Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 39200
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello, considera que agotar la via administrativa es contradecir a la propia ley y a la propia conducta de la demandada.-
Con respecto a la caducidad del plazo que la demandada alega transcurrido, conforme el art. 18 de la ley 12.008, no se presenta en el caso de autos ninguno de los supuestos allí planteados.-
Por cuanto, entiende que la presente, no es una pretensión de anulación ni una resarcitoria vinculada con la misma, como tampoco el restablecimiento o reconocimiento de derechos o intereses tutelados, ni el cese de una vía de hecho administrativa, supuestos establecidos expresamente por el primer párrafo del artículo ut supra citado y;
AUTOS Y VISTOS: El estado de las presentes actuaciones y la excepción de inadmisibilidad planteada por la demandada y;
1. Que a fs. 65/74 se presenta el Dr. Marcelo Hugo Gutierrez en su carácter de letrado apoderado de la firma NEUMASUR S.A., entablando formal demanda de cobro de pesos contra la Municipalidad de Moreno, por la suma de $473.625,00 con mas sus respectivos intereses.-
Relata al respecto, que es una empresa de reconocida trayectoria en el mercado de venta de neumáticos y accesorios y en virtud de su comercio, vendió a la municipalidad demandada y a su pedido, la mercadería que detalla, respaldada por los remitos y las facturas cuyo cobro persigue.-
Explica que pese a que la mercadería fue entregada a la municipalidad y recibida de conformidad, nunca fue abonada.-
Y que en razón de lo expuesto, en fecha 07/01/2019 interpeló a la demandada el pago de las facturas a través de la remisión de una CD N° 952547321, sin haber obtenido ni el pago ni respuesta alguna.-
II. En fecha 23/01/2020 se presenta por la demandada la Dra. Laura Valeria Ragogna acreditando en autos su condición de apoderada de la Municipalidad de Moreno, interponiendo al progreso de la acción intentada la excepción de inadmisibilidad de la pretensión, en los términos de lo establecido en el art.31 inc. 3 ultima parte de la ley 12008 del CPCA, la que denomina "Inadmisibilidad de la demanda por falta de agotamiento de la via administrativa y caducidad de instancia".-
En primer lugar, hace hincapié en la falta de agotamiento de la vía administrativa, pues el accionante ha omitido agotar el procedimiento administrativo de conformidad con lo establecido por el art. 14 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008).-
Afirma que, "no existe acto administrativo que emane de la autoridad jerárquica superior con competencia resolutoria final que agote el procedimiento administrativo y habilite la vía judicial conforme lo requiere el artículo 14 inc. 1 del CPCA" y consecuentemente, la demanda interpuesta debe ser declarada inadmisible y rechazada por prematura (cita jurisprudencia).-
Por otro lado, plantea la caducidad del plazo, pues entiende que el plazo previsto en el art. 18 de la ley 12.008, se encuentra agotado.-
Dice que las facturas reclamadas tienen fecha 22 de marzo de 2017, 27 de marzo de 2017, 10 de mayo de 2017 mientras que el inicio del reclamo judicial es de fecha 22 de febrero de 2019.-
De ese modo, y considerando que el artículo 18 de la ley 12.008 establece un plazo de 90 días para deducir pretensión y no habiendo constancia de que la actora lo hubiera hecho en tiempo y forma, solicita se declare la caducidad del plazo legal.-
Finalmente, pone de manifiesto, que de las constancias obrantes, no surge recurso o impugnación procedimental alguna de parte del accionante, que permita tomar otra fecha para determinar el inicio de cómputo del plazo del artículo 18, más que la del día siguiente al cese reconocido por la propia actora.-
III. En fecha 15/10/2020 se presenta la parte actora contestando en tiempo y forma el traslado de la excepción, y solicitando su rechazo.-
Aclara, que el supuesto que establece el inciso 3 última parte del art. 31 de la ley 12.008, se refiere a la posibilidad que tiene el Juez de desestimar una pretensión antes de ordenar el traslado de la demanda interpuesta y esto surge claro de lo que al respecto establecen los incisos 1 y 2 del mismo artículo.-
Pone de resalto, que los casos incluidos en la materia contenciosa administrativa son los que enumera el art. 2 de la ley 12.008, entre los cuales no se encuentra el caso de autos, como es la cobranza de las facturas comerciales que pretende su poderdante.-
Por otro hace hincapié en que el art. 14 de la ley 12.008, establece que no es necesaria agotar la vía administrativa como requisito de admisibilidad de la pretensión cuando mediare una clara conducta de la demandada que haga presumir la ineficacia cierta de acudir a una vía administrativa de impugnación o cuando, en atención a la particularidades del caso, exigirla resultare una carga excesiva o inútil.-
Continua diciendo, que de las constancias de autos, surge que su poderdante intimó a la accionada por CD N° 952547321 la que fue entregada el día 08/01/2019 y la demandada alega que el 15/02/2019, notificó a su poderdante por cédula haciéndole saber que no era viable establecer la posibilidad de pago ni el tiempo que se estipulaba para ello, lo que demuestra -afirma- la ineficacia de acudir a esa vía, ya que exigírsela a su poderdante resultaría una carga excesiva o inútil, razón por la cual se inició la demanda el 20/02/2019.-
Por ello, considera que agotar la via administrativa es contradecir a la propia ley y a la propia conducta de la demandada.-
Con respecto a la caducidad del plazo que la demandada alega transcurrido, conforme el art. 18 de la ley 12.008, no se presenta en el caso de autos ninguno de los supuestos allí planteados.-
Por cuanto, entiende que la presente, no es una pretensión de anulación ni una resarcitoria vinculada con la misma, como tampoco el restablecimiento o reconocimiento de derechos o intereses tutelados, ni el cese de una vía de hecho administrativa, supuestos establecidos expresamente por el primer párrafo del artículo ut supra citado y;
1. Debo adelantar, que no le asiste razón a la accionada respecto de la excepción de inadmisibilidad planteada en autos, ello con fundamento en los motivos que a continuación quedarán expuestos.-
En el caso de autos, tal como surge del examen de los hechos expuestos en la demanda y la documental acompañada, la pretensión de la actora -según lo afirma en su escrito de demanda- está encaminada al cobro de una suma de pesos, debidos por la comuna, en virtud de las distintas compras realizadas y no abonadas.-
Bajo tal estado de situación y teniendo presente la pretensión, la reclamación administrativa previa y por ende el agotamiento de la vía administrativa, no es un requisito que debiera haber sido observado por el accionante para la procedencia de la acción, ello al no impugnar o requerir la nulidad de algún acto administrativo.-
Como se expuso más arriba, el actor fundamenta su reclamo, por el incumplimiento de las obligaciones que surgían del contrato de suministro -al menos así lo manifiesta- especificamente alega por no habérsele abonado las facturas que acompaña y que suman $473.625,00, es decir no sujetando aquella responsabilidad en el carácter ilegítimo y/o arbitrario de algún un acto dictado por la administración.
Al respecto es preciso señalar que el requisito de agotamiento de la vía administrativa, queda impuesta para los casos en que la pretensión resarcitoria o como podría ser el reconocimiento de un derecho, se funde en la ilegitimidad de un acto administrativo, en tanto aquella es accesoria y subordinada a la previa declaración de invalidez de este. En el caso de pretensiones fundadas en la responsabilidad por hechos administrativos -no existiendo decisión administrativa alguna que impugnar - la demandabilidad estatal es directa ( Perrino, Pablo Esteban, "El régimen del agotamiento de la vía administrativa en el nuevo Código Contencioso Administrativo bonaerense" ED. Tº 184 - 825, Tomas Hutchinson "Código Procesal Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires" pag.109, Ed. Scotti).-
En este sentido, cabe distinguir la vía impugnatoria, que presupone el agotamiento de la instancia administrativa (cfme.art.14 y cctes del CPCA) cuyo resultado sería necesariamente la declaración de ilegitimidad del acto administrativo, de la reclamación resarcitoria, la que aún originada en una relación jurídica preexistente, no requiere la reclamación administrativa previa y por ende el agotamiento de la vía administrativa. (fallo CSJN: 312:1070 del 9/11/1989 "Mackentor").-
En definitiva, tratándose en autos de un reclamo por cobro de sumas de pesos, sin que se impugne acto administrativo previo alguno, cabe concluir que rige en la especie el principio de demandabilidad directa y en su consecuencia, corresponde rechazar la excepción interpuesta.-
2. En función de lo expuesto precedentemente, y toda vez que el plazo para deducir la pretensión o interponer demanda, establecido en el 18 del C.P.C.A., rige para los supuestos en los que existe un acto administrativo expreso computándose desde la notificación del mismo, y no siendo el supuesto de autos, corresponde también el rechazo del planteo de caducidad.-
3. Finalmente sostengo que la solución propuesta es la que mejor se ajusta a la garantía del efectivo acceso a la justicia (art.15 Const. Prov.) y refuerza el principio rector en la materia in dubio pro actione, el que conforme ha reiterado en varias oportunidades la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debe orientar las decisiones en cuestiones tales como la habilitación de instancia, agotamiento de la vía administrativa y los plazos de caducidad.-
En este sentido, vale recordar lo afirmado por el Máximo Tribunal Provincial al expresar que "...debe rechazarse toda hermenéutica que limite el acceso y cierre el camino a la jurisdicción, por tratarse de una garantía que se erige en uno de los pilares básicos del estado de derecho (causas B.55.392, "Rusconi", sent. del 4-VII-1995; B.51979, "Choix S.A.C.I.F.I.C.A" y B.51.981, ambas sents. 21-VI-2000; B.63.264, "San Martín", res. del 6-IV-2005, entre otras). El principio in dubio pro actione o favor actionis se halla comprendido en la amplia regla de accesibilidad jurisdiccional que fluye del art.15 de la Constitución Provincial (doc.causas. B.57.700, "Montes de Oca", sent. del 10-IX-2003 y B. 58720, "Di Santo", sent. del 14-IX-2005, entre otras) (SCBA, causa B.65254, Yovovich, Narciso Angel c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa, Sent. del 31-8-2007).-
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, doctrina y jurisprudencia citadas y con fundamento en lo dispuesto por los arts.15 y 166 -último párrafo- de la Const. Pcial, art.14, 18, 34, 35 inc 1, y cctes del CPCA y 161 del CPCC:
2. Con costas de la incidencia a la vencida (art.51 del CPCA, cfrme ley 14.437).-
REGISTRESE. NOTIFIQUESE
Luis Oscar Laserna
Juez
Fin de la sentencia