Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 125510
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 9 de noviembre de 2022;
2Tener por no presentado el escrito de fecha 11 de noviembre de 2022, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de fecha 23 de junio del mismo año (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 3) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 125.510 "ITALCRED SA C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ COBRO SUMARIO DE SUMAS DE DINERO (EXC. ALQ., ARREND., ETC.)"
I. Con la presentación electrónica de fecha 11 de noviembre de 2022, téngase por cumplida en término la intimación dispuesta el 9 de noviembre del mismo año.
II. El apoderado del Banco accionado deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley, en virtud de su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC, resol. de 25-V-2022; trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 10-VI-2022 y su archivo adjunto identificado como "REF+Ital+Cred+c+BpBa.pdf").
En el caso, la Cámara interviniente modificó -parcialmente- el fallo de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar a la acción de cobro sumario de sumas de dinero incoada por la firma Italcred S.A. contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, al encontrar reunidos los extremos para su admisión. En tal sentido, readecuó el alcance del monto de condena (v. sents. de 18-XI-2020 y 16-XII-2021).
III.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de propiedad, defensa en juicio, debido proceso e igualdad ante la ley (arts. 16, 17, 18 y 75 inc. 12, Const. nac.; v. págs. 3/6, 15, 17/20, 23/24 y 26/28, adjunto cit.).
III.2. Sostiene que la decisión en crisis resulta arbitraria, no constituye una derivación razonada del derecho vigente y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto, esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa y de la normativa que rige al caso, rechazó el remedio local al ponderar -dogmáticamente y con exceso ritual- que había sido insuficientemente fundado. Afirma que, en tanto se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y cita, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 329:3673; 329:1541; 342:1367; 341:1443; 344:3782; 342:39; entre otros), en particular la causa "Rey c/ Rocha" (Fallos: 112:384).
En tal sentido, aduce que el fallo atacado omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la vía de inaplicabilidad de ley -que ahora reproduce- referidos al incorrecto encuadre normativo, el progreso de los rubros de daño emergente y lucro cesante y la cuantificación de los montos resarcitorios, así como sus intereses. Insiste el interesado en que, dado el tipo de relación que unía a las partes, sólo corresponde responder por las consecuencias inmediatas derivadas de su actuar. Y asegura que, contrariamente a lo expuesto, los agravios volcados resultaban suficientes para demostrar el absurdo de la sentencia de la Cámara y la violación de la doctrina legal invocada y, en consecuencia, refutar las razones dadas por el Tribunal de Alzada (v. págs. 10/27, adjunto cit.).
III.3. Arguye, finalmente, que el caso de marras conforma un supuesto de gravedad institucional, desde que el pronunciamiento de esta Corte excede el interés de las partes y atañe a la colectividad pues afecta principios básicos de la Constitución nacional, al resolver -desde su punto de vista- en contra de la ley (v. págs. 3/6, adjunto cit.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 22-VI-2022) el mismo fue contestado por el apoderado de la actora (v. escrito electrónico de fecha 11-XI-2022).
Respecto a dicha pieza, cabe destacar que en ella no se ha dado cumplimiento con el requisito relacionado a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 renglones en las págs. 2 y 3; v. archivo adjunto identificado como "italcred+(1).pdf" del trámite cit.; doctr. CSJN, causas "Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios", sent. de 1-VI-2010, P. 720-XLV; "Monterisi, Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ incidente ejecución de sentencia", sent. de 28-IX-2013, M. S7.XLIX).
En razón de ello, se la tiene por no presentada, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de fecha 23 de junio de 2022 (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit. y 257 y sigs., CPCCN).
V.1. En lo que refiere al remedio federal intentado, cabe recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el caso, la valoración efectuada por la Cámara de las circunstancias fáctico-probatorias para determinar el alcance de la responsabilidad y cuantificar los rubros de la condena, la interpretación y aplicación de lo normado por los arts. 520, 622, 901, 1107 y concs. del Código Civil, así como la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar esa decisión) son ajenas -por regla y naturaleza- al recurso federal. Por lo que, en estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (doctr. arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 249:530; 267:59; 310:405 y 750; 311:1337 y 1556; 312:1458; 315:2689; 316:238; 317:1684; 318:862; 319:3395 y 322:1426; 324:4349; 325:2192; 328:3878 y 330:133 y 4770; e.o.).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
V.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, exceso ritual, falta de fundamentación, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan argumentos que -ponderados en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie. Ello, toda vez que el recurrente se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio respecto al fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar el recurso intentado, insistiendo el agraviante en cuestionamientos que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 9/43 del escrito electrónico de fecha 28-I-2022, págs. 10/27, adjunto cit. y resol. de fecha 21-II-2022, cit.).
V.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de propiedad, defensa en juicio, debido proceso e igualdad ante la ley; arts. 16, 17, 18 y 75 inc. 12, Const. nac.; v. págs. 3, 15, 17/20, 23/24 y 26/28, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal nacional que cita, en particular la doctrina derivada de la causa "Rey c/ Rocha", no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.022, "Szabady", resol. de 13-III-2019; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 124.060, "Fisco Nacional", resol. de 31-III-2021; C. 124.640, "Cataffo", resol. de 10-IX-2021; C. 123.866, "Toncovich Rodriguez", resol. de 20-IV-2022; entre otros).
V.4. Resta agregar que tampoco se observan motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida sobre la base de la doctrina de la gravedad institucional. Independientemente de tratarse de un resorte hábil solamente para sortear aspectos formales, más no para suplir la ausencia de cuestión federal, lo cierto es que ella constituye un supuesto excepcional que no se encuentra configurado en el caso, pues sólo se discuten derechos patrimoniales que no exceden el ámbito de las partes, sin que se advierta la afectación -de modo directo- de intereses comunitarios (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799, v. págs. 3/6, adjunto cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 9 de noviembre de 2022; 2) tener por no presentado el escrito de fecha 11 de noviembre de 2022, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de fecha 23 de junio del mismo año (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 3) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/04/2023 12:45:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/04/2023 13:01:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/04/2023 23:23:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/04/2023 10:37:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/04/2023 13:26:18 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 05/04/2023 13:49:19 hs. bajo el número RR-167-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia