, 26/09/2007).
Y así se ha considerado aplicable un criterio comparativo para juzgar la congruencia de la cuantificación estipendial en relación a la importancia de la labor desempeñada como también a las retribuciones asignadas a los demás profesionales que intervinieron en la causa (Hitters-Cairo “Honorarios de Abogados y Procuradores”, pág. 232, Ed. Lexis Nexis, 2007).
Por ello y con cita de los arts. arts. 16 C. Nac.; 13 Ley 24.432, 3, 505 y 1627 Código Civil; 163, 164,260, 261, 266, 330, 375 y 384 CPCC; 7 y 1255, CCCN; 9, 10, 16 y cctes. dec. ley 8904/77 y el precedente de esta Sala causa nro. 120.090, RSD 26/17, se admitió que la aplicación del artículo 1.255 CCC permite regular por debajo de los montos mínimos establecidos en la norma arancelaria de los mediadores, conforme una interpretación coherente de ambas normas (art. 2 CCC), no resultando entonces necesario declarar la inconstitucionalidad del art. 31 de la ley 13.951 y art. 27 del decreto reglamentario 2530/10.
El criterio se ha renovado recientemente en los autos caratulados: “CORIA MAXIMILIANO MARTIN C/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)” (causa: 122.786) REG. SENT. NRO. 264 /17, sentencia de fecha 8 de NOVIEMBRE DE 2017 y ha sido sostenido por otros tribunales de la Provincia (v. gr. Cám. Apel. Civ. y Com. de Trenque Lauquen, in re: “Egozcue, Eduardo Rubén c. Izquierdo Norma Elba y otro/a s/ división de condominio”, sent. del 17/03/2015, publicado en LLBA 2015, agosto, 751; Cám. Apel. Civ. y Com. de Morón, sala II, in re: “Vernengo Lima, Mario Héctor c. Vernengo Lima, Héctor Alejandro y otros s/ división cosas comunes”, sent. del 26/02/2015, publicado en: LLBA 2015, agosto, 731, Cam. Civ. y Com. Sala III, Lomas de Zamora , 8022, 29/12/2016, RSI. 287/2016, "Rojas, Gladys Susana c/ Sociedad Argentina de autores y compositores de música s/ejecución de honorarios").
III. En tanto, otras dos Salas de esta Excma. Cámara se han expedido limitando o reduciendo las regulaciones de los mediadores por debajo del límite del decreto 2530, pero recurriendo a la vía de la declaración de inconstitucionalidad del mismo. Abrió tal sendero la Sala Segunda, mediante un elogiable voto de la Dra. Silvia Patricia Bermejo en decisión que acompañó el Dr. Agustín Hankovits (Causa N° 120368; autos caratulados “Cosentino Eduardo David C/ Cervan Carlos Diego S/Daños Y Perj. Autom. C/Les. O Muerte (Exc. Estado), sent. 23/11/2016) . En similar sentido se expidió la Sala III el 7 de marzo de 2017 (autos Porozwsky c/ Xelibri s/daños y perjuicios” causa 120.209, Votos de los Dres. Soto y Larumbe).
Para declarar inconstitucional la norma la Dra. Bermejo sostuvo “III… cuando existe una norma particular y específica para la resolución de la controversia, no podría acudirse por vía interpretativa a otra distinta si no se explicita el motivo de tal decisión y el por qué de su desplazamiento. Cuando el universo jurídico ofrece diversas posibles disposiciones para resolver una controversia, podrá elegirse una norma por otra, acorde las particularidades del supuesto a dirimir, pero cuando la ley es clara y precisa se enfrenta a su declaración de inconstitucionalidad para así, luego, si así se dispusiere, aplicar otra disposición. “
Más abajo, precisando la cuestión, luego de tratar la habilitación que tienen los jueces de las diversas instancias para analizar y declarar de oficio la inconstitucionalidad en las causas que les fueran sometidas a su evaluación, señala transcribiendo ampliamente un fallo de la SCJN en la causa "Rodríguez Pereyra, Jorge Luís y otra c. Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" (sent. del 27-XII-2012 Fallos: 335: 2333), en el que se dijo “…el ejercicio del control de constitucionalidad de oficio por los magistrados debe tener lugar "en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes" (Conf. casos "Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña" y "Gómez Lundy otros"). Desde esta perspectiva, el contralor normativo a cargo del juez presupone un proceso judicial ajustado a las reglas adjetivas aplicables entre las cuales revisten especial relevancia las que determinan la competencia de los órganos jurisdiccionales y, sobre todo las que fijan los requisitos de admisibilidad y fundamentación de las presentaciones o alegaciones de las partes. Es conveniente recordar, al respecto, que la descalificación constitucional de un precepto normativo se encuentra supeditada a que en el pleito quede palmariamente demostrado que irroga a alguno de los contendientes un perjuicio concreto en la medida en que su aplicación entraña un desconocimiento o una restricción manifiestos de alguna garantía, derecho, título o prerrogativa fundados en la Constitución; es justamente la actividad probatoria de los contendientes así como sus planteos argumentales los que debe poner de manifiesto tal situación. En este sentido se impone subrayar que cuanto mayor sea la claridad y el sustento fáctico y jurídico que exhiban las argumentaciones de las partes, mayores serán las posibilidades de que los jueces puedan decidir si el gravamen puede únicamente remediarse mediante la declaración de inconstitucionalidad de la norma que lo genera.” (Considerando 13, fallo cit.).
En resumen, la tarea que ahora se emprende, la de la revisión judicial, es la más cuidadosa de las funciones susceptibles de encomendar a un tribunal, no concluyendo en la declaración de inconstitucionalidad más que de ser de estricta necesidad y si la interpretación del texto legal en juego no permite estar a favor de la validez de la misma (conceptos plasmados en el considerando 14, causa cit.).”
IV. Corresponde señalar que no obsta al análisis que habré de realizar, tomando en cuenta los precedentes de las salas de esta Cámara, que vienen declarando la inconstitucionalidad del art 27 del decreto 2530/2010, normativa específica aplicable al presente caso, que el cuestionamiento de inconstitucionalidad no ha sido incorporado por la recurrente. Por ello me conviene que me expida sobre la pertinencia del examen de constitucionalidad en forma oficiosa.
Esta Nación que ha explicitado su norma fundante por escrito, organizando con esmero y detalle el funcionamiento federal y el de las respectivas Provincias. Los jueces juramos respetar y hacer cumplir la Constitución y las leyes dictadas en armonía con ésta. En ese contexto la cuestión parece tener una respuesta obvia. Empero, si la solución afirmativa se impone, no por ello he de omitir la reflexión. Para ello es adecuado referirme a la impecable construcción formulada por la Dra. Bermejo en su voto en la causa “Cosentino” ya citada y que transcribo en lo apropiado.
“Se concluyó, de tal manera, en que “la jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas de que los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados ejercer, de oficio, el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado. Resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional que, por un lado, confiere rango constitucional a la mencionada Convención (art. 75, inc. 22), incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita la aplicación de la regla interpretativa -formulada por su intérprete auténtico, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos- que obliga a los tribunales nacionales ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida, por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de salvaguardar su supremacía frente normas locales de menor rango.” (considerando 12, causa referida).
“Adunó a la cita efectuada que también cabe realizar este control de constitucionalidad en vista a la Constitución de la Provincia, la cual, al ser también la ley fundamental provincial también su supremacía debe ser asegurada (art. 3, primer párrafo, Const. de la Provincia).”
Si bien, como señala la Sra. Juez que he citado, “tal control debe ejercerse con el mayor cuidado y en el marco de específicas competencias judiciales y de las regulaciones procesales correspondientes" (confr. casos "Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña" y "Gómez Lundy otros", citados), no es menos cierto que el indicado control debe ser, en todo caso, previo a cualquier otro análisis jurídico y, si se quiere, un control estricto y severo, en la medida en que la custodia del orden constitucional ha sido delegada, por la Carta fundamental, en cada uno de los jueces.
No menos cierto es que tal control presupone un proceso judicial ajustado a las reglas adjetivas y que la descalificación constitucional de un precepto normativo se encuentra supeditada a que en el pleito quede palmariamente demostrado que irroga a alguno de los contendientes un perjuicio concreto en la medida en que su aplicación entraña un desconocimiento o una restricción manifiestos de alguna garantía, derecho, título o prerrogativa fundados en la Constitución.(SCJN, loc. cit. Considerando 13).
A tenor de lo expuesto encuentro expedita la vía, aún ausente la alegación del recurrente, para introducirse “ex officio” en el análisis que sigue.
V. Conforme lo expuesto, para el supuesto de que se considere que la regulación de los honorarios del mediador resulta excesiva, desproporcionada o escasa, se han seguido dos vertientes: la de la adecuación de la regulación, en caso de que sea ello posible dentro de las disposiciones de la norma vigente, aún superando los límites de la misma por aplicación del art. 1255 del CCCN o la descalificación de la norma, por contraponerse, como se ha dicho, al orden Constitucional.
Ello me impone una nueva reflexión sobre el camino más adecuado, para lo que habré de analizar si el criterio que el legislador estableció en la ley de honorarios del mediador fue seguido por el decreto reglamentario al fijar en su art. 27 las pautas para tarifar los emolumentos.
Por una parte, la ley previó que los honorarios del mediador serían retribuidos mediante una suma fija, en tanto que el decreto reglamentario previó montos variables y proporcionados a la cuantía del acuerdo y aún a la cantidad de audiencias celebradas, independientemente del resultado de la mediación.
Los desaciertos que conlleva la metodología seguida por el decreto 2530 en su sistema de regulación han sido perfectamente destacados y detallados por el recurrente de marras y por la Dra. Bermejo en el voto citado. Cabe agregar que, por efectos de la emisión monetaria, al resultar de ello el envilecimiento de la moneda de curso corriente, cada vez será mayor la asimetría que se observará en las regulaciones. El paso del tiempo, en caso de mantenerse el sistema del decreto mencionado, generará honorarios más altos por procesos de menor valor, porque su cuantía, medida en dinero desvalorizado, será creciente. Pero ese argumento, aunque permite advertir la intensidad del agravio, no me parece adecuado para progresar en el análisis de constitucionalidad de la norma porque no bastaría su morigeración por vía del criterio judicial para resolver con claridad el problema. Es que la crisis no se vincula con la desproporción entre la regulación y las tareas realizadas en un caso específico sino con los criterios previstos por la ley 13951 que no solo difiere profundamente con los del art. 27 del dec. 2530/10, como quedó explicado, sino también con los de proporcionalidad que se han aplicado y en lo que se imbrica la ley 14.967 de honorarios profesionales de los abogados, que resulta por ello, inadecuada para resolver el caso, aun por analogía.
El art. 31 de la ley 13.951 dice: “El Mediador percibirá por la tarea desempeñada en la Mediación una suma fija, cuyo monto, condiciones y circunstancias se establecerán reglamentariamente. Dicha suma será abonada por la o las partes conforme al acuerdo transaccional arribado....”.
No queda ninguna duda que la ley ha dispuesto que el honorario del mediador resultará de una suma “fija”, delegando en el decreto reglamentario la determinación de su monto, condiciones y circunstancias. En consecuencia y frente a la expresa indicación de la norma, el decreto debió establecer un importe a abonar por los servicios del mediador, y esa suma debió ser expresada en moneda corriente, no sujeta a variaciones. Ciertamente, a medida que se experimentaren los efectos inflacionarios, la suma fija debería adecuarse.
A mi entender, quiso el legislador que la remuneración del mediador estuviera exenta de toda vinculación al monto o trascendencia del asunto y de allí que la suma de su remuneración debía ser “fija”. Ello no compadece con el hecho de que el sistema implementado no permite conocer cual ha sido su labor, complejidad, extensión, duración de las audiencias y demás pautas que permitan distinguir la labor desempeñada. Si ello es justo o injusto es materia de otro debate.
No se advierten dificultades para que los honorarios del mediador por su intervención, en tanto obligación de medios y no de resultados, sea independiente de las variaciones y vicisitudes del caso, tal como son los honorarios que perciben los médicos por una consulta o por una cirugía. Todas las consideraciones que se han hecho tratando de aplicar analógicamente la ley de honorarios del abogado yerran al desconocer la sustancial diferencia entre la tarea de uno y otro: el abogado pretende que su parte resulte gananciosa en el ámbito de la disputa, en tanto que el mediador debe velar para que las partes comprendan el alcance de las diferencias y la conveniencia de dirimirlas mediante una composición de intereses. Mientras el mediador suele desempeñarse en la fase prejudicial, los letrados que asesoran a las partes lo hacen en la etapa judicial (sin perjuicio de su actuación en la etapa anterior).
A ello agrego que las “condiciones y circunstancias” que indica la ley pueden comprenderse como una indicación para que por vía reglamentaria se determine el modo, tiempo y lugar del cumplimiento de la obligación; pero no el contenido de ésta, que deberá ser una cantidad fija de moneda corriente. La clara expresión legal excluye también la posibilidad de establecer la remuneración en relación a una unidad de valor tal como el ius.
En apoyo de esta interpretación estricta y literal de la ley formulo dos observaciones. La primera es que las normas similares y en particular la ley de honorarios profesionales de los
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.