Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 143438
En la ciudad de La Plata, a los 15 días del mes de septiembre de dos mil veintiséis, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces vocales de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial La Plata, doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en la causa n° 143.438, caratulada: “B+Z S.A. c/ CAJA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ COBRO SUMARIO DE SUMAS DE DINERO” (expte. de origen LP-80670-2022, Juzgado en lo Civil y Comercial n° 23 del mismo Departamento Judicial), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor SOSA AUBONE.
La Sala resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1ª ¿Es justa la sentencia apelada?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL DOCTOR SOSA AUBONE DIJO:
I. Antecedentes.
1. Con fecha 25/4/2023 B+Z S.A. promovió demanda de cobro sumario de sumas de dinero contra la Caja de Servicios Sociales de la Provincia de Santa Cruz por la suma de $1.244.500, con más intereses y costas.
Relató que su objeto empresario consiste en la prestación de servicios de atención especial de rehabilitación y salud, proveyendo el equipamiento y los insumos necesarios para las prácticas médicas; que en tal carácter brindó servicios en el Sanatorio Ramón Cereijo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los pacientes Elsa Russo (D.N.I. 989.223) y Daniel Coto (D.N.I. 10.503.049), afiliados de la demandada; y que facturó dichas prestaciones mediante las facturas n° 06-397 del 16/3/2018, por “primer mes de atención del paciente COTO”, de $285.000; n° 06-434 del 7/6/2018, por “primer mes de atención del paciente RUSSO”, de $285.000; n° 07-1 del 28/9/2018, por “segundo mes de atención del paciente RUSSO”, de $285.000; n° 07-2 del 28/9/2018, por “tercer mes de atención del paciente RUSSO”, de $285.000; y n° 07-3 del 28/9/2018, por “proporcional del cuarto mes de atención”, de $104.000. Sostuvo que fueron presentadas al cobro junto con documentación respaldatoria de atención médica cumplida en un sanatorio ajeno a la actora —sin que las facturas luzcan suscriptas por el destinatario— y que, pese a los reclamos cursados por carta documento y a la mediación voluntaria celebrada sin acuerdo, no obtuvo el pago. Ofreció prueba documental, documental en poder de la demandada y de terceros, informativa, pericial contable, confesional, testimonial y digital (soporte con mensajes de texto, imágenes y audios).
2. Conferido el traslado bajo las normas del proceso sumario (arts. 320 y 484 del C.P.C.C.), compareció el Dr. Rodrigo Sebastián Forciniti como gestor procesal (art. 48 del C.P.C.C.) de la Caja de Servicios Sociales de la Provincia de Santa Cruz —gestión ratificada mediante el poder presentado el 17/10/2023—, contestando la demanda.
Negó los hechos invocados y desconoció la documental. Sostuvo que la actora no se encuentra registrada en el padrón de prestadores de la entidad, que no se acompañó convenio alguno que fijara prestaciones, precios, plazos y modalidad de pago, que las prestaciones se habrían brindado en el Sanatorio Ramón Cereijo —con el que sí reconoció tener convenidas las prácticas médicas conforme a los códigos acordados— de modo que el reclamo debía dirigirse contra dicha entidad, y que la actora habría incurrido en un error de personería al citar la ley provincial 1.782, referida a la Caja de Previsión Social. Solicitó el rechazo de la demanda, con costas.
3. Abierta la causa a prueba (auto del 30/11/2023), se produjeron, en lo que aquí interesa, la pericia contable presentada el 1/2/2025, la pericia informática presentada el 8/8/2025 por el perito Martín Sebastián Correa y la prueba informativa. Asimismo, al proveerse la prueba se intimó a la demandada a acompañar la documentación en su poder bajo el apercibimiento del art. 386 del C.P.C.C. (despacho del 24/10/2023, cédula diligenciada el 9/11/2023) y se libró oficio a los fines de la absolución de posiciones en los términos del art. 405 del mismo cuerpo legal (diligenciado el 4/12/2025). Certificadas las probanzas, el 7/4/2026 se llamó autos para sentencia.
4. La sentencia del 16/6/2026 rechazó la demanda, con costas a la actora vencida. Para así decidir, la a quo (juez de origen) consideró que era carga de la actora probar la relación comercial, la entrega y aceptación de las facturas y su falta de pago; que la pericia contable sólo verificó la registración de las cinco facturas emitidas por la propia reclamante, documentos de creación unilateral; que si bien la pericia informática se expidió afirmativamente sobre la integridad y autenticidad de los mensajes, de su contenido no surgía un reconocimiento de deuda sino la indicación del procedimiento de inscripción de prestadores y proveedores; y que, no habiéndose acreditado el cumplimiento de dicho recaudo ni otra vinculación contractual, no había obligación sin causa (arts. 726 y 727 del C.C.C.N.).
5. Apeló la actora el 27/6/2026, recurso concedido el 30/6/2026. Expresó agravios el 10/8/2026. El traslado conferido no fue contestado, dándose por perdido el derecho dejado de usar y pasando las actuaciones para dictar sentencia (autos del 26/8/2026; art. 263 del C.P.C.C.), providencia que esta firme, ya que consintió el 7/9/2026.
II. Los agravios.
La apelante se agravia, en síntesis: a) por la omisión de valorar la prueba confesional producida mediante oficio y las consecuencias del apercibimiento del art. 405 del C.P.C.C. ante su falta de contestación; b) por la omisión de aplicar la presunción del art. 386 del C.P.C.C. frente al incumplimiento de la intimación a exhibir la documentación en poder de la demandada, a lo que suma la falta de respuesta al oficio informativo dirigido a la entidad; c) por la valoración fragmentaria y aislada del conjunto probatorio (art. 384 del C.P.C.C.); d) por la errónea ponderación de la prueba digital, de la pericia informática y de la informativa relativa a la titularidad de las líneas telefónicas y a la identificación de los interlocutores; e) por la errónea valoración de la pericia contable y de las facturas acompañadas; f) por la incorrecta distribución de la carga de la prueba y el desconocimiento del deber de colaboración procesal; y g) por la imposición de costas, solicitando subsidiariamente su distribución en el orden causado. Formuló reserva del caso federal.
III. Tratamiento.
1. Adelanto que, en mi opinión, el recurso debe prosperar.
Comparto el punto de partida conceptual de la sentenciante: no hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla, y su existencia no se presume (arts. 726 y 727 del C.C.C.N.); la factura es un documento de creación unilateral que, por sí sola y frente a quien la desconoce, no acredita el crédito que instrumenta; y era carga de la actora demostrar la relación jurídica invocada, la efectiva prestación de los servicios y la falta de pago (art. 375 del C.P.C.C.).
Lo que no comparto es el modo en que ese encuadre fue aplicado al caso. La conclusión sobre la orfandad probatoria se construyó prescindiendo de dos medios regularmente producidos —la absolución de posiciones por oficio y la intimación a exhibir documentación—, cuyos apercibimientos habían sido expresamente dispuestos por el propio juzgado, y examinando los restantes de manera fragmentaria. Cabe recordar que esta alzada conoce de la causa con la misma amplitud que el juez de la instancia de origen, dentro del límite trazado por los agravios (arts. 266, 272 y 273 del C.P.C.C.), de modo que no se trata aquí de verificar la configuración del vicio de absurdo —propio de la instancia extraordinaria— sino de valorar nuevamente el material probatorio.
2. La absolución de posiciones por oficio (art. 405 del C.P.C.C.).
La Caja de Servicios Sociales de la Provincia de Santa Cruz es un ente autárquico provincial, extremo invocado por la propia demandada al fundar su responde en la ley 3.677 de dicha Provincia. Por ello, la prueba confesional debía instrumentarse en la forma prevista por el art. 405 del C.P.C.C., norma que dispone que cuando litigare la Provincia, una municipalidad o una repartición municipal o provincial, la declaración deberá requerirse por oficio al funcionario facultado por ley para representarla, bajo apercibimiento de tener por cierta la versión de los hechos contenida en el pliego si no es contestado dentro del plazo que el tribunal fije, o no lo fuere en forma clara y categórica, afirmando o negando.
En autos el oficio fue diligenciado el 4/12/2025, con constancia de su recepción acreditada en la presentación del 9/12/2025 y tenida por cumplida en el despacho del 10/12/2025. La demandada dejó transcurrir el plazo sin contestar y sin invocar impedimento alguno que justificara su silencio.
La sentencia no contiene una sola referencia a esta prueba. No se trata de que se le haya asignado escaso valor, ni de que se la haya considerado desvirtuada por otras constancias: sencillamente fue omitida, pese a que recaía sobre los mismos hechos que se tuvieron por no acreditados.
Ahora bien, hacer efectivo el apercibimiento no importa atribuir a la ficta confessio (confesión ficta o presunta) un valor dirimente y automático. Se trata de un elemento que debe apreciarse en correlación con las restantes pruebas y con las circunstancias particulares de la causa, pues de lo contrario se haría prevalecer la ficción sobre la realidad y la decisión podría alejarse de la verdad material (arts. 405 y 417 del C.P.C.C.; S.C.B.A., causas C. 109.072, 12/12/2012, “Lincuiz”; C. 77.802, 6/4/2016, “Ibañez”; C. 120.925, 6/12/2017, “Ferbin Construcciones S.R.L. c/ Comité de Administración del Fideicomiso Ley 12.726/12.790”; C. 121.756, 13/6/2018, “Domínguez”). Además, sólo puede alcanzar a hechos susceptibles de confesión (hechos personales del absolvente), quedando excluidas las calificaciones jurídicas y las consecuencias de derecho, que son materia privativa del órgano jurisdiccional (arts. 405, 409 y concs. del C.P.C.C.).
Con ese alcance, quedan fuera del apercibimiento las posiciones que encierran calificaciones jurídicas. En cambio, sí quedan alcanzados los hechos materiales sobre los que versó el pliego: que Elsa Russo y Daniel Coto eran afiliados de la demandada al tiempo de recibir las prestaciones; que B+Z S.A. prestó servicios médicos y de rehabilitación a dichos afiliados de la Caja en el Sanatorio Ramón Cereijo; que como consecuencia de ello emitió las facturas n° 06-397, 06-434, 07-1, 07-2 y 07-3, recibidas sin observación ni impugnación; que tales importes no fueron abonados ni existe registro contable de su pago; que dependientes o representantes de la entidad mantuvieron comunicaciones con la actora referidas a esa facturación; y que se cursaron reclamos extrajudiciales, incluso por carta documento, sin respuesta.
Se trata, precisamente, de los extremos cuya falta de acreditación sostuvo el rechazo de la demanda.
3. La presunción del art. 386 del C.P.C.C. y el deber de colaboración.
Al proveerse la prueba, el juzgado intimó a la demandada, bajo el apercibimiento del art. 386 del C.P.C.C., a acompañar las facturas recibidas con su documentación respaldatoria, los intercambios de correos electrónicos y las cartas documento (despacho del 24/10/2023; cédula diligenciada el 9/11/2023). La entidad no presentó documentación alguna, no denunció su inexistencia ni explicó por qué no obraba en sus registros.
La norma establece que, cuando por otros elementos de juicio resultare manifiestamente verosímil la existencia y el contenido del documento, la negativa a presentarlo constituye una presunción en contra de la parte remisa. Se trata de una presunción relativa, cuya eficacia depende de su integración con el restante material probatorio (S.C.B.A., causas L. 101.627, 22/6/2011, “F., M. G.”; L. 116.942, 28/10/2015, “Novelli c/ Federación Argentina de Cooperativas Farmacéuticas”; L. 118.954, 15/11/2016, “Altamiranda”), pero que no puede ser lisa y llanamente ignorada cuando, como en el caso, el propio juzgado consideró conducente la documentación, ordenó su presentación y anunció la consecuencia de su omisión.
La documentación requerida resultaba decisiva: era la única apta para establecer si las facturas fueron recibidas, ingresadas, observadas o rechazadas, si existían antecedentes internos relativos a los pacientes y las prestaciones y si la entidad contaba con registros vinculados al crédito reclamado. Su retención, en manos de quien se hallaba en mejor posición para aportarla, no puede volverse en contra de quien no la posee.
A ello se suma que tampoco fue contestado el oficio dirigido a la propia demandada para que informara si Pablo Hernández, Mirta Fernández, Sol López y Daniel Cortés trabajan o trabajaron en la entidad. Era la única fuente posible de ese dato y, sin embargo, guardó silencio, incumpliendo el deber de colaboración que pesa sobre las partes (arts. 34 inc. 5 ap. “d” y 163 inc. 5, segundo párrafo, del C.P.C.C.; art. 9 del C.C.C.N.). La misma actitud se reiteró en esta instancia, donde el traslado de la expresión de agravios no fue contestado.
4. La valoración conjunta del material probatorio (art. 384 del C.P.C.C.).
Valorar la prueba no consiste en descomponer individualmente cada uno de los medios rendidos para determinar si, por sí solos, generan una convicción acabada, sino más bien en entrelazarlos acumulativamente con los restantes, formando un plexo, un tejido de hechos que se compenetran y corroboran recíprocamente; el aislamiento de unos elementos respecto de otros puede privar al conjunto de la fuerza de convicción que adquiere cuando es apreciado en armonía (conf. C.S.N., Fallos 297:100; 303:2080; S.C.B.A., causas C. 105.724, 6/6/2021, “Barci”; C. 123.496, 19/4/2021, “Cohen”; C. 119.912, 29/11/2017, “Arbuza”; C. 116.677, 25/10/2017, “Andrada c/ Arturi”; C. 94.503, 31/10/2007, “M., A.”).
Integrados de ese modo, los elementos de juicio incorporados son los siguientes:
a) Las cinco facturas individualizadas en la demanda, cuya existencia y registración verificó la pericia contable del 1/2/2025, todas emitidas por B+Z S.A. teniendo como destinataria a la Caja de Servicios Sociales de la Provincia de Santa Cruz. No se trata de formularios desvinculados de toda operación: individualizan pacientes y períodos de atención determinados y fueron acompañadas con documentación clínica de respaldo.
b) La pericia informática del 8/8/2025, que se expidió afirmativamente respecto de la integridad y autenticidad de cada uno de los mensajes incorporados en soporte digital, referidos al pago que se reclama en autos. De ellos no surge un reconocimiento expreso de la deuda, pero tampoco su rechazo, que es la respuesta que cabría esperar frente a un reclamo ajeno a la entidad. El dictamen no fue impugnado y la sentencia no le atribuye deficiencias metodológicas ni inconsistencias.
c) La prueba informativa producida respecto de las líneas telefónicas intervinientes en esas comunicaciones, que permitió vincularlas con el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz y con quien la actora identificó como dependiente de la demandada.
d) El reconocimiento expreso formulado por la demandada al contestar la demanda, en cuanto admitió que mantiene convenidas con el Sanatorio Ramón Cereijo las prácticas médicas de acuerdo con los códigos acordados (art. 354 inc. 1 del C.P.C.C.), lo que la sitúa en vinculación con el efector en el que se brindaron las prestaciones facturadas.
e) Los reclamos extrajudiciales cursados por carta documento y la mediación voluntaria celebrada en este Departamento Judicial, a la que la demandada compareció con patrocinio letrado y que se cerró sin acuerdo y sin propuesta alguna.
f) La confesión ficta derivada del art. 405 del C.P.C.C. y la presunción adversa del art. 386 del mismo código, en los términos antes expuestos, de los que resulta reconocida la prestación de los servicios médicos y de rehabilitación y la recepción sin observación de las facturas que motivan el reclamo.
g) La ausencia total de elementos de signo contrario. La demandada no acompañó registro alguno del que resulte que las facturas fueron observadas o rechazadas, ni constancia de su cancelación, ni documentación relativa a los pacientes cuya condición de afiliados negó.
En cuanto al intercambio digital, la a quo entendió que de él no surgía un reconocimiento de la deuda sino la indicación del procedimiento de inscripción de prestadores y proveedores. Aun cuando se aceptara esa lectura —que la apelante controvierte invocando el contenido íntegro de los mensajes y audios reservados—, el dato dista de ser neutro: acredita que existió un contacto entre las partes referido concretamente a la facturación aquí reclamada, que dependientes de la demandada intervinieron en su tramitación desde líneas oficiales y que la entidad indicó a la actora el circuito administrativo a seguir para percibir su acreencia. Tal conducta resulta difícilmente conciliable con el desconocimiento absoluto de toda vinculación que se postuló en el responde.
En síntesis, ninguno de estos elementos, aisladamente considerado, bastaría para tener por acreditada la obligación; pero apreciados en conjunto, y sumada la eficacia que corresponde asignar a los apercibimientos incumplidos, conducen a la convicción de que las prestaciones fueron efectivamente brindadas a afiliados de la demandada, que las facturas le fueron presentadas al cobro sin observación y que no fueron abonadas.
5. Las imprecisiones del reclamo y su incidencia en la solución.
No se me escapa que la pretensión exhibe zonas oscuras, y es probable que ellas hayan gravitado en el criterio adoptado en la instancia de origen. Corresponde, por eso, hacerse cargo de ellas.
En efecto, la actora afirmó haber sido contratada, pero no acompañó contrato, convenio, orden de prestación ni autorización previa alguna. Tampoco precisó qué servicios concretos brindó: las facturas se limitan a consignar el mes de atención de cada paciente, sin detallar prácticas, insumos ni equipamiento, y no lucen suscriptas por el destinatario. No se agregó tarifario ni parámetro alguno que permita contrastar los importes. Las prestaciones se habrían cumplido en un establecimiento ajeno a la actora —el Sanatorio Ramón Cereijo—, con el que la demandada mantiene su propio convenio de prácticas por códigos. Y tres de las cinco facturas fueron emitidas el mismo día (28/9/2018) por períodos mensuales sucesivos ya transcurridos, en tanto una de ellas ni siquiera completa la identificación del paciente a quien corresponde el proporcional facturado.
A ello se suma la envergadura económica del reclamo: $285.000 mensuales por paciente en el año 2018, importe que, computados los accesorios a la tasa que más adelante se fija, arroja hoy una cifra del orden de los $100.975.283. Lo señalo al solo efecto de dimensionar el negocio que se dice celebrado, y sin perjuicio de la liquidación que corresponda practicar en la instancia de origen.
Ahora bien, ninguna de estas objeciones alcanza para desplazar la solución que propongo, por tres razones.
La primera es que no fueron introducidas por la demandada con el desarrollo que el caso exigía ni pueden ser suplidas de oficio por el tribunal, que debe fallar sobre las cuestiones propuestas y dentro del límite de los agravios (arts. 163 inc. 6, 272 y 273 del C.P.C.C.).
La segunda es que todas ellas versan sobre extremos que la propia accionada estaba en inmejorables condiciones de esclarecer y que no aportó. Era ella quien podía exhibir el padrón de prestadores, los legajos de afiliación de Russo y Coto, el registro de ingreso, observación o rechazo de las facturas, los expedientes administrativos de pago y los códigos y aranceles convenidos con el Sanatorio Ramón Cereij
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.