Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 39975-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y revocar parcialmente la sentencia de primera instancia, declarando la inconstitucionalidad de la tasa establecida en el art. 3º de la resolución M.E. nº 314/2004 –actualizada por la resol. ME nº 841/2010–, y disponer que el crédito reconocido devengará intereses que se calcularán conforme lo dispuesto en el último párrafo del Considerando VIII, y
2Imponer las costas de esta instancia en el orden causado (art. 68, 2° parte del C.P.C.C.N.).
17.459/2024 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA SA (TF 39975-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 29 de noviembre de 2024.
VISTOS y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 17/04/2024 el Tribunal Fiscal de la Nación -por mayoría- revocó la Resolución N° 038/2019 (AD CAMP), dictada por el Jefe del Departamento Aduana de Campana en la Actuaciôn N° 17114-6266-2016. Hizo lugar a la devolución de la suma de $38.017,11, a la que deberán adicionarse los intereses del art. 811 del C.A. que deberán computarse desde el 08/09/2016 -fecha de solicitud de repetición- hasta la fecha de efectivo pago. Costas a la vencida.
Para así resolver, sostuvo que, el art. 1069 del CA dispone que: “1. Solo son susceptibles de repetición: a) los pagos efectuados en forma espontánea; b) los pagos efectuados a requerimiento del servicio aduanero. siempre que la respectiva liquidación: 1°) no hubiere sido objeto de revisión por el procedimiento de impugnación; o 2°); no estuviere contenida en la resolución condenatoria recaída en el procedimiento para las infracciones”.
Adujo que, del anâlisis de las actuaciones arrimadas a la causa, resultaba que tal como lo manifestaba la recurrente, el importe cuya devolución se perseguía, era el que oportunamente le fuera requerido por la Aduana mediante el cargo N° 80/2008, que, si bien fue impugnado, también fue abonado -aunque bajo protesto- con anterioridad a que la Aduana hubiera hecho cualquier tipo de revisión al respecto. Tal es así que, conforme surgía del SIGEA N° 12574-3844-2008, el referido cargo fue impugnado el 26/11/08 y recién con fecha 30/07/19 se tuvo por iniciado el procedimiento de impugnación, por agregados los informes técnicos, por agregadas las destinaciones aduaneras y por abonados los cargos bajo protesto, sin que fuera sustanciado el procedimiento impugnatorio.
Indicó que, por los motivos reseñados supra y dado que, como se vio, no existió pronunciamiento definitivo sobre los fundamentos presentados por la actora en el procedimiento de impugnación sustanciado en relación al cargo N° 80/2008, el rechazo de la solicitud de repetición dispuesto en la resolución aduanera, en función de lo normado en el art. 1069 ap. 1 inciso b) punto 1 del C.A., carecía de fundamentos. A mayor abundamiento, apuntó que, resultaba oportuno señalar que la ley 21.453 que regulaba la exportación de productos agrícolas, estableció un sistema de registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) siendo aplicables los regímenes tributarios vigentes a la fecha de cierre de cada venta (art. 6° de la ley citada).
Refirió que, por su parte, la ley 26.351, en su artículo 1°, estableció que “Cuando se produjera un incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportaciôn de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 21.453, en el período comprendido entre el Registro de la Déclaration Jurada de Venta al Exterior (DJVE) y el de la oficializaciôn de la correspondiente Destinación de Exportación, los exportadores deberán acreditar de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisiciôn de taies productos con anterioridad al aludido incremento". Seguidamente, su artículo 2° prescribe que “Quienes no satisfagan los requisitos establecidos por la autoridad de aplicaciôn para el cumplimiento del artículo 1°, deberán tributar la mayor alícuota en concepto de derechos de exportación, entre las vigentes a la fecha del registro de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) o a la fecha de oficialización de las respectivas destinaciones de exportación Por su parte, mediante su art. 4° estableció la vigencia de la misma, fijando la retroactividad de la norma, alcanzando a las DJVE “... que hayan sido registradas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley".
Precisó que, en su correlato, se dictó la Resolución ONCCA N° 1487/08 (al amparo de la cual la Aduana reclamara la diferencia tributaria cuestionada en autos) mediante la que se hizo saber a la AFIP un listado con las DJVE respecto de las cuales las empresas exportadoras no habrían acreditado oportunamente la adquisición o tenencia de la mercadería registrada, en los términos de la ley N° 26.351 y su decreto reglamentario N° 764/08. En el detalle de ese listado se encontraba, entre otras, la firma NOBLE ARGENTINA S.A. (antecesora de la actora), lo que motivó el cuestionamiento de dicha Resolución por parte de ésta última, interponiendo recurso de reconsideración, el cual fue rechazado mediante la Res. 2463/09.
Destacó que, tal situación, conllevó la formulación de cargos por parte de la Aduana reclamando diferencias en concepto de derechos de exportación y, en contraposición a tales reclamos aduaneros, la vía judicial recorrida por la firma que culmina con la sentencia de Cámara acompañada por la actora a fs. 51/56 de autos y a fs. 24/30 del SIGEA N° 17114-6266-2016. Mediante dicha sentencia, con fecha 16/03/2017 la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió declarar la nulidad de las resoluciones ex ONCCA Nros. 2463/09 y 1487/08, Expediente 21.881/2009 al ingresar en el Sistema de Consulta Web del Poder Judicial de la Naciôn (http://scw.pjn.gov.ar). (ver Acuerdo de fecha 11/05/2017 mediante el cual se resuelve rechazar el recurso extraordinario deducido por el fisco. quedando firme el pronunciamiento emitido por la Sala III de la CNACAF en fecha 16/03/2017).
Expuso que, en consecuencia, teniendo en consideración lo expuesto y atento el estado procesal de la mencionada causa, en la que se había declarado la nulidad de las Resoluciones ex ONCCA 1487/08 y 2463/09, no cabía mas que aplicar al caso lo resuelto en los autos ‘'NOBLE ARGENTINA S.A. c/EN-ONCCA-Resol 2463/09 s/Proceso de Conocimiento” Expte. 21881/2009. y remitirse a los fundamentos expuestos en la sentencia allí dictada.
Por los motivos expuestos, y en razôn de la nulidad de la resolución ex ONCCA 1487/08 declarada por la justicia federal, que tornaba nulo asimismo el cargo N° 80/2008 formulado a su amparo resultaba procedente la solicitud de devolución efectuada por la actora. Puntualizó que, en cuanto a la moneda en que debería llevarse a cabo la devolución de lo abonado indebidamente por la actora, había sentenciado el Máximo Tribunal en los autos caratulados “Cencosud SA (TF 29.535-A) c/DGA” Cl242, XLIX lo siguiente: “7°) Que, sentado lo que antecede, cabe poner de relieve que en el caso de autos (confr.fs. 93/112 del expediente administrative 13289-17409-2008 y lo señalado por la cámara a fs. 87 vta.), los tributos cuya restitución se admitió fueron abonados en pesos, producto de haberse convertido el importe de los dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 20 de la ley 23.905. En consecuencia, la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago, pues -de acuerdo con la doctrina del precedente E.222.XLI. "Editorial Perfil S.A.", sentencia del 12 de agosto de 2008-, en las condiciones indicadas, no existe suma alguna que deba ser devuelta en dólares estadounidenses ni que deba ser transformada a pesos en los términos del decreto 214/02 ”. "8°) Que, a mayor abundamiento, el art. 809 del Código Aduanero -que regula la devolución de los tributos que el Fisco ha cobrado indebidamente- establece expresamente que la Aduana "devolverâ directamente los importes que hubiere percibido indebidamente en concepto de tributos". En consecuencia, si percibió un importe en pesos, no hay razón para que se considere que, si procede su devolución se origine para el Fisco una deuda en dólares".
Finalmente, manifestó que siendo ello así, a los fines de la devolución de lo abonado indebidamente, debería tenerse en consideración que la suma que la recurrente solicita que se le devuelva ha sido abonada en pesos (ver fs. 17 de las act. adm. SIGEA N° 17114- 6266-2016).
En tales condiciones, correspondía revocar la resolución apelada y hacer lugar a la repetición de la suma de pesos treinta y ocho mil diecisiete con 11/00 ($ 38.017,11), a la que deberían adicionarse los intereses del art. 811 del CA que deberán computarse desde el 08/09/2016 -fecha de solicitud de repetición- hasta la fecha de efectivo pago.
II. Que contra dicha resolución con fecha 3/06/2024 interpuso recurso de apelación la actora, expresando agravios el 27/06/2024, los que fueron replicados por la contraria el 14/08/2024.
Con fecha 8/11/2024 emitió su dictamen el señor Fiscal de Cámara.
III. Apelación de la actora:
En primer lugar, la recurrente manifiesta que la sentencia en crisis aplica una tasa de interés que no satisface, en virtud del contexto inflacionario actual, un resarcimiento adecuado por la privación del uso de fondos ingresados indebidamente a las áreas estatales, esto en atención de que el art. 811 delega en el Poder Ejecutivo (a través de su Ministerio de Hacienda) la reglamentación de la tasa de interés. Y todo ello, en el momento que el organismo discrecionalmente lo estime conveniente. Al respecto, alega que, su parte planteó en la misma apelación incoada que la tasa por ese entonces fijada por la Administración, art. 3 de la Resolución (MEyP) N° 314/2004 (en adelante “Resolución 314”), al ser negativa para los casos de repetición de tributos, viola los principios constitucionales de igualdad (art. 16 de la Constitution Nacional), legalidad (artículos. 4, 17, 52, 75 inc. 1 °, 76 y 99 incs. 2 y 3 de la Constitución Nacional), propiedad y no confiscatoriedad (artículo 17 de la Constitución Nacional), certeza, seguridad jurídica, razonabilidad y buena fe (artículos 1, 28 y 33 de la Constitución Nacional).
Menciona que, por ello solicitó que se declare su inconstitucionalidad. Lo expuesto adquiere particular relevancia en razón que la Resolución 314 fue modificada en sucesivas oportunidades, pero únicamente para actualizar la tasa de interés que cobra la AFIP como acreedora. En efecto, la Resolución 314 fue modificada posteriormente a través de la Resolución N° 492/2006 del Ministerio de Economía y Producción (B.O. 30/6/2006), (en adelante, la “Resolución 492”), en función de la necesidad de “... adecuar las referidas tasas a las condiciones económicas actuales, a fin de estimular el cumplimiento en término de las obligaciones y evitar que los contribuyentes morosos financien sus actividades mediante el incumplimiento de los impuestos ”. Apunta que, esa adecuación se repitió en sucesivas oportunidades, así -por ejemplo- aduciendo idéntico fundamento, se dictó la Resolución N° 841/2010 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (en adelante, la “Resolución 841”) y la Resolución N° 50/19 (B.O. 8/2/2019), del Ministerio de Hacienda (en adelante, la “Resolución 50”). Ambas incrementaron las tasas aplicables para los intereses resarcitorios y punitorios, establecidos en los artículos 794, 797, 845 y 924 del Código Aduanero, pero no así la prevista para los intereses contemplados en el artículo 811 del mismo cuerpo normativo, para los casos de repetición de tributos indebidamente ingresados. Esa situación fue parcialmente revertida con el dictado de la Resolución N° 598/2019, que incrementó la tasa prevista para los intereses establecidos en el art. 811 del C.A., con efectos a partir del 01/08/2019, importando esto un reconocimiento extremadamente tardío e insuficiente de los derechos de los contribuyentes. Aquella norma estableció una tasa variable, en función de la tasa pasiva promedio del BCRA, pero que luego se fijaba por trimestre calendario.
Alega que, si bien en el mes 1 del trimestre podía encontrarse cercana a los niveles de inflación; al transcurrir el tiempo sin actualizarse en forma paralela con el crecimiento exponencial de los precios, terminaba su vigencia siendo una tasa negativa.
Señala que, la tasa de interés fue nuevamente modificada mediante el art. 4 de la Resolución del Ministerio de Economía N° 559/2022 (3,84% mensual), con vigencia a partir del 1 de septiembre de 2022, que como se verá, terminó muy por debajo de la inflación mensual. Lo que deriva en una aplicación de una tasa de interés acumulada bajo las previsiones de la Resolución 559/2022, del 46,08%. Por el mismo período, la tasa pasiva promedio BCRA habría devengado un interés del 109,7%.
Esgrime que, mientras que la variación de la inflación experimentada durante el mismo período arrojó una tasa del 1, 14%. La misma surge de dividir el nivel de precios (en este caso, el Índice de Precios al Consumidor Nivel General Bienes y Servicios) de un período posterior con respecto al que existía en un período anterior, restándole 1 y multiplicando el resultante por 100.
Apunta que, en el caso, conforme surge de la página web del 1NDEC se calcula de la siguiente forma: Inflación 2023 = 100 * IPC diciembre 2023 211,44 IPC enero 2023 98,8. Incluso, advierte que, tomando el promedio de la inflación entre 2016 (100) y enero 2024 (4261.5), conforme el Índice de Precios al Consumidor Nivel General Bienes y Servicios, (https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-5- 32), se arriba a una tasa de inflación promedio de 4261.5%.
Recientemente, la tasa de interés aplicable a repeticiones fue modificada nuevamente mediante el art. 4 de la Resolución del Ministerio de Economía 3/2024 que retomó a un esquema de tasa de interés actualizable automáticamente, determinable y vigente por bimestre, en base en el promedio de la tasa publicada por el Banco Central de la República Argentina” en el apartado “Tasas de interés por depósitos a 30 días de plazo en entidades financieras para el período de treinta (30) días finalizado el día veinte (20) del mes inmediato anterior al inicio del referido bimestre. En los considerandos de dicha norma, se esgrime que resulta necesario adecuar las referidas tasas a las condiciones económicas actuales, a fin de estimular la cancelación en término de las obligaciones y evitar que los contribuyentes morosos financien sus actividades mediante el incumplimiento de los impuestos, restableciendo, a tales efectos, un esquema de actualización automático” y por ello, fija la tasa a favor del Fisco Nacional, “vigente en cada bimestre’’ en el “equivalente a una coma tres (1,3) veces la tasa activa efectiva mensual de descubiertos en cuenta corriente no solicitado previamente del Banco de la Nación Argentina, vigente el día veinte (20) del mes inmediato anterior al inicio del referido bimestre”.
Manifiesta que, de tal forma, mientras que en el período junio-julio 2024, la tasa de intereses resarcitorios a favor del fisco se encuentra establecida en 6.41% mensual. La favorable al contribuyente para el mismo período se encuentra en 3.66%. Y para los períodos anteriores (abril - mayo 2024) la tasa de interés resarcitorio a favor del fisco se encontraba establecida en 12.07% mensual, la favorable al contribuyente por el mismo periodo en 7.95%. Por su parte, para el periodo (febrero - marzo), la favorable al fisco se estableció en 15,27 % mensual, mientras la fijada a favor del contribuyente en 8.99% mensual.
Argumenta que, así las cosas, las tasas establecidas por estas resoluciones -559/2022 y 3/2024- a favor de los contribuyentes, lejos están de recomponer por la falta de disposición del capital, por cuanto se ven excedidas ampliamente por la inflación mensual, lo que ocasiona agravio a su parte.
Máxime cuando la tasa prevista para obligaciones en moneda dura no resulta operativa para repeticiones de tributos aduaneros, en función de lo fallado por la Corte Suprema en la causa “Cencosud”.
Destaca que, aún cuando dichas tasas han importado una notable mejora respecto de su antecedente (Resolucion 314/2004), siguen siendo significativamente inferiores a la inflación mensual que surge del Índice de Precios al Consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (“IPC INDEC”) y del Índice de Precios Internos al por Mayor que publica esc mismo organismo (“IPIM”) o de los mismos índices calculados por organismos de estadística locales. Sin ir mas lejos, mientras que la inflación mensual fue medida en un 8,8% según el IPC - INDEC para el mes de abril de 2024, la tasa de interés reconocida al contribuyente se encuentra en 5,14 puntos porcentuales menos. Si tomamos el último mes de vigencia de la Resolución 559/2022, resulta que bajo aquella se reconocía una tasa de interés mensual del 3.84%, mientras que la inflación de enero 2024 cerró en 20.6%, según el INDEC. Es decir, una diferencia entre la tasa de interés y la inflación mensual registrada, de 16.76 puntos porcentuales.
Pondera que, en definitiva, la tasa de interés fijada por el Ministerio de Economía, en los términos del art. 811 del CA, se convierte en negativa, y de tal modo se neutraliza la función resarcitoria de esos accesorios. De tal forma resulta evidente que la tasa de interés aplicable en la legislación vigente dista de ser compensatoria y perjudica seriamente a su parte.
Señala que esas consideraciones fueron las que tuvo en consideración esta Cámara en todas sus Salas y la CSJN, para declarar - o convalidar, respectivamente, la inconstitucionalidad del art. 4 de la Resolución 314, en las causas: “Alubia S.A. c/AFIP - Dirección General Impositiva s/ repetición”, Expte. A. 612. XLIX, sentencia de la CSJN del 04.11.2014; “Agua de Los Andes S.A. c/ AFIP s/repetición " (Expte. A.
613. XLIX. REX, sentencia de la CSJN del 19/11/2013 y de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta del 06/03/2013); “American Express Argentina S.A. c/ EN -AFIP DGI-s/Dirección General Impositiva”, sentencia del 27/04/2017 de la Sala II de la CNACAF; “Osram Argentina SACI c/EN - AFIP - DGI - Res. 30/11 y otro s/ Dirección General Impositiva” del 15/08/2017 y “Sampietro, José Luis c/Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 31/08/2017, ambas de la Sala V de la CNACAF; “Cima, Valeria (TF 46461-1) c/DGI s/recurso directo de organismo externo’', sentencia del 05/06/2018 de la Sala I; entre muchos otros.
Expone que, la línea jurisprudencial reseñada ratifica que la aplicación del artículo 4 de la Resolución 314, por el período 12/2019 al 31/7/2019, afecta el derecho de propiedad de su parte, pues sin justificativo valedero ha visto seriamente disminuida sus acreencias. En este contexto, el a quo al limitarse a concluir, sin realizar un razonamiento sobre la cuestión planteada, que a las sumas reclamadas "... deberán adicionarse los intereses del art. 811 del CA ... ”, sin detenerse en analizar el impacto de lo decidido en el caso concreto de su parte y de que forma la aplicación de la tasa de interés absorbe el capital reclamado, torna a la sentencia notoriamente arbitraria por lo que debe ser revocada en cuanto lue materia de agravios.
Concluye que, conforme lo expuesto, resulta a todas luces improcedente la aplicación de la tasa de interés según lo normado por las Resoluciones del ex Ministerio de Economía (de conformidad por lo establecido en el artículo 811 del CA) por lo que peticiona la aplicación de la tasa de interés pasiva promedio publicada por el BCRA.
IV. Que, en punto a los cuestionamientos suscitados en relación a la tasa de interés prevista para los casos de repetición y devolución de tributos aduaneros, corresponde efectuar las siguientes consideraciones para su efectivo tratamiento.
En primer lugar debe advertirse el plexo normativo de aplicación al caso de autos, que se compone de los artículos 794, 811 y 812 del Código Aduanero –Ley 22.415–, así como la Resolución nº 314/04 del Ministerio de Economía y Producción.
De este modo, cabe recordar que el artículo 812 del Código Aduanero dispone “[e]n los supuestos previstos en el artículo 811, la tasa de interés aplicable será la que fijare la Secretaría de Estado de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 794”. El art. 811 establece que “[e]n los supuestos en que se reclamare la devolución de importes pagados indebidamente en concepto de tributos, ya fuera que el pago se hubiere efectuado espontáneamente o a requerimiento del servicio aduanero, los intereses se devengarán desde la fecha de la presentación del escrito por el cual se reclamare la repetición, hasta el momento de su pago”.
A su vez, el artículo 794 del mismo cuerpo normativo reza “[v]encido el plazo de DIEZ (10) días, contado desde la notificación del acto por el cual se hubieren liquidado los tributos, o vencido el plazo cierto de espera que se hubiere concedido para su pago, el deudor o responsable debe pagar juntamente con los mismos un interés sobre el importe no ingresado de dicho plazo, incluida en su caso la actualización respectiva. La tasa de interés será fijada con carácter general por la Secretaría de Estado de Hacienda y no podrá exceder, en el momento de su fijación, del doble de la que percibiere el Banco de la Nación Argentina para el descuento de documentos comerciales”.
Finalmente, la Resolución 314/04 del Ministerio de Economía y Producción, que en sus artículos 1º y 3º determina la cuantía de las tasas de interés enunciadas en los artículos precedentes. Así, el art. 1º dispone “[e]stablécese la tasa de interés resarcitorio prevista (…) por los Artículos 794, 845 y 924 del Código Aduanero -Ley Nº 22.415 y sus modificaciones- en el tres por ciento (3%) mensual” de conformidad con la modificación efectuada por la Resolución 841/10 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (B.O. 14/12/2010); mientras el art. 3º manda establecer “la tasa de interés prevista por los Artículos 811 y 838 del Código Aduanero — Ley Nº 22.415 y sus modificaciones— en el cincuenta centésimos por ciento”.
V. Que, corresponde recordar la inteligencia que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le asignó a los arts. 811 y 812 del Código Aduanero, al expedirse en “Neumáticos Goodyear S.A. (TF 8659-A) c/ A.N.A.”, precedente del 9 de noviembre del año 2000 (Fallos: 323:3412), donde expresó que el art. 812 del Código Aduanero no dispone que la tasa de interés que autoriza a fijar a la Secretaría de Hacienda para los supuestos previstos en el art. 811 –devolución de importes pagados indebidamente en concepto de tributos– deba ser la misma que esa autoridad administrativa establezca a los efectos previstos en el art. 794 de ese ordenamiento legal (mora de los particulares en el pago de tributos). Si la intención del legislador hubiese sido la de que en ambos casos fuera aplicable idéntica tasa, le habría bastado disponer lisa y llanamente la aplicación de la fijada en los términos del art. 794 a los casos previstos en el art. 811, cosa que no hizo.
Por el contrario, tal como fue redactado el art. 812 concluyó –en concordancia con lo dictaminado por el señor Procurador General– que la referencia que en él se efectúa del art. 794 se limita al mecanismo para el establecimiento del interés, a su carácter general y al tope que no puede superar.
Asimismo, el Máximo Tribunal ha señalado en el precedente "Arcana, Orazio" (CSJN, Fallos: 308:283) que lo atinente a la mora de los particulares en el pago de tributos, y la repetición por parte de ellos de las sumas abonadas en tal concepto, "son situaciones de diversa índole", ya que en la primera -a diferencia de lo que ocurre con los reclamos de repetición- se encuentra comprometido "el interés común en el pago puntual de los impuestos a fin de permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado, interés que justifica la elevación de las tasas más allá de lo normal, elevación que –por otra parte– no beneficia a personas determinadas sino a la comunidad toda" (confr., en análogo sentido, Fallos: 316:42, considerando 3°).
En consecuencia, el Tribunal cimero sostuvo que la diversidad de situaciones lleva a descartar que la distinta tasa de interés aplicable a uno y otro supuesto pueda ocasionar agravio alguno al principio de igualdad (art. 16 de la Constitución Nacional), solución que es compartida por éste Tribunal, en razón de que si bien los fallos de la Corte Suprema no resultan obligatorios para casos análogos, esta Sala tiene el deber moral de conformar sus decisiones a las del Alto Tribunal, por revestir éste el carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (cfr. C.S.J.N., Fallos, 303:1769; 311:1644 y 316:3191).
VI. Que sentado ello, cabe señalar que, respecto de la resolución ME n° 314/04 (art. 3°), este Tribunal ha sostenido, en numerosas oportunidades que, dicha resolución, en su art. 3º establece una tasa de interés del 0,50% mensual para los casos en que el Fisco debe reintegrar lo abonado en forma indebida por el contribuyente y, por otro lado, fija en su art. 1º los intereses resarcitorios en un 2% mensual; porcentaje que ulteriormente fue elevado por la resolución 841/10 a un 3% mensual. Las razones explicitadas en los considerandos de la resol. nº 314/04 para fijar los valores de las tasas de interés en los guarismos mencionados descansan en la siguiente afirmación: “se hace necesario adecuar las referidas tasas a las condiciones económicas actuales, en virtud de constatarse una baja de las tasas de intereses usuales para préstamos, con el objeto de no agravar la situación económico financiera de los contribuyentes deudores en su relación con el fisco”.
Resta aclarar que la Resolución importó una disminución en los valores de las tasas que había dispuesto su predecesora (resol. 36/03), en lo que aquí interesa, la relativa a los intereses resarcitorios, que había sido fijada previamente en un 3%.
Asimismo, los fundamentos que cimientan el dictado de la resolución 841/2010 –modificatoria de la res. 314/04–, mediante la cual – en lo que aquí interesa– se aumentó la tasa de interés resarcitoria del 2% al 3% mensual, y se mantuvieron los 0,5 puntos porcentuales de la aplicable a los casos de repetición y devolución de tributos por parte de la Aduana, se encuentran en el siguiente párrafo que se extrae de sus considerandos: “[q]ue se hace necesario adecuar las referidas tasas a las condiciones económicas actuales, a fin de estimular el cumplimiento en término de las obligaciones y evitar que los contribuyentes morosos financien sus actividades mediante el incumplimiento de los impuestos”. Así, sin mengua de advertir como razonable que sean diferentes las tasas de interés según se trate de deudas derivadas de la falta de pago oportuno de los impuestos o de reintegros que debe hacer el organismo fiscal (tal como surge de la doctrina del Alto Tribunal citada en el considerando precedente), diferencia ésta que se encuentra plasmada en las distintas resoluciones dictadas por el Ministerio de Economía al fijar las respectivas alícuotas, debe también ponderase que, si por las circunstancias generales de la economía del país se generan novedosas situaciones que justifican –en cada oportunidad– el aumento de la tasa de interés para el primer supuesto (intereses resarcitorios y punitorios aplicables a los créditos del fisco), tal como lo han reconocido los propios actos administrativos ya citados, negar la procedencia de un incremento siquiera proporcional en el supuesto inverso, que no es sino la contracara de los créditos de que es titular el fisco (en el caso, intereses derivados del lapso que insume el cumplimiento de la obligación estatal de cumplir con el reintegro, devolución o compensación de tributos) implicaría consagrar una distinción en perjuicio del patrimonio del contribuyente, alcanzado por la misma situación económica general, sin que se haya alegado o exista motivo alguno que lo justifique.
Es que las diferencias que pueden existir entre los intereses fijados para uno y otro caso (de los que se viene haciendo referencia), no autorizan a que el Estado Nacional pretenda la aplicación de una tasa de interés que él mismo ha fijado y que ha devenido en irrazonable (por lo exiguo de su porcentual) en vista de la modificación de las circunstancias configuradas desde el momento en que se estableciera originalmente, hasta la situación actual (confr. esta Sala in re: “American Express Argentina S.A. c/EN - AFIP-DGI s/Dirección General Impositiva”, del 27/04/2017).
De tal modo y como resultado del análisis precedente, surge clara evidencia de la irrazonabilidad, el efecto lesivo para el patrimonio del contribuyente (titular del crédito por repetición, devolución o compensación de tributos), y consiguiente inconstitucionalidad del rédito fijado a tal fin, en tanto y cuanto la tasa en cuestión no solo ha devenido desproporcionadamente inferior a la que percibe el Fisco por el cobro de sus créditos, sino que al incrementarse esta última atendiendo a la modificación de circunstancias económicas de orden general, la omisión de hacer lo propio con el interés debido a causa de la obligación de restitución de tributos, configura además una situación de tratamiento diferencial, injustificado, carente de debido sustento y por cierto ilegítimo, frente a la configuración e impacto de análogas circunstancias respecto del contribuyente titular de créditos por repetición.
