Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123609
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.609, "Biagioni, José Luis contra Arzobispado de La Plata y otro. Cobro sumario sumas dinero", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Genoud, Kogan, Torres.
La Sala II de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata modificó la sentencia de primera instancia que, oportunamente, había determinado el honorario profesional del actor, disminuyéndolo (v. sent. electrónica de fecha 26-XI-2018).
Se interpuso, por este último, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. documento electrónico de fecha 13 de diciembre de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El señor José Luis Biagioni promovió demanda por determinación y cobro de honorarios por su trabajo profesional como arquitecto contra el Arzobispado de La Plata y Cáritas Argentina Comisión Nacional.
Relató que el 28 de mayo de 2013 el tesorero de Cáritas Argentina de La Plata, ingeniero civil Daniel Vázquez, lo había relacionado con el director de esa entidad, padre Andrés Marcos Rambeaud, para llevar a cabo un proyecto inmobiliario vinculado a bienes del clero.
Explicó que se le había encomendado el análisis de factibilidad del proyecto de edificación, el anteproyecto, el inicio de la obra y la presentación de la documentación correspondiente ante la Dirección Municipal de Obras Particulares respecto del inmueble de propiedad del Arzobispado de La Plata sito en calle 493 y esquina 27 de la localidad Manuel B. Gonnet, del Partido de La Plata, de alrededor de 5.000 m2 de superficie.
Refirió que el proyecto encomendado era poner en valor el inmueble a "costo cero", en razón de que los fondos para llevarlo a cabo provendrían de inversores particulares, lo que permitiría al comitente conservar alguno de los inmuebles que se construirían para así dar alojamiento e ingresos a perpetuidad a Cáritas arquidiocesana. Describió las particularidades del proyecto por el que se edificarían 7.200 m2 de viviendas.
Destacó que por el prestigio y seriedad del comitente no se formalizó lo encomendado en ningún instrumento contractual y describió que sus tareas habían dado comienzo al presentar el análisis de factibilidad económica del proyecto ante el Arzobispado y ante el municipio local. En consecuencia, reclamó honorarios en concepto de desarrollador ("proyect manager ") y por haber realizado el anteproyecto y el proyecto de la obra.
Corrido el traslado de ley, Caritas Argentina no se presentó, pero sí lo hizo el Arzobispado de La Plata oponiendo excepción de falta de legitimación pasiva en relación a la primera de las nombradas por no existir como entidad jurídica y, en lo que a ella correspondía, repelió la acción en su contra negando la contratación alegada.
Posteriormente se abrió el juicio a prueba y, a su turno, el magistrado de primera instancia dictó sentencia definitiva declarando la falta de legitimación pasiva de la codemandada Cáritas Argentina y haciendo lugar a la demanda por el cobro de los referidos honorarios contra el Arzobispado de La Plata, estimándolos junto con sus correspondientes intereses e imponiendo las costas al demandado vencido (v. sent. electrónica de 18-IV-2018).
Este pronunciamiento fue apelado por ambas partes, quienes presentaron sus respectivas expresiones de agravios (v. escritos electrónicos del actor de 5 de junio de 2018 y del demandado de 13 de junio de 2018).
II. Elevados los autos a la Sala II de la Cámara Segunda del Departamento Judicial de La Plata, esta -por mayoría- modificó parcialmente la sentencia de grado anterior, disponiendo la reducción de los honorarios establecidos y fijando la tasa de interés aplicable (i) en el 6% anual desde la fecha del inicio de la mediación (10 de noviembre de 2015) y hasta la época de estimación de las unidades arancelarias referidas en la regulación morigerada (v.gr. hasta el 23 de agosto de 2017) y (ii), a partir de allí y hasta su efectivo pago, estipulándolo en la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días. Asimismo, impuso las costas de ambas instancias al demandado vencido.
Para decidir de esa forma, respondiendo los agravios de apelación presentados por ambas partes y en la medida del recurso interpuesto ante esa sede, determinó que la relación contractual entre el actor y el demandado había sido una locación de obra intelectual para que el profesional proyectara los planos de la obra.
Por lo que estableció que resultaba de aplicación el art. 1.627 del Código Civil que regulaba dicho contrato y que facultaba al juez a determinar los honorarios profesionales de acuerdo con las normas arancelarias locales cuando no lo hubieran preestablecido las partes; así como también -excepcionalmente- a morigerarlos por debajo de los mínimos legales cuando la magnitud de la suma así determinada no resultara razonable con la índole y extensión de la concreta labor desarrollada por el profesional.
Así, partiendo desde tales postulados, apreció el informe técnico realizado por la perito arquitecta y señaló que la magistrada de grado se había apegado estrictamente a la fórmula matemática contenida en el mismo, prescindiendo del resto de la prueba producida en la causa.
En efecto, el informe técnico de arquitectura de fs. 460/464 determinaba que el valor de los honorarios por la confección de un anteproyecto debía equivaler al 20% del valor total de los emolumentos correspondientes al proyecto y dirección de la respectiva obra y que, si finalmente esta no se realizaba, al porcentaje reseñado debía agregársele un 10% suplementario por interrupción de la encomienda. Luego, el citado informe refería que, en el presente caso, la documentación presentada por el actor a su comitente alcanzaba el estatus de anteproyecto con planos complementarios incompletos en un 10%, estableciendo que el avance global de la obra intelectual debía considerarse del 30% del total por proyecto, con más el mencionado 10% suplementario por su falta de continuación. Así, en la ampliación de la experticia se disponía finalmente el cálculo de los correspondientes honorarios que debía percibir el actor de conformidad con las unidades arancelarias vigentes al mes de octubre de 2017, arribándose al importe de $6.770.422,95, guarismo que había sido derechamente reconocido en la sentencia de grado impugnada.
No obstante, en base a los principios que abastecen la sana crítica, el tribunal a quo concluyó que las explicaciones dadas por la referida experta no resultaban lo suficientemente claras y concretas como para permitir justificar directamente el monto consignado en su informe técnico.
Por el contrario, destacó -por un lado- que de la prueba testimonial y documental producida en autos surgía con claridad que la contratación del accionante había sido exclusivamente para la realización del proyecto, mas nunca para encargarse de su dirección, por lo que no devenía del todo correcto el cálculo integral realizado por la experta. Por demás, agregó que la cantidad de unidades arancelarias fijadas en el informe no contaba con una correlación lógica, detallada ni argumentada, respecto de la cantidad de metros cuadrados involucrados. Y a ello sumó -por otro lado- que de lo informado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (a fs. 444) surgía que las tareas totales por la confección del anteproyecto de la obra contratada equivalían a 107,94 unidades arancelarias, lo que arrojaba solamente un honorario por $1.340.622,18, apreciando entonces que tales contradicciones disminuían la fuerza de convicción de la mentada pericia.
A su vez, reconoció que, si bien el accionante había confeccionado el plano agregado en el anexo V de su prueba documental, identificado por la perito como el anteproyecto de la obra, los trabajos vinculados a él no habían sido realizados en su totalidad, pues de la respuesta al oficio librado a la Dirección de Obras particulares de la Ciudad de La Plata (a fs. 457/458) emanaba que se había operado la caducidad del expediente n° 2.154/14 por inacción del interesado, en cuyo marco el municipio había remitido una cédula al arquitecto Biagioni en enero de 2015 notificándole que la documentación presentada resultaba insuficiente, adeudándose la memoria descriptiva del proyecto, sus planos, los certificados catastrales con gráfico de las tres parcelas, el certificado de servicios (ABSA), el encuadre según la ordenanza 10.703/10 indicando artículos e incisos que correspondieran a los destinos propuestos, las siluetas y los balances de superficies, los cálculos desarrollados de indicadores y el plano visado por Catastro; observaciones que no habían sido posteriormente subsanadas.
Por otro lado, el tribunal asimismo descartó la porción del reclamo de honorarios por las tareas de desarrollador de proyecto, pues más allá de que dicha función no se halla expresamente prevista en la ley local arancelaria, de las actas de reunión de Cáritas La Plata surgía que, a medida que la obra intelectual fue avanzando, se ideó la posterior creación de una unidad ad hoc ejecutora o desarrolladora del proyecto ("Ingenium"). Por demás, consideró relevante que el actor no había sido convocado por esa especialidad ni a tales fines, lo que se encontraba debidamente acreditado con los testimonios rendidos.
En suma, concluyó que los montos establecidos por la perito arquitecta -tomados como base para la sentencia de grado- conducían a una evidente e injustificada desproporción entre el resultado de la pretendida retribución y la importancia de la labor concretamente cumplida, toda vez que el proyecto nunca se había terminado de llevar a cabo y los trabajos parciales encomendados tampoco habían sido cumplimentados en su totalidad, por lo que correspondía reducir el crédito por honorarios profesionales del actor a la suma de $400.000, que equivalía al 30% del monto informado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires por la realización del anteproyecto (v. sent. electrónica de 26-XI-2018).
III. Contra dicho pronunciamiento se agravia el recurrente denunciando la errónea aplicación del art. 1.627 del Código Civil -vigente al tiempo de los hechos- y la presencia -en el decisorio recurrido- del vicio configurativo de la doctrina legal del absurdo en la valoración de la prueba rendida, atacando así los argumentos de la Cámara por los cuales redujo el monto de sus honorarios profesionales.
Señala que -a pesar de considerar la ley arancelaria local, decreto 6.964/65- el Tribunal de Alzada se apartó de sus normas y del informe de la perito arquitecta, aplicando de forma incorrecta el honorario mínimo informado por el Colegio de Arquitectos provincial.
Objeta que se haya debido utilizar en el caso la facultad judicial de morigeración de sus emolumentos profesionales. Por un lado, remarca que la misma solo puede ser actuada por los jueces para estimar las retribuciones de las locaciones de servicios, pero no así de las locaciones de obra; resalta que la prestación a su cargo como proyectista era la realización del proyecto urbanístico, una locación de obra. Por otro, pone de relieve que el art. 1.638 del digesto civil -vigente al tiempo de los hechos- tampoco resulta de aplicación al caso pues aquí no se ha reclamado una utilidad ni una indemnización, sino el derecho a los honorarios por el trabajo profesional realizado. Así, sostiene que frente a las locaciones de obra los jueces no pueden apartarse -en su justipreciación- de los mínimos fijados en la ley arancelaria.
Seguidamente, reprocha la valoración efectuada por la Cámara tanto de la pericia en arquitectura como del referido informe del colegio profesional. Respecto de la primera, resalta que el voto mayoritario hace las veces de impugnación del dictamen, lo que considera arbitrario. Respecto del segundo, remarca que -al estimar los emolumentos profesionales- este tuvo en cuenta solamente el "Coeficiente 1", haciendo énfasis en que el cálculo derivado debía incrementarse si la obra resultaba de mayor valor, tal como aquí ocurría; a la par, encuentra equivocada la reducción al 30% de la justipreciación surgida del informe, toda vez que -insiste- el anteproyecto estaba cumplido en su totalidad, circunstancia que no pudo ser menospreciada a partir de las observaciones municipales al trámite administrativo, pues la gestión de factibilidad sobre la que dio cuenta el informe comunal de fs. 457/458 no poseyó otro valor que el de establecer si el proyecto podía ser realizado en el lugar indicado, mas no le quitaba entidad a la obra intelectual en sí, que debe considerarse terminada (v. fs. 617/630).
IV. Pues bien, considero que el recurso no puede recibir favorable acogida, ya que no logra conmover las motivaciones sobre las que se asienta el decisorio impugnado (doctr. art. 279, CPCC).
Sabido es que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. Y el incumplimiento de esta exigencia -tal como aquí sucede- provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Company [Argentina] SA", resol. de 23-V-2017; e.o.).
IV.1. En tal sentido, por un lado, corresponde rechazar los embates dirigidos contra la procedencia del ejercicio -por el Tribunal de Alzada- de las facultades de morigeración en la estimación judicial de los honorarios adeudados por la locación de obra intelectual comprometida, en los términos del art. 1.627 del Código velezano, digesto declarado aplicable a la relación jurídica ventilada en el reclamo de autos.
Ello así porque la impugnación propone una inteligencia del referido precepto normativo que lo dota de un ámbito sesgado de aplicación (exclusivo de las locaciones de servicios e inaplicable a las locaciones de obra) que se muestra contraria a una primera hermenéutica derivada de la conjunta regulación de ambas figuras contractuales (en el Capítulo VIII del Título VI de la Sección III del Libro II), a la vez que atentatoria de una equitativa valoración sobre las diversas posibles prestaciones comprometidas por aquellas personas que brindan servicios profesionales reglamentados por leyes arancelarias sin que a tales fines se hayan expuesto, ni se perciban, fundamentos razonables para efectuar semejante distinción en función de las labores concretamente involucradas (doctr. art. 279, CPCC).
En efecto, el recaudo que luce en verdad relevante a los fines de habilitar el posible ejercicio de la referida potestad judicial no es otro que la presencia de normas arancelarias que de algún modo puedan provocar -en cada caso concreto- que la estimación judicial de los emolumentos debidos a los profesionales -a partir de las disposiciones contenidas en tales normas- resulte evidente e injustificadamente desproporcionada con la concreta labor cumplida (conforme su importancia, naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado); sin que se observen razones de peso que puedan justificar una solución distinta por la mera circunstancia que las tareas profesionales justipreciadas se hubieran encontrado enmarcadas en contratos de locación de servicios o de obra.
Por el contrario, la tendencia interpretativa parece conducir hacia la dirección opuesta, donde la intención del legislador -al sancionar la ley 24.432- fue incluir en su regulación a todos los servicios profesionales, sin distingos (conf. causas C. 92.206 y C. 92.207, ambas sents. de 10-VIII-2011). Así, si el magistrado observase que la estricta aplicación de las leyes arancelarias locales para la determinación judicial de los honorarios profesionales debidos, aun en sus guarismos mínimos, condujera excepcionalmente a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la concreta labor cumplida, se encontraría legítimamente autorizado a llevar adelante una razonable revisión y reajuste de tal resultado, en razón de toda equidad y justicia, sea que se hubiere comprometido la prestación profesional en una locación de servicios o una de obra, atento a las modalidades propias de los servicios involucrados y el alcance de las respectivas incumbencias profesionales (doctr. arts. 16, 499, 1.071, 1.627 y concs., Cód. Civil; tal como actualmente plasma expresamente el art. 1.255 del Código Civil y Comercial).
En suma, deviene insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, en tanto su desarrollo no demuestra que el a quo haya incurrido en un error in indicando al aplicar al caso el art. 1.627 del Código Civil (doctr. art. 279, CPCC).
IV.2. Por otro lado, encuentro que el impugnante tampoco logra acreditar el vicio de absurdo invocado, pues si bien objeta la apreciación de las diversas constancias de la causa efectuada por el Tribunal de Alzada, no consigue desvirtuar su valoración sobre la concreta extensión de la labor profesional desarrollada por su parte al tiempo de la suspensión del proyecto. En su prédica, insiste en que la Cámara confundió las tareas propias de dos etapas proyectuales diversas, exigiendo para el anteproyecto documentos propios de una fase proyectual ulterior; sin embargo, tal embestida no obtiene suficiente basamento en las constancias emanadas de la causa, apreciadas a la luz de la normativa aplicable (doctr. art. 279, CPCC).
Por el contrario, a partir de las descripciones contenidas en los arts. 2 y 3 del Capítulo I del Título VIII del decreto 6.964/65, es dable apreciar que, de acuerdo con la documentación presentada a su comitente, acompañada con la promoción de la demanda y referida por la perito arquitecta en su informe técnico de fs. 460/464 (parcela a la que el sentenciante reconoció entidad, v. fs. 32 y 33, decisorio del Tribunal de Alzada), las tareas desarrolladas por el profesional al momento en que se decidió no continuar con la obra no habían incluido todos los componentes propios de la etapa de anteproyecto.
En efecto, la primera de las normas citadas establece que debe entenderse por anteproyecto al conjunto de plantas, cortes y elevaciones estudiados conforme con las normas y disposiciones vigentes, el cual debe acompañarse con una memoria descriptiva, escrita o gráfica, un enfoque sintético y un presupuesto global (conf. art. 2, Cap. I, Tít. VIII, dec. 6.964/65); mientras que el proyecto completo incluye asimismo el conjunto de elementos gráficos y escritos que definan con precisión el carácter y finalidad de la obra y que permitan solicitar la aprobación de las autoridades respectivas, licitar, cotizar y adjudicar, dirigir y ejecutar la obra, involucrando -en cuanto resulta de interés- la documentación necesaria para actuaciones oficiales, como ser planos, planillas y demás elementos para que el comitente pueda realizar las gestiones necesarias, a los efectos de la aprobación ante repartición correspondiente y/o gestionar créditos (conf. art. 3, Cap. I, Tít. VIII, dec. 6.964/65).
En este sentido, el anteproyecto se presenta conformado por los elementos que permitan comprender -con cierto rasgo de generalidad- las características más salientes de la obra y debe exceder de una mera finalidad pictórica, por lo que se exige que haya sido realizado de conformidad con las normas y disposiciones vigentes para que pueda ser de utilidad, susceptible de ser llevado a cabo.
Tratándose además de objetos arquitectónico
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