Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 47056-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la apelación de la actora y, en consecuencia, confirmar la resolución apelada, con costas en esta instancia por su orden (art. 68, segunda parte del CPCCN).
El Dr. Rogelio W. Vincenti no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).
—SALA IV- CAF 22891/2023/CA1 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA SA –TF 47056-
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Buenos Aires, noviembre de 2023 VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 2131/2140, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó, con costas, la resolución de la AFIP-DGI por la que se había determinado de oficio el IVA por los períodos fiscales mensuales 12/2008 a 6/2012 (ambos inclusive) por la suma de $2.564.325,11, con más intereses. Para así resolver, efectuó las siguientes consideraciones:
a) Conforme surgía de autos, la actora se encontraba inscripta como actividad principal en la elaboración de aceites y grasas vegetales y como actividad secundaria la venta de cereales.
b) La proveedora se encontraba incluida dentro del listado de presuntos proveedores investigados en la causa Nº 475/11 “Srio. Av. Int. ley 24.769” que tramitaba en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 4 de Rosario, Sec. Nº 2, por la supuesta existencia de una organización dedicada a la generación de documentación apócrifa, así como a la provisión de infraestructura legal y financiera destinada a encubrir y permitir el comercio de granos en forma marginal.
c) Del análisis de la conducta de los proveedores con que El Guaicuru SA había declarado operar surgía que esas empresas se encontraban incluidas en el tercer eslabón de una cadena de comercialización de la operatoria investigada.
d) Los indicios reunidos por el Fisco eran suficientes para dudar de la realización de las operaciones con el proveedor impugnado, siendo la recurrente la que cargaba con la prueba de demostrar lo contrario.
e) El precitado proveedor no registraba bienes a su nombre, poseía un patrimonio negativo en 2012. Las personas que integraban la sociedad tampoco contaban con la capacidad como acopiadores ni productores de forma individual.
f) La pericia contable de fs. 1634/1759 no demostraba la realidad de las operaciones, y el resto de las pruebas presentadas sólo confirmaban la existencia de la compra de bienes por parte de la actora, su transporte y pagos, pero no acreditaban la capacidad de El Guaicuru SA. Por lo expuesto no resultaba procedente el cómputo del crédito fiscal.
2. Que la actora apela dicha sentencia y expresa agravios a fs. 2154/2184, cuyo traslado es contestado a fs. 2206/2219.
Efectúa los siguientes planteos:
1 a) Sostiene que no se valoró la prueba aportada. Afirma que debió analizarse el art. 12 de la ley de IVA. Aduce, en tal sentido, que por medio de la carta de porte se probó cada operación realizada con el proveedor cuestionado y que existió y pudo vender los productos de su propiedad.
b) Manifiesta que el contrato de compra de granos está intervenido por la Bolsa de Comercio de Rosario y demuestra la realidad de la operación y la existencia de los bienes. Al igual que la carta de porte en donde se detalla el transporte de los granos a destino.
c) Arguye que también aportó prueba testimonial del presidente de El Guaicuru SA, en la que declaró haber vendido la mercadería. De igual modo, presentó certificación contable efectuada al proveedor respecto de la registración de la compra de granos y su tributación.
d) Afirma que si el proveedor no presentó sus declaraciones juradas y no cumplió con sus obligaciones ello no significa que no hayan existido las operaciones. e) Se agravia, asimismo, en cuanto al desconocimiento de las retenciones practicadas con relación a las operaciones impugnadas y que se debió aplicar la “teoría de las correcciones simétricas”.
3. Que, previo a examinar los agravios traídos a conocimiento de la Alzada, conviene recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la solución del caso (conf. Fallos: 310:1835; 324:3421; 326:2235; 331:2077, entre otros).
4. Que, conforme surge de autos, la fiscalización actuante, después de efectuar las tareas pertinentes de verificación respecto del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la actora, concluyó que el proveedor “El Guaicuru SA” no pudo realizar las operaciones declaradas por aquélla. En efecto, se obtuvieron serios indicios que permitieron afirmar acerca de la existencia de una organización que habría implementado un complejo entramado de contribuyentes ficticios que habrían realizado operaciones de compraventa de granos entre sí, a fin de encubrir la actuación de productores rurales no incorporados al sistema impositivo y permitirles el transporte a destino de los cereales y oleaginosas mediante la gestión de los correspondientes permisos y cartas de porte a nombre de las referidas empresas apócrifas, y abultar así gastos incurridos por las acopiadoras y exportadoras de primera línea que adquieren la mercadería, de modo tal de reducir ilegítimamente su margen de utilidad, y por ende, la base imponible de los tributos que a éstas les corresponde ingresar.
La maniobra estaría estructurada a partir de distintos estratos o eslabones de empresas apócrifas que simulan operaciones entre sí, de modo tal de imposibilitar tanto la identificación de los verdaderos sujetos que realizan las distintas transacciones, como el seguimiento físico de los granos a través de las respectivas cartas de porte, lo que impide determinar su origen y destino final en cada caso concreto. Estos distintos —SALA IV- CAF 22891/2023/CA1 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA SA –TF 47056-
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estratos de la cadena serían, al menos, cuatro, partiendo de las empresas intermediarias que realizan tanto sus compras como sus ventas a otras sociedades apócrifas, para pasar al último eslabón de la cadena, integrado por empresas que en apariencia tendrían una actividad real, pero que se alimentan de proveedores apócrifos y realizan ventas entre ellas, para finalmente comercializar los cereales y oleaginosas a acopiadores y exportadores de primera línea.
Las principales inconsistencias detectadas en el presente caso fueron las siguientes:
a) A partir del análisis de las compras realizadas en función de acopio, según retenciones de IVA practicadas e informadas en SICORE, se observa que, bajo el régimen 783, la actora realizó el 100% de sus operaciones, a supuestos proveedores de granos que, a través del tiempo, han sido informados por el Operativo Granos 2013, tras detectarse que se trataba de personas físicas o jurídicas intermediarias que compraban granos de manera marginal a productores inexistentes, insolventes o con escasa capacidad económica, a los cuales se les consideró la imposibilidad operativa para haber producido el volumen de granos comercializados. Analizados los remitentes, se verificó la misma inconsistencia respecto del origen de los granos recibidos, ya que considerables cantidades provenían de operadores señalados como de “dudoso origen”.
b) A su vez se verificó que, en el período 2012 a 2014, se autorizaron 2.250 cartas de porte como intermediario acopiador, con las cuales se lo autorizó para transportar 67.500 toneladas de granos, más 725 cartas de porte solicitadas, por el inciso a, es decir en carácter de productor, con las que se lo habilita a movilizar 21.750 toneladas de granos, totalizando 89.250 toneladas, y se utilizaron dichas cartas de porte para movilizar 46.588 toneladas, según los CTG por él solicitados y confirmados por destino.
c) Asimismo, movilizó 1361 toneladas en carácter de productor (cartas de porte inciso a) registrando, a su vez, ventas en esta condición por un monto de $17.020.087, no existiendo en las bases indicios de tener capacidad operativa para actuar como tal.
d) Se constató que la operatoria verificada constituye una inconducta tipificada en la RG 2300 como causal de suspensión/exclusión del Registro Fiscal de Operadores de Granos, tales como adquisición a proveedores considerados sin capacidad operativa, omisión de practicar retenciones por compras de granos, 3 tanto del IVA como ganancias y falta de justificación del origen de los granos movilizados y vendidos en condición de productor.
e) Por otra parte, en los estados contables aportados se observa que se hallan conformados en su mayoría por rubros de fácil realización, y que los escasos montos del rubro bienes de uso consignados no guardan relación con la magnitud de las operaciones efectuadas, por lo que no surgen elementos para determinar una capacidad contributiva acorde, verificándose además que sus integrantes carecen de activos significativos.
f) Lo expuesto permitió colegir que la contribuyente había sido parte necesaria dentro de una maniobra para incorporar cereal adquirido en forma marginal al circuito legal, a través de la utilización de empresas fantasmas o queriendo figurar como productora de cereales sin tener campos propios o fingir ser arrendatarios de inmuebles rurales, por lo que se propuso la carga en la Base de Datos eApoc al tratarse de un contribuyente generador de créditos fiscales susceptibles de impugnación que encuadra en los puntos 2.2.6. “Sin capacidad económica”.
5. Que, la cuestión a resolver consiste en determinar si las operaciones realizadas por la actora con el proveedor “El Guaicuru SA” fueron reales y, en su caso, si corresponde que se compute el crédito fiscal correspondiente.
6. Que, sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que “a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley del IVA), como respecto de su reintegro en casos de vinculación con operaciones de exportación (art. 43 de la ley del IVA), resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos, ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de los bienes (confr. causa CSJ 685/2013 (49-F) /CS1 "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-1) c/ DG1", sentencia del 10 de marzo de 2015) o, en otras palabras, mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. causa CSJ 119/2013 (49-A) "ADM Argentina S.A. c/ EN - AF1P - DG1 - Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/ Dirección General Impositiva", fallada en la misma fecha). (CSJN 848/2014 (50-M)/CS1, “Molinos Río de la Plata SA c/ EN - AFIP - DGI - resol. 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva”, sentencia del 25/8/2015, énfasis añadido).
En este mismo sentido, se ha pronunciado la Sala en reiteradas oportunidades, al sostener que, para la acreditación de la veracidad de las operaciones generadoras del crédito fiscal pretendido, se requiere demostrar la capacidad económica y operativa de los proveedores (cfr. causas 19848/2021 “Blue Films SRL - TF 26745-I c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sentencia del 27/09/2022; 17360/2021 “Avital SA - TF 32754-I c/ DGI s/recurso directo —SALA IV- CAF 22891/2023/CA1 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA SA –TF 47056-
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de organismo externo”, sentencia del 24/02/2022, 10.193/2009 “Cofco International Argentina SA. c/ EN – AFIP DGI resol 61/08 (dr2) s/DGI”, sentencia del 10/11/2020; 39748/2019 “Juan Bautista Ricciardi e Hijos SA c/ DGI s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 17/12/2019; entre muchas otras).
7. Que, teniendo en cuenta el criterio jurisprudencial apuntado, cabe anticipar que los agravios incoados no resultan suficientes para enervar la decisión del Tribunal Fiscal.
Ello es así, en la medida en que el memorial de agravios no ha logrado desvirtuar las conclusiones del Fisco relativas a la falta de capacidad operativa y económica del proveedor impugnado. En efecto, no puede perderse de vista que la cuestión central que aquí se debate no refiere a las formalidades de los comprobantes examinados ni al circuito económico de la operatoria llevada a cabo, sino a la concreta verificación de la aptitud de los sujetos para disponer de la mercadería que se dijo objeto de las respectivas transacciones comerciales y que habrían generado el derecho al cómputo del crédito fiscal reclamado.
En efecto, el accionante no desvirtuó las conclusiones del Fisco sobre la serie de inconsistencia detectadas con respecto a la actividad del proveedor en cuestión. Por otra parte, tampoco se advierte que las pruebas producidas permitan colegir lo contrario. En efecto, sobre las respuestas de oficio de las bolsas de comercio intervinientes, esta Cámara ya ha dicho, en casos sustancialmente análogos al presente, que “no puede considerarse cumplido el recaudo probatorio con las medidas ofrecidas y producidas en autos, toda vez que, como se ha señalado, las respuestas dadas por los organismos oficiados no sirven para demostrar la real existencia de las operaciones, como tampoco las certificaciones expedidas por la Bolsa de Cereales de Rosario, que sólo certifica la información que ha sido suministrada por los interesados y no da fe de que se realizaran las transacciones respectiva s” (Sala III, 41.234/2013 “Molinos Rio de la Plata SA c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva”, sentencia del 16/02/2017; Sala II, 29.512/2010 “Molinos Rio de la Plata SA c/ EN AFIP DGI Resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva”, sentencia del 10/06/2014; 37.459/2009 “Cargill SACI c/ EN AFIP DGI Resol 51/09 (LGCN) y otros s/ Dirección General Impositiva”, sentencia del 16/02/2014)
Idéntica suerte corre el examen pericial invocado obrante a fs. 1634/1759, en la medida en que, tal como señaló el organismo jurisdiccional, el estudio fue confeccionado únicamente con los registros y documentación en poder de la parte actora. Tal circunstancia no resulta irrelevante, toda vez que, en la especie, no se 5 requiere del contribuyente la demostración del cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de sus proveedores, sino la constatación de la efectiva realización de las operaciones por él denunciadas (cfr. en sentido similar, esta Sala, causa 32.804/2010 “COFCO International Argentina S.A c/ EN – AFIP – DGI – RESOL 14/09 y Otros s/ Dirección General Impositiva”, considerando 9°, sentencia del 29/10/2019). Sobre el punto debe señalarse que del referido informe surge que los libros son llevados en debida forma y se encuentran registradas las mentadas operaciones, mas no se observan conclusiones novedosas respecto de la capacidad del proveedor en cuestión.
Lo mismo cabe decir del resto de las pruebas de informes por cuanto tampoco poseen la aptitud probatoria para acreditar la cuestionada capacidad, sin perjuicio de que demuestren la participación de los distintos tipos de agentes comerciales involucrados en las operaciones.
8. Que, cabe destacar que la investigación efectuada por el Fisco comprobó no sólo los incumplimientos del proveedor a sus deberes fiscales sino irregularidades que permitieron poner en duda la veracidad de las compras declaradas, habida cuenta de la ausencia de capacidad económica y de la carencia de estructura que le permitiera justificar el volumen de ventas declarado, dado que no evidenció capacidad operativa y económica de producción ni de acopio acorde al volumen de los bienes comercializados. En efecto, el Tribunal Fiscal señaló al respecto que se desprendía del informe final de inspección con notoria evidencia la total ausencia de la capacidad operativa y económica como acopiador y/o productor del proveedor El Guaicurú SA. En cuanto a la capacidad como acopiador, cabía resaltar que el área fiscalizadora entendió que teniendo en cuenta la rotación normal entre los granos ingresados y egresados, la capacidad de la planta que se ubicaría en la localidad de Taco Ralo de Tucumán (6.000 tn.) no estaría acorde con la cantidad de toneladas que podría movilizar desde allí, en función de las cartas de porte solicitadas desde el 11/1/12 al 8/5/13 (67.500 tn.). Por otro lado, del análisis de la capacidad como productor, el proveedor declaró la explotación de inmuebles en una cantidad de 1.000 hectáreas de propiedad de terceros y 1.169 hectáreas con contratos accidentales, y con pago en efectivo. Sin embargo, no se observa que haya practicado ninguna retención en tal concepto a estas personas ni acompañó los contratos. Ello sumado a que El Guaicuru SA no registra bienes a su nombre, posee un patrimonio negativo en 2012, su activo está conformado por rubros de fácil realización y registra resultado negativo. Las personas que integran la sociedad tampoco cuentan con la capacidad como acopiador ni productor en forma individual.
En suma, y bajo los parámetros expuestos, no se advierte que el accionante haya podido rebatir los argumentos del Fisco, reiterados por el Tribunal Fiscal en punto a la ausencia de capacidad económica y operativa del proveedor impugnado. Por tales motivos, corresponde confirmar el pronunciamiento apelado.
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9. Que, a todo lo expuesto cabe agregar que, tal como lo señaló el Tribunal Fiscal y no fue debidamente rebatido por la actora, lo que impugnó la AFIP fueron las operaciones con el proveedor El Guaicuru SA por carecer esta empresa de capacidad contributiva. Es decir que tales objeciones se refieren al crédito fiscal computado en el IVA y declarado en las facturas observadas, pero no para considerar que la mercadería es inexistente. Por tal razón no se modificó el débito declarado ni se impugnó el costo en el Impuesto a las Ganancias. Tampoco se determinó Impuesto por Salidas no Documentadas.
En efecto, cabe recordar al respecto que en el caso no se consideró procedente la deducción del crédito fiscal por no conocerse al verdadero responsable del ingreso del débito fiscal. No se puede soslayar, en tal sentido, que la mecánica del impuesto es distinta, ya que mientras la ley del Impuesto a las Ganancias permite y acepta la deducción de gastos cuando se haya probado que éste se efectuó para mantener y/o conservar la ganancia obtenida, la ley de IVA impide computar el crédito fiscal cuando quien generó el débito fiscal no lo haya ingresado.
En este sentido, es dable señalar que el IVA exige que el hecho imponible se haya perfeccionado en cabeza del vendedor para que sea procedente el cómputo del pertinente crédito fiscal, pero no se trata de cualquier vendedor sino sólo de aquél respecto del cual se perfeccionó el hecho imponible.
Por ello no se advierte la contrariedad alegada puesto que en el IVA no se permite el cómputo del crédito fiscal sin que se encuentre probada la generación del débito fiscal por parte del sujeto obligado.
No puede dejar de considerarse en tal sentido que el art. 12 de la ley de IVA subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto de los vendedores de bienes, extremo que no se cumple en el caso ya que no se acreditó que el proveedor tenga la capacidad para efectuar las operaciones en cuestión.
10. Que, por lo demás, no resulta aplicable al caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Bildown” (Fallos: 334:1854), por cuanto, a diferencia de la situación examinada en aquel precedente —en el que no se debatió sobre la existencia y materialidad de las operaciones— en el sub examine tal cuestión ha sido controvertida y la apelante ha omitido demostrar la veracidad de las que alegó haber realizado con el proveedor consignado en la factura impugnada (v. CSJN en “ADM Argentina SA”, antes citada).
7 11) Que, con relación a la detracción de las retenciones practicadas por la actora en concepto de IVA del monto del crédito fiscal impugnado, cabe tener presente lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re 848/2014 (50-M) ICS1, “Molinos Río de la Plata S.A.”, op. cit.; oportunidad en la que se rechazó un reclamo de repetición en función de la falta de legitimación de la apelante, toda vez que las retenciones ingresadas constituían un anticipo de gravamen en cabeza de su proveedor (en igual sentido, esta Sala en “LDC Argentina SA c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 23/4/2019; “Frigorífico Lamar SA c/ EN-AFIP DGI resol 51/10 s/Dirección general Impositiva”, sentencia del 17/08/2017; entre otros).
12. Que, en definitiva, la valoración del Tribunal Fiscal respecto de la prueba y su suficiencia es una cuestión de hecho, reservada a ese organismo, que excede, en principio, el conocimiento que compete a esta Cámara y, en el caso, no se ha probado que dicho tribunal hubiese incurrido en arbitrariedad.
Por ello, y por considerar que no hubo error en la apreciación que se hizo en la sentencia apelada de los hechos, corresponde rechazar los agravios de la actora pues, en última instancia, sólo trasuntan su discrepancia respecto del criterio de selección y valoración de la prueba utilizada en el caso, y el hecho de que el Tribunal Fiscal haya acordado preferencia a determinados elementos probatorios respecto de los que invoca la recurrente no configura arbitrariedad (Fallos: 273: 205; 274:35; 276:311, entre otros). Por todo lo expuesto corresponde desestimar el recurso de la actora y confirmar, en consecuencia, la sentencia apelada.
13. Que, en cuanto a la imposición de costas en esta instancia, cabe fijarlas por su orden en atención a la naturaleza de la cuestión.
14. Que, en cuanto a la liquidación y pago de la tasa efectuado por la actora a fs. 2228, dese vista al Representante del Fisco a fin de que se expida por encontrarse configurado el supuesto previsto en el punto 10, in fine, de la acordada 20/92. En función de lo indicado, SE RESUELVE: desestimar la apelación de la actora y, en consecuencia, confirmar la resolución apelada, con costas en esta instancia por su orden (art. 68, segunda parte del CPCCN).
El Dr. Rogelio W. Vincenti no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY —SALA IV- CAF 22891/2023/CA1 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA SA –TF 47056-
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Fin de la sentencia