Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123664
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
ALONSO CLAUDIO MANUEL C/ CODECOP S.R.L. Y OTRO/A S/DESPIDO.
La Plata, 1 de junio de 2020.
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 de Bahía Blanca hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Claudio Manuel Alonso y condenó a Codecop S.R.L. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral. La rechazó en cuanto procuraba el cobro de la sanción establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 261/270).
Para así decidir, en lo que resulta de interés destacar por ser materia de agravio, entendió que no se encontraba acreditado que el actor hubiese cursado la intimación prevista por el art. 1 del decreto 146/01, recaudo formal que supeditaba la viabilidad de la sanción dispuesta por el citado art. 132 bis.
II. Frente a lo así resuelto se alza la parte actora con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 24-VIII-2018), el que fue concedido por el a quo a fs. 274.
En su impugnación denuncia absurdo en la valoración de la prueba y violación de la doctrina legal que cita.
III. El recurso no es de recibo.
III.1.a. De modo liminar, corresponde aclarar que, dirigido el embate a censurar aquella parcela del pronunciamiento que rechazó la imposición de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el importe de la penalidad establecida en la citada norma legal sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, lo que torna al litigio, a los fines del recurso, como de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653; causas L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013 y L. 117.532, "Norese", resol. de 1-VII-2015 y L. 122.784, "Eguren", resol. de 18-IX-2019).
III.1.b. Sentado ello, es oportuno recordar que determinar -con arreglo a las constancias adunadas en la causa- si se verifican los requisitos a los cuales el citado dispositivo legal subordina la aplicación de la sanción allí prevista, constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo, y las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte, salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 106.472, "Frete", sent. de 5-VI-2013 y L. 118.900, "Rojas", resol. de 23-IX-2015).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 86.645, "Barroso", sent. de 21-V-2008 y L. 100.946, "Piza", sent. de 2-VII-2010), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo (causas L. 109.926, "Mouriño", sent. de 27-VIII-2014; L. 112.200, "R., V.E.", sent. de 5-VI-2013).
III.2.a. De esta manera, el órgano judicial de grado rechazó la pretensión del trabajador tendiente a percibir la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, señalando que aquél no había cumplido en debida forma con el requerimiento que impone el art. 1 del decreto 146/01, no logrando el interesado desmerecer esa conclusión.
Ello así, pues sólo se limita a predicar, mediante una apreciación paralela a la plasmada por el sentenciante, que tal exigencia fue satisfecha con la misiva de fecha 29-VIII-2013. Al respecto, dable es señalar que lo argumentado por el recurrente -aun cuando lo señalado por el juzgador en el fallo pueda resultar contradictorio con la conclusión arribada en la sentencia- carece de aptitud para acreditar el excepcional vicio lógico que le atribuye al fallo, puesto que una simple lectura de la comunicación a la que se alude en el recurso (v. fs. 11), da cuenta que -contrariamente a lo manifestado- no intimó a su empleador para que dentro de los treinta días de recibido el emplazamiento "ingrese" los importes adeudados en los términos que prescribe el mentado art. 1 del decreto 146/01 que reglamenta al art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 25.345).
En suma, el agravio traído revela la ausencia de idoneidad para rebatir la decisión adoptada en la instancia de origen, pues no aporta ningún elemento convincente que demuestre que la solución dada al caso sea absurda, o el error en la aplicación de las normas que se denuncian violadas.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
ANALIA DI TOMMASO
Secretaria
(conf. Acuerdo 3971)
Registrada bajo el n°327
mff
Fin de la sentencia