Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 78474
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de agravios.
2Imponer las costas de Alzada a los recurrentes vencidos.
3Diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna.
Causa N° 78.474/9 Reg. Elec. RS N° /21.
Expte. N° SM 2214/2019 Sala Segunda.
En General San Martín, a los días del mes de octubre del año dos mil veintiuno, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín, Sala Segunda, integrada en esta oportunidad con el señor juez, Dr. Carlos Ramón Lami (conf. Ac. Ext. N° 666 y 848 del Tribunal), con la presencia del señor Secretario actuante, se trajo al Acuerdo para dictar sentencia la causa N° 78.474 caratulada “PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A C/ TRANSPORTE AUTOMOTOR LA PLATA S.A Y OTRO/A S/ COBRO DE SUMAS DE DINERO” habiéndose asignado el siguiente orden de votación: Lami, Valdi.
De conformidad con lo establecido por los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, se resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión propuesta, el señor juez Dr. Lami dijo:
I. La sentencia dictada el día 20 de mayo de 2021 y su aclaratoria es apelada por la parte demandada y citada en garantía con fecha 21 de mayo de 2021 concediéndose el recurso pertinente en la misma fecha.
En la expresión de agravios presentada electrónicamente con fecha 24 de junio de 2021 –que no mereciera réplica de la contraria- la recurrente mediante apoderado enuncia dos gravámenes que fundamenta su contenido: 1) la responsabilidad atribuida 2) la tasa de interés aplicada en la sentencia.
En cuanto al primero, aduce que la actora reclama en autos las prestaciones brindadas al Sr. Alejandro Ricardo Ramallo como consecuencia del accidente in itinere que sufriera como dependiente de la empresa Synergia, pero, sus mandantes cuestionaron esa responsabilidad en los autos que por daños y perjuicios inició el lesionado (“Peralta Maximiliano David c/ Ramallo, Alejandro Ricardo y otro. s/ Daños y Perjuicios, en trámite por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N°12 de este Departamento judicial) cuya acumulación fue denegada en el marco de estos obrados en virtud de haberse decretado su caducidad de instancia con fecha 12 de julio de 2019.
Señala enfáticamente que en la sentencia se da por sentada la inexistencia de causal de exculpación de responsabilidad de sus mandantes indicando que su ausencia surge de aquel proceso que terminó de ese modo anormal por inactividad del accionante. De tal manera entiende que si no se ha atribuido responsabilidad alguna a su parte en los autos iniciados por el lesionado Maximiliano David Peralta –atendido por la ART actora en este proceso- menos aún puede imputársele en el marco de estas actuaciones. Máxime cuando surge la causal de exculpación de responsabilidad de ambas demandadas.
En segundo lugar, controvierte la tasa de interés aplicada en la sentencia –tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días desde la fecha del hecho y hasta el efectivo pago- pues considera que esta resulta violatoria de la doctrina legal establecida por el Máximo Tribunal Provincial en los fallos “Vera” y “Nidera” en cuanto establece la aplicación de un interés puro desde el hecho y hasta la sentencia y de ahí en adelante la tasa pasiva digital. Cita jurisprudencia y solicita se modifiquen los accesorios establecidos en ese sentido.
II. Promueve la accionante el presente proceso con la finalidad de obtener el reintegro de las sumas de dinero que abonó al Sr. Maximiliano David Peralta a raíz del accidente “in itinere” que este sufrió con fecha 12 de agosto de 2014 en virtud del contrato de seguro de riesgo de trabajo concertado con la empresa Synergia Personal Temporario S.R.L que tenía empleado al nombrado.
El inc.4 del art. 39 de la Ley 24.557 establece que “Si alguna de las contingencias previstas en el artículo 6 de esta ley hubieran sido causadas por un tercero, el damnificado o sus derechohabientes podrán reclamar del responsable la reparación de los daños y perjuicios que pudieren corresponderle de acuerdo con las normas del Código Civil. de las que se deducirá el valor de las prestaciones que haya percibido o deba recibir de la ART o del empleador autoasegurado” disponiendo el inciso 5 de la misma norma que “En los supuestos de los apartados anteriores, la ART o el empleador autoasegurado, según corresponda, están obligados a otorgar al damnificado o a sus derechohabientes la totalidad de las prestaciones prescriptas en esta ley, pero podrán repetir del responsable del daño causado el valor de las que hubieran abonado, otorgado o contratado”.
De las normas citadas se colige palmariamente que la víctima se encuentra facultada para reclamar al responsable del daño conforme las normas del código Civil, debiéndose en su caso descontar de la indemnización correspondiente lo que fuera abonado por la ART. Y por su parte, esta última se encuentra obligada a abonar a la víctima las prestaciones dispuestas por la ley- en virtud del contrato de riesgo de trabajo, pero, encontrándose facultada para reclamar al responsable del daño causado el valor lo que hubiera abonado lo que lleva a concluir que la acción que promueve la ART no se encuentra condicionada a la promoción de la acción pertinente por parte de la víctima. Más, en caso de promoverse ambas acciones resulta razonable su acumulación a los fines de evitar pronunciamientos contradictorios (arg. art. 188 del CPCC).
En ese contexto, se advierte que el Sr. Peralta había iniciado el proceso daños y perjuicios contra los recurrentes, al que se hace mención en los agravios, en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial Nro. 12 y que culminó con el decreto de la caducidad de instancia con fecha 12 de julio de 2019 sin que se haya elucidado la cuestión relativa a la responsabilidad en la ocurrencia del siniestro. Esa fue, además, la razón por la que se rechazó la acumulación solicitada por los demandados.
En su virtud, la actora a los fines de repetir del tercero considerado responsable del hecho las sumas que abonó a la víctima conforme las previsiones de la ley 24.557, no sólo se encontraba obligada a acreditar que se trató de un accidente en el trayecto del empleado hacia o del trabajo y que efectivamente efectuó las erogaciones reclamadas, sino que también debía probar la responsabilidad de quien señala como deudor de la obligación, en el caso, el dueño o guardián de la cosa riesgosa (art. 1113 inc. 2do, segundo apartado del C.C).
En esa inteligencia, llega incontrovertido a este Tribunal de Alzada –en virtud de la ausencia de cuestionamiento al respecto- que las prestaciones por las que reclama la actora fueron efectivamente abonadas por tratarse el de autos de un accidente in itinere. Sin embargo, la parte demandada y citada en garantía cuestionan la responsabilidad que se les endilga en el suceso por considerar que en la sentencia “se da por sentado” que no existen causas de exculpación de responsabilidad, cuando todo ello no fue determinado en el proceso que había sido iniciado por la propia víctima Maximiliano David Peralta. Más se desentiende completamente de la valoración que efectúa el a quo respecto de la totalidad del material probatorio obrante en autos, que fue minuciosamente detallado en la sentencia, y que lo llevaron al a quo a decidir como lo hizo.
La parte actora ha probado en el marco de estas actuaciones, por tratarse de un requisito de inexorable acreditación para que prospere la repetición, la responsabilidad en el hecho de la parte demandada como deudora de la obligación, siendo irrelevante que esta no se haya determinado previamente como aduce en los agravios. Y por su parte, la accionada que no ha podido acreditar la eximente de responsabilidad que invocó al contestar la presente acción, intenta refutar lo decidió con la mera mención de que la atribución de responsabilidad no fue determinada con anterioridad al inicio de estos obrados sin hacerse cargo la orfandad probatoria en la que incurriera y que redundó en la falta de acreditación de las causas de exoneración que alega. (arg. 375 del CPCC).
Esa sola manifestación –traducida en una mera disconformidad a partir de un cuestionamiento genérico que se efectúa - carece de suficiencia necesaria para enervar la conclusión a la que arriba el magistrado sobre ese tópico en la sentencia. Por esa razón, y siendo que el agravio esgrimido al respecto no reúne ni siquiera mínimamente los requisitos previstos por el art. 260 del CPCC es que corresponde declarar la deserción de ese tramo del recurso (art. 260 del CPCC).
III. En cuanto a la queja esgrimida por la tasa de interés que ordena pagar la sentencia –tasa pasiva digital-desde la fecha de pago de casa uno de los montos (inclusive intereses art. 770 inc. b del CCyCN) y hasta el efectivo pago, esta debe ser desestimada.
Ello pues, el objeto de autos resulta ser el cobro de sumas de dinero, siendo la causa inmediata de este los pagos realizados por la accionante y no el hecho ilícito que debió ser evaluado a los fines de determinar la procedencia o no de la presente acción. En virtud de ello, y siendo que no se verifica en autos el supuesto de fijación de montos indemnizatorios a valores actuales en los que se sustentan los precedentes “Vera” y “Nidera” que invocan los recurrentes en aval de su postura es que la tasa de interés fijada en la sentencia apelada debe ser confirmada.
Por los fundamentos precedentemente expuestos, a la primera cuestión voto por la AFIRMATIVA.
La señora juez Dra. Valdi, votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión propuesta, el señor juez Dr. Lami dijo:
En atención a lo decidido en la cuestión anterior corresponde confirmar la sentencia apelada en lo todo lo que ha sido materia de agravios. Las costas deben ser impuestas a los recurrentes vencidos (art. 68 del CPCC), debiéndose Causa N° 78.474/9 Acuerdo N°: diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna (art. 31, ley arancelaria).
Así lo voto.
La señora juez Dra. Valdi, por las mismas razones, adhiere.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo, SE RESUELVE: 1°) CONFIRMAR la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de agravios. 2°) IMPONER las costas de Alzada a los recurrentes vencidos. 3°) DIFERIR la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna. REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.-
Fin de la sentencia