Por tal motivo, atendiendo a las circunstancias del presente caso, y atendiendo asimismo a las pautas corrientes tenidas en cuenta para los réditos que devengan las deudas del Estado Nacional, se considera razonable la aplicación de la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (Comunicado nº 14.920), que supone un aumento respecto de la fijada por la resolución ME nº 314/2004 (confr. esta Sala in re: “American Express”, ya cit.).
Máxime si, como quedara dicho, el propio Estado Nacional tuvo en cuenta –para elevar la tasa de los intereses resarcitorios y punitorios– las “condiciones económicas actuales”, las que, si existen, también inciden y, por lo tanto, deben ser contempladas, para el cálculo de los intereses previstos por el art. 794 del C.A.; bien que resguardando la existencia de una razonable y proporcionada diferencia de tratamiento entre los créditos y deudas del fisco, a que se hiciera referencia en los pasajes precedentes (en sentido concordante, esta Sala in re: “American Express”, ya cit.). En definitiva, la omisión en la previsión de las “condiciones económicas actuales” para los casos de intereses adeudados por la Aduana, debe ser salvada en la instancia judicial, de modo de prevenir la directa afectación en el patrimonio del contribuyente, que acontece del modo antes señalado.
En sentido concordante con el aquí expuesto, puede citarse la sentencia dictada el 6 de marzo de 2013 por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, en los autos “Alubia S.A. c/ AFIP-DGI s/ ordinario” – expte. Nº 195/2012–, decisión que, en punto a la tasa de interés aplicable, quedó firme. En efecto, en este aspecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró improcedente el recurso extraordinario deducido por el Fisco Nacional, “… pues no logra refutar todos y cada uno de los fundamentos en que se sustenta la decisión apelada” (ver A. 612. XLIX “Alubia S.A. c/ AFIP – Dirección General Impositiva s/ repetición”, del 4 de noviembre de 2014).
Por lo expuesto, se declara la inconstitucionalidad de la tasa establecida en el art. 3 de la resolución ME nº 314/2004 –actualizada por la resol. ME nº 841/2010– aplicable en los casos de devolución, reintegro o compensación de tributos, correspondiendo disponer en este caso, la aplicación de la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (Comunicado Nº 14.290), que regirá desde la fecha de la solicitud de repetición hasta el 1/08/19 y, a partir de entonces, se aplicará hasta el efectivo pago, la tasa prevista en la Resolución Nº 598/2019 (ver esta Sala, in rebus, expte.: 25.216/2023, “Oleaginosa Moreno Hermanos SA (TF 36646-A) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, sent. del 14/07/2023 y expte. n° 44.036/2023, “Molinos Río de la Plata SA (TF 92681777-A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, sent. del 5/04/2024, entre otros).
VII. Que, por otra parte, corresponde desestimar el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora con respecto a las Resoluciones N° 559/2022 y 3/2024, puesto que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad institucional, que debe considerarse como última ratio del orden jurídico (conf. CSJN, Fallos: 302:1149 y 303:241, entre muchos otros), por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o garantía constitucional invocados; supuesto que no se encuentra mínimamente acreditado en el sub examine.
Es que la declaración de inconstitucionalidad de una norma impone a quien la pretende, demostrar claramente de qué forma aquélla contraría la Constitución Nacional, causándole un gravamen y, para ello, es menester que precise y acredite fehacientemente en el supuesto concreto el perjuicio que le genera la aplicación del dispositivo (conf. CSJN, Fallos: 316:687; 324:3345; 325:645; 327:1899; 328:4282; entre muchos otros).
En dicho contexto, lo cierto y determinante es que la actora se limitó a efectuar manifestaciones genéricas respecto a la lesividad de la normativa impugnada, sin intentar acreditar de qué modo la resolución del Ministerio de Economía, conculcaría sus derechos constitucionales. Es decir, la firma demandante se limita a solicitar la inconstitucionalidad mencionada, refiere a un supuesto perjuicio a su derecho de propiedad así como también a los principios de igualdad y razonabilidad. Sin embargo ninguno de estos extremos resultan acreditados por la actora, siendo entonces meros eufemismos jurídicos utilizados para tildar subrepticiamente de inconstitucional las distintas resoluciones que fueran dictadas por expresa delegación legal y respetando dicho marco.
De hecho, ni siquiera ofreció prueba alguna que permita concluir lo pretendido. Tal y como fuera expuesto el único argumento que expone refiere a la inflación experimentada en el período reclamado, sin embargo ello no resulta ser un agravio suficiente ya que justamente las resoluciones 559/2022 y 3/2024 aumentaron la tasa de interés aplicable de manera considerable.
En definitiva, la recurrente, no efectuó un análisis riguroso que compruebe debidamente la lesión constitucional denunciada en el caso concreto; lo que determina el rechazo del planteo dirigido a cuestionar la validez de las resoluciones 559/2022 y 3/2024, que -por tanto, según fuera previamente indicado- ha de ser aplicada a los efectos del cobro de los intereses adeudados por la condena de autos.
Por lo demás, a mayor abundamiento, recuérdese que existen normas específicas que regulan la materia (es decir, las resoluciones ministeriales que establecen los intereses para los casos de repetición de los impuestos), razón por la cual han de ser seguidas (conf., en este sentido, esta Sala, en autos 41.253/2022 “Parra, Mónica Mercedes y otro c/EN - AFIP - Ley 20.628 s/proceso de conocimiento”, sent. del 3/10/2023 y sus citas).
VIII. Que, en tales condiciones, corresponde disponer la aplicación al caso de la tasa de interés pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha del reclamo de repetición y hasta el 31/07/19 –esto último, en consideración a la entrada en vigencia de la resolución MH 598/19 y sus modificatorias, o las que la reemplacen–. A partir del 1/08/2019 y hasta el 31/8/2022, según lo normado por la resolución del ex Ministerio de Hacienda 598/2019; a partir del 1/9/2022, conforme la tasa prevista en los artículos 4° y 6° de la resolución del Ministerio de Economía 559/2022 y a partir del 1/02/2024, conforme la tasa prevista en los artículos 4° y 6° de la resolución del Ministerio de Economía 3/2024 y, en su caso, por las normas que la reemplacen en lo futuro según el lapso de devengamiento de tales accesorios.
IX. Que atento al resultado del recurso intentado y al modo en que se resuelve, advirtiéndose la existencia de vencimientos mutuos, corresponde que las costas de esta instancia judicial sean distribuidas por su orden (conf. artículo 68, segunda parte, del C.P.C.C.N.).
En virtud de lo expuesto el Tribunal RESUELVE: 1º) admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y revocar parcialmente la sentencia de primera instancia, declarando la inconstitucionalidad de la tasa establecida en el art. 3º de la resolución M.E. nº 314/2004 –actualizada por la resol. ME nº 841/2010–, y disponer que el crédito reconocido devengará intereses que se calcularán conforme lo dispuesto en el último párrafo del Considerando VIII, y 2º) imponer las costas de esta instancia en el orden causado (art. 68, 2° parte del C.P.C.C.N.).
Regístrese, notifíquese –al señor Fiscal mediante cédula electrónica– y, oportunamente devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI
(por su voto)
LUIS M. MÁRQUEZ
La Dra. María Claudia Caputi dijo:
I. Que, comparto lo decidido por mis estimados colegas de Sala en punto a admitir parcialmente el recurso intentado por la actora, con costas de esta instancia judicial en el orden causado, y modificar la tasa de interés sobre la que se discute según se pasa a detallar.
Sin perjuicio de ello, respecto del mencionado precepto ministerial, si bien comparto la solución así propiciada, para arribar a dicha conclusión me remito a los razonamientos y fundamentos expuestos en mis votos en las causas 6079/2022 “Oleaginosa Moreno Hermanos SA (TF 33.438-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, 25.216/2023 “Oleaginosa Moreno Hermanos SA (TF 36.646-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y 27.496/2023 “Oleaginosa Moreno Hermanos SA. (TF 33.201-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resols. del 25/11/2022, 14/7/2023 y 23/8/2023, respectivamente; entre otros. Bajo los razonamientos desarrollados en los votos que suscribí en los precedentes citados, es que comparto que el aspecto de la resolución ex MEyP 314/2004, aplicable entre el 14/1/2011 y el 31/7/2019, en cuanto fijó una tasa de interés para repeticiones del 0,5%, resulta contrario a los postulados de la Constitución Nacional. Dicha circunstancia autoriza, en virtud de los fundamentos indicados, a prescindir de la aplicación de aquella tasa en el presente caso. De manera que, coincidentemente con mis estimados colegas de Sala, los intereses a adicionar durante dicho período deben ser calculados a la tasa pasiva promedio que publica el BCRA.
II. Que, por lo restante, tal como adelantara al iniciar el Considerando que antecede, concuerdo también con mis distinguidos colegas en lo discernido y resuelto en punto a la tasa de interés a aplicar sobre el capital adeudado en autos en los períodos posteriores al que rigiera la resolución ex MEyP 314/2004, según lo expresado en los Considerandos VII y VIII del voto referenciado, cuyos términos hago propios. ASÍ VOTO.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia