Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 121537
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca el decisorio apelado de fecha 06/02/2023 y se declaran inoficiosas -a raíz del fallecimiento del demandado con fecha 05/06/2016- las intimaciones ordenadas por el Juzgado en los términos del art. 315 del CPCC, debiendo la sentenciante de grado expedirse en forma expresa en los términos previstos por los arts. 43 y 53 inc. 5 del CPCC. Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado, en atención a la forma en la que se decide y por tratarse de agravios generados de oficio (arts. 68, 69, 274, CPCC).
Sentencia Interlocutoria
Causa N° 121537; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº10 - LA PLATA
REINA CHRISTIAN ARIEL C/ FERARESI JULIO ANTONIO S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.) (109)
La Plata, en la fecha de la firma digital.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Vienen las presentes actuaciones a efectos de tratar el recurso de apelación incoado por la parte actora a través de su letrado apoderado el 14/02/2023, contra la resolución del 06/02/2023. El medio de impugnación se concedió el 15/02/2023 -providencia que no fuera notificada de manera automatizada- y se fundó en el memorial de agravios del 28/02/2023.
2. El decisorio puesto en crisis decretó -de oficio, es decir, sin acuse de parte- la caducidad de instancia en este proceso (art. 315 Código Procesal Civil y Comercial -en adelante, CPCC-, modif. por ley 13.986), e impuso las costas a la parte actora. Para así fallar, señaló que en la causa habían transcurrido dos plazos de inactividad procesal -en los términos del art. 310 del CPCC-, siendo el primero de ellos aquél que motivó la intimación de caducidad que se efectuó en fecha 03/02/2022, y vislumbrándose el segundo en el acto del dictado del pronunciamiento; a su vez, tuvo en miras la perentoriedad de los plazos dispuesta por el art. 155 del CPCC así como que no se habían producido actos interruptivos (ver resolución del 06/02/2023).
3. En muy ajustada síntesis, se disconforma la recurrente por cuanto entiende que la caducidad de la instancia opera cuando la parte interesada carece presumiblemente de interés en su prosecución, presupuesto fáctico que -afirma- no se configura en las presentes actuaciones.
Manifiesta que a hojas 79 obra informe del Registro de las Personas en torno a si se halla registrado el deceso del demandado Julio Antonio Ferraresi; que siempre tuvo intención de seguir con el presente proceso y pese a las diligencias realizadas no se ha podido establecer si la demandada tiene herederos, ya que -según documental en “.pdf” que ahora adjunta- no habría sido iniciado proceso sucesorio.
Estima que la sentenciante ha incurrido en un error en su análisis, habida cuenta la dificultad para poder establecer la existencia o no de herederos de la contraria, pudiendo haber ordenado el libramiento de un mandamiento de constatación en virtud de sus facultades instructorias y ordenatorias del proceso.
Considera que es menester continuar con el procedimiento hasta tanto puedan establecerse la existencia de herederos y en su defecto la vacancia del acervo, y que sostener la resolución atacada violaría sus derechos de propiedad y defensa en juicio (ver memorial del 28/02/20/23).
4. En forma liminar, cabe reparar que la caducidad de la instancia es un instituto procesal cuyo fundamento objetivo es la inactividad de los contendientes por un tiempo determinado y su finalidad tiende a propender la agilización del servicio de justicia, evitando la duración indefinida de los juicios, cuando las partes abandonan presumiblemente el ejercicio de sus pretensiones (esta Sala, causas B-75788, RSD 166/93 del 30/06/93; 128587, RSI 4/21, sent. int. del 02/02/2021; 131380, RR-172-2022, sent. int. del 10/05/2022).
La perención no es un acto, sino un hecho: se trata del transcurso del tiempo sin realizar actos procesales, dentro de un proceso pendiente (esta Sala, causa B-80.415, RSD 71/95 del 04/04/95; causa B-82.453, RSD 22/96; causas 128587 y 131380 citada, e/o).
La interpretación y análisis de la caducidad de instancia debe ser estricta y orientada a mantener la vitalidad del juicio, en atención a las consecuencias que de aquélla se derivan (esta Sala, causa 105011, RSI 172/05 del 28/06/2005; causa 127663, RSD 111/2020 del 23/07/2020; causa 127928, RSI 260/2020 del 17/09/2020, e/o). Es que su aplicación aniquila un derecho de jerarquía constitucional, cual es el de propiedad, unida a la defensa en juicio, por lo que la interpretación del texto legal debe hacerse, como se dijo, restrictivamente, y por ello sigue que en caso de duda sobre si ha operado la caducidad de instancia, debe considerarse no operada (Morello, Sosa, Berizonce, “Códigos…”, Tomo 4A, págs. 95/96, 1989; esta Sala, causas 128587 y 131380 cit.).
5. Cabe adelantar que asiste razón a la parte apelante, pues existen circunstancias que impiden en el caso particular el progreso del instituto de la caducidad de instancia. Veamos.
5.A. En el presente caso, se advierte que el demandado se encontraba fallecido -desde el 05/06/2016-, hecho puesto de manifiesto por el oficial notificador en la cédula obrante a hojas 74, y comprobado a través del informe obtenido por el Juzgado de la base de datos habilitada por el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) que fuera transcripto en el proveído del 08/02/2022.
Es decir, según sendas providencias dictadas por Secretaría (art. 38, CPCC) con fechas 02/09/2021 y 08/02/2022, el órgano jurisdiccional había tenido presente y hecho saber dicha circunstancia.
5.B. En este tramo del análisis, debe recordarse que el art. 43 del CPCC establece que: “Cuando la parte que actuare personalmente falleciere o se tornare incapaz, comprobando el hecho, el juez o tribunal suspenderá la tramitación y citará a los herederos o al representante legal en la forma y bajo el apercibimiento dispuesto en el artículo 53°, inciso 5”.
Es decir, decretar la suspensión allí prevista, así como disponer las medidas conducentes tendientes a la debida integración de la litis a los efectos de su continuación, constituyen un deber del sentenciante que no puede quedar sujeto a la petición de la parte interesada.
En este contexto, la Suprema Corte de Justicia provincial ha resuelto reiteradamente que la muerte de una de las partes tiene efectos suspensivos sobre la perención (conf. causas L. 5470, 30/11/1965, en “Acuerdos y Sentencias”, 1965-III-434; Ac. 79314, sent. del 05/12/2001, “Figueira”, en JUBA sum. B25997; Ac. 69629, sent. del 08/09/2004, “Costa Perktold”, en JUBA sum. B27572; B 56720, sent. int. del 08/06/2005, “Muñoz”, en JUBA sum. B91585).
5.C. Conforme lo anterior, se verifica el supuesto contemplado en el art. 313 inc. 3 del CPCC desde que restaba el cumplimiento de un acto procesal en cabeza del órgano jurisdiccional.
Por consiguiente, no se pueden tener por configurados en estos obrados los plazos de inactividad a los que refiere el decisorio apelado (arts. 310, 313, 315 cit. CPCC).
6. Por lo tanto, se concluye que a la fecha en que se dictó la caducidad de instancia (ver resolución del 06/02/2023), este modo de culminación del proceso no se había producido y, por lo tanto, la perención ha sido mal decretada (art. 317 CPCC).
En consecuencia, el resolutorio del día 06/02/2023 que declara la caducidad de instancia, debe ser revocado y dejado sin efecto, indicando también que las intimaciones ordenadas de oficio en los términos del art. 315 del CPCC devinieron inoficiosas a raíz del fallecimiento del demandado con fecha 05/06/2016, debiendo -por ende- la sentenciante de grado expedirse en forma expresa en los términos previstos por los arts. 43 y 53 inc. 5 del CPCC. Las costas de ambas instancias deben ser impuestas en el orden causado, en atención a la forma en la que se decide y por tratarse de agravios generados de oficio (arts. 68, 69, 274, CPCC).
POR ELLO, se revoca el decisorio apelado de fecha 06/02/2023 y se declaran inoficiosas -a raíz del fallecimiento del demandado con fecha 05/06/2016- las intimaciones ordenadas por el Juzgado en los términos del art. 315 del CPCC, debiendo la sentenciante de grado expedirse en forma expresa en los términos previstos por los arts. 43 y 53 inc. 5 del CPCC. Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado, en atención a la forma en la que se decide y por tratarse de agravios generados de oficio (arts. 68, 69, 274, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Firmas
Funcionario Firmante: 22/08/2023 08:13:28 - BANEGAS Leandro Adrian - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/08/2023 08:26:29 - HANKOVITS Francisco Agustín - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 22/08/2023 09:07:49 hs. bajo el número RR-397-2023 por AGUILERA MARIA FLORENCIA.
Fin de la sentencia