Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-1.949/14-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de queja articulado por la demandada a fs. 37/42 y, en consecuencia, confirmar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción judicial obrante a fs. 198/199 de los autos principales, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 191/195 vta., de dichos autos, todo ello con costas a la recurrente.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-1.949/14-TSJ Interlocutorio N°: 3.089.-
Actor: COCA COLA POLAR ARGENTINA S.A Demandado: MARTINEZ VIVIANA MARIELA Objeto: CONSIGNACIÓN S/ RECURSO DE QUEJA Fecha: 2-12-14 Texto: TOMO XXVI – INTERLOCUTORIO – T.S.J..- REGISTRO Nº 3.089 FOLIO Nº 5.033/5.035 PROT. ELECT. TSS1 059 I.141 Río Gallegos, 2 de diciembre de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “COCA COLA POLAR ARGENTINA S.A c/ MARTINEZ VIVIANA MARIELA s/ CONSIGNACIÓN s/ RECURSO DE QUEJA”, Expte. Nº C-1.949/14-STJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de queja articulado por la parte demandada a fs. 37/42, contra la sentencia interlocutoria emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en copia a fs. 31/32, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación cuya copia luce a fs. 26/30 vta.- El recurso de casación fue denegado porque se consideró que no reunía los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 3º y 4º de la ley 1687 al no contener una crítica concreta y razonada de los fundamentos esenciales de la sentencia que pongan en evidencia la violación de la ley y arbitrariedad alegadas por la recurrente (confr. fs. 31/32).-
La quejosa, aduce que el auto denegatorio es arbitrario, al igual que la sentencia recurrida y que han sido dictadas violando abiertamente los más elementales derechos amparados por la legislación vigente y la Constitución Nacional (confr. fs. 41).-
II. Que, en primer término, corresponde verificar el cumpli- miento de los requisitos de admisibilidad mínimos que debe sustentar cualquier recurso ante esta instancia extraordinaria provincial, teniendo en cuenta que -tal cual reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que con-duce a discernir que para que este Tribunal Superior pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, es decir su fundabilidad o procedencia, es preciso que el escrito cumpla con ciertas pautas adjetivas de carácter previo, que la doctrina en general denomina condiciones formales, por oposición a las sustanciales del derecho de impugnación (confr.
Carnelutti, “Sistema del Derecho Procesal Civil”, v. III, pág. 639). Los requisitos formales, se insiste, hacen a la admisibilidad, mientras que los otros se refieren a la procedencia, incumbiendo a los primeros el cumplimiento de los trámites adjetivos, tales como el pago del depósito, sentencia definitiva, plazos, etc. (confr. Hitters, Juan Carlos, “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, L.E.P. SRL, pág. 183), significando ello en suma que, los requisitos de admisibilidad apuntan a los aspectos formales referentes a los modos procesales por medio de los cuales debe ejercerse la impugnación y cuya ausencia hace caer el recurso por inadmisible (confr. Tomo XIV, Interlocutorio, Reg. 1807, Folio 2647/2649; Tomo XVIII, Interlocutorio, Reg. 2370, Folio 3517/3521).- En el sub lite, surge claramente la falta de acatamiento a un presupuesto inexcusable para la viabilidad del recurso como lo es el cumplimiento de lo prescripto por el artículo 4to. inciso d) de la ley 1687, carga económica respecto de la cual debió hacer mérito la Excma.
Cámara de Apelaciones -en la oportunidad de efectuar a fs. 198/199, de los autos principales, el pertinente juicio de admisibilidad- en orden a su trascendencia para la suerte del recurso en esta última instancia provincial; siendo este postulado, por otra parte, enmarcado dentro de supuestos de similares características y cuya dilucidación tuvo oportunidad este Tribunal de resolver en anteriores resoluciones (confr. Tomo XVIII, Interlocutorio, Reg. 2370, Folio 3517/3521).- Desde este particular cuadrante, cabe mencionar que a los fines del cumplimiento del recaudo formal del depósito para la interposición del recurso extraordinario de casación, debe tomarse el valor del pleito a los fines de su determi- nación, resultando palmario destacar que tal condición debe efectuarse en aquellas contiendas con un contenido económico determinable sobre las bases de pautas objetivas, tal como sucede en el caso sub examine.- De esta manera, y tras los lineamientos de la normativa citada, el depósito realizado según constancia de fs. 190 (del expediente principal) en el mínimo - $ 850- de la escala legal fijada por este Tribunal Superior -Dirección de Administración- mediante resolución registrada al Tomo CLXIII, Registro 60, Folio 63, del 12/08/08, resulta insuficiente a los efectos de cumplir con la exigencia del artículo 4to., inciso d) de la ley Nº 1687, toda vez que este proceso no encuadra en ninguna de las excepciones previstas, en la norma señalada, que permita apartarse de la regla que indica que el depósito debe consistir en el 10 % del valor del juicio; lo cual excede al abonado por la recurrente.-
En efecto, más allá de la discusión sobre la morigeración de la multa o la llamada cláusula penal por falta de restitución del inmueble y el plazo por el que se la debe computar, cuestión que motivara el recurso deducido, lo cierto es que la sentencia impugnada condena a abonar el 5 % diario del monto del alquiler ($ 25.000) por 43 días por lo cual, el 10 % del monto del litigio arroja un valor mayor que el abonado por la quejosa por el concepto previsto en el artículo 4º inciso d) de la ley 1687 (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo IV, Interlocutorio, Reg. 368, Folio 603/604; Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 13/17, Folio 1782/1783; Tomo X, Interlocutorio, Reg. 1359, Folio 1886/1889).- En este sentido ha dicho este Excmo. Tribunal que “...el depósito participa de la naturaleza de una carga económica y de un requisito esencial sólo para la admisibilidad de este tipo de recurso, habiéndose ya decidido en concor-dancia con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no consti-tuye un impuesto ni ninguna otra clase de gravamen fiscal, sino que importa una restricción procesal” (confr. Doct. de Fallos, noviembre 1983, p. 52 y DJBA 121:357). Como tal, esto es carga económica y forma limitativa de los recursos, debe -inexorablemente- revestirse de un cariz de actualidad que impida que los fundamentos fácticos del depósito -de naturaleza y finalidad absolutamente divergentes con la de la Tasa de Justicia- concluyan simplemente en una historicidad no deseada, con una efectividad final que redunde directamente en la hábil administración de justicia, en tanto y en cuanto la carga económica del depósito previo aparece como razonable en la forma y condiciones que se determinan. Trasegando motivaciones de rancio precedente, la jurisprudencia ha sido conteste y uniforme en resolver en tal sentido que el depósito “no impide en modo alguno la libre defensa en juicio, ni crea prerrogativa que pudiere considerarse contraria a la garantía de igualdad ante la ley, pues se impone de igual modo a todos quienes se encuentren en las mismas condiciones” (confr. SCBA, Ac. y Sent. 1957, v. II, p. 182; v. VI, p. 254; 1958, v. II, p. 435; 19599, v. I, p. 526; v. III, p. 198; 1960, v. IV, p. 489, entre otros)…” (confr. Tomo XVIII, Interlocutorio, Reg. 2370, Folio 3517/3521).-
Es oportuno señalar que no se advierten en los presentes autos la presencia de ninguna circunstancia fáctica o jurídica que logre dar mérito a la procedencia de alguna excepción a la aplicación del criterio ut supra detallado (confr. TSJ, Santa Cruz, Tomo XXVI, Interlocutorio, Reg. 3084, Folio 5024/5028 voto en minoría) por lo que nada obsta a la exigencia y debida observancia del recaudo previsto en el artículo 4º inciso d) de la Ley 1687, conforme lo expuesto en los considerandos precedentes.- Queda entonces expositivamente claro, en base a los antece- dentes jurídico-normativos y jurisprudenciales enunciados, la esencialidad con que se halla recubierto el requisito formal del depósito previo que la parte recurrente no ha cumplimentado de manera suficiente y eficiente, por lo que la inviabilidad del peti-torio de la nombrada se torna palmario (confr. fallo cit.).-
III. A mayor abundamiento, y atendiendo a la materia objeto del recurso de casación, ésta gira en torno a la facultad de los jueces de morigerar la cláusula penal, cuando su monto resulta desproporcionado en relación con la gravedad de la falta que sanciona, ya que según el valor de las prestaciones configura un aprovechamiento de la situación del deudor. Esta facultad se encuentra reconocida ampliamente tanto en doctrina como en jurisprudencia (confr. Código Civil Comen-tado de Rivera, Julio Cesar y Medina, Graciela, Directores, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni editores, 2005, pág. 409). Ella resulta ser una cuestión de mérito que, en principio, compete a los jueces de grado y ajena a esta instancia. Si bien, en la especie, la cuestión, podría dar lugar a otros criterios de interpretación, este Tribunal ha sostenido reiteradamente que cuando sobre un tema controvertido, es posible detectar varios criterios aceptables, la selección de uno de ellos por parte de los jueces de grado no implica transgresión alguna que habilite la vía extraordinaria, a menos que se demuestre absurdo o arbitrariedad (confr. T° XV, Sentencia, Reg. 523, F° 2.940/2.946, entre otros).- En otras palabras, si existen dos o más soluciones razonable- mente plausibles, la opción que queda, por regla, en manos del magistrado de grado, no implica, per se, violación alguna que habilite esta instancia, cuando, como en el caso de marras, la arbitrariedad argumentada no logra habilitar esta vía extraordinaria.-
IV. En virtud de todo lo dicho, jurisprudencia citada, la insuficiencia del requisito formal establecido por el artículo 4º inciso d) de la ley Nº 1687 -Recurso de Casación- y lo expuesto en el punto III de estos considerandos, corresponde rechazar el recurso de queja articulado por la demandada a fs. 37/42 de los presentes y, en consecuencia, confirmar la sentencia interlocutoria emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 118/121 de los autos principales, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 191/195 vta., de dichos autos; todo ello con costas a la recurrente de acuerdo a lo normado en la última parte del ya citado artículo 18 de la ley 1687, teniendo presente la reserva del caso federal efectuada.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Rechazar el recurso de queja articulado por la demandada a fs. 37/42 y, en consecuencia, confirmar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción judicial obrante a fs. 198/199 de los autos principales, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 191/195 vta., de dichos autos, todo ello con costas a la recurrente.-
3. Regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente resolución a los autos principales y oportunamente, devuélvanse los mismos. Cumplido, archívese la presente queja.-
Fdo: Dra. Clara Salazar -Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1059I.141 Tomo: XXVI Interlocutorio: 3.089.-
Folio N°: 5.033/5.035.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia