Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 127359
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDevolver las actuaciones al Juzgado en lo Civil y Comercial n°3 del Departamento Judicial de Azul para que por su intermedio gire las presentes a la Receptoría General de Expedientes de Morón, a fin de que proceda a asignarlos al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de ese departamento judicial que corresponda.
C. 127.359 "BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ SELSER ARIEL S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC. ALQUILERES, ETC.)"
I. El Banco de la Provincia de Buenos Aires demandó -en mayo de 2014- ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°3 del Departamento Judicial de Azul, al señor Ariel Selser por cobro de sumas de dinero provenientes de un saldo impago de tarjeta de crédito. Denunció que el accionado se domiciliaba en Ituzaingó y solicitó su inhibición general de bienes. En torno a la competencia -punto III-, consideró aplicable el art. 5 inc. 3 del Código Procesal Civil y Comercial (v. Sist. Augusta, trámite: "Escrito electrónico", de fecha 14-X-2021 y PDF adj. págs. 22/26).
El magistrado dio curso al proceso y no hizo lugar a la cautelar requerida por no encontrarse debidamente acreditados los extremos previstos para su dictado (v. trámite: "Proceso sumario-plantea opción/se provee", de fecha 8-V-2014).
Transcurridos varios años, la entidad actora amplió la demanda interpuesta y denunció un nuevo domicilio del accionado, sito en la localidad de Ituzaingó (v. trámite: "Escrito electrónico", de fecha 14-X-2021 y PDF adj.), dándose vista al señor agente fiscal, quien dictaminó al respecto (v. trámites: "Vista fiscalía/se provee", de fecha 18-X-2021 y "Escrito electrónico", de fecha 20-X-2021).
A continuación, la jueza a cargo se inhibió de seguir interviniendo. Ello, en la inteligencia de que la relación habida entre las partes es de consumo y se encuentra regulada por la ley 24.240. En tal virtud, y dado que la morada del deudor se ubica en la localidad de Ituzaingó -corroborado con los registros informáticos del RENAPER que acompañó- consideró que, por imperio del art. 36 de la citada ley, se debían remitir las actuaciones al Juzgado de Paz Letrado con competencia en esa jurisdicción. Citó, en apoyo a su postura, el precedente de esta Corte "Cuevas" (C. 109.305, resol. de 1-IX-2010) y remitió los obrados a la Receptoría General de Expedientes (v. trámite: "Competencia-se resuelve", de fecha 17-II-2022 y PDF adj.).
Girados, el titular del Juzgado de Paz Letrado de Ituzaingó no aceptó su intervención. En tal sentido, señaló que era tardía la inhibitoria dispuesta por la jueza de Azul, en atención a la fecha de inicio de la causa. Así también detalló que no correspondía su actuación, conforme lo normado por la ley Orgánica del Poder Judicial. Ello pues, la causa excede la competencia que le atribuye el art. 61 primer párrafo de la ley 5.827. Así, devolvió los autos a la preventora (v. trámite: "Sentencia definitiva", de fecha 5-XII-2022), quien mantuvo su postura y, atento a la contienda de competencia negativa suscitada, los elevó a esta Corte (v. trámites: "Competencia-se resuelve", de fecha 13-XI-2023, "Interlocutoria registrable" y "Pase a", de fecha 27-XI-2023).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
II. Al respecto, y sin que en esta etapa incumba expedirse acerca del desarrollo argumental de la magistrada de Azul para fundar su inhibitoria, la remisión de la causa efectuada por ésta al Juzgado de Paz Letrado de Ituzaingó, no fue acertada. Ello así, en razón de que tal órgano carece de atribución para el conocimiento de procesos como el presente, en consideración al objeto del litigio debatido -cobro sumario- pues, dentro del marco de la organización de la justicia de paz, el referido Juzgado posee una competencia restringida (conf. art. 61 párrafo I ley 5.827; causas C. 117.134, "Asociación Mutual 25 de Septiembre", resol. de 6-XI-2012; C. 117.817, "C., A. d. V.", resol. de 17-IV-2013; C. 119.877, "Rodríguez", resol. de 21-X-2015; C. 120.349, "Cooperativa Vivienda C. y C. Cristal Ltda.", resol. 4-XI-2015; C. 121.981, "Asociación Mutual de Venado Tuerto", resol. de 25-X-2017; C. 122.265, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 7-III-2018 y C. 126.159, "Pilman", resol. de 1-VIII-2023).
De todos modos, en línea con el razonamiento expuesto por la magistrada del Juzgado de Azul, la atribución de la causa -en este estadio procesal- habrá de recaer en el Juzgado Civil y Comercial que corresponda del Departamento Judicial de Morón, con la pertinente intervención de la Receptoría General de Expedientes.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Devolver las actuaciones al Juzgado en lo Civil y Comercial n°3 del Departamento Judicial de Azul para que por su intermedio gire las presentes a la Receptoría General de Expedientes de Morón, a fin de que proceda a asignarlos al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de ese departamento judicial que corresponda.
Regístrese y hágase saber por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y remítase por la vía correspondiente.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/05/2024 10:03:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/05/2024 14:54:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/05/2024 09:47:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/07/2024 22:47:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/07/2024 10:04:16 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/07/2024 12:57:56 hs. bajo el número RR-438-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia