Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2021-108212085-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar las resoluciones 115/19 y 116/19 (AD SALO) del 25.04.19, dictadas en las actuaciones SIGEA 13289-14290- 2012/2 y 13289-14290-2012 de la Aduana de San Lorenzo, en relación a las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B.
2Hacer lugar a la repetición de la diferencia de derechos de exportación reclamada por la actora, referida a las DJVE del punto 1, por la suma de Pesos Trescientos Mil Quinientos Treinta y Tres con 18/100 ($300.533,18) con más sus intereses (art. 811 del CA), los que se devengarán desde el 19.06.12, aplicándose la tasa de interés prevista en el art. 812 del CA.
3Imponer las costas a la Aduana vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-111177681-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 18 de Octubre de 2022 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En el día de la fecha, se reúnen los Vocales de la Sala "E", Dres. Juan Manuel Soria, Cora M. Musso y Héctor Hugo Juárez, con la presidencia de la Vocal nombrada en segundo término, para resolver en los autos caratulados: “COFCO International Argentina S.A. c/DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación" - EX-2021-
108212085-APN-SGASAD#TFN
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Fundamentos del recurso de apelación: Que mediante el RE-2021-108208886-APN-SGASAD#TFN la firma recurrente interpone el 09.11.21 recurso de apelación contra las resoluciones 115/2019 y 116/2019 (AD SALO) ambas de fecha 25.04.19 (notificadas el 25.10.19) dictadas, respectivamente, por el Jefe Departamento Aduana de San Lorenzo en las actuaciones 13289-14290-2012/2 y 13289-14290-2012, denegando la devolución de los derechos de exportación supuestamente pagados en demasía. Relata que, con arreglo a las disposiciones de la ley 21.453, documentó ante la ONCCA, en el año 2010, las declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE - ROE Verde) 10001DJVE014277U, 10001DJVE014275S, 10001DJVE01428Y, 10001DJVE014294T, 10001DJVE014288W, 10001DJVE014291Z, 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B, comprometiendo la exportación de la mercadería descripta en cada caso.
En relación a tales ROEs prepagó el derecho de exportación correspondiente al 90% de la mercadería comprometida en las correspondientes DJVE. Señala que, en razón de que la mercadería a exportar pertenecía a la cosecha 2010/2011 -lo que surge de las DJVE- se abonaron los tributos correspondientes en relación al precio oficial publicado por la Autoridad de Aplicación para la fecha de cierre de venta, correspondiente a dicha cosecha (2010/2011); aclara que la Autoridad de Aplicación publicaba, en la fecha de los hechos involucrados, dos precios oficiales diferentes para la misma mercadería y misma fecha, dependiendo de la cosecha. Indica que, posteriormente, la AFIP –conforme la Circular (ONCCA) 3/09- le reclamó el pago de una diferencia de derechos atento que, en el caso de haber dos precios oficiales para un mismo producto, correspondía –según lo allí establecido- que se tome el más cercano a la fecha de la DJVE.
En el caso de las DJVE de autos el precio oficial más cercano era el correspondiente a la cosecha 2009/2010, es decir la cosecha anterior a la declarada. De tal manera en relación a las DJVE 10001DJVE014277U, 10001DJVE014275S, 10001DJVE01428Y, 10001DJVE014294T, 10001DJVE014288W y 10001DJVE014291Z debió abonar una diferencia de derechos de U$S 710.640 atento que el precio índice de la mercadería exportada de la cosecha 2009/2010 era mayor al precio índice de la cosecha 2010/2011. Los comprobantes de pago incluso fueron adjuntados a las actuaciones administrativas vinculadas a esta causa. En contraste, respecto de las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B –involucradas en el presente- el precio índice correspondiente a la cosecha 2009/2010 era menor al de la cosecha 2010/2011.
En consecuencia, arguye, en relación a estas dos últimas operaciones, aplicando lo dispuesto en la citada Circular (ONCCA) 3/09 había abonado mayores derechos a los correspondientes; concretamente U$S 76.608 en exceso. Así, al notificarse el reclamo tributario correspondiente a las DJVE 14296V y 14299B inició el correspondiente procedimiento de impugnación en el marco de la Actuación SIGEA 12192-3247-2012. En dicha actuación se reclamaba a la empresa una supuesta diferencia de derechos de exportación de u$s 12.768 respecto a las referidas DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B; sin embargo, señala que, como se manifestó en la impugnación, conforme la normativa aplicable y el precio oficial que efectivamente debió aplicarse al pago de los derechos de ambas DJVE, no se adeudaba importe alguno al Fisco y, además, se habían abonado 76.608 en exceso en relación a dichas DJVE.
Destaca que, de hecho, en el recurso de impugnación se anticipó al servicio aduanero que la diferencia sería objeto de repetición. Señala que, finalmente, mediante Resolución 8514/2018 (DE PRLA) del 28.05.18, el servicio aduanero admitió que el reclamo tributario resultaba improcedente, por lo que hizo lugar a la impugnación impetrada; indica que la Aduana sostuvo que asistía razón a la empresa dado que para las DJVE 14296V y 14299B, se había declarado el precio oficial de U$S 1160 por tonelada, cuando en realidad resultaba aplicable el menor de U$S 1153 por tonelada, por lo que no existían derechos pendientes de pago sino que "... les quedaba un saldo a favor" (tercer párrafo de la Resolución 8514/2018 (DE PRLA).
En consecuencia, señala que se inició la repetición para que se restituyera el importe de derechos abonado en demasía. Indica que, sorpresivamente, mediante las resoluciones apeladas, la Aduana de San Lorenzo rechazó las repeticiones sosteniendo que sería de aplicación al caso la limitante del art. 1069, inc. b) 1) del Código Aduanero (“CA”) y, recurriendo al dictamen jurídico emitido en las actuaciones, opone que la cuestión se habría "zanjado" en el procedimiento de impugnación mediante la Resolución 8514/2018 (DE PRLA); estando ella firme, conforme la Aduana, no correspondía acceder a la repetición intentada, puesto que el pago repetido habría sido "objeto de revisión por el procedimiento de impugnación", en los términos del referido artículo del CA.
Señala que la Aduana de San Lorenzo no hizo lugar a la repetición basada en una cuestión procesal, no rechazó in limine la solicitud de devolución, sino que simplemente la rechazó; de allí que, sostiene, este tribunal deberá avocarse al conocimiento de la procedencia sustancial de la repetición. Indica que tal avocación se impone teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía procesal y razonabilidad, en tanto su procedencia surge de los hechos y derecho invocados y de la propia Resolución 8514/2018 (DE PRLA) invocada por la demandada como impedimento para la devolución. Sostiene que no se presenta en el caso la situación comprendida en el inc. b), ap. 1, del art. 1069 del CA, por lo que la Aduana de San Lorenzo debió resolver sobre el fondo y ordenar la devolución de lo abonado en demasía en relación a las DJVE 14296V y 14299B (y permisos asociados), argumentando sobre la norma referida y su alcance; cita doctrina al respecto.
Señala como procesalmente irrazonable la posición de la resolución apelada de que debió apelarse la Resolución 8514/2018 (DE PRLA) dictada en el procedimiento de impugnación si no estaba de acuerdo con ella; no podía apelar una resolución que la favorecía, remitiendo a las circunstancias del caso. Destaca que si bien la cuestión de fondo ventilada resulta análoga en ambos procedimientos inició, prudentemente, el procedimiento de repetición con los recaudos exigidos por la reglamentación (Resolución General AFIP 2365/2007) justamente para que la Aduana no tuviera reparos procesales sobre la devolución de tributos en el marco de un procedimiento de impugnación. Indica que, para su sorpresa, igualmente la Aduana objetó su accionar, interpretando que sería aplicable a la devolución la limitante del art. 1069 inc. b) del CA.
Señala que tal interpretación es incorrecta, injusta y contraria a los derechos garantizados por nuestra Constitución, citando jurisprudencia de la Corte. Argumenta luego sobre los intereses que corresponde aplicar sobre los montos que repite y que, eventualmente, se ordene devolver, invocando jurisprudencia de la alzada. Ofrece prueba y solicita que se dicte sentencia revocando la resolución apelada, con costas.
II. Contestación del traslado: Que, corrido el pertinente traslado, la representación fiscal lo contesta mediante el IF- 2022-25979915-APN-DTD#JGM que se presenta el 18.03.22. Luego de la negativa genérica de rigor y una breve reseña de los hechos, contesta el traslado. Señala entonces que, previo a todo, corresponde un pormenorizado análisis de los antecedentes, en particular, lo expuesto en los dictámenes 96/2019 y 95/2019, obrantes a fs.89/90 y 90/91 de las actuaciones administrativas, a los que transcribe parcialmente destacando su resultado, el rechazo de la repetición. Indica que no se encuentra discutido que lo que la actora pretende repetir ya fue objeto de impugnación, enfatizando que no le asiste razón respecto a la vía elegida, la repetición.
Indica que ella es improcedente, toda vez que re-inserta una cuestión ya planteada en sede aduanera mediante el procedimiento de impugnación, substanciado y en el cual se ha dictado resolución definitiva consentida por la firma. Sostiene que de esa forma -amén del innecesario dispendio jurisdiccional- la actora vuelve sobre sus propios actos retomando un debate cerrado, lo que constituye una violación a lo establecido en el art. 1069 inc. b) ap. 1 del CA, lo que fundamenta en la Sección XIV del código que, bajo el epígrafe “PROCEDIMIENTOS” (arts. 1001 al 1183) desarrolla el régimen o derecho procesal aduanero de un modo integral y completo, en lo atinente a la resolución de todas las “controversias” ante el servicio aduanero y los recursos respectivos o procedimientos judiciales en su caso.
Señala que, en este caso, se debe tener presente el marco normativo otorgado al reclamo inicialmente efectuado en sede administrativa conforme art. 1053 del CA, expidiéndose sobre el funcionamiento de dicho instituto procedimiental. Señala que el inciso f) del art. 1053 es el supuesto residual o genérico en el que pueden incluirse una variada gama de actos que hacen viable este procedimiento reglado, siempre que no estén previstos en algún otro procedimiento. Señala que la aplicación del art. 1053 del CA en estos autos veda la posibilidad de reinsertar la discusión en el marco del pedido de repetición posteriormente incoado, transcribiendo el art. 1069 del CA, que luego comenta, citando jurisprudencia de este tribunal y la alzada.
Advierte que, finalizado el procedimiento de impugnación, se excluye en su totalidad “el examen del objeto en crisis en el procedimiento de repetición” ya que la resolución dictada en dicho procedimiento se encuentra firme, revistiendo el carácter de cosa juzgada; señala que la reedición de la cuestión en el marco de un nuevo procedimiento atentaría contra la seguridad jurídica ocasionando un serio perjuicio económico al Estado Nacional, en función de la utilidad o provecho eventual del peticionante; que la impugnación agota la vía administrativa seleccionada por el administrado. Solicita que se rechace el planteo de la actora, confirmando las resoluciones aduaneras apeladas, con costas. En subsidio, se expide sobre la tasa de interés aplicable para el caso que se haga lugar a la repetición apelando a los arts. 811 y concordantes del CA, resoluciones del Ministerio de Economía y jurisprudencia de la Corte Suprema.
Acompaña las actuaciones administrativas, plantea el caso federal y peticiona que se confirmen todas las resoluciones, con expresa imposición de costas a la actora.
III. Proceso ante el Tribunal Fiscal: Que, contestado el recurso de apelación por la DGA el 18.03.22 y acompañadas las actuaciones administrativas (IF-2022-25980512-APN-DTD#JGM, IF-2022-25980357-APN-DTD#JGM y IF-2022-
25980188-APN-DTD#JGM) el 22.08.22 se declara la causa de puro derecho (PV-2022-87482577-APN-VOCXIII#TFN) y el 07.09.22 se elevan los autos a esta Sala E (PV-2022-94093691-APN-VOCXIII#TFN). El 15.09.22 (IF-2022- 97866868-APN-VOCXIII#TFN) se llaman los autos a sentencia.
IV. Procedimiento en la Dirección General de Aduanas: Mediante el IF-2022-25980512-APN-DTD#JGM la Aduana adjunta a estos autos copia del sobre contenedor del PE 11057EC01003696R (oficializado el 09.05.11) de la firma Noble Argentina S.A. donde aparece agregada la DJVE vinculada 10001DJVE014299B (oficializada el 09.11.10), con el correspondiente ROE VERDE, intervenido por la ONCCA con fecha de cierre de venta 08.11.10. Mediante el IF-2022- 25980188-APN-DTD#JGM la Aduana adjunta a estos autos el SIGEA 13289-14290-2012 iniciado el 19.06.12. A fs. 1/20 sin inician las actuaciones con el recurso de repetición iniciado por la firma Noble Argentina Sociedad Anónima con fecha 19.06.12 respecto de las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B.
A fs. 8 del recurso de repetición aparecen consignado cuadro con el detalle de cómo las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B han tomado un precio oficial FOB más alto al cierre de venta, cancelando derechos de exportación en exceso por la suma de U$S 76.608, y a fs. 9 la Circular (ONCCA) 03/09 que establece que el precio oficial FOB a considerar para las DJVE, en caso de existir dos, debe ser el más cercano a la fecha de cierre de venta; asimismo a fs. 16/20 aparece la copia del escrito de impugnación presentado por la actora, con fecha 11.04.12, contra los cargos formulados por la Aduana en relación a las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B donde ya consigna que, aplicando la Circular (ONCCA) 03/09 habría pagados derechos de exportación en exceso respecto de las referidas DJVE, pese a que la DGA les exige una diferencia.
A fs. 22/24 se agregan diferentes impresiones de pantalla de la AFIP-DGA relativas a la actora, incluidas las de consulta respecto de las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B. A fs. 25, con fecha 09.05.13 se remite el pedido de repetición a la División Impugnaciones, atento el trámite del SIGEA 12192-3247-2012 y lo normado por el art. 1069 1 b) del CA. A fs. 26/47 aparece agregada copia de las actuaciones administrativas SIGEA 12192-3247-2012 referidas al proceso de impugnación seguido por la actora en relación a las diferencias de tributos respecto de las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B. A fs. 37 obra la Nota 627/2012 (DV REEX) del 16.04.12 en la que, principalmente, se consigna que la deuda perseguida es calificada erróneamente como “CARGO” por la actora cuando se trata de una deuda originaria, no configurando una determinación suplementaria, remitiendo las actuaciones a la División Análisis y Diseño de Recaudación para que analice el fondo.
A fs. 38/46 se registran diferentes pases y verificaciones en las actuaciones, no relacionadas con el fondo del asunto. A fs. 47 obra la Nota 44/15 de la División Análisis y Diseño de Recaudación, fechada el 05.05.15, que señala que las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B declararon valor unitario de U$S 1160 cuando correspondía U$S 1153, generando un saldo a favor del exportador. A fs. 48 obra caratula del SIGEA 10093-26-2010, iniciado por la ONCCA el 01.12.10. A fs. 49 obra carátula de la actuación ONCCA 129493386821 sobre “ERROR PRECIO OFICAL ROE VERDE”. A fs. 50/51 obra Informe de la ONCCA sobre el error referido, respecto de una cantidad de ROE que enlista donde se consideró un precio FOB oficial erróneo para fijar los derechos de exportación, conforme Circular (ONCCA) 03/09.
A fs. 52/53 obra la Nota 1587/10 (DV ADRA), del 09.12.10, que parte de la nota antes referida y que explica cómo se procedió para los casos en que la utilización del precio FOB oficial erróneo originó diferencias de derechos a favor de la Aduana, las que fueron canceladas por los exportadores; dicho informe refiere expresamente a las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B de la firma Noble Argentina S.A. indicando que el precio erróneo utilizado era mayor al precio correcto que correspondía, con lo que no se calculó -ni correspondía- deuda tributaria alguna; a fs. 54 se agrega cuadro con el detalle de todos los pagos por las diferencias detectadas a las empresas, que suman Dólares Dos Millones Ciento Noventa Mil Seiscientos Noventa y Nueve (U$S 2.190.699).
A fs. 55 obra e-mail de fecha 25.11.21 en el cual la Licenciada Eugenia Dri de la ONCA informa al Sr. Ruffini de la Aduana “te adjunto el archivo con las DJVE que te comenté por teléfono”, el que aparece agregado a fs. 56, en cuyas dos primeras filas aparecen las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B indicándose la diferencia de derechos a favor de la actora por haber tomado un precio FOB oficial erróneo, superior al correcto, para calcular los derechos de exportación. A fs. 58, con fecha 03.05.18, la División Impugnaciones tienen por presentado al apoderado letrado de la empresa y por deducida la impugnación en los términos del art. 1053 inc. a) y 1055 apartado 1 del CA; tiene, a su vez, por cumplida la prueba con la documentación agregada y la Nota 44/15 de la División Análisis y Diseño de la Recaudación Aduanera; finalmente ordena el pase a la División Registro de Exportación para que ratifique o rectifique la intimación de fs. 1 teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el punto V de la impugnación y los informados por la referida Nota 44/15.
De fs. 59/63 obran diversos pases de las actuaciones atento haber interpuesto la empresa amparo por mora ante este tribunal por la demora en la resolución del caso. A fs. 64 obra Nota DV CTRI 3120/18 para que la División Impugnaciones dé urgente trámite a las actuaciones atento lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación en mayo de 2018 con vencimiento del plazo el 12.10.18. A fs. 65/66, con fecha 28.05.18, obra la Resolución 8514/18 de la División Impugnaciones que refiere a la liquidación de derechos de exportación cursada a fs. 1 en relación a las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B; en el primer párrafo de los considerandos se señala que respecto de las referidas DJVE (las del Visto) no se había cancelado a la fecha de oficialización de los PE el remanente de los derechos de exportación correspondiente al 10% del total a tributar; en el párrafo siguiente cita párrafos de la presentación de la actora y en el último párrafo se hace lugar a la impugnación, conforme se han expedido a fs. 71 y 96 las áreas técnicas dejando sin efecto la liquidación de derechos de exportación curadas a fs. 1 respecto de las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B.
A fs. 67, con fecha 03.10.18, se remiten las actuaciones a la División Sumarial y Repeticiones. A fs. 68/69 obra copia de e-mail, de fecha 10.10.13, dirigido a las Aduanas del Interior con instrucciones del modo de proceder en los casos de repeticiones. A fs. 70/72 obra copia de la Nota 55/2013 (DV DRTA), de fecha 18.01.13, dirigida al Departamento Asesoramiento Aduanero referida al asunto “ADM S.A. Solicitud de Devolución de Tributos” también sobre cómo deben actuar las aduanas de registro en las solicitudes de repetición. A fs. 73/81 obran diferentes pases a impresiones de pantalla del Sistema María sobre la empresa actora y las DJVE involucradas. A fs. 82/83 obra Nota 80/19 (SIS) de la Sección Inspección Simultánea de la Aduana de San Lorenzo que trata la solicitud de devolución de tributos de Noble Argentina S.A. en relación a las DJVE 10001DJVE014296V ordenando el pase a la Sección Económica Financiera.
A fs. 84 obra la Nota 2/19, de fecha 15.02.19, de la Sección Económica Financiera por la cual, en línea con el referido informe de la Sección Inspección Simultánea, se expide sobre el monto a devolver en relación, exclusivamente, a la DJVE 10001DJVE014296V y su PE correspondiente 11057EC01003695Z, por un total de U$S 47.400. A fs. 86, con fecha 09.04.19, obra la resolución del Jefe (Int.) de la Aduana de San Lorenzo por la que se tiene por promovida la solicitud de devolución y: (i) se hace lugar a la prueba documental y la de certificación de los importes de derechos de importación pagados en relación a las DJVE 10001DJVE014296V y; (ii) deniega la prueba informativa a la División de Análisis y Diseño de Recaudación Aduanera para que ratifique el correo electrónico de fecha 03.12.10 e informe si la actora efectivamente abonó mayores derechos a los que correspondían conforme la Circular (ONCCA) 3/09, toda vez que la información solicitada se encuentra plasmada en los informes aportados en autos; finalmente, no habiéndose producido prueba para alegar sobre su mérito declara la cuestión de puro derecho.
A fs. 88 la actora constituye nuevo domicilio y solicita pronto despacho. A fs. 89/90 obra el dictamen jurídico 96/19 de fecha 25.04.19, que se limita a la DJVE 10001DJVE014296V, recomendando la denegación de la repetición con base en el art. 1069 inc. b)1 del CA y jurisprudencia que cita. A fs. 91/93 obra la Resolución 116/19 (AD SALO) apelada en autos referida a la DJVE 10001DJVE014296V, denegando la repetición iniciada por la actora. Mediante el IF-2022-25980357-APN-DTD#JGM la Aduana adjunta a estos autos el SIGEA 13289-14290-2012/2 -iniciada el 03.12.18.- vinculado al SIGEA 13289- 14290-2012 iniciado el 19.06.12-. A fs. 2/22 sin inician las actuaciones con el recurso de repetición iniciado por la firma Noble Argentina Sociedad Anónima con fecha 19.06.12 respecto de las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B.
A fs. 9 del recurso de repetición aparecen consignado cuadro con el detalle de cómo las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B han tomado un precio oficial FOB más alto al cierre de venta, cancelando derechos de exportación en exceso por la suma de U$S 76.608, y a fs. 10 la Circular (ONCCA) 03/09 que establece que el precio oficial FOB a considerar para las DJVE, en caso de existir dos, debe ser el más cercano a la fecha de cierre de venta; asimismo a fs. 17/21 aparece la copia del escrito de impugnación presentado por la actora, con fecha 11.04.12, contra los cargos formulados por la Aduana en relación a las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B donde ya consignaba que, aplicando la Circular (ONCCA) 03/09 habría pagado derechos de exportación en exceso respecto de las referidas DJVE, pese a que la DGA les exige una diferencia.
A fs. 22/24 se agregan diferentes impresiones de pantalla de la AFIP-DGA relativas a la actora, incluidas las de consulta respecto de las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B. A fs. 25, con fecha 09.05.13 se remite el pedido de repetición a la División Impugnaciones, atento el trámite del SIGEA 12192-3247-2012 y lo normado por el art. 1069 1 b) del CA. A fs. 27/48 aparece agregada copia de las actuaciones administrativas 12192-3247-2012 referidas al proceso de impugnación seguido por la actora en relación a las diferencias de tributos respecto de las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B. A fs. 38 obra la Nota 627/2012 (DV REEX) del 16.04.12 en la que, principalmente, se consigna que la deuda perseguida es calificada erróneamente como “CARGO” por la actora cuando se trata de una deuda originaria, no configurando una determinación suplementaria, remitiendo las actuaciones a la División Análisis y Diseño de Recaudación para que analice el fondo.
A fs. 39/46 se registran diferentes pases y verificaciones en las actuaciones, no relacionadas con el fondo del asunto. A fs. 48 obra la Nota 44/15 de la División Análisis y Diseño de Recaudación, fechada el 05.05.15, que señala que las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B declararon un valor unitario de 1160 dólares cuando correspondían U$S 1153, generando un saldo a favor del exportador. A fs. 49 obra caratula del SIGEA 10093-26-2010, iniciado por la ONCCA el 01.12.10. A fs. 50 obra carátula de la actuación ONCCA 129493386821 sobre “ERROR PRECIO OFICAL ROE VERDE”. A fs. 51/52 obra Informe de la ONCCA sobre el error referido, respecto de una cantidad de ROE que enlista donde se consideró un precio FOB oficial erróneo para fijar los derechos de exportación conforme la Circular (ONCCA) 03/09.
A fs. 53/54 obra la Nota 1587/10 (DV ADRA), del 09.12.10, que parte de la nota antes referida y que explica cómo se procedió para los casos en que la utilización del precio FOB oficial erróneo originó diferencias de derechos a favor de la Aduana, las que fueron canceladas por los exportadores; dicho informe refiere expresamente a las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B de la firma Noble Argentina S.A. indicando que el precio erróneo utilizado era mayor al precio correcto que correspondía, con lo que no se calculó -ni correspondía- deuda tributaria alguna; a fs. 55 se agrega cuadro con el detalle de todos los pagos por las diferencias detectadas a las empresas, que suman Dólares Dos Millones Ciento Noventa Mil Seiscientos Noventa y Nueve (U$S 2.190.699).
A fs. 54 obra e-mail de fecha 25.11.21 en el cual la Licenciada Eugenia Dri de la ONCA informa al Sr. Ruffini de la Aduana “te adjunto el archivo con las DJVE que te comenté por teléfono”, el que aparece agregado a fs. 55, en cuyas dos primeras filas aparecen las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B indicándose la diferencia de derechos a favor de la actora por haber tomado un precio FOB oficial erróneo, superior al correcto, para calcular los derechos de exportación. A fs. 59, con fecha 03.05.18, la División Impugnaciones tienen por presentado al apoderado letrado de la empresa y por deducida la impugnación en los términos del art. 1053 inc. a) y 1055 apartado 1 del CA; tiene a su vez por cumplida la prueba con la documentación agregada y la Nota 44/15 de la División Análisis y Diseño de la Recaudación Aduanera; finalmente ordena el pase a la División Registro de Exportación para que ratifique o rectifique la intimación de fs. 1 teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el punto V de la impugnación y los informado por la referida Nota 44/15.
De fs. 59/64 obran diversos pases de las actuaciones atento haber interpuesto la empresa amparo por mora ante este tribunal por la demora en la resolución del caso. A fs. 65 obra Nota DV CTRI 3120/18 para que la División Impugnaciones dé urgente trámite a las actuaciones atento lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación en mayo de 2018 con vencimiento del plazo el 12.10.18. A fs. 66/67, con fecha 28.05.18, obra la Resolución 8514/18 de la División Impugnaciones que refiere a la liquidación de derechos de exportación cursada a fs. 1 en relación a las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B; en el primer párrafo de los considerandos se señala que respecto de las referidas DJVE (las del Visto) no se había cancelado a la fecha de oficialización de los PE el remanente de los derechos de exportación correspondiente al 10% del total a tributar; en el párrafo siguiente cita párrafos de la presentación de la actora y en el último párrafo se hace lugar a la impugnación, conforme se han expedido a fs. 71 y 96 las áreas técnicas dejando sin efecto la liquidación de derechos de exportación curadas a fs. 1 respecto de las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B.
A fs. 68, con fecha 03.10.18, se remiten las actuaciones a la División Sumarial y Repeticiones. A fs. 69/70 obra copia de e-mail, de fecha 10.10.13, dirigido a las Aduanas del Interior con instrucciones del modo de proceder en los casos de repeticiones. A fs. 71/73 obra copia de la Nota 55/2013 (DV DRTA), de fecha 18.01.13, dirigida al Departamento Asesoramiento Aduanero referida al asunto “ADM S.A. Solicitud de Devolución de Tributos” también sobre cómo deben actuar las aduanas de registro en las solicitudes de repetición. A fs. 74/83 obran diferentes pases a impresiones de pantalla del Sistema María sobre la empresa actora y las DJVE involucradas. A fs. 84/85 obra Nota 81/19 (SIS) de la Sección Inspección Simultánea de la Aduana de San Lorenzo que trata la solicitud de devolución de tributos de Noble Argentina S.A. en relación a la DJVE 10001DJVE014299B ordenando el pase a la Sección Económica Financiera.
A fs. 86 obra la Nota 3/19, de fecha 15.02.19, de la Sección Económica Financiera por la cual, en línea con el referido informe de la Sección Inspección Simultánea, se expide sobre el monto a devolver en relación, exclusivamente, a la DJVE 10001DJVE014299B y su PE correspondiente 11057EC01003696R, por un total de U$S 26.208,00. A fs. 88, con fecha 09.04.19, obra la resolución del Jefe (Int.) de la Aduana de San Lorenzo por la que se tiene por promovida la solicitud de devolución y: (i) se hace lugar a la prueba documental y la de certificación de los importes de derechos de importación pagados en relación a la 10001DJVE014299B y; (ii) deniega la prueba informativa a la División de Análisis y Diseño de Recaudación Aduanera para que ratifique el correo electrónico de fecha 03.12.10 e informe si la actora efectivamente abonó mayores derechos a los que correspondían conforme la Circular (ONCCA) 3/09, toda vez que la información solicitada se encuentra plasmada en los informes aportados en autos; finalmente, no habiéndose producido prueba para alegar sobre su mérito declara la cuestión de puro derecho.
A fs. 90/91 obra el dictamen jurídico 95/19 de fecha 25.04.19, referido a la DJVE 10001DJVE014299B, recomendando la denegación de la repetición con base en el art. 1069 inc. b)1 del CA y jurisprudencia que cita. A fs. 92/93 obra la Resolución 115/19 (AD SALO) apelada en autos, referida a la DJVE 10001DJVE014299B, denegando la repetición iniciada por la actora.
V. Decisión del caso: Corresponde resolver en la causa si las resoluciones 115/19 y 116/19 (AD SALO) del 25.04.19, dictadas en las actuaciones 13289-14290-2012/2 y 13289-14290-2020, que denegaron la devolución de las diferencias de derechos de exportación pretendidas por la actora (COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA S.A., continuadora de NOBLE ARGENTINA S.A.) respecto a las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B, se ajustan a derecho.
Desde ya se señala que los fundamentos de la DGA para denegar la devolución resultan jurídicamente inadmisibles, generando un dispendio jurisdiccional por el que se le impondrán las costas del caso.
V.1. Aplicación correcta de las normas del Código Aduanero En primer lugar, debe señalarse que no se encuentra controvertido que, mediante el procedimiento de impugnación que tramitó en el SIGEA 12192-3247-2012, la Aduana hizo lugar, oportunamente, al planteo de la actora respecto a las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B. Ello significa que, en ambas DJVE, conforme lo dispuesto por la Circular (ONCCA) 03/09, el exportador aplicó un valor aduanero oficial FOB erróneo mayor al que efectivamente correspondía, Mientras el valor oficial FOB por tonelada originario -erróneamente considerado para calcular los derechos de importación- fue de U$S 1160 por tonelada, correspondía considerar solamente U$S 1153. Que tal valor FOB oficial era erróneo lo decidió la Aduana en el SIGEA 12192-3247-2012 mediante la Resolución 8514/18 de fecha 28.05.18 de la División Impugnaciones, respecto a la liquidación de derechos de las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B, haciendo lugar (ver último párrafo) a la impugnación de la actora, conforme se habían expedido las áreas técnicas del organismo.
Tales conclusiones de las áreas técnicas de la Aduana, que lucen en el SIGEA 12192-3247-2012, son: (i) fs. 47, Nota 44/15 de fecha 05.05.15 de la División Análisis y Diseño de Recaudación, que señala que las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B declararon originariamente un valor unitario de U$S 1160 cuando correspondía U$S 1153, generando un saldo a favor del exportador; (ii) fs. 52/53, Nota 1587/10 (DV ADRA), del 09.12.10, que ratifica la anterior y refiere expresamente a las mencionadas DJVE de la firma Noble Argentina S.A. indicando que el precio erróneo utilizado era mayor al precio correcto que correspondía aplicar; (iii) fs. 55, e-mail de fecha 25.11.21, de la Licenciada Eugenia Dri de la ONCA con el archivo adjunto de DJVE (fs. 56) en cuyas dos primeras filas aparecen las 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B indicándose la diferencia de derechos a favor de la actora, por haber tomado un precio FOB oficial erróneo, superior al correcto, para calcular los derechos de exportación.
La Resolución 8514/18 de la División Impugnaciones de la DGA de fecha 18.05.18 (SIGEA 12192-3247-2012) favorable al planteo de la actora con fundamento en todos los informes anteriores no fue apelada por ella -como era obvio por no generarle agravio- agotando así la discusión sustancial respecto al pago en exceso de derechos respecto a las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B. Conforme lo establecido por los arts. 1139 y 1183 del CA la Resolución 8514/18 pasó en autoridad de cosa juzgada, no pudiéndose ya controvertir su contenido y alcance jurídico. En consecuencia, con base en dicha resolución, existe un derecho creditorio -firme, con carácter de cosa juzgada- de la empresa actora contra la DGA por la diferencia de derechos pagada en exceso respecto de las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B. Siendo ello así, conforme el art. 809 del CA, correspondía a la DGA devolver a la actora, contra su sola solicitud y sin mayor trámite, el monto de los derechos de exportación pagados en exceso, según lo decidido por la mentada Resolución (firme, consentida y que hizo cosa juzgada) 8514/18 de la División Impugnaciones de la DGA, en el marco del SIGEA 12192-3247-2012.
Debe destacarse que fue con tal finalidad, dar una solución unívoca para los tres procedimientos de naturaleza determinativa, sustancialmente idénticos, de: a) la impugnación, bajo el SIGEA 12192-3247-2012 y; b) las repeticiones, bajo los SIGEAS 13289-14290-2012/2 y 13289-14290-2012; vinculados los tres a las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B, que:
i. a fs. 25 del SIGEA de repetición 13289-14290-2012 (referido a la DJVE 10001DJVE014296V) se ordenó, con fecha 09.05.13, su remisión a la División Impugnaciones, atento el trámite del SIGEA 12192-3247-2012 y;
ii. de modo idéntico, a fs. 25 del SIGEA de repetición 13289-14290-2012/2 (referido a la DJVE 10001DJVE014299B) se ordenó, también con 09.05.13 su remisión a la División Impugnaciones, atento el trámite del SIGEA 12192-3247-2012.
En ambos casos –(i) y (ii)- la Aduana fundamentó expresamente la remisión de las repeticiones al procedimiento de impugnación del SIGEA 12192-3247-2012, en lo normado por el art. 1069 1 b) del CA; siendo claro que el entendimiento sobre dicha norma de la Aduana era que, aquello que se resolviera en el SIGEA de impugnación de las DJVE involucradas sería la resolución que correspondería proyectar a los dos SIGEA (13289-14290-2012 y 13289- 14290-2012/2) de repetición.
Así, el fundamento usado por la Aduana de San Lorenzo, en las resoluciones apeladas, para denegar a la actora lo que por derecho le corresponde (que la resolución firme en el SIGEA de impugnación impide hacer lugar a los reclamos de repetición) contradice abiertamente los actos propios, antes ilustrados, de la misma Aduana en los SIGEA 13289-14290- 2012 y 13289-14290-2012/2, lo que resulta jurídicamente inadmisible, por contradictorio e irrazonable (art. 28 de la Constitución).
La previsión del art. 1069.1 b) 1) (“Sólo son susceptibles de repetición (…) los pagos efectuados a requerimiento del servicio aduanero, siempre que la respectiva liquidación no hubiere sido objeto de impugnación”) debe comprenderse en su recto sentido; impedir la existencia paralela de dos controversias (impugnación y repetición) de naturaleza determinativa idéntica, sentado que el resultado definitivo que produzca la vía impugnatoria -a la que se le da prevalencia procedimental en el CA- deberá ser acatado en todos sus alcances por las partes -Aduana y contribuyente- en los procedimientos de repetición que versen sobre la misma causa, sin poder reeditarse una nueva discusión. Se previene así todo riesgo de escándalo jurídico, por el eventual dictado de resoluciones contradictorias en procedimientos paralelos; por ejemplo, un proceso de impugnación cuyo contenido sustancial fuera el mismo que debe examinarse en uno de repetición -lo que sucedió en este caso-, ambos de naturaleza determinativa de tributos.
Lo expuesto se desprende también (de modo concordante con el art. 1069.1 b) 1) de los mentados arts. 1139 y 1183 del CA que establecen el carácter de cosa juzgada que hacen las resoluciones definitivas de la DGA cuando, por ejemplo, en un proceso de impugnación, no son apeladas. De modo reflejo, por disposición de los mismos tres artículos -siendo su recta y concordante interpretación- la resolución administrativa firme dictada a favor del contribuyente en una repetición, no puede ser ya objeto de revisión en un procedimiento de impugnación de la Aduana en relación al concepto tributario cuya devolución fue resuelta, con carácter definitivo de cosa juzgada, en un caso concreto.
La correcta interpretación del art. 1069.1 b) 1) indica que, tratándose de un procedimiento de impugnación concluido y firme que determinaba un saldo de tributos a favor del contribuyente, correspondía la devolución de ese saldo por la Aduana al contribuyente, estando obligado el organismo a ello. Lo dicho no es más que la nítida consecuencia jurídica - incontrovertible ya por su firmeza de cosa juzgada- que deriva de lo resuelto en la Resolución 8514/18; resolución que, se repite, obliga en primer lugar a la misma Aduana que la dictó.
La Aduana, conforme la Resolución 8514/18 con que finalizo el SIGEA de impugnación 12192-3247-2012, no tenía discusión alguna para dirimir respecto a la repetición promovida por la actora de las sumas pagadas en exceso bajo las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B; simplemente debía aplicar la Resolución 8514/18 y devolver las diferencias reclamadas. De modo incoherente, denegó el pedido mediante una interpretación especiosa y textualista (contradictoria con el encauzamiento impreso por ella misma, a fs. 25, de las actuaciones administrativas de repetición 13289-14290-2012/2 y 13289-14290-2012/2) del art. 1069.1 b) 1) del CA; interpretación cuyo único norte fue denegar la devolución de las diferencias que, conforme la Resolución 8514/18 (SIGEA 12192-3247-2012) por derecho, y ya sin discusión, le correspondían a la actora.
El servicio aduanero no puede servirse de tal clase de interpretaciones para denegar derechos patrimoniales sustanciales de los contribuyentes, emanados de una resolución administrativa firme, que hizo cosa juzgada, por ella misma dictada; máxime cuando la propia Aduana hizo valer previamente los fundamentos de dicha resolución, de modo reflejo, a su favor. Tal proceder constituye una lesión al esencial derecho de propiedad de la actora (art. 17 de la Constitución), a la doctrina de los actos propios del estado, como al principio de ejemplaridad del accionar estatal. Con la firmeza de la Resolución 8514/18, quedó establecido que la actora había pagado un valor en exceso de U$S 7 por tonelada respecto al valor FOB de sus declaraciones contenidas en las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B, ello conforme la Circular (ONCCA) 03/09, sumando un total de U$S 76.608.
Basta señalar, a fortiori, que con base en la misma Circular (ONCCA) 03/09, pero en la situación inversa -valores oficiales FOB erróneos declarados, inferiores a los que hubiera correspondido declarar- la DGA cobró de inmediato de la actora en el año 2010 (en apenas tres días, entre el 03.12.2010 y el 06.12.10, conforme Nota 1587/10 -DV ADRA- a fs. 52 del SIGEA 13289- 14290-2012/2 y fs. 53 del SIGEA 13289-14290-2012/2) la importante diferencia de derechos de exportación que correspondían a su favor, por el monto de U$S 710.640 (ver las sumas del cuadro de fs. 8 en el SIGEA 13289-14290-2012 y fs. 9 en el SIGEA 13289-14290-2012/2 y, por el mismo monto, en el cuadro de fs. 54 del SIGEA 13289-14290-2012 y de fs. 55 del SIGEA 13289-14290-2012/2 en lo que respecta a Noble Argentina S.A.). En el mismo sentido inverso -diferencias a favor de la Aduana- el total pagado de inmediato a la DGA, en el año 2010 (en un lapso de tres días), por las empresas -entre las que estaba la actora- cuyas DJVE resultaron alcanzadas por la referida circular de la ONCCA, fue de U$S 2.190.699 (totales del cuadro de fs. 54 del SIGEA 13289-14290-2012 y fs. 55 del SIGEA 13289-14290-2012/2).
Se impone pues, la devolución a la actora de las sumas de derechos de exportación pagadas en exceso, por la situación inversa a la del párrafo anterior (en este supuesto, valores oficiales FOB erróneos declarados, mayores a los que hubiera correspondido declarar) respecto a las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B, definido ello, con firmeza de cosa juzgada, por la Resolución 8514/18 de la Aduana dictada en el SIGEA 12192-3247-2012 y todas sus constancias antecedentes, debidamente ilustradas supra.
V.2. Concordancia entre los arts. 809, 810 y 811 del Código Aduanero con el art. 81 quinto párrafo de la ley 11.683 (t.o. 1998)
En segundo lugar, como ya se ha señalado en otros pronunciamientos, el Código Aduanero -más allá del nombre impropio con que se lo bautizó- es una ley federal más (Fallos: 307:317, entre otros), debiendo interpretarse de modo integrado y armónico con el resto de las leyes federales que versan sobre las materias que regula. En ese sentido, las normas federales especiales del CA no desplazan la aplicación -salvo que esté expresamente limitada- de otras normas del ordenamiento federal que actúen concomitantemente sobre las materias que el código regula.
Tal principio tiene un corolario específico y acentuado en aquellas disposiciones federales destinadas a disciplinar la actuación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”) que constituye un ente administrativo indivisible, aun cuando comprende en su seno a la Dirección General Impositiva (“DGI”) y a la Dirección General de Aduanas (“DGA”), conforme los arts. 1, 2 del decreto de necesidad y urgencia 618/97 (BO: 14.07.97)
En tal sentido, las normas de la ley 11.683 que tienen como destinataria genérica a la AFIP, regimentando su actuación, deben considerarse con carácter amplio, predicando tanto sobre la DGI como sobre la DGA, salvo disposición expresa en contrario. No puede obviarse, en esa línea, que la ley 11.683 fue, durante años, el ordenamiento que regulaba los procedimientos en materia aduanera.
En el presente caso los arts. 809, 810 y 811 del CA, en tanto establecen que la Aduana debe devolver de modo directo, a solicitud de los interesados, los tributos pagados en exceso, tomando los fondos que deben ingresar a las rentas generales , guardan armonía con el art. 81 quinto párrafo de la ley 11.683 de repetición de impuestos nacionales, categoría en la que revisten los derechos de exportación. Los específicos párrafos cuarto y quinto del art. 81 de la ley 11.683 imponen mandatos generales a la AFIP, que el CA no excepciona como inaplicables en sus normas de repetición (arts. 809 a 819, y arts. 1069 a 1069 del CA).
En concreto, el quinto párrafo del art. 81 establece -tal como sucedió en el caso de autos- que cuando una verificación fiscal modifica la apreciación sobre un concepto o hecho imponible, determinando tributos a favor del Fisco, y se comprueba que esa misma apreciación rectificada da lugar a pagos en exceso por el mismo gravamen, la AFIP deberá compensar los importes pertinentes hasta anular el tributo resultante de la determinación. Esta norma, llamada técnicamente de “correcciones simétricas”, guarda armonía con el art. 810 del CA en materia de repetición en cuanto dispone que la devolución de tributos deberá hacerse tomando los fondos que deben ingresarse a las rentas generales, que son aquellos que corresponden tanto a los pagos espontáneos del contribuyente, como los de los pagos a requerimiento (cf. art. 811 del CA).
Así, cuando en autos, en el año 2010, la Aduana, con base en la Circular (ONCAA) 03/09, exigió a la actora el pago de diferencias de derechos de exportación por la suma U$S 710.640 en tanto, bajo el mismo concepto verificado, la segunda había ingresado U$S 76.608 en exceso, el fisco debió, en rigor (conforme los arts. 809, 810 y 811 del CA, iluminados por el quinto párrafo del art. 81 de la ley 11.683) descontar esta última suma de la diferencia primariamente determinada a su favor, cuya exigencia debió limitarse cuantitativamente a U$S 634.032 (U$S 710.640 – U$S76.608).
De tal modo se hubiera evitado el dispendio administrativo y jurisdiccional generado por el posterior reclamo de devolución de la actora, por el pago excesivo de derechos de exportación conforme la posición asumida por la Aduana respecto a la Circular (ONCCA) 3/09. La compensación -o el pago- por la misma Aduana, en el año 2010, de los derechos ingresados en exceso hubiera evitado tal dispendio, que culminó en el presente litigio y que, recién con este pronunciamiento, doce años después, encuentra fin.
V.3. Conclusión: Conforme todo lo expuesto, corresponde revocar las resoluciones apeladas y hacer lugar a la repetición de la diferencia de derechos de exportación reclamada por la actora, en los términos de los arts. 809 y 810 del CA, por la suma de Pesos Trescientos Mil Quinientos Treinta y Tres con 18/100 ($300.533,18) con más los intereses, que se devengarán conforme lo establecido por el art. 811 del CA -desde el 19.06.12- respecto a las dos DJVE involucradas, aplicándose la tasa de interés que ordena el art. 812 del mismo CA. ASÍ LO VOTO.
VI. Imposición de las costas: Resulta notoriamente disvalioso para cualquier idea elemental de seguridad jurídica un comportamiento dispar del estado en sus relaciones de débito y crédito con los contribuyentes.
Una de las peores concreciones de tal comportamiento es la demora del fisco en el cumplimiento de sus cargas propias recurriendo a razonamientos equívocos como lo son, en este caso, los vertidos en torno al art. 1069.1 b) 1) del CA. El único fin de tal comportamiento y razonamiento fue, como se verificó, demorar, para, finalmente, denegar a la actora su crédito fiscal cuando, con el mismo fundamento jurídico con que se reclamó la devolución, el fisco determinó y cobró, de inmediato -en el año 2010-, las diferencias de tributos que tenía a su favor. En contraste, se verifica en este caso que, luego de 12 años -desde el 2010- la Aduana no devolvió las diferencias tributarias que correspondían a la actora por derecho, en cuanto crédito fiscal simétrico a su favor, basado en la misma causa jurídica, la Circular (ONCCA) 3/09. Doce años son los que, con sus costos, conlleva esta contienda, primero en sede administrativa y ahora ante este tribunal. No puede el fisco exigir integridad fiscal a los contribuyentes si él mismo parece colocarse un parche en un ojo a la hora de decidir sus planteos, resolviendo de modo asimétrico, con base en una misma causa jurídica, cuando le “conviene” respecto a cuando cree estar frente a un “perjuicio”. Los órganos del estado no pueden funcionar como los de un cuerpo hemipléjico, lentos e ineficaces cuando se trata de los derechos de los administrados; veloces y efectivos cuando el estado hace valer sus prerrogativas. Todo concepto de ética pública se desvanece, con justa razón, al verificarse tales conductas dispares. No puede el estado exigir comportamientos de buena fe de los contribuyentes cuando, con su conducta, contraría el fundamental principio de ejemplaridad que debería presidir su accionar (Fallos: 308:2153). Se trata, en último término, de que el fisco, al adoptar un determinado criterio de ajuste tributario, lo aplique de manera coherente en todos los supuestos, sin negarlo ni diferirlo y debiendo atenerse a sus consecuencias “a las verdes y a las maduras” (Fallos: 334:485).
Debe señalarse también que el diferimiento por la Aduana, por 12 años, de la devolución que correspondía a la actora desde el 2010, ha producido un notorio deterioro -por devaluación monetaria- en la cuantía originaria de su crédito. Al tratarse de derechos de exportación, tal crédito se determina en dólares (art. 20 de la ley 23.905); ahora bien, como consecuencia de la jurisprudencia -contra legem- de la Corte Suprema en el precedente “CENCOSUD S.A. (TF 29.535-A c/ DGA)” de fecha 15.05.14, la devolución que hoy se decide favorablemente se pagará en pesos, aplicando a la determinación originaria en dólares el tipo de cambio histórico con el que se cancelaron, en exceso, hace 12 años. El razonamiento de la Corte Suprema en “CENCOSUD” no es menos textualista y especioso que el de la Aduana en relación al art. art. 1069.1 b) 1) del CA (ver nuestro voto en disidencia en la causa “CURCIJA S.A.”, Expte. 30.506-A, sentencia del 30.08.19, https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2020/02/30506-A-30-08-19.pdf ). Sin perjuicio de que la actora haya optado en este litigio por acatar dicha jurisprudencia, no resulta discutible que, en el año 2010, se pagó un capital en exceso de U$S 76.608 mientras que hoy, al hacerse lugar a la repetición bajo la jurisprudencia “CENCOSUD”, se devolverán a la actora U$S 2.017, cuando se aplique el tipo de cambio oficial actual (14.09.22) a la suma en pesos de capital histórico adeudado por la Aduana ($300.533,18/$149).
Es, sin ninguna duda, la errónea jurisprudencia de la Corte Suprema en “CENCOSUD” el principal incentivo jurídico que tuvo la Aduana para llevar adelante y ejecutar el disvalioso y arbitrario comportamiento exhibido en estos autos. Ello no solo por contrario a las mandas normativas de los arts. 809 a 811 del CA y 81 quinto párrafo de la ley 11.683 y a elementales nociones de equidad y justicia, sino por la demora que le imprimió a todo el procedimiento. Según consta en las actuaciones administrativas la actora tuvo que promover un amparo por mora ante este tribunal (ver fs. 59/65 de ambos SIGEA, el 13289-14290-2012 y el 13289-14290-2012/2) para que la repetición tuviera resolución final en sede administrativa, con el resultado que hoy se revoca mediante esta sentencia.
El presente es un caso de manual sobre todo lo que el fisco y los tribunales (precedente “CENCOSUD”) no deben hacer en materia tributaria; y es uno que, de haberse resuelto bien, debería haberse finalizado en sede administrativa, en el año 2010, mediante la devolución de oficio de las diferencias tributarias que, conforme la Circular (ONCCA) 03/09, la actora había pagado en exceso, circunstancia que la Aduana tenía, como se vio, más que clara. Si no practicó la devolución en el año 2010, la Aduana debió hacerlo, al menos, en el año 2012, cuando la actora planteó formalmente su reclamo, no ignorando el fisco, ya en ese momento, que correspondía hacerle lugar (ver fs. 55/56 del SIGEA 13289-14290-2012/2 y fs. 56/57 del SIGEA 13289-14290-2012/2; Nota 1587/10 -DV ADRA- a fs. 52 del SIGEA 13289-14290-2012/2 y fs. 53 del SIGEA 13289-14290-2012/2 y cuadro de fs. 54 del SIGEA 13289-14290-2012 y de fs. 55 del SIGEA 13289-14290-2012/2 en lo que respecta a Noble Argentina S.A.). Lo que, positivamente, nunca debió suceder es que esta causa llegara hasta los estrados de este tribunal, por omitir el fisco hacer aquello que pudo y debió resolver hace años: devolver las sumas pagadas en exceso. El innecesario dispendio jurisdiccional que implicó este litigio, que no debió ocurrir conforme los hechos y el derecho ventilados, conducen a imponer íntegramente las costas a la Aduana vencida (art. 1163 del CA).
VIII. Reflexión final: El penoso iter jurídico descripto en el anterior punto VII, obliga a realizar el siguiente grave señalamiento: un estado que estafa a sus contribuyentes, aunque lo haga con fundamento en jurisprudencia de la Corte Suprema, carece de autoridad para, luego, exigir de ellos el cumplimiento de sus cargas impositivas.
Tales conductas estatales destruyen todo vestigio del principio de confianza pública; principio que los poderes públicos deberían encarnar. Lejos de combatirse inteligentemente el grave fenómeno de la evasión impositiva, con tales conductas el estado lo alienta, pues estructuran un sistema normativo y jurisprudencial dirigido a dañar el patrimonio de los contribuyentes, no a protegerlo.
Debe recordarse que los hombres no vienen al mundo, no producen, no prestan servicios, no sirven ni trabajan en actividades económicas, para pagar impuestos y mantener al estado, a sus funcionarios, o a las políticas que ellos elucubran, tampoco lo hacen las empresas que los hombres crean. Los fines vitales de los humanos -compartidos en sociedad, con sus pares de vida, libremente elegidos- son, mayormente, diversos a los fines del accionar estatal; son fines, por demás, natural y preeminentemente legítimos frente a los del estado, superiores en jerarquía ontológica y jurídica, como constitucionalmente sagrados (ver el Preámbulo de la Carta Magna que, entre otros fundamentales conceptos, sugestivamente, no invitó a todos los hombres del mundo a venir a la Argentina a pagar impuestos).
Cuando los funcionarios y los jueces (caso “CENCOSUD”) han perdido el recto sentido antropológico de la realidad que los circunda (pese a anegar su dictámenes y jurisprudencia con la expresión “derechos humanos”) las dañinas consecuencias que de ello se siguen -e.g. la legitimación social de la evasión impositiva- resultan muy difíciles de reparar. Paradójicamente, perjudican a ese mismo interés que pretenden proteger, porque el estado no es ya un socio de los hombres y sus empresas sino su enemigo -el más poderoso de todos y con mayor capacidad de daño-, en cuanto su fin parece ser depredar el capital de los particulares, no protegerlo, conservarlo, ni asegurar las bases jurídicas mínimas para su desarrollo y multiplicación. Conforme todo lo expuesto VOTO por:
1. Revocar las resoluciones 115/19 y 116/19 (AD SALO) del 25.04.19, dictadas en las actuaciones SIGEA 13289-14290- 2012/2 y 13289-14290-2012 de la Aduana de San Lorenzo, en relación a las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B.
2. Hacer lugar a la repetición de la diferencia de derechos de exportación reclamada por la actora, referida a las DJVE del punto 1, por la suma de Pesos Trescientos Mil Quinientos Treinta y Tres con 18/100 ($300.533,18) con más sus intereses (art. 811 del CA), los que se devengarán desde el 19.06.12, aplicándose la tasa de interés prevista en el art. 812 del CA.
3. Imponer las costas a la Aduana vencida.
La Dra. Cora M. Musso dijo:
Que me remito al relato de los hechos y fundamentos expuestos en los Considerandos I a V inclusive del Voto del Dr. Soria y por ello adhiero a lo resuelto por el Vocal preopinante.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Que me remito al relato de los hechos y fundamentos expuestos en los Considerandos I, II, III, IV, V.1, y V.3 del Voto del Dr. Soria y por ello, adhiero en lo sustancial a lo resuelto por dicho Vocal en cuanto resuelve revocar las resoluciones 115/19 y 116/19 (AD SALO) haciendo lugar a la repetición de la diferencia de derechos de exportación reclamada por la actora, por la suma de Pesos Trescientos Mil Quinientos Treinta y Tres con dieciocho centavos ($ 300.533,18) con más sus intereses (art. 811 del CA), los que se devengarán desde el 19/06/12, aplicándose la tasa de interés prevista en el art. 812 del C.A., con costas a la demandada. Asimismo, dejo expresa constancia que esta instancia no comparte en modo alguno las apreciaciones axiológicas (o valorativas) respecto al accionar del Estado Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni el Servicio Aduanero Argentino, expuestas en los considerandos VI, VII y VIII del citado voto. Que en virtud de la votación que antecede, por unanimidad, SE
1. Revocar las resoluciones 115/19 y 116/19 (AD SALO) del 25.04.19, dictadas en las actuaciones SIGEA 13289-14290- 2012/2 y 13289-14290-2012 de la Aduana de San Lorenzo, en relación a las DJVE 10001DJVE014296V y 10001DJVE014299B.
2. Hacer lugar a la repetición de la diferencia de derechos de exportación reclamada por la actora, referida a las DJVE del punto 1, por la suma de Pesos Trescientos Mil Quinientos Treinta y Tres con 18/100 ($300.533,18) con más sus intereses (art. 811 del CA), los que se devengarán desde el 19.06.12, aplicándose la tasa de interés prevista en el art. 812 del CA.
3. Imponer las costas a la Aduana vencida.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2022.10.18 17:03:02 -03:00 Date: 2022.10.18 17:41:36 -03:00 Cora Marcela Musso Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.10.18 17:48:38 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.10.18 17:48:39 -03:00
Fin de la sentencia