Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 135587
YAN
En la ciudad de La Plata, a los 19 días del mes de Diciembre de 2023 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BELTRAME GUADALUPE MILAGROS S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, etc.) " (causa: 135587 ), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la apelada sentencia de fecha 05/05/2023?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
1. Antecedentes.
1.1. El juez de primera instancia dicto sentencia: I. Haciendo lugar a la demanda por cobro sumario de sumas de dinero interpuesta por el Banco de la Provincia de Buenos Aires contra Guadalupe Milagros Beltrame. En consecuencia, condeno a ésta última a que en el plazo de diez (10) días de quedar firme abone a la parte actora la suma de pesos trescientos cincuenta y seis mil setecientos dos con cuarenta y tres centavos ($356.702,43 = $265.987,28 por la deuda de tarjeta de crédito + $90.715,15 por el mutuo que prospera), con más los intereses que se calcularán sobre la sumas de $265.987,28, desde el 02/08/2021 y de $90.715,15, desde el 30/01/2020 y hasta el efectivo pago, en ambos casos, a la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el Banco Central de la República Argentina, vigente a la fecha de celebración de los contratos. II. Impuso las costas a la demandada.
Cabe agregar que con relación a los tres prestamos reclamados por la actora, tramitados por vía electrónica, ha rechazado la demanda.
1.2. Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación el banco actor, quien expreso agravios, los que no fueron contestados.
Al fundar el recurso, el Banco apelante cuestiona la valoración de la declaración de rebeldía efectuada en la sentencia con relación al rechazo de los tres préstamos electrónicos reclamados, la aplicación de la regla que distribuyen la carga de la prueba y la interpretación que se hizo de la realización y prueba de los contratos electrónicos formalizaos por la actora a través de medios electrónicos, al considerar que el certificado de deuda no se ha expedido “de conformidad con los términos de un contrato bancaria o la prueba de la formalización de uno de ellos”. Además, cuestiona el fundamento de la sentenciante, cuando sostiene que la pulsación de la tecla aceptar no puede asimilarse a una firma digital y/o electrónica que permita tener por válido el contrato, la aplicación de la regla “in dubio pro consumidor” y a la no producción de la prueba pericial, por haberse obtenido la declaración de la cuestión como de puro derecho.
También critica la morigeración de intereses.
1.3. Tomó vista el Fiscal quien en su primera intervención sólo se notificó de la sentencia y cuando se le corrió nueva vista en esta instancia propicio la no admisión de la capitalización de intereses por financiación e intereses punitorios, lo cual no ha merecido observación alguna.
1.4. Se dictó el pronunciamiento de "autos para sentencia", el que está firme y consentido.
II. Tratamiento de los agravios.
2.1. Rechazo de los contratos electrónicos. Improcedencia. Su admisión.
2.1.1. Con relación a la deuda reclamada por los préstamos BIP 335-76258163 -obtenida a través de la Banca Internet Provincia (BIP)-, ATM 335-83449519 y ATM 335-82993274 -gestionados por medio de un cajero automático-, sus condiciones de contratación, los montos de acuerdo a precalificación, las cuotas, los plazos y las tasas de interés aplicables para los préstamos modalidad BIP (gestionados a través de Banca Internet Provincia) surgen del Digesto Administrativo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, parte V, Capítulo 5, de la normativa de préstamos precalificados para empleados de la administración pública y de los términos y condiciones para préstamos tramitados por canales electrónicos que han sido adjuntados a la demanda en formato digital, y que no han sido expresamente desconocidos a tenor de la carga que impone el art. 354 inc. 1, del ordenamiento ritual, por lo que se impone la consecuencia que establece la parte final de dicha norma, en cuando dice: “En cuanto a los documentos se los tendrá por reconocidos o recibidos, según el caso”.
Cabe agregar que -tal como se dijo en la demanda- dichos términos y condiciones se encuentran insertos en el sistema informático de los distintos tipos de préstamos solicitados a través de canales electrónicos, debiendo ser aceptados en pantalla por el usuario para poder acceder a los mismos; generándose un documento electrónico que queda a disposición del usuario.
Pese a ello, y a la rebeldía decretada y firme que se ha decretado en autos respecto del demandado, que si bien no altera la secuela regular del proceso -ya que la sentencia debe ser pronunciada según el mérito de la causa-, constituirá presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración (art. 60, C.P.C.C.), la jueza de origen consideró que la rebeldía no altera las reglas relativas a la distribución de la carga de la prueba (con cita del art. 375, C.P.C.C.) -pese a que antes había declarado la cuestión como de puro derecho, oportunidad en la que pudo haber analizado la necesidad de probar-, que tratándose de una relación de consumo el Banco actor es quien se encuentra en mejores condiciones de probar los extremos fácticos alegados en la demanda (con cita del art. 1735, C.P.C.C.), y que en su condición de proveedor debió “aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio” (con cita del art. 53, ley 24.240). Agregó que ello torna operativo el concepto de "carga dinámica de la prueba" o "prueba compartida", consistente en hacer recaer en ambas partes la obligación de aportar elementos de juicio al juzgador, privilegiando la verdad objetiva sobre la formal para brindar la efectiva concreción de la justicia (con cita de la doctrina sentada por SCBA en la causa C. 117.760, “G., A. C. contra Pasema S.A. y otros s/Daños y perjuicios"), y estimando insuficiente la documental aportada, por considerar que tales piezas en modo alguno importan un certificado de deuda expedido de conformidad con los términos de un contrato bancario o la prueba de la formalización de uno de ellos (con cita de los arts. 1378, 1384 y cctes. del C.C.C.N.).
La fundamentación es aparente y no ajustada a derecho, tal como se pasará a explicar.
Tengo presente que: a) en la sentencia se tuvo por cierto que de la prueba documental, en la página 48 del archivo adjunto en formato pdf acompañado con la demanda obra lo que sería una "consulta de saldos y/o movimientos" en la que puede leerse que el día 02/08/2017 se habrían acreditado $100.000 en concepto de préstamo, figurando como titular la aquí demandada (préstamo por BIP); y b) en la sentencia también se consideró que en las páginas 49/51 se observa un listado histórico que correspondería al crédito 0014-5017-335-76258163; en la número 52, un instrumento que daría cuenta de lo que se indica como "altas efectivizadas de Préstamos Precalificados por ATM"; en la 54, una nueva consulta de saldos y/o movimientos; en la 55, el listado histórico que pertenecería al préstamo 0014-5017-335-83449519 y en la 58 el del número 0014-5017-335-82993274 (préstamos por ATM).
Ello es complementado -aspecto no tratado concretamente- con la siguiente documentación en soporte digital, que no ha sido cuestionada por el demandado: a) Certificado saldo deudor préstamo BIP 335-76258163, del 14/9/2021, por la suma de $ 61.261, que ha ingresado con fecha 31/01/2020 a mora; b) “contrato de préstamo bancario” por la suma de $ 100.000 a devolver en 48 cuotas mensuales; c) Certificado Saldo del Préstamo ATM 18 meses 335-83449519 por la suma de $ 3358,42, de fecha 14/9/2021, que ha sido ingresado con fecha 31/1/2020 a mora; d) Certificado Saldo del Préstamo ATM 12 meses 335-82993274 por $ 1568,80 de fecha 14/9/2021, con mora del 31/01/2020; e) consulta de saldos que dan cuenta de los depósitos de dichos prestamos.
Cabe agregar que en la demanda se afirmó -y que ello no fue negado por la contraria- que: a) el Banco de la Provincia de Buenos Aires le otorgó a la demandada, a través de Banca Internet Provincia la suma de $ 100.000, lo cual fue acreditado en la caja de ahorros de la accionada tal como surge del incuestionado detalle adjuntado por la actora y del cual queda un saldo de $ 61.261,60 conforme certificado de deuda prealudido; b) se otorgó a la demandada un préstamo por canal electrónico en el marco de la normativa contenida en el Digesto Administrativo para empleados de la administración pública que perciben sus salarios a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se gestionó a través de terminal de cajero automático por al suma de $ 5000, pagadero en 18 cuotas mensuales y acreditado en la caja de ahorros de la accionada el 12/4/2019 tal como surge de incuestionado detalle adjuntado por la actora, del cual surge un saldo deudor de $ 3358,42 al 31/01/2020 que da cuenta el certificado adjunto; y c) se otorgó a la demandada un préstamo por canal electrónico en el marco de la normativa contenida en el Digesto Administrativo para empleados de la administración pública que perciben sus salarios a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se gestionó a través de terminal de cajero automático por al suma de $ 5000, pagadero en 18 cuotas mensuales y acreditado en la caja de ahorros de la accionada el 13/3/2019 tal como surge de incuestionado detalle adjuntado por la actora, del cual surge un saldo deudor de $ 1568,80 al 31/01/2020 que da cuenta el certificado deudor agregado con la demanda (arts. 59, 60, 354 inc. 1 y 384, C.P.C.C.).
Con estos elementos, frente a lo normado por los arts. 61 -la rebeldía constituye presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por el banco-; 354 inc. 1 -el silencio del demandado permite estimar como reconocimiento de verdad de los hechos pertinentes y lícitos de la demanda y, en cuanto a los documentos, se los tendrá por reconocidos- 357 y 358 -la apertura a prueba procede cuanto hubiere hechos conducentes acerca de los cuales no hubiere conformidad entre las partes o si el juez lo considere necesario- y la declaración de la causa como de “puro derecho”, no se observa que lo normado por el art. 375 del ordenamiento ritual en orden a la carga de la prueba se viole con la admisión del reclamo, ni que el banco demandado -quien indudablemente esta en mejores condiciones de probar- haya omitido adjuntar elementos que impidan acceder al reclamo o no haya colaborado en el esclarecimiento de la verdad. La “carga dinámica” de la prueba tampoco sirve de sustento para la solución adoptada, ya que no se ha privilegiado la verdad formal por encima de la verdad objetiva, sino que se trata de un exceso de formalismo que no hace aplicable la doctrina consagrada por la SCBA en el caso “Pasema”, donde se trató de una controversia donde la prueba no se pudo producir por la actitud de la actora, quien había destruido el material probatorio (aquí la prueba no se produjo porque no hubo controversia y el juez consideró la cuestión como de “puro derecho”). Es más, cuando la jueza declaró la cuestión como de “puro derecho” pudo haber analizado la necesidad de abrir la causa a prueba y proveer la prueba pericial e informativa ofrecida por la actora, en lugar de hacerlo al momento de dictar sentencia. Ello no sólo hace a la seguridad jurídica, sino que hace a una mejor conducción del proceso (arts. 34 inc. 5 y 36 inc. 2, C.P.C.C.).
En cuanto a que los certificados de deuda y constancia de depósito en la cuenta de la actora de las sumas prestadas, no reúnen los términos de un contrato bancario o la prueba de la formalización de uno de ellos, no comparto tal afirmación que contiene la sentencia apelada, ya que no hay norma que regule el contenido de los certificados de deuda por tales préstamos -a diferencia del que se emite con motivo del certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria (art. 1406, C.C.C.N.)-, sin perjuicio de que dichos instrumentos son indicios suficientes sobre la celebración de los contratos invocados en la demanda, lo cual se suma a los efectos del silencio y posterior rebeldía (arts. 163 inc. 5, 60, 354 inc. 1, C.P.C.C.).
Frente a ello, y lo normado por los arts. 1, 2, 288, 1105, 1106 y 1378 del C.C.C.N.; 1, 3, 5, 6 y 11 de la ley 25.506 y comunicaciones A-6068 del 16/9/2016, puntos 1.1.5, 3.4.5 y X (Instrumentación de documentos), que permiten concertar vínculos jurídicos a través de medios electrónicos, no se justa a derecho la afirmación de la sentenciante de origen de que “las constancias documentales referenciadas y las certificaciones que habrían realizado los funcionarios bancarios únicamente dan cuenta de afirmaciones unilaterales realizadas por el Banco de la Provincia respecto de las operaciones de crédito que se postularon concretadas y que -según dijo- ofrece al público” no importan un certificado de deuda expedido de conformidad con los términos de un contrato bancario o la prueba de la formalización de uno de ellos (con cita de los arts. 1378, 1384 y cctes. C.C.C.N.).
Primero porque desconoce la posibilidad de que el usuario manifieste su voluntad por medios electrónicos, al considerar insuficiente la voluntad manifestada por medios de comunicación a distancia (electrónicos), cuando no se ha cuestionado la existencia de soporte electrónico o similar, los contratos no han sido negados, ni se ha controvertido su realización por dicho medio, ni cuestionando la autoría e integridad de la firma electrónica esgrimida por la actora -en contratos que se tuvieron por reconocidos-, y pese a lo normado por los arts. 287, 288, 979, 1003, 1061, 1066, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1099, 1105, 1106, 1378, 1379, 1384 y 1408 del C.C.C.N.; 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 11 de la ley 25.506; y 60, 354 inc. 1, 357, 358 y 384 del C.P.C.C.
En este sentido el art. 1106 del C.C.C.N. dispone que siempre que el Código o una ley especial exija que el contrato conste por escrito, este requisito se debe entender satisfecho si el contrato con el consumidor o usuario contiene soporte electrónico u otra tecnología similar.
Los contratos desconocidos en la sentencia, se han generado por pulsos electromagnéticos y habrían quedado almacenados en un soporte magnético que sería la prueba del acuerdo, por lo que pueden ser probados con los elementos aportados.
Segundo, porque al considerar que con la pulsación de la tecla "aceptar" en un ordenador o la utilización del cajero automático, no pueden ser asimilados a una firma digital y/o -a todo evento- electrónica, esta desconociendo la normativa que regula la materia, y llevaría a invalidar la gran mayoría de los contratos que se realizan hoy en día.
La invocación de la normativa consumeril, para restringir la operatoria realizada en forma electrónica, por más que sea de orden público -tal como indiscutidamente lo establece el art. 65 de la Ley 24.240-, y la presunción a favor del consumidor que consagra dicha normativa (arts. 3 y 37, también de la Ley 24.240), no se puede interpretarse en contra de los consumidores para limitar su actuación a lo presencial o al papel (lo cual sucedería si se le da la interpretación que se le dio en el fallo apelado).
Finalmente, tampoco es acertado el razonamiento de la sentenciante cuando considera que el Banco actor debía acreditar la celebración de los préstamos reclamados cuando los mismos no habían sido desconocidos y se aplica el reconocimiento que emerge del art. 354 inc. 1, del C.P.C.C.; ni a que se debió producir la pericia contable ofrecida en la demanda -cuando el juez declaró rebelde al demandado y luego consideró la cuestión como de puro derecho, pese a que pudo disponer la apertura a prueba-, máxime cuando ello arrojaría mayores costos para el consumidor -a quien pretende beneficiar- (arts. 59, 61, 163, 164, 354 inc. 1, 375 y 384, C.P.C.C.).
2.1.2. Por todo ello, debe revocarse lo decidido y admitirse el reclamo de los tres préstamos tramitados por canales electrónicos, a saber: a) Préstamo BIP 335-76258163 del 14/9/2021, por la suma de $ 61.261 con más los intereses pactados, los que no podrán superar el límite establecido en el capítulo siguiente, con fecha de mora 31/01/2020; b) Préstamo ATM 335-83449519 por la suma de $ 3358,42, con más los intereses pactados, los que no podrán superar el límite establecido en el capítulo siguiente, con fecha de mora 31/1/2020; y c) Préstamo ATM 335-82993274 por $ 1568,80 con más los intereses pactados, los que no podrán superar el límite establecido en el capítulo siguiente, con fecha de mora el 31/01/2020 (arts.1, 2, 7, 286, 287, 288, 979, 1003, 1061, 1066, 1092, 1093, 1378, 1379, 384 y 1408, C.C.C.N.; 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 11, Ley 25.506; 1, 2, 3, 37 y 65 de la Ley 24.240; 59, 60, 63, 163, 164, 354 inc. 1, 357, 358, 375, 384 y 482 del C.P.C.C.).
2.2. Morigeración de intereses.
2.2.1. En primer lugar corresponde destacar, en cuanto a la licitud del pacto de intereses, que corresponde su morigeración o atenuación cuando el mismo excede los límites de la moral y las buenas costumbres o pudiese importar una carga desmedida para el deudor, todo lo cual apunta a evitar conductas antifuncionales o abusivas (arts. 16 y 18 ley 25.065; 1, 2, 37 y conc. Ley de defensa al consumidor; 1, 2, 9, 10, 12, 240, 279, 382, 385, 391, 771, 767, 768, 769, 771, 794, 1004, 1092, 1093, 1094 y 1095, C.C.C.N), para lo cual el legislador expresamente ha contemplado la posibilidad de reducir los intereses o el resultado que provoque la capitalización cuando su aplicación excede, “sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero” (art. 771, C.C.C.N.), o de reducir la pena cuando “su monto desproporcionado con la gravedad de la falta que sancionan, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso, configuran un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor” (art. 794, segundo párrafo, C.C.C.N.). Y ello sin perjuicio de las limitaciones que puedan responder a otras razones o que pueda establecer el legislador en supuestos particulares, tal como es el caso de las tarjetas de crédito, donde corresponde estar al límite máximo que viene estipulado desde los arts. 16 y 18 de la ley 25.065.
Lo expuesto impone coordinar las facultades morigeradoras que la ley le da al Juez para evitar situaciones disvaliosas, con las pautas que la normativa establece como guía para la relación contractual analizada en cada caso.
2.2.2. La jueza, en uso de las facultades legales precitadas, redujo las tasas pactadas -facultad que no se discute- con base en que en el contrato de tarjeta de crédito no se consignó el porcentual correspondiente a la Tasa Efectiva Anual (T.E.A.) en violación al art. 36 de la ley 24.240; y que en el préstamo que se celebró por la suma de $ 96.200 únicamente se atestaron los porcentuales referentes a la tasa de interés fija, lo cual infringe la normativa imperativa consumeril citada (art. 36), por lo que consideró aplicable la tasa de interés supletoria establecida en el art. 36 de la ley 24.240 -texto según ley 26.361-, esto es, la pasiva anual promedio del mercado difundida por el B.C.R.A., lo cual se justifica al haber omitido brindar información que es valiosa al momento de contratar.
Ahora bien, tales fundamentos no han sido objeto de cuestionamiento alguno, ya que la crítica realizada no pasa de ser una mera discrepancia con la juzgadora de origen sin sustent
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