Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 37.293-I
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-18707398-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 25 de Febrero de 2022 SA)"recurso de apelación”
En el día de la fecha se reúnen los miembros de la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y Ruben Alberto Marchevsky (Vocal Titular de la 3° Nominación) para resolver el expediente N° 37.293-I caratulado: “COFCO INTERNATIONAL SA (ANTES NIDERA SA) s/recurso de apelación”.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que a fs. 84/142, la actora interpone recurso de apelación contra la resolución N° 115/2012 dictada por el Jefe de la División Determinaciones de Oficio “A" del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas Grandes Contribuyentes Nacionales de la Dirección General Impositiva (AFIP-DGI), por las que se determina de oficio la obligación tributaria en el Impuesto al Valor Agregado; estableciendo el nuevo saldo a favor de la interesada correspondiente al primer párrafo del art. 24 de la Ley del Gravamen, y el saldo a favor correspondiente al segundo párrafo del mismo artículo de la citada ley. Que en primer lugar, manifiesta que la cuestión a resolver se centra en si los proveedores impugnados por el organismo fiscal resultan ser inexistentes o no. Indica que no se debate sobre la existencia de la mercadería y de las operaciones realizadas con ella, ya que el mismo Fisco Nacional reconoció la existencia de las mismas en los actos de determinación de oficio dictados en los procedimientos iniciado relativo al Impuesto a las Ganancias y Salidas no Documentadas por iguales sujetos y períodos y, en consecuencia, supo y le consta que la recurrente adquirió bienes y pagó por ellos un precio.
Sostiene que el contribuyente no puede responder por posibles incumplimientos de cada uno de los proveedores, ya que no es procedente cargar sobre él la obligación de control respecto del cumplimiento fiscal de quienes emiten facturas u otra documentación comercial autorizada por la AFIP como el C.A.I, así como de otros organismos como el ONCCA, operan en el circuito comercial y bancario estando habilitados por el fisco e inscriptos en los registros fiscales establecidos por el propio organismo, en este caso los proveedores. Es decir, los defectos internos en la contabilidad de cada proveedor, y sus eventuales incumplimientos ante las obligaciones fiscales, escapa a la responsabilidad del comprador por lo que no puede trasladarse a éste la sanción, bajo la forma de un desconocimiento del crédito fiscal generado por la operación.
Alega que en el caso particular se encuentran acreditados los elementos materiales y formales del crédito fiscal, y es por ello la procedencia del cómputo del mismo por parte de Nidera SA. Afirma que todos los, proveedores —al menos al momento de contratar con la actora existieron física o jurídicamente como un tercero proveedor válido y habilitado para operar, tenían una CUIT válida y estaban inscriptos en los respectivos impuestos, registros pertinentes, las facturas respaldatorias de todas las operaciones estaban conforme a los requisitos formales de validez que ese mismo organismo ha dispuesto.
En cuanto a la operatoria, manifiesta que los remitos y cartas de porte existentes emitidos eran válidos y estaban autorizados por AFIP y otros organismos competentes, se le realizaron e ingresaron las respectivas retenciones practicadas nacionales y provinciales. Asimismo los pagos por la adquisición de los bienes y servicios se hicieron contra la entrega de la mercadería o servicio objeto de la operación. Que el monto de los pagos efectuados y registrados en la contabilidad de la recurrente coincide con las compras y facturas emitidas. Los granos y aceites fueron realmente adquiridos y transportados hasta los depósitos y/o plantas de Nidera S.A. Asimismo manifiesta que los granos fueron recibidos en las mismas instalaciones en donde participaron entregadores, representantes del vendedor que dieron fe de la entrada de la mercadería, las operaciones fueron concertadas a través de los canales operativos propios de la actividad a la que refieren, esto es, formalizando las mismas en los boletos de compraventa de cereales y oleaginosas y registrándolas en la bolsa de cereales correspondiente; o bien a través de agentes intermediarios que confirmaron las operaciones informando a NIDERA S.A. la realización del negocio y cobrando comisión a las partes por su actuación.
Manifiesta, que en modo alguno resulta admisible la pretensión de colocar sobre el contribuyente, que es objeto de un reclamo de esta naturaleza, la carga de la prueba respecto de circunstancias ajenas y extrañas al contratante. Menos aún trasladar la responsabilidad de control propia del organismo, ni erigir al comprador de buena fe en responsable por deuda ajena, sin ley que lo autorice. Afirma que en este sentido, no es exigible que el contribuyente deba realizar esfuerzos probatorios de compleja realización e incierto resultado que tengan por objeto demostrar que la contraparte en las operaciones comerciales en cuestión no sólo existe y que tiene "capacidad económica", sino además el modo en que esta opera su movimiento dinerario, la composición de su clientela, sus movimientos operativos internos, composición de personal, movimiento económico, comportamiento fiscal, cumplimiento de sus deberes como contribuyente y demás circunstancias de la vida de la entidad, en tanto todo esto resulta irrelevante para enervar el reclamo fiscal que se puede asentar exclusivamente en la inexistencia de las operaciones o de la contraparte, y no en el mayor o menor arreglo, desarreglo, prolijidad o desprolijidad, competencia o idoneidad de esa entidad, y de quienes la operan. Agrega también, que la inclusión de ellos en la base e-Apoc es posterior a las operaciones realizadas con la actora.
Por los argumentos de hecho y de derecho que desarrolla, la doctrina y jurisprudencia que cita, y la prueba que ofrece, es que solicita que se dicte sentencia revocando el acto apelado con expresa imposición de costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 155/191 el Fisco Nacional contesta el recurso incoado. En primer lugar señala que la defensa de la firma actora, se centra en objetar particularmente la utilización de la Base E-Apoc, con la que cuenta el Organismo Fiscal y, por otra parte, que la falta de capacidad operativa de los proveedores considerados apócrifos no es suficiente para sustentar la determinación de oficio.
Señala que la presente causa tiene su origen en las tareas de fiscalización desarrolladas a lo largo de todo el país y de cuya investigación se constató que diversos proveedores que habrían contratado con la aquí recurrente, no reúnen las capacidades para realizar las operaciones comerciales que la firma Nidera S.A. ha declarado haber realizado con los mismos. Ello así, se procedió a impugnar el crédito fiscal pretendido por la firma actora debido al carácter de apócrifos de los proveedores enunciados, toda vez que no se habría perfeccionado, respecto de los mismos el correspondiente hecho imponible y por consiguiente la posibilidad de computarse el crédito fiscal. De la reseña de las actuaciones llevadas a cabo por la fiscalización actuante, en lo que respecta a cada proveedor, surge claro que la maniobra desplegada por la actora ha sido puesta en evidencia y que las pobres defensas esgrimidas no logran en modo alguno conmover las impugnaciones practicadas. Afirma que el proceso de verificación y fiscalización desplegado ha sido lo suficientemente razonable y riguroso como para concluir que efectivamente la contribuyente en contravención con las normas que rigen la actividad a las que él mismo decidió sujetarse, computó créditos inexistentes.
Alega que le corresponde al sujeto pasivo de la obligación tributaria, probar fehacientemente la "autenticidad" de las facturas a fin de acreditar las prestaciones con los proveedores. Lo que aquí se cuestiona es la existencia de las operaciones con estos "supuestos" proveedores, aclarando en esto que la contribuyente no pudo acreditar, como se dijo que fehacientemente operó con los sujetos que hace figurar en la facturación.
Sostiene que resulta de importancia corregir la deducción qué efectúa la apelante con relación a la falta de inclusión de los proveedores en la llamada. base e-Apoc —al momento de realizar las operaciones, pues intentar sostener que proveedores cuestionados deben validarse por no estar incluidos en la base e-Apoc del Organismo a una fecha determinada, es tratar de sostener que se desconoce una obviedad, como lo es que la misma constituye un elemento o herramienta de auditoría y control dinámica, que una factura incluida en la misma no constituye "per se" una condición para impugnación alguna, sino el punto de partida que se complementa con los diligenciamientos necesarios inherentes a la especificidad de cada una de las circunstancias, para determinar la impugnación, y como consecuencia contraria, la falta de inclusión de una factura en la referida base de datos, no determina de manera alguna, que no detente tal calificación y corresponda su impugnación.
Por los argumentos que desarrolla y la prueba que ofrece peticiona que oportunamente se dicte sentencia confirmando el acto recurrido en todas sus partes, con costas y se tenga presenta la reserva del caso federal.
III. A fs. 225/226 se abre la causa a prueba ordenándose la producción de la prueba informativa y pericial contable. A fs. 3036 se clausura el período probatorio y se elevan las actuaciones a consideración de la Sala “A”. Que a fs. 3041 se ponen los autos a disposición de las partes para que presenten los alegatos de bien probado, obrando sendas presentaciones a fs. 3043/3046vta. y 3047/3077. Finalmente a fs. 3095 pasan los mismos a sentencia.
IV. Que ello así, procede dirimir si la determinación efectuada se ajusta o no a derecho, para ello considero pertinente, previo a todo, hacer una reseña de los elementos agregados en los antecedentes administrativos de la causa.
Que de las actuaciones administrativas y del informe final de Inspección (vde fs. 468/596 cpo ppal imp. Ganancias III) surge que la actividad principal de la empresa recurrente es la de “Elaboración de aceites y grasas vegetales” y como actividad secundaria “Venta al por mayor de cereales”. Que el cargo formulado se origina en el oficio judicial de fecha 22/06/2009 librado por el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N°1 mediante el cual se ordena la fiscalización practicada, y que en función de las constataciones y pruebas colectadas por el organismo, se concluyó que la recurrente, durante los períodos 12/2005 a 09/2012 habría declarado operaciones de compra con los siguientes proveedores: AG CEREALES SRL; AGRINDACAR SA; AGRO SUR SRL;
ALLCONT SA; APARICIO Ramón Francisco; BITENCA SA; BOAGLIO, Norberto Juan; CAMPOS DEL MERCOSUR SRL; CARRIÓN, Alejandro Osvaldo; CENTRO CEREALES SA; CEREAL PRO SA;
CEREALES DEL NORTE SRL; CEREALES EL PAIS SA; CEREALES QUEQUEN SA; COMPAÑÍA
EXPORTADORA DE FRUTOS DEL PAIS SRL; COM Osmar Francisco; COOPERATIVA DE TRABAJO UNICOOPE LTDA; EL IBIS SA; GIORDANENGO Daniel Alfonso; HCDA INTERNATIONAL SA; INFINITI GROUP SA; INSTALACIONES Y SERVICIOS SA; INVERCARNES SA; J.H SRL; LANCARAX SA;
LEONES CEREALES SRL; MARTÍN Fernando Gabriel; MARTINEZ José Luis; MAUMIS SA; MENARVINO Vanesa Noemí; OSES Miriam Liliana, PELAGRO SA; PICCO Ariel Carlos; POLITANO CEREALES SA;
PROSPERAR SRL; VARGAS Victor Hugo, VERA Enrique Juan y OSES Mirian Liliana.
Que de las irregularidades detectadas por el organismo –y que se encuentran perfectamente detalladas en los anexos 1 a 37 cpo aa, fs. 2001 a 2246 de la vista corrida, cabe señalar que son comunes a todos los proveedores citados las siguientes inconsistencias: 1) Que no poseen inmuebles, rodados, maquinaria agrícola ni bienes registrables a sus nombres; 2) Solo unos pocos registran nóminas salariales o declaran no más de un empleado en relación de dependencia; 3) Gran parte de ellos poseen cuentas bancarias informadas –RG 1065- con acreditaciones significativas durante los períodos 2005/2007; 4) No registra pagos de impuestos durante períodos objetados, y registra exiguos pagos correspondiente a Bienes Personales Acciones y Participaciones, SICORE Impuesto a las Ganancias, Aportes de la seguridad social Ley 24.241; Aporte de las Obras Sociales, Aseguradoras de Riesgo de Trabajo; Contribuciones a la Seguridad Social, SICORE al Impuesto al Valor Agregado. En muchos casos las declaraciones juradas eran presentadas en “0” y en otros con saldos a favor del contribuyente; 5) La mayor parte de ellos no pudo ser localizados en sus distintos domicilios declarados o dar con persona responsable de las mismas. 6) La mayor parte de ellos se encuentra excluidos del Registro Fiscal de Operadores de Granos (RFOG); 7) Todos ellos se encuentran cargados en la base e-Apoc del organismo, la mayor parte de ellos como “sin capacidad de económica”, otros como “usina de facturas”, otros como “desconocido por sus titulares” y otros como “prestanombres”.
Que sin perjuicio de dichas irregularidades surgen, en algunos de los supuestos, elementos de relevancia que permitieron al personal fiscalizador arribar a las conclusiones indicadas, a saber: 1) En el caso del proveedor AG CEREALES SRL, el personal fiscalizador se constituyó en la supuesta planta de silos alquilada por el supuesto proveedor, pudiendo constatar que en el predio funcionaba un criadero de pollos perteneciente a la empresa INDACOR SA (vde fs. 54 Cuerpo Actuaciones Dirección Regional Río Cuarto AG CEREALES S.R.L); 2)
Respecto de AGRIDACAR SA, surgen diversas relaciones con otras firmas, como aquellos autorizados a retirar cartas de porte y Formularios 1116ª, B y C tanto de la firma Agridacar SA como de contribuyentes a los cuales supuestamente le compran cereales y las firmas vendedoras de los mismos cereales, manejando estas personas documentación de otras firmas también objetadas aquí, entre ellas Cereales Quequen SA (vde Cuerpo Actuaciones Dirección Regional Córdoba AGRIDACAR SA); 3) En otro supuesto, el personal fiscalizador concurrió al domicilio fiscal de AGROSUR SRL a los fines de constatar el mismo y pudo verificar que el mismo corresponde a un inmueble tipo casa habitación y según manifestación de su moradora, el mismo no corresponde a la fiscalizada, desconociendo la existencia de la misma (vde fs. 70/71 actuaciones dirección regional Rio Cuarto Agro Sur SRL); 4) En el caso de ALLCONT SA, se circularizaron a los proveedores mas significativos de la firma arrojando un resultado que -de trece- ocho desconocieron la firma, otros dos no respondieron, uno no pudo ser localizado y dos reconocieron tener actividad pero no con cereales (vde fs. 80 a 81, 83 a 87 cuerpo de actuaciones ALLCONT SA); 5) Por otra parte, funcionarios se constituyeron en el domicilio fiscal del Sr.
Aparicio Ramón Francisco constando que existe un establecimiento con silos y animales de campo, preguntando al titular del establecimiento, manifestó que el era el dueño y que desconoce al Sr. Aparicio (vde cpo actuaciones Direccion Regional Tucuman, Aparicio Ramón Francisco); 6) En el caso del proveedor CAMPOS DEL MERCOSUR SRL se circularizó a la Sra. Mónica del Piano quien figura como socia de la misma. Al contestar el requerimiento, esta indico que no posee información alguna de la firma en cuestión puesto que no tiene vinculación con la misma y que fue víctima del robo de identidad –radicando la correspondiente denuncia penal- habiendo sido falsificado su documento de identidad a los fines de abrir distintas cuentas bancarias y constituir sociedades, entre ellas la firma Red Velvet SRL.
Que el mismo cuit de la firma antes indicada, fue el utilizado por Campos del Mercosur SRL (vde fs. 617 cpo actuaciones Direccion Regional Palermo, Campos del Mercosur SRL.); 7) Tambien cabe destacar el caso del proveedor CARRION Alejandro Osvaldo, quien al concurrir el personal fiscalizador al domicilio alternativo del contribuyente, se brindo información de que el Sr. Alejandro Carrion vivía allí efectivamente y que el mismo realizaba tareas de albañilería y transporte en camiones (vde fs. 65 cpo actuaciones Dirección Regional Córdoba Carrion Alejandro). Similar caso resulta respecto de la proveedora OSES, Mirian Liliana, quien al ser consultada por personal fiscalizador sobre las actividades que desarrolla, esta indico que resulta ser empleada doméstica y “canillita”, no teniendo bienes inmuebles rurales u otros registrables y que nunca compró o vendió cereales (vde cpo actuaciones Dirección Regional Rosario II OSES Mirian Liliana).
Que atento a las conclusiones arribadas por las respectivas Direcciones Regionales que intervinieron en las distintas verificaciones, se procedido a impugnar el crédito fiscal originado en las operaciones efectuadas con todos los proveedores observados, neto de los reintegros de IVA otorgados por el Organismo por los períodos 12/2005 a 09/2007.
V. Que la actora sustenta sus agravios remarcando que el Organismo reconoce la adquisición de bienes y pago por ellos por parte de la contribuyente, razón de ello es que el mismo ente dejó sin efecto los ajustes propuestos en los impuestos a las Ganancias y Ganancias Salidas No Documentadas por los mismos períodos (vde fs. 90 de autos). Por otra parte, sostiene que en todo momento habría cumplido con la verificación de los requisitos formales acerca de la inscripción del proveedor en la AFIP y que la inclusión de los proveedores en la base e- Apoc se produjo en forma posterior al momento de celebrarse las operaciones, haciendo hincapié en que en el presente caso se encuentran acreditados los elementos materiales y formales para la procedencia del cómputo del crédito fiscal por parte de Nidera SA (Hoy COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA SA).
Por su parte, el ente fiscal cuestiona que las operaciones por las que se computó crédito fiscal no se concretaron con los proveedores impugnados, toda vez que estos carecen de capacidad económica para realizar tales operaciones (vde fs. 181 de autos) y, en consecuencia, no se habría configurado respecto de ellos el hecho imponible. Es en razón de las inconsistencias detectadas por el Fisco Nacional que le corresponde al recurrente arrojar luz sobre dichos negocios y acreditar la veracidad de los mismos.
VI. Que en este sentido, corresponde entonces examinar las probanzas ofrecidas y producidas ante esta instancia jurisdiccional.
1. En cuanto a la prueba informativa, cabe señalar que los datos suministrados por los oficiados no aportan mayores precisiones sobre la cuestión planteada. Ello así, las entidades bancarias acompañan extractos de sus bases de datos que dan cuenta de las transferencias bancarias realizadas entre Nidera SA y algunos proveedores que fueran objetados por el Organismo y que ellos poseían cuentas en dichas entidades o eran clientes de las mismas (vde respuestas de las entidades - Citibank -fs. 1667-, Banco de Córdoba -fs. 1746 y 2228-, Banco Francés -fs. 2114-, Banco Roela –fs. 2119-, Nuevo Banco Santa Fe –fs. 2150-, Banco Santander Rio –fs. 2187-, Banco Macro –fs. 2203-, HSBC –fs. 2606- entre otros)
Por otra parte, distintas firmas indican que actuaron en las operaciones entre Nidera SA y algunos de los proveedores, ya sea como corredores o como representante entregador de las firmas objetadas (vide respuestas de las oficiadas Cía Mercantil Agrosud –fs. 1298/1345-, Serra Morena SA -fs. 1709/1719-, Futuros y Operaciones.com SA -fs. 2121/2121vta-, Rodolfo Gimenez y Cía -fs. 2149-, JJ Hinrichsen SA -fs. 2301-, Amato Catalano SRL -fs. 2347- entre muchos otros).
Asimismo, también surge que las distintas Bolsas de Cereales y Comercio registran contratos por compra de granos entre Nidera SA y algunos de los proveedores y, en otros casos, informan que no registran operaciones entre la recurrente y las personas objetadas por el Organismo, tal es el caso de Cooperativa de Trabajo Unicoop (vde respuestas de las oficiadas Bolsa de Cereales de bahía Blanca -fs. 2168-, Bolsa de Cereales de Buenos Aires -fs. 2207-, Bolsa de Comercio Santa Fe -fs. 2352- y Bolsa de Cereales de Córdoba -fs. 2534- entre otras).
2. En cuanto a la prueba pericial contable, del informe que luce agregado a fs. 251/339 de autos, los expertos, en primer lugar, manifiestan que de la documentación puesta a disposición por parte de la recurrente, la firma Nidera SA (hoy COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA SA) llevan los libros en legal forma sin observaciones que formular en cuanto al cumplimiento de las formalidades prescriptas por las disposiciones del Código de Comercio. Por otra parte, y en cuanto se solicita indiquen si la mercadería adquirida por la recurrente fue exportada, estos indican que atento al carácter fungible de la misma, no resulta posible indicar el destino de la misma, resaltando el perito del Fisco Nacional que de la mera exhibición de la documentación puesta a disposición no permite establecer la realidad fáctica de las operaciones.
Por otra parte, se solicitó a los expertos indiquen como puntos de pericia: si las operaciones fueron debidamente registradas por Nidera SA, debiendo individualizarlas por orden temporal, montos, proveedores y documentos que acrediten la realización de la operación (punto 2); Si en las operaciones objetadas intervinieron corredores, entregadores o intermediarios, debiendo individualizárselo (punto 3); y si a dichos intermediarios o al mismo productor o prestador del servicio se le giró cheque o transferencia bancaria correspondiente por la compra de granos, debiendo individualizar la entidad bancaria, el numero de los valores emitidos e importes, y si fueron practicadas retenciones en el IVA y su correspondiente deposito en AFIP (punto 4).
Que los expertos acompañan -para cada uno de los proveedores objetados- el detalle pormenorizado de las operaciones objetadas, las formas de cancelación –indicando fecha de pago, orden de pago, factura correspondiente y numero de cheque o trasferencia según el caso-, los intermediarios que actuaron en algunas de ellas y las retenciones practicadas e ingresadas en los periodos correspondientes mediante la presentación del SI.CO.RE a la AFIP, al cual en razón de su extensión y volumen del mismo corresponde remitirse.
VII. Sentado ello, cabe recordar que en el caso de marras no se encuentra controvertido la existencia real de las operaciones o el circuito económico de las mismas, ello por cuanto el Fisco Nacional dejó sin efecto los ajustes relativos al Impuesto a las Ganancias e Impuesto a las Ganancias –salidas no documentadas- por idénticos períodos fiscales (vde resoluciones Nros 114/2012 –DV DEOA- y 116/2012 –DV DEOA- fs. 50/66 y 67/83 respectivamente de autos), puesto que la inspección actuante no desconoció la necesaria adquisición de los bienes que figuran facturados sino que los mismos hubieran sido adquiridos a los proveedores cuestionados, y que se hubiere generado en cabeza de ellos el débito fiscal correspondiente a los créditos que la actora pretende hacer valer. En otras palabras, no se ha puesto en tela de juicio la existencia física del cereal, su traslado, modalidad de entrega o recepción, sino que se cuestiona que quienes facturaron las operaciones sean los verdaderos proveedores de los bienes.
Por ello, la prueba rendida en autos no ha sido suficiente para rebatir los cargos efectuados por el Fisco Nacional respecto de cada uno de los proveedores objetados y, por consiguiente, dilucidar que fueron ellos los que efectivamente intervinieron en dichas operaciones, puesto que de la misma no surgen elementos que permitan inferir sobre la capacidad productiva –patrimonial y operativa- de los proveedores. Asimismo, cabe agregar que la actora no ha ofrecido prueba alguna ante esta instancia jurisdiccional dirigida a localizar a los responsables de las firmas proveedoras o los particulares con quienes se habría contactado para celebrar las operaciones, para que estos reconocieran las mismas.
Ello así, la Alzada ha sostenido que cuando las pruebas rendidas por la recurrente se sustentan en “...las copias de las facturas, comprobantes del pago y registraciones contables de la actora, las mismas resultan claramente insuficientes para rebatir la tesis fiscal, sustentada en las circunstancias más arriba detalladas, y acreditar la materialidad -no su instrumentación- de las operaciones realizadas...” con los proveedores impugnados (CNACAF, Sala II, “Colinas de Paz SA (TF 22.185-I) c/DGI, sentencia de fecha 4/10/2012); a ésto se añade el hecho de que las facturas impugnadas en apariencia y/o extrínsecamente parecieran correctas, ello no implica que las operaciones que ellas reflejan hayan sido efectivamente realizadas por el proveedor involucrado, máxime cuando tampoco pudo desvirtuar las anomalías referidas a los pagos realizados (Cfe. CNACAF, Sala IV, sentencia del 18/2/2014, “CBC Asociados SRL”).
Que puntualmente, el artículo 12° de la ley del impuesto al valor agregado, subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado –en este casorespecto de los proveedores objetados, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues tal como se advierte, la actora no ha logrado acreditar la realidad de las operaciones que dice haber efectuado con los mismos, por lo que cabe concluir que los agravios de la actora, al no encontrar respaldo en probanza fehaciente, resultan meras consideraciones dogmáticas que no logran conmover los fundamentos volcados por el Fisco Nacional (cfr. criterio de esta juzgadora in re “Cagnoli S.A. S/recurso de apelación”, Sala “C”, sentencia del 23 de noviembre de 2015, en la cual la suscripta intervino como Vocal Subrogante de la Vocalía de la 8va Nominación).
Que he venido sosteniendo que nadie puede invocar el derecho a computar un beneficio tributario sobre operaciones cuya veracidad se encuentra ciertamente dubitada por las inconsistencias e irregularidades detectadas, máxime si tal pretendido beneficio se relaciona con un crédito fiscal que se presenta justificado en una causa cuya real existencia no ha sido debidamente acreditada. Ello así, los datos colectados durante la fiscalización y plasmados en los actos apelados vislumbran un razonamiento congruente sobre la inexistencia de la operatoria entre la aquí apelante y los distintos proveedores en atención a las irregularidades detectadas, situación que escapa de la mera existencia de incumplimientos formales por parte de terceros como sostiene la recurrente (cfr. Sala I de la Alzada, in re “Las Tres Mulitas, sentencia del 9 de diciembre de 2015). En esta línea, cabe recordar que la sola presentación de facturas cuya apariencia extrínseca no ofreciera reparos y el mero cumplimiento de los requisitos exigidos por las resoluciones aplicables, no resultan suficientes para que proceda el computo del crédito fiscal sino que para ello -y en vista de las singulares circunstancias configuradas, que permiten dudar seria y fundadamente sobre la veracidad de las transacciones que se atribuyen-, debe exigirse además que tales instrumentos se encuentren avalados por la existencia real y comprobable de las operaciones efectuadas (conf. criterio de la CNACAF, Sala III, causa ‘‘Calimboy S.A.” sentencia del 20 de mayo de 2010 y Sala IV, causa “Cargill S.A.C.I.” pronunciamiento del 7 de abril de 2011).
Por otro lado, si bien la actora pone especial énfasis en que habría cumplido con la verificación de los requisitos formales acerca de la inscripción de los proveedores en la AFIP, lo que reflejaría -a su entender- su diligencia y que intentó respaldar con la informativa ofrecida, lo cierto es que no se brindaron en estas actuaciones mayores datos que sirvan para contrarrestar las circunstancias descriptas por los inspectores respecto de las inconsistencias detectadas en cuanto a la falta de capacidad económica de los proveedores para las operaciones cuestionadas. En tal sentido, la mera consulta que dice la actora haber realizado a los datos que surgen de la página web del organismo, no valida por sí solo que los servicios facturados por los proveedores cuestionados hayan existido en realidad. Por otra parte, el hecho de que el proveedor fuera incluido en la base e-Apoc del organismo con posterioridad a la fecha en que se realizaron las operaciones, tampoco no invalida el accionar del Fisco en el procedimiento seguido al aquí recurrente, como así tampoco releva al mismo de aportar mayores pruebas a fin de acreditar la veracidad de las operaciones que el Fisco ha puesto en duda.
Que, como lo explicara Devis Echandía, “cuando se habla de apreciación o valoración de la prueba se comprende su estudio crítico en conjunto, tanto de los varios medios aportados por una parte para demostrar sus alegaciones de hecho, como de los que la otra adujo para desvirtuarlos u oponer otros hechos...' (cfr. 'Teoría general de la prueba judicial”' - T. I. - pág. 287), dicha actividad valorativa, en suma, es lo que se ha dado en llamar el método reconstructivo de apreciación conforme las reglas de la sana crítica.
En el presente caso es la concurrencia de varios factores, precisos y concordantes, los cuales han sido expuestos a lo largo del decisorio, los que llevan a formar la convicción de hallarse en presencia de operaciones fraguadas por la apelante para disminuir la carga fiscal que le corresponde soportar.
VIII. Ello así, y toda vez que la actora no ha logrado desacreditar las conclusiones a las que arribará la inspección realizada, corresponde admitir el criterio fiscal y confirmar la determinación apelada en autos, con costas.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos y a las conclusiones a las que arriba la Dra. Gómez.
En efecto, en atención a lo expuesto, el tema en debate queda circunscripto a una cuestión de hecho y prueba, a fin de establecer con un grado de certeza la realidad de los hechos tenidos en cuenta por la administración y negados por la recurrente. En efecto, corresponde al actor acreditar fehacientemente la existencia de las operaciones comerciales, por distintas vías, en orden a destruir los fundados elementos colectados por la administración.
En tal sentido, preciso es recordar lo sostenido por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa “Romane SA c/DGI s/recurso directo de organismo externo” de fecha 29/10/2015 en donde se señaló que “... ante las fundadas observaciones efectuadas por el Fisco, pesaba sobre la parte actora, la demostración de la existencia y veracidad de las operaciones cuestionadas, refutando adecuadamente el contenido de la impugnación fiscal, a lo que debe añadirse que, los documentos ofrecidos en sustento de la veracidad de las operaciones carecen de virtualidad para demostrarla y exigen de la utilización de otros medios probatorios para comprobar la existencia de las negociaciones (conf. esta Sala, Causa Nº43037/2011, in re “Lim Sur SA (TF 24762-I) C/DGI”, del 20/11/2012; Causa Nº 7795/08, in re “Molinos Rio de la Plata S.A. c/ E.N.- AFIP DGI- Resol 370/08 s/ DGI”, del 03/04/12; y Sala II, Causa Nº32.350/2012, in re “Toledo Pedro Roque (TF 29.171-I) c/ DGI”, del 29/11/2012).
“....que no basta para contradecir las conclusiones del acto determinativo la mera demostración del cumplimiento de recaudos formales de orden documental o contable, sino que es menester que el contribuyente aporte elementos concretos y contundentes que acrediten la veracidad de tales operaciones (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de la Plata S.A. c/ AFIP DGI (Resol 247/06) s/ proceso de conocimiento”, del 3-7-12; y “Cereales Acebal S.A. c/ AFIP (TF 30769-I) c/ DGI”, del 11-9-12; en el mismo sentido, CNACAF, Sala I, causa “Nidera SA”, expte. nro. 41858/2005, del 20/03/2012 y Sala IV, causa “Agrocomercial Ramallo SA”, expte. nro. 5341/2015, sentencia del 11/08/2015, entre muchos otros)”.
En esa inteligencia resulta pertinente destacar que la defensa de la recurrente se centra, fundamentalmente, en sostener que las facturas impugnadas cumplen con los requisitos formales exigidos por la normativa vigente. Al respecto, cabe destacar que, de manera alguna puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto (en particular aquellas que se vinculan con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la firma emisora de las facturas y su inclusión en la base de datos del organismo de proveedores apócrifos). El organismo fiscal impugnó las operaciones con sus proveedores sobre la base de una serie de indicios graves y concurrentes, enumerados en el Considerando IV del Voto de la Dra. Gómez, que -en su conjunto- llevaron al juez administrativo a concluir sobre la inexistencia de las mismas.
Asimismo, no puede dejar de señalarse que dado el grado de sofisticación cada vez mayor de las maniobras utilizadas por algunos contribuyentes destinadas a evadir el impuesto debido a través del cómputo improcedente de créditos fiscales, no puede convalidarse la existencia de las operaciones discutidas únicamente porque las mismas se encuentran registradas en la contabilidad de la firma y en que las facturas que las respaldan cumplen con los recaudos exigidos por la normativa fiscal.
II. Que, finalmente, es menester traer a colación la importante doctrina sentada por esta Sala, en su anterior integración, en numerosos pronunciamientos (vid. por todos “Impulso S.A.”, 27/3/98), en la que se sostuvo que “de la de la economía propia del impuesto al valor agregado surge la “doctrina de la concurrencia de los elementos material-formales del crédito fiscal”. En efecto, para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia del aspecto material (existencia de las operaciones) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiere por expresa disposición legal).
Dicho criterio fue convalidado por Nuestro Máximo Tribunal en la causas “ADM Argentina SA” y “Molinos Rio de la Plata S.A.” de fechas 10 de marzo de 2015 y 25 de agosto de 2015, respectivamente, en donde se estableció que “...a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente”.
En ese contexto, corresponde al actor acreditar fehacientemente la existencia de las operaciones comerciales, por distintas vías, independientemente de la identidad del presunto proveedor. Circunstancia que, como queda claramente explicado en el análisis de las pruebas arrimadas por la recurrente en el voto de la Vocal preopinante, no ha logrado aportar elementos que desvirtúen las probanzas recopiladas durante la fiscalización, razón por la cual, sólo cabe confirmar el criterio fiscal.
El Dr. Marchevsky dijo:
I.-Que adhiere al relato de los hechos y a las conclusiones a las que arriba la jueza instructora admitiendo el criterio fiscal y confirmando la determinación fiscal apelada en autos con costas.
II.-Como hemos sostenido en nuestro voto en la causa Arre Beef S.A., al que remitimos en mérito a la brevedad del presente, debe destacarse que la mera existencia de facturas en legal forma no habilita, sin más, el cómputo del crédito fiscal. Con sólo observar el texto del artículo 12 de la ley de IVA se puede apreciar la evidente intención del legislador de resguardar la determinación final del gravamen imponiendo una serie de requisitos y condiciones para que el crédito fiscal pueda ser computado como tal por el contribuyente. Así encontramos que, entre el propio artículo 12 y otras normas complementarias, dicho cómputo está sujeto a: a) que sea imputable al período fiscal en que hubiera sido facturado y discriminado; b) que se encuentre facturado y discriminado en la factura o el documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas cualquiera que fuese la etapa de su aplicación; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que la cancelación de la operación se instrumente a través de determinados medios de pago; h) que las operaciones que originan crédito fiscal hubieran generado para el vendedor, importador, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Que como puede colegirse, se trata de una serie de requisitos concurrentes de tipo formal algunos y de tipo material otros, inscribiéndose entre estos últimos la generación del débito fiscal en cabeza del sujeto que emite la factura, lo que no hace más que garantizar la característica de un impuesto plurifásico no acumulativo como el tratado.
Que esta modificación legal data de 1990 y recepta los argumentos de los Dictámenes 35/84 y 22/85 – DATJ- que cuestionaban que la simple emisión de una factura, aunque cumpliera con los requisitos legales, pudiera acordar válidamente un crédito fiscal al comprador.
Que hasta la citada modificación legal la propia Corte - Industrias Electrónicas Radio Serra S.A.- sustentaba la impugnación de créditos fiscales amparándose en el principio de la realidad económica para no hacer lugar a cómputos de créditos sin el correlato de una operación explícita que hubiera generado el débito pertinente. En este sentido, la Sala V de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo en la causa "Barreré y Asociados Soc. De Hecho" de fecha 24/06/05, ha sostenido que para que se pueda reconocer al contribuyente el crédito fiscal, éste debe probar, entre otras cosas, la real existencia de las compras efectuadas, con sus correspondientes facturas donde el impuesto se encuentra discriminado.
Dicho criterio fue reafirmado por la Corte Suprema de la Nación en las causas "Stopcar S.A." y "Feretti, Félix Eduardo" de fechas 21/08/13 y 10/03/15, respectivamente.
No pasa inadvertido que de las constancias de la causa surgen serias irregularidades en cabeza de los proveedores, suficientemente detallados en el voto de la Dra Gómez que fulminan cualquier intento de ser soslayados por parte de la actora.
Que cabe añadir que en mi análisis de las presentes actuaciones no se ha considerado relevante que los proveedores figurasen o no en la base APOC al momento de las operaciones cuestionadas ni que contasen con autorización para emitir comprobantes, pues lo concreto y decisivo es que, al demostrarse los extremos que tornan inverosímiles las operaciones, la inclusión o no del proveedor en la citada base, no comporta un factor que permita sortear los datos obtenidos y menos aún prescindir de la realidad que implica la imposibilidad de la concreta realización de las mismas.
Por ello, SE
Confirmar la resolución apelada en autos, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas acompañadas y archívese. Date: 2022.02.25 14:18:44 -03:00 Date: 2022.02.25 14:24:40 -03:00 Laura Amalia Guzman Ruben Alberto Marchevsky Vocal Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.02.25 14:44:50 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.02.25 14:44:50 -03:00
Fin de la sentencia