Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79606
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 del Departamento Judicial de La Plata para conocer y decidir en este asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará la causa ante dicha sede para la prosecución de su trámite.
Asimismo, hágase saber lo aquí decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°8 departamental. A tal fin, líbrese oficio de estilo.
B.79.606 "MUNICIPALIDAD DE LA PLATA C/ BERNASCONI DANIEL HORACIO Y OTRA S/ COBRO SUMARIO SUMAS DE DINERO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. La Municipalidad de La Plata promovió la presente acción contra Daniel Horacio Bernasconi y Paola Tomadoni -esta última, en carácter de garante-, con miras a hacer efectivo el cobro de la suma de $20.000, con más intereses, costos y costas, en concepto de un préstamo que le fuera otorgado al demandado en fecha 23 de agosto de 1999, en el marco del "Programa de Emprendimientos Productivos Sociales" del por aquel entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
En cuanto a las condiciones, asevera que dicho monto debía ser devuelto en efectivo, en treinta y seis cuotas iguales y consecutivas de $662.72. Sostiene que a pesar de las reiteradas intimaciones de pago, el deudor no cumplió con el pago de la deuda, constituyéndose de este modo en mora.
II. La causa fue iniciada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°8 del Departamento Judicial de La Plata. Sin embargo, su titular se inhibió de entender en el asunto en la inteligencia de que, al tratarse de una demanda promovida por un ente público estatal, correspondía que interviniera el fuero especializado en derecho público -ello, aún cuando la solución del litigio requiriera la aplicación de normas propias del derecho común- (arts. 2 incs. 2 y 7, CCA).
Al así decidir, se ordenó la remisión de las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes departamental para que fueran sorteadas entre los juzgados en lo contencioso administrativo con competencia en esa jurisdicción (v. resol. de 26-VIII-2009, a fs. 96).
De este modo, las actuaciones recayeron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 de aquel departamento judicial, luego de efectuarse el sorteo para su asignación. Empero, su magistrada a cargo rechazó la competencia que se le endilgara tras ponderar que en el pleito bajo examen la comuna actora no había desplegado ningún tipo de función administrativa, sino una actividad de índole privada, lo que no habilitaría la intervención del fuero (cfr. arts. 166, Const. prov.; 2 incs. 2, 3, 4 y 7, CCA).
Ante este escenario, planteó la contienda negativa de competencia y elevó los obrados a este Tribunal a los fines de que fuera dirimida conforme la atribución que le confiere el art 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. resol. de 28-VIII-2024).
III.1. El art. 166, párrafo final, de la Constitución de la Provincia consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. Prov.; 1 inc. 1, CCA). En particular, resultan de su incumbencia aquellas relativas a los contratos administrativos (art. 2 inc. 6, CCA).
La actividad de tales sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de tales funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio solo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4, CCA).
Las reglas constitucionales y legales citadas tienen aplicación plena; tanto cuando los sujetos públicos revisten la condición de demandados como cuando promueven pretensiones contra particulares, alcanzadas, en los términos arriba señalados, por el derecho administrativo (art. 2 inc. 7, CCA; doctr. causas B. 70.640, “Municipalidad de Balcarce”, resol. de 2-VII-2009; B. 70.998, “Municipalidad de Junín”, resol. de 14-VII-2010; B. 71.811, “Provincia de Buenos Aires”, resol. de 18-IV-2012 y B. 73.561, "Municipalidad de Lobería", resol. de 23-IX-2015).
III.2. Sobre la base de esas premisas, corresponde advertir que el programa en virtud del cual se otorgó el crédito reclamado evidencia, prima facie , la existencia de una actividad de fomento propia del ejercicio de la función administrativa a cargo del órgano ejecutor -en este caso, la comuna reclamante-, la que de ordinario debe ser ponderada a la luz de normas y principios de derecho público (doctr. causas B. 73.540, "Tiro Federal Argentino", resol. de 29-IV-2015; B. 73.715, "Municipalidad de Quilmes", resol. de 21-X-2015 y B. 74.304, "Municipalidad de Tres Lomas", resol. de 21-IX-2016).
IV. Por los argumentos expuestos, es dable afirmar que el presente litigio se suscita en el marco de una relación derivada de un programa estatal de ayuda pública, propio de la función administrativa, todo lo cual da cuenta de que la solución requerirá interpretar un vínculo jurídico estructurado, en lo esencial, por normas y principios de derecho público (arg. art. 2 inc. 6, CCA; doctr. causas B. 73.450, B. 73.715 y B. 74.304, cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 del Departamento Judicial de La Plata para conocer y decidir en este asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará la causa ante dicha sede para la prosecución de su trámite.
Asimismo, hágase saber lo aquí decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°8 departamental. A tal fin, líbrese oficio de estilo.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/11/2024 18:59:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 09:58:47 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 12:56:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/11/2024 10:19:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2024 13:40:04 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/11/2024 13:47:32 hs. bajo el número RR-931-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia