Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122024
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.024, "Papaianni, Mercurio contra Compañía de TV del Atlántico S.A. Cobro sumario", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Pettigiani, Torres.
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata modificó parcialmente la sentencia de primera instancia, ordenando determinar la base regulatoria por la acción de incumplimiento de contrato y cobro de pesos y por el desalojo. Asimismo, la confirmó en todo lo demás decidido, sin costas en atención a la naturaleza de la cuestión debatida (v. fs. 1.692/1.693).
Se interpusieron, por el actor, recursos extraordinarios de nulidad (v. fs. 1.704/1.709) e inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.694/1.703).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso contrario:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara, por medio de resolución, ordenó que se determinara la base regulatoria por la acción de incumplimiento de contrato y cobro de pesos en la suma de pesos equivalentes a 60.600 segundos de publicidad en horario central de programación televisiva de 19 a 23 hs., que fue el importe en el que cristalizó la demanda que había sido desestimada (v. fs. 1.692 y vta.)
A su vez, confirmó la base regulatoria determinada en primera instancia por el desalojo, pues se había dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 40 del decreto ley 8.904 (v. fs. 1.692 vta.).
II. Se agravia el recurrente denunciando la violación del art. 168 de la Constitución provincial.
II.1. Señala que se ha omitido el tratamiento de cuestiones esenciales, lo que encuentra configurado cuando la Cámara, al revocar la sentencia de primera instancia y en pos de la aplicación del postulado de la apelación adhesiva, no trató su defensa contra la indexación, ya que no le correspondía apelar el pronunciamiento que le había sido favorable (v. fs. 1.704 vta., pto. 5).
A ello agrega que en sus contestaciones a los recursos interpuestos que obran a fs. 1.660 y siguientes, señaló la inexistencia de dos juicios, pues la preparación de la vía ejecutiva devino en acción de incumplimiento de contrato y cobro de pesos por la suma de $416.000; y que la actualización del precio del segundo de publicidad televisiva encuentra su valladar en la prohibición de las leyes 23.928 y 25.561 (v. fs. 1.708 y vta.).
II.2. También pone de relieve que se ha omitido el voto individual y fundado de cada uno de los jueces, pues entiende que el formato de resolución interlocutoria no procedía en razón de la cuestión a resolver, ya que la decisión es una sentencia equiparable a definitiva, la que en caso de quedar firme tendrá efectos patrimoniales irreversibles. Cita doctrina legal en apoyo de su postura (v. fs. 1.705, pto. 7).
III. Disiento con lo dictaminado por el señor Procurador General, pues en mi opinión el recurso no prospera.
El recurrente denuncia la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales y la ausencia de voto individual.
III.1. En cuanto al primer agravio, esta Corte ha manifestado, en reiteradas oportunidades, que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que provoca la nulidad de la sentencia no es aquella en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues el art. 168 de la Constitución provincial sanciona con nulidad la falta de respuesta a una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del juzgador y no la forma en que ésta fue resuelta (conf. doctr. causas C. 119.798, "Rodríguez", resol. de 10-VI-2015; C. 120.588, "Faienza", resol. de 30-III-2016; C. 121.486, "Poy", resol. de 23-V-2017; e.o.).
El recurrente, en su impugnación, expresa que la sentencia de la Cámara es nula por cuanto no trató sus objeciones plasmadas en sus contestaciones a los agravios de los apelantes (v. fs. 1.704 y 1.708).
Sin embargo, de la lectura del fallo surge que el Tribunal de Alzada ha dado acabada respuesta a las cuestiones que fueron planteadas por los apelantes, que han sido los abogados, doctores Sala y Santino, y la perito contadora.
De esa manera se advierte que lo que el impugnante ataca aquí es la forma en que se han resuelto las cuestiones planteadas en las expresiones de agravios, referidas a la omisión de la regulación de honorarios por la acción de incumplimiento de contrato y cobro de pesos como también el valor de segundo a los efectos de cuantificar la base regulatoria, por lo tanto, la disconformidad que le produce el fallo de la Cámara sólo puede ser abordada, en esta instancia, a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Debe tenerse presente que es reiterada doctrina de este Tribunal que la denuncia de supuestos errores del juzgador excede el marco del recurso extraordinario de nulidad en tanto constituyen materia exclusiva del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas Ac. 80.071, "Malsar S.A.", sent. de 23-IV-2003; Ac. 84.276, "Martínez de Hoz Cereales", sent. de 21-IX-2005 y C. 95.775, "M., N. M.", sent. de 22-X-2008), lo que acontece en la especie y sella el resultado adverso de la impugnación.
III.2. En cuanto a su agravio por la falta de acuerdo y voto individual, tampoco prospera.
En efecto, tiene dicho esta Corte que solamente corresponde la forma de acuerdo y voto individual en las sentencias de segunda instancia cuando las mismas resuelven cuestiones esenciales (conf. doctr. causa Ac. 87.820, "Muscogorry", sent. de 6-VI-2007).
También que las cuestiones relativas a la regulación de honorarios no tienen el carácter de esenciales en los términos del art. 168 de la Constitución provincial, de allí que no resulta necesaria la forma de acuerdo y voto individual en la sentencia de segunda instancia (conf. doctr. causas C. 101.003, "Gabarella", sent. de 22-XII-2010; C. 117.136, "Batafarano", resol. de 10-IV-2013; C. 117.040, "Financiera Malbay", sent. de 2-VII-2014; C. 117.241, "Banco", sent. de 16-VIII-2017).
Por lo tanto, lo que se disponga respecto de esta temática puede resolverse válidamente bajo la forma que ostenta el acto judicial de fs. 1.691/1.693.
IV. En consecuencia, si mi opinión es compartida, debe rechazarse el recurso extraordinario interpuesto. Costas al recurrente (arts. 68 y 298, in fine, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud, Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El señor Mercurio Papaianni, con el patrocinio del abogado Vicente Alberto Santino, promovió demanda de cobro ejecutivo de alquileres contra la Compañía de Televisión del Atlántico S.A. (LRI 486 TV Canal 8 Mar del Plata; v. fs. 19/33 y 35).
Citada la demandada a reconocer firma, se presentó como apoderado de ella el abogado Carlos Alberto Sala, desconociendo el contrato de alquiler pues se trataba de un contrato de cesión de uso, razón por la cual el juez interviniente mandó a adecuar la demanda en los términos del proceso sumario. El actor encaminó su pretensión contra la empresa absorbente de la demandada, Televisión Federal S.A. (Telefe), reclamando cánones adeudados y el desalojo por vencimiento del plazo, cuyo objeto fue el retiro de la antena de transmisión televisiva que estaba instalada en el inmueble del actor (v. fs. 154/162 y 170/171).
Corrido el traslado de ley, se presentaron los letrados apoderados de la demandada, doctores Mariano Julián de los Santos y Carlos Alberto Sala, repeliendo las acciones (v. fs. 299/334).
Se abrió el juicio a prueba y, a su turno, se dictó sentencia acogiendo la acción por incumplimiento de contrato, desestimando el cobro de pesos y ordenando la desinstalación de la antena (v. fs. 1.095/1.104), pronunciamiento que fue apelado por ambas partes y modificado parcialmente por la Cámara al rechazar la acción de incumplimiento contractual (v. fs. 1.203/1.218).
I.2. En ese marco y en lo que interesa para resolver el recurso interpuesto, los abogados Carlos Alberto Sala y Vicente Carlos Santino, ambos por sus propios derechos, propusieron sendas bases regulatorias para la determinación de los honorarios, correspondientes a cada proceso iniciado: preparación de la vía ejecutiva, acción de incumplimiento de contrato y cobro de pesos y acción de desalojo (v. fs. 1.566/1.569; 1.571/1.573).
A su vez, el abogado Carlos Botassi, por el actor y por derecho propio, efectuó otra propuesta de base regulatoria, difiriendo con las de los otros letrados al considerar que había una sola acción, ya que la vía ejecutiva había sido enderezada como acción de incumplimiento y cobro, y que, además, no era correcta la base propuesta para regular por el desalojo (v. fs. 1.591/1.593), posturas estas que fueron repelidas por los abogados Sala y Santino.
Luego de algunas vicisitudes procesales el juez de primera instancia fijó en $416.000 la base regulatoria por la vía ejecutiva y encomendó al perito interviniente que determinara el precio de la locación, pues las partes lo habían pactado en segundos publicitarios correspondientes a la franja horaria de 19 a 23 hs. Impuso las costas en el orden causado (v. fs. 1.621/1.625 vta.).
Este pronunciamiento fue apelado por los letrados Carlos Alberto Sala (v. fs. 1.632) y Vicente Alberto Santino (v. fs. 1.636), quienes presentaron sus respectivos memoriales (v. fs. 1.640/1.649; 1.651/1.655 y 1.671), agraviándose de no haberse establecido la base regulatoria por la acción de incumplimiento de contrato y cobro de pesos, recibiendo las réplicas de la actora y de la demandada.
I.3. Elevados los autos a la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, ésta modificó parcialmente la sentencia de primera instancia. Fijó la base regulatoria por la acción de incumplimiento de contrato y cobro de pesos, omitida por el juez de grado anterior, y modificó la dispuesta por el desalojo al fijar la manera en que debía calcularse el canon locativo. La confirmó en todo lo demás que había decidido.
I.3.a. Para así resolver, en la medida del recurso interpuesto, tuvo en cuenta que la base regulatoria por la acción de incumplimiento de contrato y cobro de pesos había quedado cristalizada con el reclamo inicial por la suma equivalente en pesos a sesenta mil seiscientos (60.600) segundos de publicidad en horario central de programación televisiva de 19 a 23 hs. Estableció que al tratarse del cumplimiento de una obligación que implicaba una deuda de valor resultaba ajustado el cálculo a valor actual ordenando para su cumplimiento la realización de la correspondiente pericia por la profesional idónea que ya intervenía en autos (v. fs. 1.692/1.693).
I.3.b. Seguidamente confirmó la aplicación del art. 40 del decreto ley 8.904 para determinar la base regulatoria por el desalojo, aunque modificó la decisión de grado anterior disponiendo que debía tomarse el valor del segundo publicitario promedio en la franja horaria de 19 a 23 hs. durante el lapso de la relación contractual -que había sido de ocho años sobre el canon de quinientos segundos mensuales-, lo que debía ser establecido por la perito interviniente en los autos cuando fueran devueltos a la instancia de origen (v. fs. 1.692 vta.).
II. Se agravia el recurrente denunciando errónea interpretación y aplicación de los arts. 21 primer párrafo, 23 segundo párrafo y 47 primer párrafo del decreto ley 8.904; alega, asimismo, absurdo.
II.1. En su impugnación señala, respecto de las acciones ejecutiva y de incumplimiento de contrato y cobro de pesos, que a diferencia de lo que sostuvo la Cámara el juez de primera instancia no había errado en su razonamiento pues había un sólo importe para ser tomado como base regulatoria que era el de $416.000 por el que se había iniciado la vía ejecutiva (v. fs. 1.699 y vta.).
Pone de relieve que el art. 23 de la ley arancelaria impone tomar como base la suma nominal reclamada ante el rechazo de la demanda tanto para la preparación de la vía ejecutiva como para la acción de incumplimiento de contrato y no el valor actualizado que fijó el Tribunal de Alzada. Transcribe párrafos de la causa C. 105.172, "P., M. N." (sent. de 11-III-2013), en la que esta Corte ha ratificado el criterio nominalista en materia monetaria y la prohibición de actualizar las deudas, a partir de la sanción de la ley 25.561 que ratificó en este último punto la ley 23.928 (v. fs. 1.699 vta./1.701).
II.2. Señala que la misma prohibición de actualización monetaria cabe aplicar respecto de la determinación de la base regulatoria por el desalojo, para la que deberá tomarse el valor unitario de los segundos que han sido establecidos en la pericia y multiplicarlo por 500 segundos mensuales (valor del canon), ya que la Cámara ha desconocido los términos del art. 40 de la ley arancelaria (v. fs. 1.701).
II.3. Por último, advierte que viene reiterando en varias presentaciones que el reclamo por vía sumaria del cobro de pesos no puede considerarse un nuevo juicio con una pretensión económica diferente a la ensayada por la vía ejecutiva, pues la suma reclamada en la demanda reconducida no podía ser otra que la que se intentaba percibir mediante el frustrado juicio ejecutivo, o sea los cuatrocientos dieciséis mil pesos ($416.000) reclamados (v. fs. 1.701 y vta.).
Afirma que al reformular la demanda ejecutiva no elevó su pretensión económica, ya que el objetivo final era obtener el cobro de su crédito, resaltando que se modificó la vía procesal orientada a percibir compulsivamente el mismo importe como antes lo intentó por la vía abreviada, lo que fue frustrado por el juez interviniente al enderezar la acción por la vía del proceso sumario (v. fs. 1.702 vta.).
Transcribe algunos párrafos de su escrito de fs. 154, con el que enderezó su demanda, y señala que en ese momento el valor del segundo de publicidad era de alrededor de $6.80, suma que multiplicada por los 60.600 segundos adeudados arrojó el importe que se pretendió ejecutar (v. fs. cit.).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En principio corresponde tratar el agravio en el que el recurrente alega la existencia de un único juicio, el que comenzó siendo una acción ejecutiva para luego transformarse en una acción sumaria de incumplimiento de contrato y cobro de pesos.
De las constancias de la causa surge claramente que el planteo aquí ensayado es producto de una reflexión tardía, pues esta cuestión ha sido dirimida en un anterior pronunciamiento de la Cámara (v. fs. 1.517/1.518 vta.) sin que de ello se agraviara el recurrente como ahora lo hace. Me explico.
En oportunidad de que los abogados doctores Santino, Sala y de Los Santos y la perito contadora propusieran las bases regulatorias de sus honorarios, el doctor Botassi, apoderado del actor, presentó la suya, replicándose unos a otros.
A su turno, el juez de primera instancia determinó la base regulatoria en la suma de cuatrocientos dieciséis mil pesos ($416.000; v. fs. 1.419), pronunciamiento que fue apelado por los letrados Santino, Sala y la perito contadora, contestando el letrado apoderado del actor los traslados dispuestos de las expresiones de agravios de aquéllos.
Se elevaron los autos a la Cámara. Allí se repasó el íter procesal detallándose que se había iniciado una demanda ejecutiva en la que el demandado había desconocido su carácter de locatario, provocando que el juez a fs. 147/149 rechazara la acción y ordenara la adecuación de la presentación inicial en los términos del proceso sumario y que se impusieran las costas al actor por resultar vencido (v. fs. 1.517 vta., 5to. y 6to. párr.).
Seguidamente advirtió que "...se verifica con claridad meridiana que estamos ante dos procesos que aun tramitando en el mismo expediente [...] no solo contienen dos pretensiones disímiles [...] sino que conllevan necesariamente a la determinación de varias bases regulatorias independientes" (fs. 1.518, 2do. párr.), para luego agregar que "Véase por caso las imposiciones de costas en las distintas acciones que definitivamente redundará en la aplicación de diferentes escalas porcentuales y cómputo de etapas para la fijación de honorarios..." (fs. 1.518, 3er. párr.).
Se desprende de lo transcripto que debía fijarse una base regulatoria por la acción ejecutiva; y otra por la de incumplimiento de contrato y cobro de pesos (v. fs. 1.518, 4to. y 5to. párrs.).
Esta resolución fue notificada al actor con la cédula de fs. 1.524 cuando el expediente volvió a primera instancia, sin que de ella se hubiera agraviado, adquiriendo autoridad de cosa juzgada la parcela del pronunciamiento en la que se había determinado la existencia de dos procesos y por ende de dos bases regulatorias.
Por lo tanto, esa cuestión llega firme a esta instancia extraordinaria, lo que impide que sea reeditada, pues no ha formado parte de la decisión de Cámara de fs. 1.691/1.693.
Sobre este tópico esta Corte tiene dicho que corresponde rechazar el recurso cuyos agravios se introducen recién en la instancia extraordinaria, en tanto resultan ser fruto de una reflexión tardía (conf. doctr. causas C. 101.281, "Club de Planeadores Tandil", sent. de 11-IX-2013; C. 117.925, "Petitto", sent. de 13-V-2015), lo que acontece en la especie y sella el resultado adverso del intento revisor.
III.2. De lo expuesto en el punto anterior surge que ha quedado confirmada la existencia de dos acciones: la ejecutiva y la de incumplimiento de contrato y cobro de pesos.
También es necesario recordar que respecto de la primera de las acciones nombradas llega firme la base regulatoria en ella establecida pues así lo ha reconocido el Tribunal de Alzada y no llegan agravios a esta instancia extraordinaria (v. fs. 1.692, 4to. párr.).
En cuanto a la segunda de las acciones, incumplimiento de contrato y cobro de pesos, el recurrente se agravia del cálculo que mandó a determinar la Cámara para conformar la base regulatoria, alegando la violación del art. 23 del decreto ley 8.904, porque entiende que el valor de los segundos debe ser el reclamado en el escrito inicial a ese momento, $ 416.000, y no al momento de la regulación de honorarios, como se dispuso (v. fs. 1.699 vta./1.701).
Ese precepto legal dispone que:
" En los juicios por cobro de sumas de dinero, la cuantía del asunto a los fines de la regulación de honorarios, será el monto de la demanda o reconvención; o si fuere mayor, el de la liquidación que resulte de la sentencia, por capital -actualizado si correspondiere- intereses y gastos.
Cuando fuere íntegramente desestimada la demanda o reconvención, se tendrá como valor del pleito el importe de la misma, actualizado al momento de la sentencia en base a los índices de depreciación monetaria, si ello fuere pertinente" (el destacado me pertenece).
Bien señala el recurrente que la última parte de este artículo no es operativa pues existe la prohibición de indexar las sumas de dinero impuesta en la ley 23.982, ratificada por la ley 25.561, criterio, además, reafirmado por esta Corte (conf. doctr. causas C. 92.819, "Vogt", sent. de 13-II-2008; C. 117.047, "Quiroga", sent. de 30-X-2013).
Ahora bien, puesta a resolver el caso, encontramos que a fs. 154/162 el actor recondujo su pretensión por medio de acción sumaria, manifestando en el punto "I-OBJETO" lo siguiente "...a ENDEREZAR la demanda por el cobro equivalente en pesos a 60.600 segundos de publicidad en horario central de programación televisiva de 19 a 23 hs., o la que en más o en menos
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