Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 135599
JS
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CASTILLO FLORENCIA XIMENA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.)
Causa: 135599
La Plata, 31 de Octubre de 2023.-
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1.a. Mediante resolución dictada el día 14 de julio de 2023 y en lo que aquí resulta sustancial, la Sra. Jueza de la instancia decretó la inhibición general de bienes de Florencia Ximena Castillo; y en virtud de que el accionante "no ha acreditado la inexistencia de bienes sujetos a embargo a nombre de la demandada", dispuso que dicha medida se mantenga "por el término de 90 días, debiendo en dicho plazo acreditar sumariamente que se realizaron las gestiones necesarias de las que emerjan que no existen bienes sujetos a embargo [...] bajo apercibimiento de evaluar el levantamiento".
1.b. Contra dicha forma de resolver se alzó la entidad actora, a través del recurso que viene fundado en la pieza del día 15 de agosto de 2023; donde comenzó por referir que la decisión vulnera su derecho de propiedad, protegido por el art. 17 de la Constitución Nacional, además de resultar arbitraria.
En ese sentido, expuso que lo resuelto constituye una declaración en exceso al límite de la competencia de la Sra. Jueza, antojadiza e infundada, lo cual conlleva a una decisión desacertada e injusta, pues al afirmar que su parte no ha acreditado la inexistencia de bienes sujetos a embargo a nombre de la demandada soslaya que, a los fines de solicitar una inhibición general de bienes, basta con la simple manifestación del peticionante acerca del desconocimiento de bienes en cabeza del deudor, es decir, no es necesario que se pruebe la inexistencia de los mismos, ni que se dé cuenta del resultado infructuoso de las gestiones desplegadas tendientes a conocer su eventual existencia.
En esa línea, afirmó que condicionar la vigencia de la inhibición general de bienes decretada en autos a la acreditación de la realización de gestiones de las que emerja que la demandada no posee bienes susceptibles de embargo, resulta arbitrario y contrario a las disposiciones legales vigentes, y afecta directamente el derecho de propiedad de mi parte al conminarlo a incurrir en una actividad investigativa respecto al patrimonio de la demandada, que conlleva incurrir en gastos innecesarios que deberán ser absorbidos por su parte y respecto de los cuales no existe certeza de su recupero, además que no tienen sustento en la normativa que regula el pedido de la referida medida cautelar
1.c. El día 28 de septiembre de 2023 presentó su dictamen el Adjunto de Fiscal de Cámaras, sugiriendo la confirmación de lo decidido.
2.a. La inhibición general de bienes es una medida precautoria de excepción, que impide la disposición de derechos sobre bienes inmuebles o muebles registrables y que inmoviliza el patrimonio del deudor (art. 228 del Código Procesal).
En otras palabras, la carencia o desconocimiento de bienes no necesita prueba alguna, bastando la sola manifestación del requirente de que no conoce bienes de propiedad del deudor (esta Sala, causas 93.889, reg. int. 102/00; 107029, RSD 23/07, del 06/03/2007).
2.b. Así pues, no obstante la loable finalidad que pudo haber tenido en cuenta la juzgadora al tiempo de proveer como lo hiciera -en resguardo del consumidor-, lo cierto es que tal decisión no encuentra respaldo normativo puntual alguno, toda vez que la mentada previsión legal y el art. 532 del CPCC no supeditan la vigencia de aquella a la acreditación del extremo invocado en su pronunciamiento (arts. cits. y 207 del CPCC).
Y ello es así pues, aun cuando la interpretación aplicable a los contratos que vinculen a prestadores de bienes y/o servicios con dichos sujetos de tutela preferente debe hacerse, en supuestos de duda, con la óptica puesta primordialmente en la protección de éstos últimos, la citada hermenéutica no puede llevarse -por regla- al punto de exigir, como en este caso, recaudos que la ley no impone, ni recortar de manera indebida la protección del crédito del acreedor, en cuyo favor también existe esta especial vía procesal y las medidas tendientes a su aseguramiento (arts. 1, 2, 3 y ccs. de la ley 24.240; 1093, 1094, 1095 y ccs. del Código Civil y Comercial; 228, 521, 532 y ccs. del CPCC).
2.c. Por otro lado, no huelga referir que en el eventual caso que la Titular del órgano jurisdiccional pretendiese, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios, recabar información sobre bienes de la accionada (art. 204 del CPCC), los órganos jurisdiccionales cuentan con la posibilidad de acceder y consultar información de los Registros de Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, a fin de averiguar -por medio del número del Documento Nacional de Identidad- el/los automotor/es de titular dominial de una persona determinada (Res. 2654/19 SCBA); como así también con la facultad de efectuar una "Consulta al Índice de Titulares" del Registro de la Propiedad Inmueble local, mediante el simple llenado y envío del formulario respectivo.
Finalmente, habremos de poner de resalto que en el eventual e hipotético supuesto que la Sra. Castillo entendiese que ha mediado abuso en el accionante o exceso en el derecho que la ley otorga para obtener la medida, cuenta con la especial vía prevista en el art. 208 del CPCC; circunstancias todas que terminan por convencernos de la viabilidad del planteo recursivo (arts. cits.; y 164 del CPCC).
POR ELLO, oído el Fiscal de Cámaras y por los fundamentos expuestos, corresponde revocar la resolución dictada el día 14 de julio de 2023 en cuanto establece que la inhibición general de bienes decretada es "por el término de 90 días" e impone a la accionante que dentro de dicho plazo acredite "sumariamente que se realizaron las gestiones necesarias de las que emerjan que no existen bienes sujetos a embargo [...] bajo apercibimiento de evaluar el levantamiento". Las costas se imponen en el orden causado, atento tratarse de un agravio generado de oficio y la suerte favorable del planteo revisor (art. 68, 69 del CPCC). REGISTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia