Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125510
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
C. 125.510 "ITALCRED SA C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ COBRO SUMARIO DE SUMAS DE DINERO (EXC. ALQUI., ARREN., ETC.)"
I. La Sala I de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata modificó el fallo de origen que, a su turno, hiciera lugar a la acción de cobro sumario de sumas de dinero incoada por la firma Italcred S.A. contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, al encontrar reunidos los extremos para su admisión. En tal sentido, readecuó el alcance del monto de condena (v. sentencias de fecha 18-XI-2020 y 16-XII-2021).
II. Frente a ello, la letrada apoderada del accionado vencido interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce infracción a los arts. 506, 520, 901, 1066, 1107, 1197, 1198 y concs. del Código Civil. Asimismo, esgrime el vicio de absurdo y denuncia transgresión de doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 28-I-2022).
III. El recurso no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada -a la luz de las constancias obrantes en la especie- para confirmar el pronunciamiento de primer grado, sobre la responsabilidad atribuida, sostuvo que "... los empleados del banco no se han manejado con la profesionalidad que exige la operatoria bancaria, que en su carácter de receptor de fondos de terceros se debe realizar en forma responsable y diligente, a través de empleados que estén capacitados para advertir anormalidades como las de autos ... el daño provocado al pagar las órdenes falsificadas deriva de la falta de cumplimiento de su obligación de diligencia ... " (v. pág. 22); para modificarlo, en torno al daño emergente, manifestó que "... no cabe duda que al serle retirados los fondos, la actora sufrió un perjuicio que se trasluce en las constancias contables evaluadas por la pericia realizada en autos. Luce también evidente que durante cierto período debió soportar un descubierto bancario que fue reduciendo paulatinamente con fondos propios y mientras tanto abonó intereses a otra entidad financiera. Pero estimo que además del daño emergente precitado, corresponde, por resultar probado, indemnizar por la renta que era esperable ..." (v. pág. 25); y para poder establecer el ítem resarcitorio por lucro cesante, dijo que "... el lucro cesante establecido hasta la fecha de interposición de la demanda no importa un enriquecimiento sin causa -tal como postula la demandada-, debiéndose admitir este rubro, ya que hace a la rentabilidad de los importes objeto de condena -al surgir de la prueba pericial contable una rentabilidad superior a la tasa activa-, lo cual no debe finalizar a la fecha de interposición de la demanda, sino a la del efectivo pago." (v. pág. 29).
Tales fundamentos, que se erigen en el pilar jurídico del pronunciamiento en crisis, no logran ser conmovidos por los reproches expuestos en las págs. 11/38 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con la revisión de las circunstancias fácticas del litigio, el incumplimiento contractual, el alcance de la responsabilidad y la determinación del daño emergente y el lucro cesante) se han limitado a discrepar con las razones expuestas por el sentenciante de grado anterior, exteriorizando una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre las cuestiones debatidas (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.), lo que no basta para demostrar el error imputado.
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para desestimar este fragmento impugnativo y permite, además, repeler las infracciones legales indicadas en las págs. 10/11 del embate (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Finalmente, el mismo déficit porta la alegada violación a la doctrina legal expuesta (v. págs. 38/48 del escrito recursivo), toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción, es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.), carga ésta última no abastecida eficazmente por la impugnante que conlleva a repeler este segmento de la protesta.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/03/2022 14:49:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2022 17:55:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/03/2022 09:55:08 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2022 22:40:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2022 09:08:40 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/05/2022 13:22:51 hs. bajo el número RR-267-2022 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia