Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122401
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Kogan, Genoud, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 122.401, "Profértil S.A. contra Casey Marelli S.A. Cobro Sumario de sumas de dinero".
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes revocó parcialmente la demanda de primera instancia al condenar a la accionada a pagar a la actora una suma mayor, a la que debía adicionársele el 50% de la brecha existente entre un peso y la cotización de la divisa en el mercado libre de cambios, salvo que la utilización del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) arrojara un resultado superior, y al importe resultante deberían adicionarse intereses al 7,5% anual desde la mora (8 de agosto de 2002); todo ello hasta el efectivo pago (v. fs. 1.189).
Se interpuso, por la empresa demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.188/1.190 vta. y 1.196/1.205 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. La empresa Profértil S.A. promovió demanda contra Casey Marelli S.A. por cobro de pesos adeudados en razón de la relación comercial que las unía, por la cual la primera de las nombradas proveía a la segunda insumos para la actividad agropecuaria que esta última desplegaba. Sustentó la actora su reclamo en la existencia de un saldo deudor en dólares estadounidenses, en la cuenta corriente mercantil que a los efectos de la demanda convirtió provisoriamente a pesos a la cotización de la divisa extranjera en el mercado libre de cambios, sin dejar de admitir que equivalía efectuar una reducción en razón de la resolución 10/02 del Ministerio de Economía de la Nación y la resolución conjunta 143/02 del Ministerio de Economía y Ministerio de la Producción de la Nación. En subsidio, solicitó el reajuste equitativo de las prestaciones adeudadas de conformidad con el art. 8 del decreto 214/02, especialmente la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER; v. fs. 313/319 vta.).
Corrido el traslado de ley contestó demanda la accionada desconociendo, en base a los recibos cancelatorios emitidos, la existencia de deuda y que, además, el crédito estuviera dolarizado, pues en la ley 25.561, vigente a la fecha de los pagos efectuados, se había dispuesto que la paridad del peso respecto del dólar estadounidense era uno a uno (v. fs. 368/374 vta.).
Se abrió el juicio a prueba, se dispuso como medida para mejor proveer la confección de una pericia contable a la Asesoría Pericial de ese departamento judicial, la que cumplida permitió el dictado de la sentencia, haciéndose parcialmente lugar al reclamo, al reconocerse el crédito a favor de la actora por una suma menor a la peticionada en la demanda (v. fs. 1.118/1.126 vta.).
Este pronunciamiento fue apelado por la actora (v. fs. 1.127) y por la demandada (v. fs. 1.129), presentando sus respectivos memoriales (v. fs. 1.149/1.160 vta.; 1.144/1.148 vta.) y contestaciones (v. fs. 1.162/1.165 vta.; 1.169/1.175).
I.2. Elevados los autos a la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes, ésta revocó parcialmente la sentencia recurrida al elevar el monto indemnizatorio en dólares y fijar su pesificación a la paridad uno a uno con más la aplicación del CER e intereses anuales a la tasa del 7,5%, todo ello desde la fecha de la mora (8 de agosto de 2002) hasta el efectivo pago. Modificó, a su vez, las costas de primera instancia, imponiéndolas a la demandada vencida y las de alzada las distribuyó en un 55% a la accionada y en un 45% a la actora.
Para decidir como lo hizo, tuvo en cuenta que la relación comercial llegaba incontrovertida, que la actora vendía sus productos en dólares estadounidenses, ya que esa era la modalidad convenida, y que además recibía cereales de la compradora como pago del precio, lo que permitía evitar el pago del Impuesto al Valor Agregado, conforme la legislación vigente en la materia (v. fs. 1.179 vta. y 1.180).
También recordó que el 6 de enero de 2002 se había dictado la ley 25.561, posteriormente los decretos 214/02 y 320/02 que establecieron que a las deudas pesificadas a razón de un peso por dólar estadounidenses debían aplicársele el Coeficiente de Estabilización de Referencia más una tasa de interés, que los pagos en pesos se recibían a cuenta, que se permitían acuerdos extrajudiciales fijando pautas para que los jueces resolvieran los pleitos en base a la teoría de la imprevisión y del esfuerzo compartido. Se refirió, además, a la legislación que establecía excepciones al régimen (v. fs. 1.180/1.181 vta.).
Luego analizó si había habido acuerdo entre las partes, teniendo en cuenta que la demandada sostenía que lo había efectuado y -aunque sin aportar el cómo y el cuándo- que surgía de las órdenes de pago suscriptas por el ingeniero Portal, representante de la actora, con las que se habían cancelado las facturas que en este juicio se reclamaban, justificándolo en el controvertido texto inserto en aquellos documentos emitidos por la deudora (v. fs. 1.182).
Respecto de la actuación de dicho representante, encontró el sentenciante que no se había probado que tuviera mandato para negociar pagos ni quitas en nombre de la actora, ya que de su declaración testimonial surgía que su función era vender productos, que recibía los cheques sin emitir recibo, que esa tarea la realizaba la empresa pero que firmaba las órdenes de pago cuando retiraba los valores porque eso era de uso y costumbre, y que no recordaba si había habido algún acuerdo especial con la demandada (v. fs. 1.182/1.184).
Resumió la Cámara que la cuestión a dilucidar era la representatividad del firmante y no la aplicación lisa y llana del art. 1.028 del Código Civil, a lo que agregó que debía tenerse presente que por la ley 25.561 la actora estaba obligada a recibir los cheques como pagos a cuenta (v. fs. 1.184/1.186).
Seguidamente resolvió cómo debían imputarse los pagos documentados en las órdenes de pago obrantes a fs. 1.019/1.026, ya que la actora tomaba el valor del dólar estadounidense a la cotización del mercado libre de cambios y la demandada en razón de un peso por cada dólar (v. fs. 1.186).
En principio determinó que no se había probado que fueran de aplicación las resoluciones conjuntas 24/02 y 143/02 (excepciones al dec. 214/02) para luego establecer el valor del dólar estadounidense promedio, ya que los pagos efectuados en pesos mediante distintos cheques en distintas fechas (abril a mayo de 2002) debían ser convertidos en la moneda extranjera para su imputación respecto de las facturas emitidas (v. fs. 1.186 vta. y 1.187).
De esa manera realizó la conversión y la imputación determinando la suma de capital adeudado en pesos, y teniendo en cuenta el reajuste equitativo peticionado en subsidio por la actora aplicó por analogía la solución que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había establecido en el fallo "Longobardi", razón por la cual a ese capital debía aplicarse el 50% de la brecha existente entre un peso y un dólar estadounidense salvo que la utilización del Coeficiente de Estabilización de Referencia arrojara un resultado superior, a lo que se le adicionaría la tasa de interés del 7,5% anual, todo desde la fecha de la mora, la que estableció en el 8 de agosto de 2002, hasta el efectivo pago (v. fs. 1.187 vta. y 1.188).
Por último, fijó las costas de primera instancia imponiéndolas a la demandada por haber resultado vencida, a pesar de que la demanda había prosperado por un monto inferior al peticionado por la actora; respecto de las de segunda instancia, al haber prosperado el recurso de esta última en forma parcial las estableció en un 45% a cargo de la accionante y en un 55% a cargo de la demandada (v. fs. 1.188 y vta.).
II. Se agravia la recurrente denunciando la aplicación errónea de los arts. 71 del Código Procesal Civil y Comercial y 499, 773, 775 y 1.028 del Código Civil, así como la absurda valoración de las pruebas.
Sostiene que la Cámara dejó de aplicar las normas sobre la cuestión planteada y se desentendió -además- de las probanzas rendidas, forzando una interpretación de los hechos producto de su sola voluntad.
Encuentra que no ha dado razón acerca de la falta de aplicación de las normas que regulan la fuerza cancelatoria del pago, la imputación que formula el deudor sobre deudas líquidas y exigibles, ni tampoco lo ha hecho respecto del valor esencial que tiene el reconocimiento de la firma con relación al contenido del documento, haciendo una fundamentación aparente y supliendo la falta de actividad de la actora sobre la cuestión (v. fs. 1.196/1.198).
II.1. Señala los errores en los que considera incurre la Cámara, sembrando inseguridad jurídica, de la siguiente manera:
a) en el recibo consta la imputación del pago y el valor cancelatorio de la deuda, razón por la cual no puede ser considerado como un pago a cuenta;
b) desconoció el carácter de representante de la empresa Profértil S.A. a quien suscribió el recibo, hecho que debió ser probado por la actora y no por su parte;
c) analizó el documento por el título y no por su contenido;
d) no dijo cuál hubiera sido el documento adecuado;
e) cinco años después y sin cuestionar la validez del pago, la actora promovió demanda por reajuste equitativo;
f) se consideró adecuado que las facturas se hayan emitido en dólares estadounidenses pero no así los recibos, dejando de lado el favor debitoris ;
g) no se tuvo en cuenta que los productos manufacturados eran nacionales, motivo por el cual no se necesitaba de insumos en esa moneda extranjera para producirlos;
h) la aplicación de un coeficiente de estabilización o un reajuste equitativo debió estar debidamente fundado en ley por exigencia constitucional;
i) la actora no probó haber sufrido un desequilibrio económico;
j) dejó de lado la pericia oficial de cuyo informe surgía que el saldo de la cuenta corriente entre ambas empresas era de tan sólo $8.238,63 y no ha podido explicar cómo llegó a la suma fijada en la parte resolutiva del fallo, cuando la experta contable había detectado que Profértil S.A. no había computado una serie de operaciones comerciales; y
k) desmereció las declaraciones del ingeniero Portal de que el pago había sido definitivo y cancelatorio (v. fs. 1.198/1.203).
II.2. Por último, se agravia de la distribución de las costas de primera instancia.
Entiende que la Cámara no aplicó el art. 71 del Código Procesal Civil y Comercial porque no hubo distribución parcial de las costas, ya que si se demandó por $422.080,89 y prosperó por $101.483,50, lo que representa un 24% del reclamo original, no ha habido suficiente fundamentación legal que explique el motivo de por qué las costas deben ser soportadas exclusivamente por la demandada (v. fs. 1.203).
Agrega que la solución dada es arbitraria y colisiona con el principio de congruencia, pues representa un " bill de indemnidad" reclamar sumas disparatadas para que luego alguna de ellas prospere, lo que no puede tener amparo y debe ser corregido (v. fs. 1.203 vta. y 1.204).
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
Llega esta causa a estudio por el saldo impago que se determinó respecto de la cuenta corriente mercantil perteneciente a la relación comercial que unía a la actora con la demandada.
Para ello es necesario tener en cuenta que la empresa actora vendía insumos agropecuarios a la accionada, emitiendo facturas en moneda dólar estadounidense durante el año 2001, reclamadas en este expediente, y que la demandada efectuó pagos el 18 de abril de 2002, con cheques con vencimiento en mayo y junio del mismo año, en pesos (v. fs. 161). Es decir, la controversia se centra en que para la actora el reclamo es por una deuda en dólares estadounidenses a la cotización del mercado libre de cambios a la fecha de interposición de la demanda o subsidiariamente el reajuste equitativo con sustento en las normas de emergencia económica que se habían dictado en el país a partir de enero de 2002, y para la demandada, ella canceló con cheques en pesos las deudas en dólares estadounidenses a la paridad uno a uno, existente en el año 2001.
III.1. El 6 de enero de 2002 se dictó la ley 25.561 que puso fin a la convertibilidad del peso con el dólar estadounidense, a la paridad uno a uno, sumiendo al país en una grave crisis económica que se intentó apaciguar con el dictado de la referida ley, con la ley 25.713, con el decreto 214/02 y sucesivas normativas, todo lo que puso de relieve la magnitud del problema económico, financiero y social que se estaba produciendo.
La legislación mencionada, con la que se intentó contrarrestar los efectos de la crisis acontecida respecto de las obligaciones adeudadas al 6 de enero de 2002 entre particulares que no pertenecían al sistema financiero, fue aplicada por esta Corte en las causas C. 89.562, "Quiroga"; C. 93.176, "International Trade"; C. 94.032, "Rechou" y C. 97.043, "Zella" (sents. de 29-XII-2008), entre muchas otras.
En razón de lo dicho es que corresponde la aplicación del mecanismo de conversión de los dólares estadounidenses a pesos, pues las facturas fueron emitidas en moneda extranjera, como bien lo ha dispuesto la Cámara.
III.2. Sin embargo, resulta incorrecta la metodología de pesificación que utilizó el Tribunal de Alzada para determinar el capital adeudado, pues la deuda en dólares estadounidense que emerge de la cuenta corriente mercantil es la que debe ser convertida a pesos, o sea uno a uno, para luego aplicársele el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) o el 50% de la brecha existente entre un peso y la cotización de la divisa extranjera, lo que sea superior, cálculo que debe ser realizado mes a mes hasta la fecha del efectivo pago, debiendo descontarse, en las fechas correspondientes, los cheques en pesos con los que se cancelaba deuda, ya que esos pagos, por disposición del art. 11 de la ley 25.561, debían ser recibidos a cuenta de la liquidación final.
Es por ello que fue inapropiado el mecanismo utilizado por la Cámara al convertir a dólares estadounidenses los pagos efectuados en el año 2002 mediante cheques en pesos, para descontarlos de la deuda en moneda extranjera y luego aplicar el mecanismo de pesificación (v. fs. 1.186 vta., 5to. párr./1.187 vta.).
Llegado a este punto y en cumplimiento con el postulado de la apelación adhesiva, es necesario dejar sentado que con lo decidido se está dando respuesta a la actora que no recurrió ante esta sede extraordinaria por haberle sido favorable la sentencia que ahora se modifica (conf. doctr. causas C. 96.834, "Rule", sent. de 3-III-2010; C. 103.788, "López de Lenarduzzi", sent. de 15-XI-2011; e.o.).
III.3. Resuelta, entonces, la cuestión anterior, corresponde ahora responder a la impugnación de la recurrente respecto a que la Cámara no tuvo en cuenta la pericia realizada por la contadora de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de Mercedes, obrante a fs. 1.051/1.079.
Por un lado, se agravia de que no se haya tomado en cuenta el saldo informado por la experta, el que surgió de la conciliación de las cuentas de ambas empresas, resultado que fue reconocido en la sentencia de primera instancia y que la Cámara modificó sin dar debidas explicaciones acerca del monto al que arribó.
Considero que en este punto no le asiste razón, pues el Tribunal de Alzada ha explicitado el cálculo que realizó para llegar al resultado que desconforma al recurrente. Lo dicho, sin perjuicio del error que se ha puesto de relieve y resuelto en el punto III.2. (v. fs. 1.186/1.187 vta.).
Encuentro, entonces, que la impugnante confronta sin más la decisión de la Cámara que le ha sido desfavorable, desentendiéndose de las razones dadas en el fallo, lo que evidencia la insuficiencia del agravio, pues este Tribunal tiene dicho que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no rebate en forma idónea los argumentos vertidos por la Cámara, limitándose a desarrollar en forma paralela y genérica su opinión discrepante con el fallo, sin hacerse cargo de las concretas razones que sustentan el mismo (conf. doctr. causas C. 117.156, "López", sent. de 25-VI-2014 y C. 119.665, "Haupt", sent. de 15-VIII-2018).
Además, advierto que la conciliación de las cuentas de ambas empresas, realizada por la experta contable, no echa luz sobre el saldo de la cuenta corriente de Casey Marelli S.A. en Profértil, cuando se han conciliado importes en dólares estadounidenses en su relación uno a uno con el peso, como así lo informa la perito (v. fs. 1.051/1.079), sin haber tenido en cuenta la manera en que debían calcularse las deudas en dólares estadounidenses existentes al 6 de enero de 2002, o sea la que surgía de la facturación de la empresa actora, ya que los pagos realizados por la demandada en el año 2002 lo habían sido en pesos y debían ser tomados como pagos a cuenta, como se ha explicado y dispuesto al tratar el punto anterior; mecanismo que al no haber sido utilizado por la perito contadora provoca que esa información carezca de rigor técnico.
También se desconforma la recurrente de que no se haya tomado en cuenta que la referida experta había informado la falta de imputación en la cuenta corriente de la demandada en Profértil S.A. de un pago realizado con cereales.
Tampoco este planteo es de recibo, pues tal circunstancia no constituyó la defensa de la recurrente al contestar demanda, por lo que su introducción en esta instancia deviene extemporánea. Al respecto, esta Corte tiene dicho que las cuestiones que, de manera novedosa y extemporánea se introducen por primera vez ante la instancia extraordinaria, resultan ineficaces para habilitar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en tanto constituyen el fruto de una reflexión tardía (conf. doctr. causas C. 106.293, "Cesyt S.R.L.", sent. de 22-X-2014 y C. 119.887, "Grasso Colombres", sent. de 7-VI-2017), lo que acontece en la especie y sella el resultado adverso del intento revisor.
III.4. Enarbola además la recurrente el efecto cancelatorio y definitivo de los pagos que efectuó y que constan en las órdenes de pago por ella emitidas.
Es necesario precisar que esas órdenes de pago que, reitero, son documentos emitidos por la demandada, contienen un texto que expresa: "Recibo cancelatorio y definitivo" (v. fs. 1.019/1.026). Esta frase está impresa en cada uno de esos documentos agregados y allí también está la firma del representante comercial de la actora, circunstancia que esgrime la recurrente intentando hacer valer como pago cancelatorio emitido por Profértil S.A., apoyándose en el art. 1.028 del Código Civil en cuanto a que reconocida la firma se reconoce el contenido.
Encuentro que -nuevamente- la quejosa se desentiende del fundamento central del pronunciamiento, en el cual se señaló que la cuestión no versaba sobre el supuesto contemplado en el referido artículo sino en la representatividad del firmante que lo facultaría para extender recibo cancelatorio y definitivo de cualquier pago (v. fs. 1.185 vta., 2do. párr.).
El ingeniero Portal al que la demandada atribuye aquella facultad era sólo el agente comercial de la empresa Profértil y su tarea era la venta de los productos que comercializaba su empleador. Al prestar declaración testimonial explicó la operatoria que se aplicaba para efectuar los pagos, la que era de uso y costumbre en la relación comercial (v. fs. 871/873 vta.), pues al responder por las generales de
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