Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 32720340-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. Núm. 13062/2022 COFCO INTERNATIONAL DE ARGENTINA SA (TF 32720340-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, septiembre de 2022.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que con fecha 23/08/2021, el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó la acción de amparo por mora interpuesta con relación a las actuaciones administrativas núm. 12197- 8488-2014, con costas por su orden.
Para así decidir, sostuvo -en lo sustancial- que, si bien existió una demora en el trámite, ésta no se presentó como de significancia tal que ameritase dar curso a la pretensión de la amparista. Indicó, centralmente, dos aspectos como sustento de su decisión. Uno de ellos, consistió en que el procedimiento que se encontraba sometido a estudio era el procedimiento infraccional descripto en los artículos 1080 y subsiguientes del Código Aduanero. El otro, radicó en la manera en cómo se sustanciaron las actuaciones administrativas en el marco del mentado procedimiento.
De este modo, resaltó que, frente a procesos donde se analizan eventuales infracciones, el marco normativo habilita a que estos puedan extenderse en el tiempo más allá de esa pretensión, y que −a su vez− los estándares de razonabilidad en el plazo que insume una sustanciación deben tenerse especialmente en cuenta, contemplando los distintos valores o principios en juego.
Además, indicó que, más allá del legítimo reclamo de justicia –desde el sentido de la eventual demora en la resolución de su pretensión ante el servicio aduanero-, el contexto derivado de la pandemia mundial por COVID-19 generó una disfuncionalidad inevitable en la Aduana que resultó determinante en la evaluación. Concluyó en la inexistencia de una demora “excesiva” –como presupuesto esencial para dar curso favorable a lo pretendido- en la tramitación del proceso infraccional.
II. Que ante la notificación de la resolución descripta, el día 14/09/2021 la firma actora apeló y expresó sus agravios.
En particular, indicó que la Aduana se tomó casi 4 años para realizar la apertura del sumario respectivo y que, una vez que la firma propició su contestación, transcurrieron casi 3 años más de inactividad total por parte de la Administración. Ante ello, justificó la presentación del amparo por mora en trato. Asimismo, señaló que, al momento de interponer su solicitud de pronto despacho en las actuaciones con fecha 23/12/2020, el servicio aduanero ya no se encontraba en período de feria administrativa producto de la pandemia COVID 19.
Agregó que existe un evidente perjuicio hacia su parte producto de la demora excesiva incurrida por la Aduana, lo cual se ve agravado si se tiene en cuenta el incremento exponencial en los importes de la controversia. Por todo ello, solicitó se revoque la sentencia en cuanto es materia de agravio y se fije un plazo breve y perentorio para que la Aduana resuelva la solicitud.
III. Que con fecha 23/11/2021, la Administración Federal de Ingresos Públicos- Dirección General de Aduanas, contestó los agravios expresados por la firma actora y solicitó su rechazo.
IV. Que, de las constancias de autos adjuntas en el DEO núm. 5260254 (v. fs. 2 de las actuaciones digitales), resulta que las partes se encuentran contestes en lo siguiente:
- Con fecha 12/11/2014 se instruyó un sumario administrativo (actuaciones SIGEA 12197-8488-2014) por la presunta infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, con relación al despacho de importación temporaria núm. 12 001 IT14 004452 A, producto de la denuncia entablada por la Sección de Procedimientos Técnicos de la Aduana, formulada en el mes de noviembre de 2014. - El día 02/10/2018, se corrió la vista receptada en el artículo 1101 del mentado código, la cual fue contestada con fecha 22/04/2019.
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- Con fecha 23/12/2020, la firma aquí apelante, solicitó pronto despacho y, frente al silencio de la Administración, el día 15/4/2021 se interpuso recurso de amparo por mora ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el cual quedó radicado bajo el expediente núm. EX- 2021-32720340-APN-SGASAD#TFN.
V. Que, así los hechos, es tarea de este tribunal analizar el recurso interpuesto. Sin embargo, al momento de resolver la cuestión en debate, resulta de interés recordar que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado (cfr. art. 265 del CPCCN, aplicable en virtud de lo dispuesto por el art. 1174 del CA), que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas (cfr. Fallos 316:157; 316:3026; 325:3422; 329:2498 entre otros; y esta sala, en su anterior integración, en la causa “Doso SRL (TF20.943-A) c/ DGA)”, sentencia del 9 de septiembre de 2008).
Ahora bien, en atención al tipo de objeto que circunscribió la actuación del tribunal predecesor, corresponde recordar que el instituto del amparo por mora no es otra cosa que una orden judicial de “pronto despacho” de las actuaciones administrativas, la cual posibilita, a quien fuera parte en un expediente administrativo, que acuda a la vía jurisdiccional cuando una autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados en la norma sin expedirse en forma expresa respecto de lo solicitado.
En la especie, el instituto en examen se encuentra estipulado en el artículo 1160 del Código Aduanero, artículo que encuentra su fuente en el amparo por mora reglado en la Ley N° 11.683 a través de su artículo 182 (cfr. Cotter, Juan Patricio, Derecho Aduanero y Comercial Internacional, 1ª ed., Ediciones IARA, 2018, pág. 385). Esta última norma prescribe que “[l]a persona individual o colectiva perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o por demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, podrá ocurrir ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN mediante recurso de amparo de sus derechos”, siempre que haya interpuesto “pedido de pronto despacho ante la autoridad administrativa y haber transcurrido un plazo de QUINCE (15) días sin que se hubiere resuelto su trámite” (v. párrafo incorporado por artículo 1°, punto XXVII de la Ley 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)
Por su parte, el artículo 1161 del Código Aduanero, precisa que el Tribunal Fiscal de la Nación “si lo juzgare procedente en atención a la naturaleza del caso, requerirá del funcionario a cargo de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS que dentro de breve plazo informe sobre la causa de la demora imputada y forma de hacerla cesar”. Fecho, podrá resolver lo que corresponda para garantizar el ejercicio del derecho afectado, ordenando en su caso la realización del trámite administrativo o liberando de él al particular mediante el requerimiento de la garantía que estime suficiente.
VI. En este entendimiento, no es dable pasar por alto que −a criterio del tribunal− el apelante se ha limitado a reiterar los fundamentos sostenidos primigeniamente en su escrito de fecha 15/04/2021, los cuales han sido tratados por el Tribunal Fiscal de la Nación oportunamente. Lo resuelto por este último, no recibió para esta instancia una suficiente crítica razonada que permita modificar los argumentos sobre los cuales se apoyó el decisorio.
En efecto, la apelante no ha indicado en qué medida el plazo transcurrido, a través de la investigación sumarial practicada por la Aduana, afecten los principios administrativos de sencillez, celeridad y economía procesal, y los principios constitucionales de razonabilidad (art. 28 CN) y de legalidad (art. 19 CN), como así también el derecho de propiedad (art. 17 CN); todos ellos señalados por su parte.
Asimismo, no se expresó en qué proporción el a quo ha errado al sostener que el tipo de procedimiento analizado (infraccional), ponderaba un lapso que en los hechos no resultó excesivo. Máxime cuando, al tratarse de un procedimiento infraccional, la autoridad administrativa debe garantizar diferentes principios, como el debido proceso adjetivo y la búsqueda de la verdad material, lo cual habilita el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V cumplimiento de los actos procedimentales que resulten necesarios, sin perjuicio -claro está- de los planteos de prescripción que oportunamente la parte interesada pueda oponer. Tal como lo ha expresado el tribunal a quo, “los estándares de razonabilidad en el plazo que insume una sustanciación deben tenerse especialmente en cuenta, contemplando los distintos valores o principios en juego”.
En tal sentido, se ha señalado que: “[n]o constituyen expresiones de agravios idóneas las afirmaciones genéricas sobre la solución acordada al juicio, omitiéndose precisar el yerro o desacierto en que incurrió el juez en sus argumentos sobre aquella; el disentimiento con la interpretación judicial sin suministrar bases jurídicas a un distinto punto de vista; la mera disconformidad con la sentencia por considerarla equivocada o injusta o las generalizaciones y apreciaciones subjetivas que no cuestionan concretamente las conclusiones de la sentencia apelada. También es insuficiente la expresión de agravios si el recurrente se limita a manifestar que da por reproducidos los argumentos formulados en presentaciones anteriores, como v.gr., en el alegato, ya que el respectivo escrito debe bastarse a sí mismo” (Palacio, Enrique Lino, “Derecho Procesal Civil” -Tomo V-, Lexis Nexis- Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2005, pág. 262).
En tales condiciones, y toda vez que no se advierte una paralización o abandono del procedimiento administrativo cuestionado, es posible concluir que las afirmaciones vertidas por la recurrente constituyen simples manifestaciones de disconformidad con el tenor literal del pronunciamiento apelado que no importan una crítica seria, concreta y razonada de la sentencia cuestionada. Por lo tanto, corresponde declarar desierto el recurso intentado imponiendo las costas a la recurrente (conf. art. 68, primer párrafo del CPCCN.)
Todo lo cual, ASÍ SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Jorge F. ALEMANY Pablo GALLEGOS FEDRIANI
Fin de la sentencia