Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 127825
LM
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVI
Causa N° 127825; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº10 - LA PLATA
GOTTFRIT HUGO MARCELINOC/ CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA DE LA PLATA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.)
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los treinta días del mes de octubre de dos mil veinte, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 127825, caratulada: "GOTTFRIT HUGO MARCELINOC/ CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA DE LA PLATA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.)" , se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS .
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 787/800?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
I– La sentencia de primera instancia rechazó la demanda interpuesta por Hugo Marcelino Gottfrit -hoy su sucesión- contra el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata; impuso las costas del proceso a la parte actora y difirió la regulación de honorarios para el momento en que el decisorio adquiera firmeza (fs. 787/800).
II. Esta forma de decidir es apelada por los herederos del actor, mediante presentación del Dr. Emiliano Russo invocando el art. 48 CPCC (fs. 304) ratificado en tiempo y forma (fs. 808/809). Concedido el remedio (fs.305), fue debidamente fundado en esta instancia (presentación electrónica del 7 de agosto de 2020). Ordenado el traslado (proveído del 10 de agosto de 2020), hubo réplica del Club demandado (presentación electrónica del 19 de agosto de 2020) y la sindicatura (presentación electrónica del 28 de agosto de 202). Luego, se llamó autos para sentencia (proveído del 31 de agosto de 2020).
III. Se agravian los herederos del legitimado activo por cuanto catalogan el examen efectuado por el a quo sobre los elementos probatorios producidos de erróneo, absurdo, arbitrario y parcializado.
Agregan que la sentenciante supone la ineficacia del instrumento base de la acción, sin tener para ello el acabado fundamento fáctico-jurídico que sustente tal criterio, lo que la torna ilegítima y contraria a derecho.
Refieren que el fallo peca por exceso al poner en cabeza de su parte la acreditación del cumplimiento de una supuesta obligación contractual, cuando de la lectura del convenio se advierte que se reconocieron los servicios prestados de intermediación, sin que surja del aquél obligación futura alguna. También que peca por defecto al prescindir de los efectos jurídicos del acuerdo ante quien actuó de buena fe.
Detalladamente se duelen de la determinación de inexistencia de fuerza vinculante del convenio para obligar al Club demandado, en el entendimiento que no resulta probado que su suscripción por parte del vicepresidente primero y secretario general –en ejercicio de funciones que le son propias de acuerdo al estatuto e invocando la representación del Club Gimnasia-, resulte invalido o insuficiente para obligarlo, como tampoco pudo revertirse la presunción de buena fe que alcanza a la parte actora por imperio de las previsiones del derecho común.
Califican de “llamativo” el extravío del libro de actas correspondientes, reclamando que no pueden cargarse las consecuencias de la negligencia de la demandada ante ello en demerito de la posición de la parte actora, sino que debe ser la accionada quien sufra las consecuencias disvaliosas del incumplimiento básico de sus deberes y que no resulta procedente la inversión efectuada.
Advierten que el Club Gimnasia estaba obligado a custodiar el Libro de Actas y tenía la carga de aportarlo al expediente a fin de dilucidar la verdad de los hechos, resultando pertinente extraer de su omisión presunciones en su contra, en base a lo dispuesto por el art. 386 de la ley adjetiva.
Agregan que se dejó en total estado de indefensión a su parte ante el desconocimiento efectuado en la contestación y que queda librado a la discrecionalidad del accionado la suerte de la contraparte en este y todos los casos, al ser ocultada la constancia que puede tener decisiva influencia en el esclarecimiento de la verdad jurídica.
Adunan que el estatuto no prevé ninguna forma particular para el reemplazo temporario en las funciones del Presidente por parte del vice Presidente Primero y que del libro de asistencias acompañado surge que la reunión de Comisión Directiva posterior celebrada luego de la suscripción del acuerdo, fue encabezada por Daniel Roberts –vicepresidente y firmante del convenio- y no por el Presidente Domínguez, extremo éste que el sentenciante tergiversa y del que deriva una posición contraria a la de esta parte sin el menor fundamento.
Destacan que en el mes de septiembre de 2001, en meses anteriores y subsiguientes, y conforme el libro aludido, surge la ausencia del Sr. Domínguez en reuniones de Comisión Directiva y su celebración sin otro acto formal que el simple hecho que las mismas sean encabezadas por el Sr. Robert. Que ante ello y la presunción generada por la ausencia del libro de actas, surge que el accionar de quienes suscribieron el acuerdo se encontraba respaldado por el seno de la Comisión Directiva.
Señalan que el testimonio del entonces vicepresidente abona lo afirmado en cuanto depone que “…la comisión directiva estaba en conocimiento de la firma del convenio del Sr. Gottfrit. Fue tratado y aprobado en la reunión, no recuerdo en qué fecha…”.
Entienden que el único medio probatorio suficientemente asertivo para descalificar la idoneidad del acuerdo suscripto y ese testimonio, era el Libro de Actas extraviado.
Arguyen que en modo alguno puede imponerse al señor Gottfrit la obligación de compulsa de los libros internos de la Entidad demandada a los que no se tiene acceso público, para poder corroborar que quienes detentaban públicamente los cargos de Vicepresidente Primero y Secretario General actuaban o no en base a la representación invocada con la anuencia de sus pares.
En la misma línea argumental agregan que la hipótesis subyacente de exceso en el mandato por parte de los representantes de una asociación civil no puede ser opuesta al tercero de buena fe como lo es el actor, y este extremo no fue probado por la contraparte.
Destacan que las cartas documento acompañadas al contestar demanda, han sido refrendadas por el Secretario General, pero han sido suscriptas por dos personas distintas (Muñoz y Capdebharte) en representación de la entidad, lo que una vez más denota la informalidad del reemplazo del Presidente y su Vice Primero.
Además, dicen, el convenio no sólo fue suscripto por el Vicepresidente Primero, sino que ha sido refrendado por el Secretario General quien conforme el art. 72 de su estatuto cumple esa función.
Califican como forzado el razonamiento del a quo respecto de la falta de prueba sobre la ausencia del presidente el 19 de septiembre, dado que en esa fecha no hubo reunión y que en la del 24 del mismo mes Domínguez no estuvo presente.
Alegan en sus fundamentaciones la doctrina de la apariencia como una de las derivaciones cardinales del principio de buena fe contractual y el principio de equidad, sosteniendo que el decisorio de la instancia solo hizo una mención ligera al tema.
En ese entendimiento y aun reputando como no probado el reemplazo por parte de los firmantes de la función del presidente o a todo evento de la propia Comisión Directiva, recalcan que el obrar del Sr. Gottfrit se ajustó a los cánones usuales tanto de lo que a su accionar y diligencia correspondían, como de los representantes del Club Gimnasia.
Insisten en que en este tipo de negocios jurídicos son importantes la simbología, el uso de espacios, marcas, formularios de no modo público y sin contradicción por quien pudiera oponerse válidamente a ello, tal como sucedió en este caso concreto y en que la omisión de cierto requisito estatutario, en tal caso, no es imputable a su parte.
Acusan que el a quo ha obviado casi por completo que cuando mayor sea la apariencia de seguridad, mayores son las expectativas que genera y que por ello quien la brinda debe hacerse cargo -en virtud del deber de seguridad- de las obligaciones emergentes de esa conducta habitual.
Adunan que las aristas significativas que rodearon a la suscripción del acuerdo, la doctrina de la apariencia busca tutelar la seguridad dinámica de un tercero que actuó de buena fe confiando en lo que verosímilmente se le presentaba como cierto, anteponiéndola a la seguridad estática de quien alega una representación o un derecho que no tiene y del mandante o titular del derecho, que permite que tales apariencias se muestren en su establecimiento o ante su vista, sin hacer nada para evitarlo o acotar tal posibilidad. En este sentido consideran que las defensas intentadas por la demandada, desconociendo el instrumento suscripto basado en la falta de acreditación de la ausencia temporal del presidente y en el extravío del libro de actas, resultan insuficientes para restar legitimidad al reclamo materializado.
Alegan que no puede excusarse al Club en desconocer el accionar de los que suscribieron, máxime ante los cargos que ellos detentaban y ante el extravío de las actas respectivas para sostener esa postura.
Reclaman en la evidente ausencia de culpa de su parte y ante una situación de representación aparente verosímil, quien ha cometido un error invencible o, al menos, un error común, puede invocar en su favor el adagio error comunis facit ius frente a quien permitió que otra persona actuase de tal manera que razonablemente indujo a creer que lo hacía en su nombre.
Se disconforman también de lo que sindican como examen antojadizo de los elementos probatorios, destacando que del convenio no surge la existencia de obligación alguna pendiente de cumplimiento por su parte con posterioridad a la suscripción y que del propio convenio se desprende el reconocimiento de las tareas de intermediación efectuadas antes de su suscripción.
Finalmente, señalan que el contrato –cuya existencia fue reconocida en la sentencia- resulta autosuficiente para acreditar las gestiones del intermediario atento el expreso reconocimiento del deudor, por lo que hace plena prueba de lo allí consignado.
IV. Liminarmente, corresponde abordar el planteo relativo a la insuficiencia del recurso opuesto por la demandada en el traslado del memorial del actor (presentación electrónica del 19 de agosto de 2020, punto II).
Al respecto, ha de decirse que el escrito de los herederos del accionante (presentación electrónica del 7 de agosto de 2020) ha superado el examen de admisibilidad, toda vez que se analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (art. 18 C.N.; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, pág. 175 a 180).
V– Al igual que lo decidido en la instancia anterior y que no fue debatido por las partes, la presente acción se analizará desde la perspectiva del Código Civil anterior, por ser la ley aplicable tanto al momento de la suscripción del convenio como de la denuncia de venta de jugador Lucas Armando Lobos del Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata a Cádiz C.F. S.A.D. de España (arts. 3 CC; 7 CCyC).
VI. Llega firme a esta instancia la existencia del convenio suscripto el 19 de septiembre de 2001 por el actor fallecido por un lado y Walter Pernas y Daniel Robert por el otro, quienes invocaron la representación del Club demandado.
En aquel se reconoce, para el supuesto de una transferencia del jugador antes mencionado a cualquier otra institución del país o el extranjero, el pago al legitimado activo del 5% del monto percibido por la institución, luego de deducidos todos los gastos que correspondan (fs. 4).
En cambio, se encuentra controvertida la capacidad de obligar al demandado de quienes firmaron el instrumento por parte del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, como así también la operatividad del mismo en virtud a distintas cuestiones como lo son su aprobación por la comisión directiva y la existencia de una contraprestación por parte de Gottfrit.
En síntesis, el caso en estudio trata de la pretensión de pago de Hugo Marcelino Gottfrit en concepto de reconocimiento por la venta del jugador Lucas Armando Lobos al Club Cádiz C.F. S.A.D. de España, basando su reclamo en el convenio referenciado (fs. 68/78), mientras que el accionado rechaza la legalidad del reclamo en función a cuatro cuestiones que considera centrales: la ausencia de fecha cierta, la falta de certificación de las firmas, que no es producto de una decisión regular de la Comisión Directiva y que uno de los firmantes carecía de atribuciones estatutarias para tal accionar (fs. 142/151).
La sentencia de grado a su turno rechazó la acción incoada por no encontrar acreditados los hechos invocados por el legitimado activo. En efecto, destaca que “No habiéndose probado las gestiones de intermediación invocadas por el Sr. Gottfrit y toda vez que el documento acompañado carece de fecha cierta a la par que no se encuentra rubricado por las autoridades que exige el Estatuto del Club para una contratación de ese estilo ni acreditado que el Presidente de la institución se encontraba impedido de ejercer sus funciones y en razón de todo lo expuesto, se impone el rechazo de la demanda” (punto 11 fs. 787/800).
Bajo esta plataforma fáctica y jurídica es que cabe abordar los agravios de los herederos del accionante.
Para ello encuentro central determinar la carga de la prueba que le cupo a cada una de las partes a raíz de su posición, reclamos, defensa y argumentaciones en este proceso.
En este extremo, no resulta ocioso destacar que el art. 375 C.P.C.C. pone en cabeza de la parte que afirma la existencia de un hecho controvertido el acreditarlo, agregando que cada contendiente deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción.
Por su parte, nuestra Suprema Corte tiene dicho al respecto que “El artículo 375 del CPCC dispone un principio procesal de ineludible cumplimiento para las partes, cual es la carga de la prueba, al sostener que cada uno de los litigantes deberá probar los extremos fácticos de las normas que invocan – y que pretenden subsumir – como sustento de su pretensión, defensa o excepción. Por tal motivo, tienen que aportar a la causa los elementos de convicción que justifique la legitimidad de su reclamo” (SCBA LP C 120605 Sent. del 07-III-2018 Juez Pettigiani SD).
Asimismo, “La formación material de conocimiento en el proceso constituye una carga de las partes y condiciona a la actuación del Juez. De su actividad depende que sus pretensiones sean admitidas o rechazadas, de modo que, junto a la carga de la afirmación de los hechos, tienen la carga de la prueba de los mismos, cuando no fuesen reconocidos o se trate de hechos notorios. Pesa sobre las partes el imperativo del propio interés de aportar la prueba de sus afirmaciones o, en caso contrario, soportar las consecuencias de su omisión” (Conf. esta Cámara, Sala III causa 123399, RSD 158-18, sent. del 16/08/2018).
“El principio de la carga de la prueba contiene una regla de conducta para el juzgador e implica este principio la auto responsabilidad de las partes por su conducta en el proceso, al disponer de libertad para llevar o no la prueba de los hechos que la benefician y la contraprueba de los que, comprobados por el contrario, pueden perjudicarlas (Sup. Corte Bs. As., 17/10/1990, "Del Bueno, Roberto v. Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa", 30/5/2012, "S., S. v. B., d. s/ Demanda contencioso administrativa" y 22/8/2012, "Díaz, Roberto Ismael v. Caja de Seguridad Social para Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa. Tercero: Argentina Salud y Vida SA", Juba sumario B80408). Constituye así, una imposición de la relación procesal a las partes, para que observen determinadas conductas, pero al mismo tiempo, aparece como una regla para el juzgador, indicándole como debe fallar cuando faltare la prueba de los hechos (Sup. Corte Bs. As., DJBA 117-266; C. Civ. y Com. Lomas de Zamora, sala 3ª, 24/11/2010, "Bustos, Miguel v. Expreso Arseno SRL s/ Daños y perjuicios", Juba sumario B3750638). Las partes asumen, por lo tanto, la carga de aportar la prueba de sus afirmaciones, en caso contrario, soportar las consecuencias, de incumplir ese imperativo que hace a su propio interés (Sup. Corte Bs. As., DJBA 131-133 o LL 1987-C-423; C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 3ª, 21/9/2006, "Zendri, Horacio Néstor v. Benedetti, Fabricio y otros s/ Daños y perjuicios", Juba sumario B354345; C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 1ª, 6/2/2003, "Consorcio Calle Rivas 4716/36/66/88 v. Zamorano, José s/ Ejecución Expensas", Juba sumario B1352727)” (Conf. Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación comentados y anotados. Augusto Mario Morello, Gualberto Lucas Sosa y Roberto Omar Berizonce. Editorial Abeledo Perrot, v. esp. comentario art. 375 CPCC).
Esta carga procesal, como se desprende de la norma aludida, no traslada solo al actor la obligación de arrimar al proceso medios que fundamenten los hechos por él desarrollados. También, si la parte demandada ensaya afirmaciones de descargo, presenta su propia versión de los hechos, alega una calidad jurídica distinta de la imputada en la demanda, o deduce una excepción, soportará esa carga sobre los presupuestos de hecho afirmados pues, en definitiva, "quiere modificar el estado normal de las cosas" (Conf. esta Sala, sent. del 21/9/00. "Jurisprudencia", n° 94, p. 94).
La Suprema Corte de Justicia de esta Provincia tiene dicho en este punto que “La carga corresponde no a quien niega un hecho sino a quien lo afirma, a no ser que la negativa encierre en sí una afirmación contraria. La alegación de un hecho negativo no releva de la prueba a quien lo aduce, si aquél es presupuesto de actuación de la norma que esa parte invoca a su favor” (SCBA, 5/VII/78, DJBA, 116-345).
En el mismo sentido, se ha dicho que “cada parte soporta la prueba de los recaudos (aún los negativos) establecidos por las normas sin cuya aplicación no puede tener éxito la pretensión. Es que, en principio, no son las negaciones sino las afirmaciones las que deben ser probadas. Y como es sabido, en esta materia la insatisfacción o incumplimiento de la carga de la prueba, acarrea al incumplidor la consecuencia adversa a la que perseguía con la inicial intención de probar” (conf. esta Cámara, Sala III causa 105243, RSD 8-06, sent. del 14/2/2006).
En estas actuaciones Hugo Marcelino Gottfrit alega la existencia de un contrato - del que da por sentada su legitimidad - mientras que el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata niega su validez.
Ahora bien, de la aplicación de estas reglas al caso en estudio encuentro que la entidad deportiva es la que carga con la prueba de la ineficacia alegada como defensa central.
Ello de ningún modo ha de traducirse en ubicarlo en la incómoda posición de acreditar un hecho negativo –es decir, algo que no sucedió y que por ende sería una faena de dificultosa y hasta imposible por parte del litigante–, sino que se trata de comprobar que el instrumento no cumplió en el caso concreto con las formalidades que requiere la ley, estatuto u otras normativas.
Encuentro evidente entonces que es el Club demandado quien se encuentra - sumado su ya señalada carga de probar -, en mejor posición de arribar elementos probatorios en dirección de evidenciar la ausencia de aprobación por parte de la C
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