Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79075
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº5 del Departamento Judicial de La Matanza, en el que, a sus efectos, se radicará electrónicamente el expediente (art. 7 inc. 1, CCA).
Líbrese oficio al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental para que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
B.79.075 "COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A C/ EMIR EMPRESA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE REDES SA Y OTRO/A (NRO 03) S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.) - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008"
I. El Colegio de Ingenieros y la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos -ambos de la Provincia de Buenos Aires- deducen la presente acción contra las firmas Edenor SA -en su carácter de comitente-, Emir SA -en su condición de contratista- y/o quien resulte civilmente responsable por la propiedad, uso y/o ejecución de las obras que detalladamente puntualiza y/o por la prestación de servicios profesionales de ingeniería vinculados a dichos proyectos, a los fines de que se les abone la suma de $2.395.221,71, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse en el marco del proceso.
Ello, por cuanto -según alegan- ambas empresas estarían llevando adelante distintas obras -ejecutadas dentro del ámbito territorial del distrito al que pertenecen- sin dar cumplimiento a aquellas obligaciones colegiales derivadas de las leyes 10.416, 10.698 y 12.490, relativas al visado y registración de los contratos correspondientes a los profesionales que trabajan en esas tareas.
Relatan que una vez advertidas las irregularidades señaladas, se intimó a las demandadas en numerosas oportunidades para que en un plazo razonable presentaran la documentación requerida. Sin embargo, ninguna de ellas cumplió con lo solicitado.
De ahí que en el año 2015 se diera inicio a las actuaciones "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires c/ Edenor SA s/ diligencia preliminar - otros juicios" (expdte. LM-11.650-2015), ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Matanza, mediante las cuales se requirió a Edenor SA que informara la totalidad de contratos que habían sido firmados con profesionales de la ingeniería dentro de la circunscripción territorial identificada como distrito VII.
No obstante, dicen que la compañía se atuvo solo parcialmente a lo que fuera requerido por vía judicial, remitiendo a la demandante un informe incompleto e insuficiente.
Comentan que poco tiempo después, el 12-VII-2016, se articuló otro pedido de similar naturaleza esta vez respecto de Emir SA -una de las contratistas de Edenor SA-, dando curso así a los obrados caratulados "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires c/ Emir SA s/ diligencia preliminar" (expdte. LM-25.558/2016), los cuales tramitaron ante el mismo juzgado del departamento judicial de La Matanza. Empero, el pedido no corrió mejor suerte que el anterior en tanto no se habría obtenido ningún tipo de respuesta.
Ante este escenario, y habiendo fracasado toda instancia de diálogo con las demandadas -comunicaciones vía correo electrónico, cartas documento, entre otras-, la actora peticiona en los presentes autos que se las condene -de manera solidaria- al pago de las sumas de dinero estimadas en virtud de los rubros adeudados -o lo que en su defecto se determine a través de la prueba a producirse en el juicio-, ello como corolario de la omisión de registración (visado y timbrado) de los contratos por ellas suscriptos con profesionales del área de la ingeniería dentro de su jurisdicción territorial, sin importar que se encuentren en relación de dependencia.
II. La causa se radicó, previo sorteo, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5 del Departamento Judicial de La Matanza, pese a lo cual su titular se declaró incompetente para entender en el asunto tras tomar conocimiento de que en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 de aquel departamento judicial se encontraba en trámite la ya referida causa N°11.650, en la cual el Colegio demandante había requerido como medida preliminar que Edenor SA exhibiera una serie de contratos vinculados a ciertas obras realizadas en la provincia.
En este orden de ideas, sostuvo que "la preexistencia de una diligencia preliminar justifica que el trámite principal prosiga por ante quien ya intervino en ese pedido precautorio".
De este modo, ante la presunta prevención suscitada, ordenó la remisión del expediente al mencionado juzgado en lo contencioso administrativo para que allí continuara su tramitación (v. resol. de 17-X-2023).
Una vez recibidas las actuaciones por el mentado organismo, su magistrado rechazó la competencia que se le endilgara en la inteligencia de que la pretensión aquí deducida tiene por objeto el cobro de una suma dineraria, por lo que sería propia del conocimiento del fuero civil y comercial. En esta misma línea argumental -y citando jurisprudencia de esta Corte-, adujo que dada la condición de ente no estatal del colegio involucrado, la actividad que despliega no se presume realizada en el ejercicio de funciones administrativas, por lo que la generalidad de sus funciones debe abordarse desde la óptica del derecho privado.
Al así decidir, planteó la contienda negativa de competencia y elevó los obrados a esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la atribución que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 12.008- (v. resol. de 24-X-2023).
III. Tal como ha sostenido este Tribunal en reiteradas oportunidades, para establecer la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que se hace en la demanda y, solo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión (doctr. causas B. 68.059, "Baez", resol. de 3-XI-2004; B. 68.811, "Harguinteguy", resol. de 20-IX-2006; B. 71.816, "La Diana SA", resol. de 21-XII-2011; B. 72.723, "Añón", resol. de 24-IV-2013; B. 73.426, "Abaca", resol. de 29-XII-2014; B. 74.248, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 26-X-2016; B. 76.135, "Castiñeira", resol. de 6-XI-2019; B. 76.381, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 2-IX-2020; B. 76.704, "Bello", resol. de 23-II-2021; e.o.; conf. CSJN Fallos: 309:229; 310:116; 311:172; 313:971; 318:298).
Bajo esa premisa, asiste razón al juez en lo contencioso administrativo en cuanto a que el caso no compete al fuero especializado en esa materia, debido a que, más allá de que la acción sea promovida por dos entes públicos no estatales y que se le exija a al menos una prestadora de un servicio público la exhibición de documentación relativa a los profesionales por ellas contratados -circunstancias estas que, de por sí, no son suficientes para determinar la competencia de los juzgados en lo contencioso administrativo-, en el sub examine la parte actora intenta -en rigor- cobrar una deuda por las obligaciones derivadas de la ley 10.416, lo cual resulta algo propio de la competencia de los juzgados en lo civil y comercial (conf. arts. 58 inc. 4, ley 10.416 y doctr. causas B. 68.433, B. 70.091, B. 74.935, B. 76.381, todas caratuladas “Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires”, resols. de 14-XII-2005, de 6-V-2009, de 28-II-2018 y de 2-IX-2020, respectivamente).
IV. Por los fundamentos expuestos, sin perjuicio de las medidas preliminares decretadas, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5 del Departamento Judicial de La Matanza el órgano que siga conociendo en las presentes actuaciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº5 del Departamento Judicial de La Matanza, en el que, a sus efectos, se radicará electrónicamente el expediente (art. 7 inc. 1, CCA).
Líbrese oficio al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental para que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/11/2024 18:59:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 09:58:40 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 12:56:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/11/2024 10:19:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2024 13:40:02 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/11/2024 13:47:29 hs. bajo el número RR-928-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia