Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-2307/18-TSJ
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-2307/18-TSJ Interlocutorio N°: 665 Actor: COCHA JORGE EDUARDO Demandado:
Objeto: ACCION DE AMPARO Fecha: 26-06-2020 Texto: TOMO XX -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 665 FOLIO Nº 3843/3845 PROT. ELECT. TSS1 007 S.201
Río Gallegos, 26 de junio de 2020.-
Los presentes autos caratulados: “COCHA JORGE EDUARDO s/ ACCION DE AMPARO”, Expte. Nº C-12.508/18 (C-2307/18-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación articulado por el Estado de la Provincia de Santa Cruz, por intermedio del Sr. Fiscal de Estado Dr. Fernando Pablo Tanarro y de su letrado apoderado, Dr. Emilio José Monzón (cfr. fs. 386/392 vta.), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 367/372, que confirmó el pronunciamiento de Primera Instancia. Este último hizo lugar a la acción de amparo, declarando la inaplicabilidad del artículo 3º de la Resolución Nº 421/18 dictada por la Presidenta del Consejo Provincial de Educación en la parte pertinente que dispone la suspensión preventiva sin goce de haberes del amparista por el término de noventa días (cfr. fs. 327/336).-
II. El Sr. Jorge Eduardo Cocha se desempeñaba como Director de la Escuela Industrial Nº 8 de la localidad de Puerto San Julián. Mediante la Resolución Nº 421/18 emitida el 14 de marzo de 2018 la Presidenta del Consejo Provincial de Educación ordenó instruirle sumario administrativo docente por la presunta comisión de una serie de faltas que allí se enuncian (art. 1º), suspendiéndolo sin goce de haberes por el lapso de noventa días (art. 3º) (cfr. fs. 5 y vta.).- En este contexto, el agente promovió acción de amparo con el objeto de que se declare la inaplicabilidad de esta última medida, en cuanto lo priva de la percepción de sus haberes. Asimismo postuló la inconstitucionalidad del artículo 52 del Acuerdo Nº 219/19 del Consejo Provincial de Educación (cfr. foja 5) y solicitó el dictado de una medida cautelar (cfr. foja 7 vta.). Esta última, consistente en una prohibición de innovar, fue concedida por la magistrada de Primera Instancia, quien ordenó -por el término de treinta días o hasta tanto recaiga sentencia- la suspen-sión de la medida de la autoridad administrativa que había dispuesto el cese del pago de haberes (cfr. fs. 11 vta./12 y 301/302).- Al momento de sentenciar, la jueza determinó la inaplicabilidad del artículo 3º del acto administrativo referido, en la parte que dispone la suspensión preventiva sin goce de haberes por el término de noventa días. No obstante, desestimó el planteo de inconstitucionalidad deducido (cfr. fs. 335 vta./336).-
Apelada esta decisión por parte del Estado Provincial (cfr. fs. 340/344), a la que adhirió el Consejo Provincial de Educación (cfr. foja 345), la Excma. Cámara de Apelaciones la confirmó (cfr. fs. 367/372).-
Para así decidir, entendió que las normas administrativas aplicables al presente conflicto son claras y no precisan de ninguna interpretación más allá de su literalidad. Desde esta óptica, consideró que la suspensión del goce de haberes, de carácter netamente alimentario, durante la sustanciación del sumario administrativo no está prevista en la normativa y por lo tanto, el artículo 3° de la Resolución Nº 421/18 dictada por la Presidenta del Consejo Provincial de Educación deviene arbitrario o de ilegalidad manifiesta (cfr. foja 370).- Contra este pronunciamiento, la Fiscalía de Estado -en representación del Estado de la Provincia de Santa Cruz- interpuso recurso de casación, acusando violación de la ley en los términos del artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, confor-me Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad (cfr. fs. 389 vta./390).-
La parte recurrente plantea la violación del artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación por cuanto el fallo en crisis, al aplicar de manera exegética el artículo 52 del Acuerdo Nº 219/96 del Consejo Provincial de Educación, deja de lado la armonía que se debe guardar con leyes análogas y con todo el ordenamiento jurídico, sus principios y sus valores (cfr. foja 390). En tal sentido, afirma que la precitada norma debe armonizarse con las contenidas en el Título X (“De la Suspensión de Ciertos Efectos del Contrato de Trabajo”), Capítulo V (“De las suspensiones por causas económicas y disciplinarias”) de la Ley de Contrato de Trabajo. Además, refiere que la suspensión como medida precautoria es sin goce de haberes pues este efecto está en su misma naturaleza jurídica, en tanto “…no hay prestación de servicio, no hay salario…” (cfr. foja 390 vta.).- Por otro lado, manifiesta que el pronunciamiento cuestionado contiene un déficit de coherencia que impide catalogarla como una unidad lógica jurídica (cfr. foja 391 vta.) y que resulta arbitrario, en tanto carece totalmente de fundamentación (cfr. foja 392).-
Por último, se agravia ante la imposición de las costas a su cargo dispuesta por el Tribunal de Alzada (cfr. foja cit.).-
A foja 392 vta. hace reserva del caso federal.-
A fs. 397/399 la Excma. Cámara de Apelaciones declaró for- malmente admisible el recurso de casación incoado.-
A foja 411 y vta. se declara bien concedido el recurso de casa- ción por este Tribunal Superior de Justicia, poniéndose los autos a disposición de las partes conforme lo dispuesto en el artículo 8 del Libro I, Titulo IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- sin que ninguna de las partes haya hecho uso de este derecho (cfr. certificación de foja 435).- A fs. 436/437 vta. dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Tri-bunal, quien por los fundamentos que allí invoca y a los cuales nos remitimos en honor a la brevedad señala que: “…los agravios esgrimidos por la recurrente no deben prosperar…” (cfr. foja 437 vta.).-
A foja 440 se llaman autos para dictar sentencia, pasando a estudio a foja 441.-
III. De inicio, corresponde dejar sentado un aspecto medular para la decisión de este caso que impide a este Tribunal Superior de Justicia ingresar en el análisis de los agravios canalizados mediante el recurso de casación articulado por el Estado Provincial.-
A fs. 442 y vta. este Alto Cuerpo dispuso como medida para mejor proveer, se libre oficio al Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz con el objeto de que informe la situación laboral actual del Sr. Jorge Eduardo Cocha. A foja 469 se encuentra agregado oficio de esa autoridad estatal, en el que se hace saber que el sumario administrativo que fuera sustanciado en relación al docente Cocha ha concluido mediante el dictado de la Resolución Nº 2966/19. Éste último acto atribuyó responsabilidad administrativa parcial al nombrado, aplicándole la sanción principal de Retrogradación de Jerarquía y como accesoria la valoración negativa establecida en el Decreto Nº 2109/81, artículo 1º, punto I, inciso 2 b. De igual modo, se informa que el amparista actualmente se encuentra ejerciendo el cargo de Maestro de Enseñanza Práctica de Carácter Titular.- Este nuevo cuadro fáctico significa el cese del fundamento y objeto sobre el cual se asentaba la acción de amparo; máxime teniendo en cuenta que oportunamente se había dispuesto en la instancia ordinaria la prohibición de innovar anteriormente descripta. Cuadra destacar que el 15 de mayo de 2018, es decir, luego del dictado de esta medida precautoria el propio amparista informó que le habían depositado una suma dineraria en concepto de haberes (cfr. foja 306).- En estas condiciones, una decisión acerca del fondo del asunto, esto es la legitimidad y/o razonabilidad de la suspensión preventiva de los haberes del Sr. Cocha, cualquiera fuera su sentido, sólo tendría carácter teórico y, como es sabido, los pronunciamientos de este tipo resultan ajenos a la función judicial.-
Un pronunciamiento judicial debe emitirse dentro de la atmósfera natural en la cual actúan los jueces, es decir, el caso o controversia judicial y en el caso de autos la contienda se había iniciado con el objeto de que se declare inaplicable una suspensión preventiva de haberes dispuesta por la autoridad administrativa en el marco de un sumario que se le inició al actor. Como resulta dable advertir, esta medida (que, vale reiterar, ya había sido suspendida precautoriamente por la magistrada de origen) se encontraba ligada de manera inescindible a un procedimiento disciplinario en sede administrativa que ya concluyó y por ende, el debate judicial ha perdido actualidad.- En suma, el dictado de la Resolución Nº 2966/19 que significó la conclusión del sumario así como la designación del accionante en el cargo de Maestro de Enseñanza Práctica de Carácter Titular representan circunstancias de hecho que modifican sustancialmente las existentes en el momento de iniciación del litigio, tornando entonces ineficaz e innecesaria una decisión judicial.-
Ante este escenario cobra vigencia la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la cual las sentencias deben atender a las circunstancias existentes al tiempo de su dictado, aunque sean sobrevinientes a la presentación del recurso extraordinario (Fallos: 318:342 y más reciente Fallos: 339:222), estándole vedado expedirse sobre planteos que devienen abstractos, en tanto todo pronunciamiento resultaría inoficioso al no decidir un conflicto litigioso actual (Fallos: 329:1898, entre otros).- Asimismo, se ha expresado que debe expedirse: “…‘…sobre la plataforma fáctica existente al momento de resolver’ (Fallos: 269:31; 308:1087; 316:1824; 317:704; y 330:642); y que ‘no corresponde pronunciamiento alguno cuando las circunstancias sobrevinientes han quitado virtualidad a la cuestión propuesta tornando carente de utilidad la resolución pendiente’ (Fallos 267:499; 285:353 y 328:339)…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 610, Folio 3498/3509).- Idéntico temperamento ha adoptado este Alto Tribunal en similares circunstancias, al afirmar que: “…cuando media el ‘ius superviniens’ (entendiéndose por tal, el evento sobrevenido durante la tramitación del pleito que modifica una situación de hecho o de derecho respecto de la existente al tiempo de la traba de la litis)…razones de economía procesal -y en algunos casos, de prevalencia de la verdad jurídica objetiva- aconsejan tomar en cuenta la modificación operada…” concluyendo que “…no corresponde pronunciarse en los recursos extraordinarios deducidos si las circunstancias sobrevinientes han convertido en abstracta la cuestión sometida a conocimiento de este Alto Cuerpo.” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 448, Folio 2445/2446).- Finalmente, cabe expresar que: “Los agravios deben ser actuales, existir al tiempo de su planteo y subsistir al tiempo de dictar la sentencia en el Tribunal. Si desaparecen, la cuestión se torna abstracta…La función de los jueces es decidir litigios en donde existen colisiones efectivas de derechos estándoles vedado hacer declaraciones meramente generales o abstractas.” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos XXIII, Reg. 2892, Folio 4574/4577; Reg. 2893, Folio 4578/4581 y XXVII, Reg. 3232, Folio 5347/5348).- En definitiva, la casación incoada no puede ser atendida, por- que hechos sobrevinientes al dictado de la resolución impugnada, han tornado abs- tracta la cuestión sometida a decisión.-
En cuanto a las costas, compartimos la doctrina de la Corte Su- prema de Justicia de la Nación que, ante supuestos como el que nos ocupa, ha señala- do que al no existir en esta instancia una conclusión que configure un pronunciamien- to declarativo sobre el derecho de los litigantes para, desde esta premisa, fundar la de- cisión sobre las costas con base en el principio objetivo de la derrota, corresponde distribuirlas en el orden causado (Fallos: 329:1898).- Que, por todo lo expuesto, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal; Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1007S.201 Tomo: XX Interlocutorio: 665 Folio N°: 3843/3845 Secretaría: 1
Fin de la sentencia