Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa 3395
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA) Receptar los recursos de apelación interpuestos por la accionante, y rechazar, en cambio, el interpuesto por la parte demandada, y en consecuencia;
B) Declarar la nulidad de las asambleas ordinarias de accionistas celebradas en fecha 24/04/2008 y 15/09/2009 (arts. 1, 66, 70, 251, 261 de la L.S.C.; 622, 1050 y 1071 del C.C. de Velez; 7, 9, 10, 390 y 768 del nuevo C.C. y C.; 358,375, 384 y ccs. del C.P.C.C.).
C) Ordenar la restitución por parte de los directores a la sociedad, del importe cobrado en exceso por la retribución del ejercicio económico cerrado el 30/06/2009, que asciende a la suma de $ 188.501,30, a la que deberá adicionarse los intereses liquidados según la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Pcia. de Bs. As. en sus depósitos a treinta (30) días (arts. 251, 261 de la L.S.C.; 1050 del C.C. de Velez; 390 del nuevo C.C. y C.).
D) Remover del directorio a María Elsa Cogorno, Evelia E. Brassara, Roberto Jorge Riva y Daniel P. Riva; y del ejercicio de la sindicatura al contador Nestor Palma (arts. 264, 281, 286, 298 de la L.S.C.).
E) Imponer las costas de ambas instancias a los demandados (art. 68 del C.P.C.C.).
F) Diferir honorarios para su oportunidad (doctr. art. 31 de la ley 8.904).
N° Orden: 2 Libro de Sentencia Nº: 58 /NIN, a los 2 días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín Doctores RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, GASTON MARIO VOLTA Y JUAN JOSE GUARDIOLA, en causa Nº JU-3395-2009 caratulada: "COGORNO MARIA ELENA C/ JUNARSA SOCIEDAD ANONIMA Y OTROS S/ SOCIEDADES.ACCIONES DERIVADAS DEL DERECHO DE", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola, Volta y Castro Durán.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
I.A. La sentencia dictada en el expediente nro. 3285-2008 A fs. 554/565 la Jueza de primera instancia rechazó la pretensión deducida por María Elena Cogorno de Piegari contra Junarsa S.A., María Elsa Cogorno, Evelia E. Brassara, Roberto Jorge Riva y Daniel P. Riva, con el objeto de que se declare la nulidad de la asamblea general ordinaria de la sociedad Junarsa S.A. del 24-4-2008, y de las decisiones asamblearias adoptadas en el punto 4o. al 8vo del orden del día, y la remoción de los integrantes del directorio. Impuso las costas a la actora y difirió la regulación de los honorarios a los profesionales intervinientes. Para resolver de tal modo, la Dra. Laura J. Panizza, luego de recordar los recaudos de procedencia de este tipo de acciones, y el criterio restrictivo que debe seguirse en la apreciación de la prueba, abordó el tratamiento de los vicios o defectos invocados actoralmente, a saber: - Convocatoria de la asamblea: explicó que fue realizada mediante la publicación en el Boletín Oficial el 28-3-2008, dentro del término de 4 meses desde el cierre del ejercicio - 30-11-2007-
conforme lo prevé el estatuto y el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales (en adelante LSC), señalando también, que existe diferencia entre convocatoria y celebración de la asamblea, y que la obligación legal está dada por la mera convocatoria sin que resulte imprescindible que la asamblea tenga lugar dentro de los cuatro meses del cierre del ejercicio, pudiendo celebrarse con posterioridad.
- Cuenta directores y accionistas: resaltó que la distribución de dividendos está asentada en los libros, así como el listado de cuenta corriente histórico. Que no se acreditan irregularidades, y dijo, además, que habiéndose afirmado en la asamblea que la documentación estuvo a disposición de los socios con la anticipación debida, lo que fue aprobado por unanimidad, no resulta factible el argumento expuesto respecto a la lesión al derecho a la información de los estados contables.
- Política de distribución de dividendos y reserva facultativa: señaló que la constitución de éstas últimas se encuentra prevista en el estatuto “siempre que sean razonables y respondan al criterio de una prudente administración o al destino que en definitiva determina la asamblea”. También expuso que, en base a la pericia, la constitución de reservas ha sido política de la sociedad desde el año 1.991, y que las utilidades distribuidas -40,04%- no han sido inferiores a las de períodos anteriores como alega la actora, sino por el contrario ha sido mayor.
- Resultado acumulado y remanente de $ 7.209.880,31: que planteara mociones contrapuestas en la asamblea –distribución total o reserva-, explicó que la cuenta resultados no asignados es una práctica común de las S.A., en aras de autofinanciarse e incrementar el patrimonio neto, como se demuestra con la inexistencia de crédito bancario en el período 99/07. Sin que de la prueba producida pueda extraerse un abuso de poder en este punto.
- Determinación de los honorarios de los Directores: luego de reiterar el límite legal y estatutario del 25%, detalló que el total de los rubros para el periodo cerrado el 30/11/07 es de $378.503,54 que representa, según la pericia, un 12,63% de las ganancias, concluyendo que no se ha superado el límite legal.
- Aprobación de la actuación de Directores y el síndico: no consideró acreditado que exista un interés contrario de los directores con el de la sociedad, y resaltó que la mayoría obtenida, igualmente se mantendría en el supuesto de restar los votos individualmente. No abordó el planteo referido al síndico por no haber sido demandado.
- Elección de directores y síndico: la consideró realizada conforme a lo previsto en el estatuto.
- Pago de dividendos: dijo que el estatuto contempla que deben ser pagados los dividendos dentro del año de su sanción, por lo cual, el pago realizado el 11-6-08 se ajusta a ello.
- Remoción: por los fundamentos dados, aun considerando admisible la solicitud sin anteponer la vía societaria, no encontró demostradas las causales que se invocan.
I.B. Los agravios propuestos por la parte actora en el expte. 3285/2008 Apeló el pronunciamiento la accionante a fs. 567, y habiéndose concedido libremente el recurso, fueron elevadas las actuaciones a esta instancia, donde a fs. 605/626 presentó memorial, exponiendo los siguientes agravios:
- Afirmó que la prueba de resistencia –no computar los votos inválidamente emitidos y constatar si con el remanente pudo aprobarse la decisión- no es aplicable al caso de autos, en donde la impugnación está basada en un abuso de la mayoría, y en la violación del deber de lealtad por parte de los administradores, lo que configuraría un vicio que afecta el objeto. Aclaró en la demanda se denunciaron una serie de conductas lesivas que sirven de fundamento para la invalidez de la aprobación de la gestión de los directores, su reelección y determinar su remoción:
1. Convocatoria fuera de plazo: sostuvo que los directores intentaron practicar una asamblea sin accionistas y esta vez no lo lograron por la conducta de su mandante.
2. Violación del derecho a la información: el suministro extemporáneo de información no cubre adecuadamente el deber de diligencia de los directores. Destacó la carta documento del 27-3-2008 remitida por el presidente de la sociedad señalando que “cualquier otra información o explicación adicional que requiera se encuentra a su disposición, como siempre”, y concluyó que mal puede considerarse satisfecho el derecho a la información si el requerimiento no fue respondido antes de la asamblea, y si en la asamblea lo informado no fue completo (en referencia a la causa de la cuenta “Directores y accionistas” y el origen de las “reservas voluntarias”).
3. Deslealtad de los directores en la votación concerniente a su gestión y remuneración, siendo irrelevante el resultado aritmético de la evolución, cuando existe un vicio en el objeto, como también consideró irrelevante, si la abstención de cada directores es personal o si cada director debe abstenerse de votar la gestión de los demás directores.
4. Haber propuesto a la asamblea una distribución de ganancias violatoria de los parámetros legales, y omitido alguna consideración sobre el destino de las reservas voluntarias.
- En cuanto a la consideración, por parte de la asamblea, de la distribución de los resultados, en particular, la decisión de mantener en la cuenta de “resultados no asignados” un saldo de 7.209.880,31 y también sin distribución la “reserva voluntaria” –remanente de resultados de ejercicios anteriores- por la suma de $3.063.760: afirmó que comporta una violación a los arts. 66 inc. 3º y 70 de la LSC, porque si bien se puede suspender el pago de dividendos, esa decisión no es discrecional para el órgano de gobierno, sino que requiere que sea razonable, responda a una prudente administración y que la memoria justifique la concurrencia de tales recaudos en el caso concreto, y en este caso, de la memoria se desprende que tal recaudo no fue respetado, lo que fue soslayado en el fallo en revisión.
También destacó: que considerando los últimos 7 ejercicios, en el que Roberto Riva fue presidente del directorio, en promedio de distribución de resultados es del 26,17%; que aun cuando sea una práctica de las S.A., como dice el fallo, es contraria a normas imperativas del ordenamiento legal; que el argumento referido a la ausencia de crédito bancario y autofinanciamiento es absurdo, afirmando que nadie constituiría una sociedad si quedara expuesto a soportar que los directores decidieran no tener trato con los bancos –lo que sería atendible en una economía pastoril y de trueque pero una dislate en el capitalismo de hoy- y comenzaran a proponer a la asamblea dejar de pagar dividendos sin explicación alguna para justificarlo. También priva de validez el razonamiento del a-quo, el curso posterior de los acontecimientos, porque de las últimas tres asambleas celebradas (1-11-2014, 21-3-2015 y 4-7-2015) surge que la sociedad ha quedado sin actividad, con pérdidas, sin distribuir utilidades, y en estado de cesación de pagos.
Sobre la elección de directores y síndicos (puntos 7º y 8º del orden del día), y su remoción: expuso que ha quedado demostrado que aquellos se habían comportado completamente fuera del standard de lealtad y diligencia consagrado por el art. 59 de LSC, y el síndico ha consentido esas irregularidades e inconductas.
Corrido el traslado de la reseñada fundamentación, fue replicada por Junarsa S.A. a fs. 647/651, propiciando el rechazo del recurso, al que adhirieron Daniel Pablo y Roberto Jorge Riva a fs. 652.
A fs. 653 se admitió la prueba documental acompañada por el accionante, luego de lo cual, a fs. 664 se dictó el llamado de autos para sentencia, quedando las actuaciones en condición de ser resueltas (art. 263 del C.P.C.C.).
II. A. La sentencia dictada en el expediente nro. 3395-2008 A fs. 637/646 la Jueza de primera instancia rechazó la pretensión deducida por María Elena Cogorno de Piegari contra Junarsa S.A., María Elsa Cogorno, Evelia E. Brassara, Roberto Jorge Riva, Daniel P. Riva y Néstor Mario Palma, con el objeto de que se remueva a los integrantes del directorio y síndico de la sociedad Junarsa S.A. Impuso las costas a la actora y difirió la regulación de los honorarios a los profesionales intervinientes.
Para resolver de tal modo, la Dra. Panizza, señaló que el análisis de las causales de remoción invocadas debe realizar sin afectar las decisiones de la asamblea ordinaria celebrada el 17/2/2009, que no ha sido impugnada.
Sentado ello, pasó al tratamiento de las causales alegadas, a saber: - Modalidad de convocatoria: señaló que la misma actora allega copia de la publicación, y del acta de asamblea, por lo que mal puede aducir la falta de notificación.
- Derecho a la información: no se ha demostrado que la documentación no estuvo a disposición en la sede social, con 15 días de anticipación a la asamblea, ni que la imposibilidad de procurárselo haya impedido ejercer en término la acción de impugnación. Y que el intercambio epistolar posterior no es demostrativo de la infracción, dado que le fue respondido que los libros estuvieron a su disposición. - Política de dividendos restringida: explicó que la constitución de reservas está previsto en el estatuto, y que la accionante históricamente consintió ese proceder. Además, señaló que en la asamblea se mantienen “como reserva para afrontar la situación de crisis del mercado con adecuado capital de giro” y que en la memoria se solicita “un tratamiento prudente y criterioso de los resultados no asignados para mantener el fortalecimiento patrimonial de la empresa, satisfacer las expectativas de los accionistas y motivar e incentivar la gestión de los miembros del directorio”.
- Pago del dividendo: expuso que de la pericia surge que se efectuó en la cuenta corriente y en término.
- Honorarios: entendió que son cuestiones no pasibles de revisión. Igualmente, de la pericia contable surge que el importe solo representa 13.93 %, no superando los límites legales ni del estatuto.
- Síndico: sostuvo que, según las normas sobre Auditoría Externa de Información Contable de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de ciencias económicas y la pericia contable producida, no son incompatibles las tareas realizadas como contador, con la de síndico y auditor externo. Agregó también que en la práctica es frecuente esa acumulación.
En conclusión, consideró que no se ha acreditado que las causas alegadas por la actora den lugar a la remoción pretendida.
II. B. Los agravios propuestos por la parte actora en el expte. 3395/2009.
Apeló el pronunciamiento la accionante a fs 647, y habiéndose concedido libremente el recurso, fueron elevadas las actuaciones a esta instancia, donde a fs. 689/716 presentó memorial, exponiendo los siguientes agravios:
- Primeramente, aclaró que el hecho de no haber sido atacadas de nulidad las decisiones de la asamblea del 17-2-2009 y las causales de remoción alegadas, son dos cuestiones diferentes.
Las violaciones legales existieron, y aun cuando no sirvan de fundamento de la nulidad, sirven para demostrar que los directores no obraron con lealtad.
- Derecho a la información: sostuvo que los hechos acreditados demuestran que hubo un propósito de obstruir el ejercicio de sus derechos, particularmente, su derecho a accionar por nulidad las resoluciones de la Asamblea 17-2-2009. Seguidamente, reitera, en orden cronológico el intercambio epistolar posterior a aquella asamblea, poniendo de resalto que la última misiva, fue respondida por el síndico una vez vencido el plazo de caducidad de la acción, y un mes después de requerida la información contable “con la mayor rapidez posible”, mientras que el presidente nunca contestó. Actitud que incontrastablemente descalifican la lealtad y diligencia del síndico y del director y justifican su remoción de esos cargos.
- Política restringida de dividendos: argumentó que la referencia de la sentenciante a la histórica conformidad de su mandante no brinda suficiente fundamento para denegar la remoción, ya que la LSC impone imperativamente una serie de requisitos para la supresión del derecho de los accionistas al dividendo, y que la pasividad o silencio frente a ilegalidades del pasado no veda la oposición a nuevas violaciones de la ley. Asimismo, reiteró que la limitación en la distribución de resultados, es excepcional, y requiere que sea razonable, responda a una prudente administración y que la memoria justifique la concurrencia de tales recaudos en el caso concreto, y la a-quo nada dijo sobre la no fundamentación de la retención de utilidades, y del destino de la reserva voluntaria existente.
- Honorarios de directores: afirmó que el tope legal del art. 261 de la LSC fue incorrectamente aplicado, toda vez que para el caso de que no se distribuyan la totalidad de ganancias, se aplica un piso del 5%, que se incrementa proporcionalmente, en relación a los dividendos distribuidos, hasta llegar a un tope de 25%, operación matemática que en el caso nos da un tope de 9.294%, por lo que la suma percibida por los directores, lo supera en $129.556,17. Se agrava la situación descripta, porque los directores accionistas votaron sus propios honorarios, en violación al art. 248 de la LSC. - Incompatibilidad del síndico para desempeñarse como auditor y contador certificante de los estados contables: en este punto, destacó que existen otros aspectos que el fallo omitió y que demuestran la irregularidad de la conducta del síndico y justifican su remoción (contestación extemporánea del pedido de información contable, omisión y convalidación de las infracciones de los directores sobre la política de dividendos, reservas y la fijación de honorarios, y sobre la violación por parte de aquellos del art. 241 de LSC). Volviendo sobre el tema específico de la incompatibilidad, puso de resalto que las normas técnicas citadas por la a-quo no son normas jurídicas, sino meras normas o códigos privados para supuestas buenas prácticas contables, que como es lógico, proviniendo de organismos gremiales, son parciales y tienden a la ampliación de las incumbencias. Reiteró que las normas no son siquiera de rango inferior a la LSC, por lo que debe aplicarse el art. 286 inc.2º que prohíbe que los síndicos sean empleados de la sociedad, señalando además, que el término empleado debe ser interpretado con amplitud de acuerdo a la télesis de la norma –que persigue asegurar la independencia de la sindicatura- y obviamente, que no puede ser independiente el síndico que tiene esa relación de permanente vinculación con la sociedad, con asesoramiento permanente, emite dictamen de auditoria y certifica los estados contables y cobra por ello las remuneraciones que negocia con el directorio de la sociedad.
- Planteos no tratados en el fallo: expuso que el a-quo no abordó diversos planteos, erróneamente, y seguramente por no haber distinguido que esas infracciones se constituían en causales de remoción y no de una acción de nulidad no deducida. Entre las cuestiones omitidas, señaló: la inobservancia de los arts. 241 y 284, en particular del director Daniel Pablo Riva, al ejercer la presentación de la Sucesión de Romualdo Riva, causal que es extensiva al síndico por omitir reparos u objeción a tales conductas; omisión de impugnar, los directores y el síndico, las resoluciones asamblearias adoptadas en violación de la ley. Corrido el traslado de la reseñada fundamentación, fue replicada por Mario Palma a fs. 741/743, quien postula que la remoción de los directores es abstracta al haberse resuelto con posterioridad la liquidación de la sociedad, y en subsidio, el rechazo del recurso, Junarsa S.A. a fs. 744/747, quien la desestimación de los agravios, y Daniel Pablo y Roberto Jorge Riva, a fs. 648, quienes adhirieron a lo expresado por Junarsa S.A. A fs. 749 se admitió la prueba documental acompañada por el accionante, luego de lo cual, a fs. 761 se dictó el llamado de autos para sentencia, quedando las actuaciones en condición de ser resueltas (art. 263 del C.P.C.C.).
III.A. La sentencia dictada en el expediente nro. 7223-2009 A fs. 532/545 la Jueza de primera instancia, por un lado, rechazó la pretensión deducida por María Elena Cogorno de Piegari contra Junarsa S.A., María Elsa Cogorno, Evelia E. Brassara, Roberto Jorge Riva, Daniel P. Riva y Néstor Mario Palma con el objeto de que se declare la nulidad de la asamblea general ordinaria de la sociedad Junarsa S.A. del 15-9-2009, y la remoción de los integrantes del directorio y el síndico; por otro lado, admitió parcialmente la impugnación referida a los honorarios fijados en el punto 3 del orden del día por encima del límite legal, con el efecto de la deducción del importe aprobado en exceso de $ 125.279,67 respecto de las remuneraciones de los Directores y Síndico a los fines de su reingreso a las utilidades societarias con relación al ejercicio cerrado al 30-6-09. Impuso las costas a la actora por la pretensión desestimada, y a los demandados en la parte que prospero. Por último, difirió la regulación de los honorarios a los profesionales intervinientes.
Para resolver de tal modo, la Dra. Laura J. Panizza, abordó el tratamiento de los vicios o defectos invocados actoralmente, señalando, en lo que a los recursos interesa, lo siguiente:
- Gestión individual de directores y síndico: que no se presentan ninguno de los supuestos de los arts. 271 a 273 de LSC, que no han sido motivo del orden del día. Igualmente, explicó que la mayoría se mantendría aun excluyendo los votos de los restantes directores, y que la votación por separado no está vedada por la ley ni estatutos.
En relación a la suc. Romualdo Riva, y su representación por Daniel Riva, señaló que se trata de una representación unificada del sucesorio, que no es el caso previsto por el art. 239 respecto a los mandatos voluntarios.
- Distribución de resultados: luego de recordar que la cuenta resultados no asignados fue previamente capitalizada, en otra asamblea no impugnada, citó las nuevas disposiciones estatuarias según las cuales las reservas facultativas quedan supeditadas a la Asamblea, que en este caso receptó favorablemente su constitución, sin que se haya producido prueba tendiente a desvirtuar esa voluntad social.
- Honorarios de directores: recordó que se aprobó por tal concepto la suma de $240.000, que representa un 52,3% de las utilidades del período, y sumados los sueldos y honorarios por dedicación exclusiva, totalizan la suma de $ 284.690,34, que representa el 62,04% de las ganancias, superando el límite legal. Además, dijo que al decidirse la superación del límite, votaron los directores, con interés contrario a la sociedad. Por lo cual, ordenó devolver el excedente de $152.279.67, más un interés calculado en base a la tasa pasiva que cobra el Banco de la Provincia de Bs.As.
- Elección del síndico: sostuvo que la elección fue realizada dentro del marco normativo, y reitero lo expuesto en el fallo precedente respecto a la compatibilidad le la función de contador y síndico.
- Remoción: no consideró acreditadas las causales invocadas.
III. Los agravios propuestos en el expte. 7223/2009 Apelaron el pronunciamiento todas partes (a fs. 546, 547, 557 y 559 accionante a fs. 567, y habiéndose concedido libremente los recursos, fueron elevadas las actuaciones a esta instancia, en donde a fs. 587/619 presentó memorial la accionante, a fs. 624/629 Junarsa S.A., a fs. 630 Néstor Mario Palma y a fs. 631 Daniel Pablo y Roberto Jorge Riva (estos últimos adhiriendo a lo expuesto por la sociedad).
III.B. Agravios de la parte actora.
- Primeramente, aclaró que el análisis de las causales de nulidad y remoción debe ser diferente, porque aunque cuando no prosperara la nulidad de alguna o algunas resoluciones, y aunque los fundamentos sean los mismos, ello no puede conducir automáticamente al rechazo de la remoción.
- Aprobación de la gestión del directorio: sostuvo que el pronunciamiento resulta equivocado, al admitir la consideración en forma separada de individual de la gestión de los directores, porque el directorio es un órgano –con responsabilidad solidaria entre sus integrantes- y porque no se ha dado la asignación de funciones en forma personal, y las supuestas tareas técnico administrativas diferenciadas sin la menor duda no existieron, si se repara que dos de las directoras –Evelia Brassara y María Elsa Cogorno son personas mayores de 80 años que no concurren a la sede social.
También resulta equivocado que el art. 241 de la LSC, solo se aplique a los supuestos de los arts. 271 a 273 y no a la gestión ordinaria de los directores. De otro modo, se produce una viciosa extinción de la responsabilidad en perjuicio de la sociedad y de los accionistas, en virtud del accionar mancomunado de votos cruzados, en el que cada director, se abstiene el que a sí mismo concierne, pero vota la aprobación de la gestión de los restantes. Agrega que ello no se ve mitigado por el hecho de que aritméticamente la gestión igual hubiera sido aprobada, porque la decisión porta un vicio en su objeto, que viene dado por la deslealtad de los directores y el abuso de la mayoría.
En relación al voto de Daniel Pablo Riva reitero que por vía del art. 239 se ha violado el art. 241, al votar como representante de la sucesión de Romualdo Riva.
Distribución de resultados: allí reiteró, que la LSC impone imperativamente una serie de requisitos para la supresión del derecho de los accionistas al dividendo, que la limitación en la distribución de resultados, es excepcional, y requiere que sea razonable, responda a una prudente administración y que la memoria justifique la concurrencia de tales recaudos en el caso concreto, y que la mención de que las reserva “es razonable” y que “median razones de prudente administración que aconsejan…” es un cliché ritual que solamente repite el texto legal y no constituye una explicación razonada ni justificación de su constitución. Agregó que aunque pueda considerarse a la constitución de reservas como una práctica habitual de las S.A, como dice el fallo, sería contraria a normas imperativas del ordenamiento legal.
También se detuvo en la consideración de la incidencia del aumento de capital decidido en la asamblea del 10-10-2008, dando a las ganancias retenidas uno de los destinos previstos por la ley, argumentando que no ello no puede sanear ex post facto la primigenia invalidez de las decisiones sobre destinación de ganancias a “resultados no asignados”, que la invocación de la necesidad de traslado de la planta es una razón sobreviniente –que los hechos posteriores demostraron que ha sido falsa-,y que además, la capitalización fue forzada por los conflictos en el que su mandante comenzó a expresar disconformidad con el tratamiento de los resultados, y dadas esas mismas circunstancias, constituyó el medio alternativo para seguir privándolo de sus derechos.
- Honorarios de directores: afirmó que el tope legal del art. 261 de la LSC fue incorrectamente aplicado, toda vez que para el caso de que no se distribuyan la totalidad de ganancias, se aplica un piso del 5%, que se incrementa proporcionalmente, en relación a los dividendos distribuidos, hasta llegar a un tope de 25%, operación matemática que en el caso nos da un tope de 9.35%, por lo que la suma percibida por los directores, lo supera en $197.094,60.
- Tasa de interés de la suma ordenada a restituir: sostuvo que la tasa pasiva es un premio a la mala fe de los directores.
- Elección del síndico: en este aspecto reiteró lo expuesto en los expedientes anteriores en relación a la incompatibilidad para desempeñarse como auditor y contador certificante de los estados contables; y también destacó que existen otros aspectos que el fallo omitió y que demuestran la irregularidad de la conducta del síndico y justifican su remoción (omisión y convalidación de las infracciones de los directores sobre la política de dividendos, reservas y la fijación de honorarios, y sobre la violación por parte de aquellos del art. 241 de LSC).
- Remoción de los directores y síndico: expuso, al igual que en los restantes expediente, que ha quedado demostrado que aquellos se habían comportado completamente fuera del standard de lealtad y diligencia consagrado por el art. 59 de LSC, y el síndico ha consentido esas irregularidades e inconductas.
III.C Agravios de los demandados Cuestionaron la condena a restituir parte de los honorarios de los directores, explicando que:
-En primer lugar, la suma de $284.690,34 es comprensiva de los honorarios de los directores y del síndico, pero los honorarios de éste último no están incluidos en el art. 261 de la LSC. Entonces, detrayendo sus honorarios, la suma de condena bajaría a $ 78.695,70.
-En segundo lugar, en el fallo se hace referencia a comisiones especiales o funciones técnico administrativas “de carácter no permanente”, calificación que no hace el art. 261 de la LSC, y que es irrazonable, arbitraria y contradictoria, porque la norma habla de toda comisión o función permanente o no; de lo contrario, quien realiza tareas no permanentes por sobre las propias y naturales de dirección, ante la inexistencia de ganancias no tendría derecho a sobrepasar el límite. -En tercer lugar, que el voto del director sobre su propia remuneración no hace impugnable la decisión si no hay perjuicio real y tangible a la sociedad o no es desproporcionada con la tarea cumplida. También destaco que sin el voto de los directores la decisión igualmente se habría aprobado, y no se ha probado que existe daño.
- En cuarto lugar, afirmó que en el proceso se ha violado el principio de buena fe, si se admite que la actora pueda ir contra sus propios actos, ya que olvida que aprobó esa remuneración en los ejercicios del año 2.000 y 2.001, años que sin dividendos, la actora consintió la remuneración fijada a los directores.
- Por último, reiteró que no se ha acreditado el daño a la sociedad, ni a la actora, y que debió probarse que el tope del 25% era suficiente para retribuir satisfactoriamente las tareas.
Corrido el traslado de los memoriales, fueron replicados a fs. 652/657 por la actora, a fs. 658/660 por el codemando Palma, a fs. 661/664 por Junarsa S.A., y a fs. 665 por Daniel Pablo y Roberto Jorge Riva, quienes adhieren a lo expresado por Junarsa.
A fs. 666 se admitió la prueba documental acompañada por el accionante, luego de lo cual, a fs. 677 se dictó el llamado de autos para sentencia, quedando las actuaciones en condición de ser resueltas (art. 263 del C.P.C.C.).
IV. Las cuestiones comunes a todos los expedientes Inicialmente, debo aclarar que los tres expedientes, cuyas sentencias y agravios se han reseñado, en rigor de verdad, se encuentran acumulados -ver fs. 301 y vta. del proceso nro. 7223-, circunstancia que impone, como bien se explica en dicha resolución, el dictado de una única sentencia (art. 194 del C.P.C.C.).
Teniendo en cuenta que existen agravios que se vinculan a los tres expedientes, los abordaré en forma conjunta, y luego, me detendré, puntualmente, en su incidencia en cada uno de los procesos.
Ello, sin perder de vista que la CSJN ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, etc.) y que tampoco tiene el deber de ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (Fallos 274:113; 280:3201; 144:611), paso a ocuparme de las alegaciones que sean conducentes para decidir este conflicto, inclinándome por los medios probatorios que produzcan mayor convicción. En otras palabras, se considerarán los hechos que Aragoneses Alonso llama "jurídicamente relevantes" (su obra "Proceso y derecho procesal", Ed. Aguilar, Madrid, 1960, p. 971, párr. 1527), o "singularmente trascendentes" como los denomina Calamandrei (“La génesis lógica de la sentencia civil", en "Estudios sobre el proceso civil", ps. 369 y ss.).
IV. A. La política de retención de dividendos El derecho al dividendo es considerado por la doctrina como el más importante de los derechos de carácter patrimonial que corresponde a los accionistas de las sociedades anónimas.
Es que, la causa fin de la sociedad conforme el art. 1 de la LSC consiste en la asociación de personas para efectuar aportes destinados a la producción o intercambio de bienes o servicios para participar de las ganancias y soportar las pérdidas. De allí que surja la primera consideración de que, como principio general, ante la existencia de ganancias hay que compartirlas, es decir, distribuirlas entre los accionistas (Agustina Larriera, “La obligación del directorio y la asamblea de explicar y fundar claramente la no distribución de utilidades”, publicado en LL2011-A, 542; Ricardo Olivera García, “Reponsabilidad de las mayorías por retención de dividendos”, RDCO, 1986, año 19, Ed. Depalma, págs.. 841 y ss.; Alberto Antonio Romano en “Código de Comercio comentado y anotado”, Dir. Adolfo A. N. Rouillon, Coord. Daniel D. Alonso, Ed. La Ley, T.III, año 2.006, pág. 172)
Explica Antonio Brunetti que debe distinguirse: “entre derecho de participación en las futuras ganancias de la sociedad (derecho al dividendo) y el derecho que nace de la determinación de un beneficio susceptible de ser repartido, referente a un determinado ejercicio social (crédito del dividendo). El primero es un derecho potencial que responde al objeto por el cual la sociedad fue constituida. El segundo es un derecho actual. Con anterioridad al acuerdo que lo atribuye, hay un derecho incondicional, que no puede ser modificado o limitado por sucesivas pérdidas o por sucesivos balances cerrados con déficit” (“Tratado del derecho de las sociedades”, año 1.960, T. 2 pág. 535).
Es cierto que, a rigor de verdad no existen utilidades hasta la finalización de la empresa, y la consiguiente liquidación. Más la costumbre y las necesidades prácticas han impuesto en las sociedades la distribución de utilidades al finalizar cada ejercicio, que para las anónimas es anual (Isaac Halperin, Julio C. Otaegui “Sociedades anónimas”, Ed. Depalma, año 1.998, pág.415). Por lo que puede afirmarse, sin hesitaciones, que el derecho a la distribución periódica de dividendos es un derecho inderogable de los socios, elemento esencial del contrato de sociedad (Alberto Antonio Romano, ob. cit. pág. 173).
Además, en este caso, el reconocimiento al derecho a la distribución periódica de utilidades, surge implícitamente de la propia redacción del estatuto, así, por ejemplo, el art. 26º ubicado en el capítulo V “Balances, utilidades y reservas” dice que “los ejercicios económicos terminaran el 30 de noviembre de cada año”… y luego señala que: “las utilidades realizadas y líquidas serán distribuidas como sigue: a) el dos por ciento (2%) para constituir el fondo de reserva legal, hasta completar el diez por ciento (10%) del capital suscripto. b) La suma que la asamblea fije para repartir como honorarios y/o remuneración de los directores.-c) Remuneración del síndico que resolverá la asamblea general. d. La suma que la asamblea fije para constituir fondos de reservas legales o facultativas, que creo conveniente el director proponer a la misma o está de por sí cree.-e) El saldo se distribuirá entre los accionistas como dividendo en proporción al capital integrado, o se destinará como remanente para próximos ejercicios o se le dará el destino que resuelva la asamblea general” (ver fs.55 del expte. 3285)
Lógicamente, este derecho del accionista al reparto anual de utilidades del ejercicio debe ser armonizado con el derecho, también legítimo, de la sociedad de conservar la empresa y encarar las políticas de crecimiento que se ha marcado, recurriendo para ello a la fuente de financiamiento emergente de sus propias utilidades.
Esta colisión entre los derechos e intereses sociales y los derechos e intereses particulares de los accionistas, plantea el problema de determinar cuál es el límite de la potestad de las asambleas de decidir mayoritariamente el autofinanciamiento social con recursos provenientes de la postergación en el reparto anual de los dividendos correspondientes a los accionistas (conf. Olivera García, ob. cit. pág. 846).
La decisión sobre el destino de las utilidades corresponde a la asamblea ordinaria (art. 234 inc.1º de la LSC), y es propuesta por el directorio (art. 66 incs. 3º y 4º); y precisamente, para el caso de que se decida constituir reservas voluntarias, la ley ha previsto una serie de recaudos, cuyo cumplimiento es el quid del conflicto societario aquí planteado.
La constitución de reservas voluntarias o facultativas requiere: -Existencia de ganancias: realizadas y líquidas derivadas de estados contables aprobados;
-Cumplimiento previo de la exigencia de reserva legal y no exista pérdidas de ejercicios anteriores.
- Razonabilidad de la constitución de la reserva voluntaria: debe ser razonable y responder a un criterio de prudente administración. - Fundamentación por el órgano de administración: los administradores están obligados a incluir en la memoria una explicación clara y circunstanciada de las razones por las cuales se propone la constitución de las reservas.
Bajo el título “Consecuencias de una memoria incompleta”, explica Alberto A. Romano que: “A pesar de la precisión del art. 66 de la L.S.C. sobre el contenido de la memoria, no es infrecuente que se presente una memoria incompleta, con manifestaciones vagas sobre lo acontecido durante el ejercicio y las perspectivas futuras de la empresa. No es éste el sentido de dicho documento. Si la memoria sólo traduce manifestaciones abstractas, carentes de contenido, afecta el derecho de información de los socios y posibilita impugnar la decisión asamblearia que ha aprobado la memoria y los estados contables” (en ob. cit. pág. 167). Con similar criterio Horacio Roitman señala que: “La vaguedad, inexactitud o insuficiencia de la memoria podrá viciar de nulidad la decisión asamblearia aprobatoria de los estados contables. La memoria procura tutelar indirectamente el derecho a la información del socio y de afectarse éste por insuficiencia de la memoria podría peligrar el derecho al dividendo en su faz abstracta” (L.S.C. comentada, Ed. La Ley, T. II, año 2.006, Pág. 88).
-Aprobación por mayorías agravadas: cuando su constitución exceda el monto del capital y las reservas legales, se aplica el régimen del art. 244 de la L.S.C.
“Con estos recaudos, la ley persigue impedir la acumulación de reservas en desmedro de los accionistas ajenos al grupo controlante, grupo que obtiene remuneración de su inversión por otras vías (retribución por desempeño de cargos sociales, v.g.-art. 261-), lo que cobra mayor gravedad en las sociedades cerradas, cuyas acciones carecen de un mercado, y así se impone al accionista la enajenación a precio inferior al valor real, para recuperar –aunque sea con pérdida- un capital no fructífero” (Halperin y Otaegui, ob. cit. pág. 417).
“En este caso particular la LS procura amparar el derecho individual de los socios imponiendo pautas de condicionamiento a la voluntad social en el sentido de que toda formación de reservas (esto es, toda indisponibilidad de la utilidad) debe estar fundamentada en la “razonabilidad” y el criterio de la “prudente administración” que compete al juez determinar el caso de conflicto entre socios. De ahí deriva la posibilidad de impedir que la asamblea de accionistas decida arbitrariamente negar la distribución de dividendos” (Alfredo L. Rovira “El derecho al reparto anual de utilidades y su protección, ED-89, año 1980, págs.468 y ss.).
Una vez constituidas, la utilización de las reservas facultativas, debe ser justificada en las reuniones de socios o asambleas de accionistas posteriores, y la no afectación de las mismas al destino para el cual habían sido creadas otorga a los socios o accionistas el derecho a exigir su inmediata distribución (conf. Jorge Daniel Grispo, “La problemática de las reservas en la ley de sociedades”, publicado en LL 2004F,1281), es decir, en el caso de que no se produzca el evento que las motivó recobran su naturaleza de utilidades repartibles y pueden ser distribuidas por decisión del órgano de gobierno…producida la desafectación pueden distribuirse las mismas, las que recobran su naturaleza de utilidades. (Horacio Rotiman, “Ley de Sociedades Comerciales”, comentada, Ed. La Ley, t. II, pág. 141). En el mismo sentido, la Sala D de la Cámara Nacional Comercial ha resuelto que: “En tanto no mediaren decisiones previas que dieran destino final a las utilidades acumuladas mediante ganancias obtenidas en ejercicios cuyas actividades fueron consideradas por asambleas no impugnadas –ganadas muchos años antes- su aplicación ulterior queda librada a cada nueva asamblea anual.” (Mihura, Luis y otros c. Mandataria Rural, S.A., publicado en ED-89, 1980, 468).
Y en ese precedente, como bien pone de resalto el apelante, se presentan similares circunstancias fácticas a las debatidas en autos. Por un lado, nos encontramos con una “reserva facultativa”, que vale aclarar, ha sido constituida como tal en asambleas anteriores no impugnadas, según da cuenta la pericia contable a fs. 488/489, por la suma de $ 3.063.760, y ha mantenido su saldo íntegro hasta las asambleas impugnadas -lo que me obliga a concluir que no ha sido afectada para el destino que ha sido creada- por lo cual, como se dijo, los accionistas estaban facultados para solicitar su desafectación y distribución (como así lo hizo la actora según surge del acta de asamblea glosada a fs.233/235), y lógicamente, la asamblea, se encontraba autorizada a mantenerla, aunque, claro está, cumplimiento los requisitos que más arriba mencioné.
Lo que quiero decir es que, aun cuando la justificación se encontrase en razones de autofinanciamiento como se alegó judicialmente, lo cierto es que nada de ello se expresó ni en la memoria ni en las asambleas en cuestión, transformándose de tal modo en una retención ilegal de utilidades.
Por otro lado, también nos encontramos en las asambleas impugnadas, con el pase de utilidades a la cuenta denominada “resultados no asignados”, por la suma de $ 7.209.880, 31 en el primer ejercicio (2007), $1.493.117,63 para el segundo (2008), y de $ 95.937,28 para el tercero (recordemos que se trató de un periodo irregular de siete meses, cerrado en junio de 2009, a raíz de la modificación del estatuto). En el primer ejercicio (2007), y también en el tercero (2.009) no existe ninguna mención a la necesidad de constituir reservas o mantener resultados no asignados ni en las memorias ni en el acta de las propias Asambleas.
Si bien la memoria del primer ejercicio no ha sido acompañada, debo tener por acreditado la falta de mención sobre la retención de utilidades, al haberse afirmado ese extremo en la demanda, sin que haya sido negado o desconocido categóricamente en la contestación, por lo que en definitiva, estamos ante un hecho que no requiere prueba (Arts.358 del C.P.C.C.). Y debo reiterar, en este punto, que la jurisprudencia ha anulado asambleas ordinarias que no distribuyeron dividendos sin justificación en la memoria. Así, vgr. la sala D de la Cámara Comercial ha resuelto que: “La explicación que requiere la ley impone a los administradores que en la “memoria” desarrollen los motivos que llevan a proponer a no distribuir dividendos, y por el contrario, constituir reservas o se capitalicen las utilidades… Y como se ha referido más arriba, la memoria carece de toda referencia al tema. Por el contrario, se limita a diferir el asunto a la asamblea sin información ni recaudo alguno, lo cual vuelve palmaria la desatención legal”( “Isabella Pascual/ Bingo Caballito S.A. s/sumario” (Reg. 24.372/2000) del 21/10/2011 publicado por elDial.com – cita AA72AO)
En cambio, en el segundo ejercicio (2008), que recordemos solo interesa para la valoración de la conducta de los directores ya que no fue impugnada la asamblea, la memoria hace una genérica mención a “un tratamiento prudente y criterioso de los resultados no asignados para mantener el fortalecimiento patrimonial de la empresa, satisfacer las expectativas de los accionistas y motivar e incentivar la gestión de los miembros del directorio” (ver fs. 266), mientras que en la asamblea se expresó “manteniéndose la diferencia de 1.493.117,63 como resultado no asignado y reserva para afrontar la pública situación de crisis del mercado con adecuado capital de giro” (ver fs. 225).
Claro está que esas expresiones genéricas y abstractas no pueden considerarse un leal cumplimiento de los recaudos legales.
En este sentido, también la sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ha entendido que la mención a “la evolución del contexto macroeconómico y financiero internacional y local”, por tratarse de una expresión que, por su vaguedad y escaso contenido críticoanalítico, permite reputar prima facie incumplidos los recaudos legales (“ANSES c. EMDERSA”, 29/12/2010, publicado en: LL 25/02/2011, 3). Incluso existen autores que se han encargado de listar una serie de circunstancias que deben ser consideradas a la hora de evaluar la razonabilidad de las reservas. Así, por ejemplo Juan Ignacio Recio destaca cuestiones tales como: “las características de la sociedad, el tipo de accionistas que la integran, si se trata o no de una empresa familiar, el momento en la vida y ciclo de la empresa en que se efectúa el análisis, las decisiones atinentes al nivel de actividad, la política de dividendos seguida en ejercicios anteriores y/o trazada por el directorio, el contexto macro y microeconómico, la situación financiera de la empresa, el resultado inflacionario no reconocido de acuerdo a la normativa vigente y las proyecciones económicas y financieras para el ejercicio siguiente.” (“Criterios para evaluar la razonabilidad de las reservas facultativas” en el XI Congreso Argentino de Derecho Societario, VII Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, Mar del Plata, 2010), y Olivera García, luego de formular un listado similar, explica que: “Todas las cuestiones detalladas precedentemente presentan la característica común de obedecer a decisiones financieras razonables que buscan mantener el nivel de rentabilidad de la sociedad…En consecuencia, consideramos que nos hallaríamos ante una razonable retención de dividendos toda vez que dicha medida sea adoptada por las asambleas sobre criterios financieramente válidos, y no partiendo de la ideas más o menos difusa de que es siempre más conveniente mantener los recursos en el patrimonio social que verlos desaparecer en el patrimonio de los accionistas. Por tanto, entendemos que toda resolución asamblearia de retención de dividendos que no responda a una decisión financiera razonable debe ser tachada de ilícita, configurándose una hipótesis de abuso del derecho de los accionistas mayoritarios de formar la voluntad social.”( ob. cit. pág. 853/854).
De lo antes dicho queda en claro que la falta de explicación o justificación, en el primer y tercer ejercicio, y las abstractas, genéricas y ambiguas referencias en el restante, no pueden considerarse una explicación razonable y circunstanciada respecto a la necesidad de no distribuir resultados (Art. 66 inc. 3 y 70 de la L.S.C.).
Vale aclarar que todas estas consideraciones, referidas a la constitución de reservas facultativas, son plenamente aplicables en el supuesto de autos también para la cuenta de “resultados no asignados” que se utilizó como destino de las utilidades retenidas.
No se me escapa que el art. 66 inciso 3º de la LSC no exige, literalmente, que la memoria explique las razones por las que no se distribuyen utilidades, toda vez que sólo refiere a “las razones por las cuales se propone la constitución de reservas”, sin embargo como dije la cuenta “resultados no asignados” merece el mismo tratamiento que las reservas voluntarias, por lo que el directorio tiene la obligación de explicar y recomendar fundadamente la no distribución de utilidades (conf. Larriera, ob. cit.).
Así lo entendió, la citada Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en referencia a la “cuenta nueva” al señalar que: “Es inconcebible en el sistema económico dentro del cual se desempeña una sociedad, y gracias al cual existe, pretender retener indefinidamente como “cuenta nueva” o “reservas” las ganancias de una empresa comercial. Si tal proceder prosperara, el sistema jurídico que lo autorizara así no se distinguiría en nada de la más absoluta expropiación de todos los bienes; porque a esto se ha querido llevar el patrimonio de los socios cuya utilidad nunca era entregada…Quienes mediante la creación de reservas facultativas o el traslado a “cuenta nueva” de las utilidades de ejercicios, retacean la distribución de utilidades de una sociedad a los accionistas, movidos por artificios jurídicos y contables, destinados a ganar poder o ventajas, deberían reflexionar en la circunstancia de que si ellos soportaran tal tratamiento, no quedaría capital privado con que constituir sociedades, para lleva a cabo nuevas empresas. Los responsables de este engendro económico han actuado contra el sentido histórico del régimen cuyos instrumentos jurídicos usaron…” (fallo “Mihura c. Mandataria Rural S.A.”, ya citado); y más recientemente, al expresar que los requisitos para la constitución de reservas son plenamente aplicables, por analogía conceptual, específicamente, a la “cuenta resultados no asignados” (“ANSES c. EMDERSA”, ya citado), y también la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata en referencia a la “cuenta resultados no asignados” sostuvo que: “Si puede considerarse reservas a toda sustracción del resultado de la explotación para afrontar pérdidas eventuales previsibles (Conf. Halperin, Sociedades Anónimas, Depalma, Bs. As. 1974, p. 494), las mismas, con independencia de las clasificaciones contables que puedan hacerse teniendo en cuenta la expresión con que se las individualice en los balances, deben obedecer a las pautas de razonabilidad y prudente administración.” ("Barcio, Salvador R. c/ Hotel Las Rocas s/ incidente de apelación art. 250 del C.P.C.", del 16/10/2008).
No puedo soslayar que existe un tramo del art. 63 de la LSC, que por su redacción dio lugar a que alguna doctrina (Jorge Fushimi y Hugo Efraín Richard en “Resultados no asignados en la ley de sociedades”, publicado en LL 03/03/2010,1; Enrique Alberto Peláez, “La cuenta de resultados no asignados como destino válido del resultado del ejercicio” en el XI Congreso Argentino de Derecho Societario, VII Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, Mar del Plata, 2010) e incluso los propios demandados –al contestar la expresión de agravios- encuentren allí el fundamento legal de la cuenta “resultados no asignados”, me estoy refiriendo al apartado 2.II.C en la parte que menciona que el balance debe contener “las utilidades de ejercicios anteriores y en su caso, las pérdidas”, párrafo que los llevó a sostener, fundados en una interpretación meramente literal del mismo, que el legislador previó la posibilidad de pasar utilidades a futuros ejercicios sin necesidad de constituir reservas.
Sin embargo, como bien explica Ricardo A. Nissen (me permito la licencia de citar al letrado de la actora por ser quien mejor explica la cuestión, y además, por tratarse de un trabajo doctrinario que, vale aclarar, fue publicado muchos años antes del inicio de este pleito, lo que refuerza la objetividad del estudio): “El concepto de "utilidades diferidas y a realizar en ejercicios futuros" fue explicado por varios autores de reconocido prestigio en nuestro medio, quienes coincidieron en destacar que el dec. 9795/54 fue el antecedente de las normas contenidas en los arts. 62 a 66 de la ley 19.550. En tal sentido, explicaba Fontanarrosa que en el rubro utilidades diferidas y a realizar en ejercicios futuros, debían asentarse las rentas percibidas por anticipado y las ganancias a realizar en ejercicios futuros, derivados de operaciones de liquidación a muy largo plazo (24). Por su parte, Fowler Newton, transcribiendo la Resolución Técnica n° 1 de la FACPCE sostenía que las ganancias diferidas son aquellos resultados que, de acuerdo con prácticas arraigadas no se incluyen en las ganancias del período por estimarse que aún les falta algún requisito para su concreción. Por ejemplo, las ganancias por tenencias de cuentas en moneda extranjera. Es claro entonces que ni los antecedentes de la ley 19.550 en materia de exposición de las partidas de los estados contables ni razones jurídicas de ninguna naturaleza justifican la retención indefinida de ganancias sin el cumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 66 y 70 de la ley 19.550, pero sin embargo, no existen hoy estados contables en nuestro medio que no exhiban, dentro del estado de evolución del patrimonio neto, a las reservas legales y facultativas como cuentas diferentes de los "resultados no asignados", con lo cual, y merced a la deficiente redacción que exhiben hoy los arts. 63.2.II.c) y 64 in fine de la ley 19.550, la creatividad contable ha otorgado un instrumento que, independientemente de otros fines, permite la retención sin fundamentos de las ganancias del ejercicio y evita que la percepción de los dividendos pueda ser fundada esperanza de quienes constituyen o integran una sociedad comercial.” (“La contabilidad creativa. Algunas reflexiones sobre la cuenta de resultados no asignados del patrimonio neto y otras partidas de los estados contables”, publicado en: LA LEY2002-D, 180 - Derecho Comercial Sociedades Doctrinas Esenciales Tomo II, 01/01/2001, 535).
En el mismo sentido, explican Joaquín Garrigues y Rodrigo Uría que no puede haber retención de ganancias sin afectación específica, porque ello es contrario a la causa del contrato de sociedad y torna ilusorio el derecho esencial de los socios a participar en las ganancias sociales (conf. “Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas”, t. II, año 1976, pág.449) Tampoco encuentro un impedimento para el planteo impugnativo ensayado actoralmente, en la pasividad o consentimiento que habría tenido la accionante con esa política de distribución de dividendos en períodos anteriores, toda vez que por regla, la sola pasividad o silencio frente a ilegalidades del pasado no veda la oposición a nuevas violaciones de la ley, incluso cuando éstas sean idénticas a aquéllas (Conf. C.N.Com., Sala A, mayo 3 de 2007, "Multicanal SA c/ Supercanal Holding SA s/ sumario", www.societario.com, REDS nº 31, ref. nº 9331: Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata "Barcio, Salvador R. c/ Hotel Las Rocas s/ incidente de apelación art. 250 del C.P.C." ya citado).
No desconozco que la utilización de este tipo de cuentas –cualquiera sea la denominación que se utilice – es una práctica usual de autofinanciamiento de las sociedades en nuestro país (Juan M. Farina, “Derecho de las sociedades comerciales. Parte Especial”, ed. Astrea, año 2.011, T.2, pág.385/387) Incluso Jorge Fuschimi y Hugo Efraín Richard citan una encuesta del año 2.004, que da cuenta que el 79% del financiamiento de las empresas no financieras proviene de la reinversión de la ganancia, mientras que sólo 6,9% proviene de la financiación mediante crédito bancario (ob. cit.).
Sin embargo, que sea una práctica habitual y generalizada no significa que en todos los casos sea ajustada a derecho, lo que quiero decir es que no todo fin justifica los medios, y no cualquier práctica que se realiza con el objetivo de autofinanciamiento, pueda por esa misma razón ser legal. En este punto, no puedo dejar de remarcar que los mismos autores Fuschimi y Richard, que postulan la utilización y legalidad de esta cuenta, también proponen como prácticas legítimas de financiamiento recurrir a “los salarios de los trabajadores y los pequeños proveedores de insumos, bienes y servicios”, porque “cualquier atraso en su pago no genera el cómputo de intereses”. Independientemente de este detalle, aún la doctrina que boga a favor de este tipo de cuentas, condiciona su utilización al cumplimiento de los requisitos que más arriba desarrollamos:
Así, por ejemplo, Fuschimi y Richard explican que: “Por ello, consideramos fundamental que el socio que va a dejar depositado su dividendo eventual en la sociedad debe estar debidamente informado del sentido y la finalidad de tal decisión, y cuales son las consecuencias de la misma, como así también la forma en que se utilizará. De alguna manera, lo que se le está planteando es un sacrificio económico en beneficio de la sociedad, y para adoptar una decisión racionalmente válida se impone la necesidad de estar debidamente informado por el órgano de administración. Esta información debe estar debidamente detallada en uno de los instrumentos menos desarrollados del sistema de información contable previsto por la Ley 19.550 y sobre el que quizá menos se hace hincapié en la doctrina nacional: la memoria. El artículo 66 LSC contiene tres incisos que están directamente vinculados con la posición que sostenemos. Así tenemos: el inciso 3 que establece que debe consignarse en la Memoria: Las razones por las cuales se propone la constitución de reservas, explicadas clara y circunstanciadamente: si bien en estricto sentido los resultados no asignados no reúnen los requisitos de las reservas, en sentido amplio debemos considerarlas como utilidades reservadas, de manera que siendo —en definitiva— de la misma naturaleza ambos conceptos (constitución de reservas y conservación de las utilidades como resultados no asignados), es perfectamente lógica la idea de que la memoria debe dar razones claras y circunstanciadas por la que se propone mantener los beneficios como no asignados.” (ob. cit.).
Y también Roberto A. Muguillo señala que: “la acumulación de las ganancias en cuentas nuevas o de resultados acumulados o no distribuidos importa una adecuada política para la protección y conformación del capital de giro de la sociedad y el cumplimiento por parte del administrador de su deber de actuar como buen hombre de negocios en el logro del mayor valor empresario, al no afectar operatoria y futuro desarrollo de la sociedad comercial sujeta a su manejo. Esta política responde claramente al interés social como interés primario a satisfacer, pero deberá corroborarse en el futuro inmediato con la aplicación efectiva y concreta de tales fondos, lo que necesariamente tendrá que exhibirse en el cuadro de aplicación de flujo de fondos del ejercicio siguiente, en el raconto de la administración en su memoria y, en su caso (si fuere requerido por algún interesado –art. 294, inc.6º, LSC-), integrar los informes del órgano fiscalizador interno. La memoria sería el documento en donde debería esbozarse tanto el proyecto de retención de ganancias y su eventual aplicación efectiva al giro de los negocios.” (“Conflictos societarios”, ed. Astrea, año 2.009, pág. 132). A todo evento, vale aclarar que este tramo del pronunciamiento, no persigue en modo alguno inmiscuirse en la oportunidad, mérito o conveniencia de la decisión asamblearia sobre la política de retención de dividendos, sino en el incumplimiento de los recaudos legales para el logro de ese objetivo, digo esto sin perder de vista que las cuestiones de política empresarial son decisiones de necesidad, conveniencia y oportunidad que, en principio, deben quedar exclusivamente reservadas a los órganos sociales competentes y no son susceptibles de revisión judicial (Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, “Pereda, Rafael, y otro c. Pampagro S.A.” del 22/8/89, ED, 136-387).
En otras palabras, aquí no interesa el acierto o error empresarial de la decisión sobre el mantenimiento de la reserva facultativa o el paso a la cuenta “resultados no asignados” de las utilidades de los ejercicios, sino tan sólo el incumplimiento de la LSC, más precisamente, de los art. 66 inc.3º y 70 al momento de tomar esas resoluciones.
IV. B. La fijación de retribución a los directores por encima de las límites legales.
En este punto, cabe señalar que los fallos en revisión incurren en un error al calcular la limitación legal que el art. 261 de L.S.C. establece para los honorarios de los directores.
Recordemos que el precepto prevé, como regla general, para el caso de que existan ganancias en el ejercicio, un tope de retribución que oscila entre el 5 y 25% de las mismas.
Asimismo, también prevé el supuesto en que no existan ganancias, o bien sean muy reducidas, permitiendo, previo cumplimiento de los recaudos que establece, la superación de dichos topes.
Volviendo a la variante de que existan ganancias, el límite máximo del 25% solo es cuando se han distribuido, como dividendos, la totalidad de aquellas.
Si, en cambio, no se distribuyen dividendos el tope baja al 5%. Finalmente, si hay distribución parcial de dividendos, ese límite se incrementa proporcionalmente hasta alcanzar el 25%.
Es decir, habiendo ganancias, el tope varía según se repartan dividendos o no:
• Distribución total de los dividendos: 25%.
• No distribución de dividendos: 5%.
• Distribución parcial de dividendos: tope proporcional, con un piso del 5% que se incrementará proporcionalmente hasta alcanzar el máximo correspondiente a la distribución total, es decir, 25%.
En este aspecto, explica José María Cristiá que: “En caso de distribución parcial, a medida que aumenta la distribución puede aumentar la remuneración; en tal caso, el porcentaje de ganancia que se distribuye deberá multiplicarse por veinte (que es la diferencia entre los dos topes mencionados), lo que da el porcentual que deberá pagarse al directorio” (en “C.C. comentado”, Dir. Adolfo A. N. Roullion, Ed. La Ley, T. III, año 2.006, pág. 659).
Para completar el cálculo, ese resultado porcentual deberá ser dividido por 75 (que es precisamente, el máximo de dividendos distribuible), y por último, adicionarle el 5% previsto como piso de retribución.
Precisamente, en todas las asambleas cuestionadas hubieron ganancias y se han distribuido parcialmente los dividendos, por lo que cabe dejar debidamente aclarado que no es aplicable directamente el tope del 25%, sino que en cada caso, corresponderá incrementar el piso del 5% en la medida de los dividendos distribuidos.
-En el caso del primer ejercicio (cerrado el 30/11/07), el total de los rubros correspondientes a honorarios de directores asciende a $378.503,54 y representa, según la pericia contable, el 12.63% de las ganancias (ver fs. 483).
Por otra parte, en ese periodo se distribuyeron dividendos correspondientes al 40.04 % de las ganancias (ver pericia a fs. 487). En consecuencia, siguiendo el método de cálculo expuesto, el piso del 5% debe ser incrementado en un 10.67 % (resultante de multiplicar el porcentaje de distribución de dividendos por 20 -que es la diferencia entre los topes-; y dividirlo por 75 -que es el máximo distribuible-), lo que nos da un resultado de 15.67%, y permite concluir que no se ha superado el límite legal.
- En el segundo ejercicio (cerrado el 30/11/08), el total de los rubros correspondientes a honorarios de directores asciende a $389.251,12 y representa, según la pericia, el 13,93% de las ganancias (ver fs. 479). Por otra parte, en ese periodo se distribuyeron dividendos correspondientes al 21, 47 % de las ganancias (ver fs. 483).
En consecuencia, siguiendo el método de cálculo expuesto, el piso del 5% debe ser incrementado en un 5.72 % (resultante de multiplicar el porcentaje de distribución de dividendos por 20 -que es la diferencia entre los topes-; y dividirlo por 75 -que es el máximo distribuible-), lo que nos da un resultado de 10.72%.
Así las cosas, al distribuirse a los directores con un 13,93 % de las ganancias se ha superado el límite legal, aunque no habiéndose impugnado la asamblea en este caso, ya volveré sobre las consecuencias que ello pueda tener como valoración de la conducta de los directores. -En el tercer ejercicio (cerrado el 30/06/09) el total de los rubros correspondientes a honorarios de directores asciende a $238.106,37, que representa el 51,88% de las ganancias (ver fs. 441).
En este aspecto, es correcto el agravio de la parte demandada en cuanto afirma que se han sumado incorrectamente los honorarios correspondientes al síndico (extremo que incluso es reconocido por la parte contraria al contestar la expresión de agravios), por lo que he detraído del importe consignado en la pericia, la suma percibida por aquel ($46.583,97).
Por otra parte, en ese periodo se distribuyeron dividendos correspondientes al 21, 79 % de las ganancias (ver fs. 447).
Siguiendo el método de cálculo expuesto, el piso del 5% debe ser incrementado en un 5.81 % (resultante de multiplicar el porcentaje de distribución de dividendos por 20 -que es la diferencia entre los topes-; y dividirlo por 75 -que es el máximo distribuible-), lo que nos da un resultado de 10.81%, y permite concluir que, nuevamente, se ha superado el límite legal.
Entonces, si el máximo de retribución ascendía a la suma de $ 49.605,07 (utilidades $458.881,35 x 10.81%), los directores deberán restituir el excedente percibido de $ 188.501,30.
Para decir que los directores deberán restituir lo percibido en exceso, me baso, en primer lugar, en que la sanción que corresponde a la violación del art. 261 es la de nulidad.
Como apunta Carlos Augusto Vanasco: “la fijación de honorarios por parte de la asamblea que superen los topes fijados por el art. 261, sin que se hubieren configurado las circunstancias que ella establece para que sea legalmente posible, dará lugar a una acción de impugnación de la respectiva decisión en los términos del art. 251” (“Sociedades Comerciales”, Ed. Astrea, T.2, año 2.006, pág. 628).
Igualmente, Federico Frachia Sabarís explica que aquella es una norma, cuya finalidad es la protección del interés de los accionistas, lo cual la hace inderogable por los estatutos e irrenunciable de antemano; y que sus violaciones, relacionadas con las retribuciones en exceso, son nulas de nulidad relativa, ya que según el fiel entender de la corriente doctrinaria la norma está destinada a proteger el interés de los socios (en “Análisis del art. 261 de la ley 19.550. Honorarios de directores y síndicos en la sociedad anónima”, publicado en ED-253 - 07/08/2013, nro 13.295); y José María Cristiá, comentando el artículo que analizamos, expone que: “el límite del 25% establecido en el art. 261, de ser violado por la resolución asamblearia respectiva, habilita la impugnación de ésta en los plazos del art. 251 de la L.S.C.” (ob. cit. pág. 658).
Aquí cabe detenerse para recordar, que “El régimen general que abarca la materia vinculada con la nulidad de los actos jurídicos debe hallarse, en el Código Civil y a él debe recurrirse cuando se trate de una impugnación formulada en los términos del art. 251 de la ley de sociedades, ya que la legislación societaria no contiene normas específicas vinculadas particular y concretamente con la nulidad de los actos y decisiones asamblearias.” (Carlos Augusto Vanasco, en “Contribución al estudio de las acciones de impugnación de asambleas y de decisiones asamblearias en la ley 19.550”, publicado en “90 aniversario. Inspección General de Justicia”, Ministerio de Justicia de la Nación, 21/11/83). Dicho esto, y haciendo aplicación de la teoría general de la nulidad del acto jurídico, ninguna duda me cabe de que la restitución de lo cobrado en exceso es un efecto propio de la nulidad (arts. 1050 del C. C. de Velez Sarfield, aplicable al caso de conformidad a lo dispuesto por el art. 7 del C.C. y C., aunque agrego que el art. 390 del nuevo código corrobora la solución propuesta).
Así, explica Julio Cesar Rivera que: “…dictada la sentencia de nulidad, y encontrándose ésta firme, las cosas deben volver al estado en que se encontraban antes de otorgarse el acto y, en su caso, deben restituirse los bienes que se hubiesen entregado en virtud de él.” (“Instituciones de Derecho Civil. Parte General.” T.II, ed. LexisNexis Abeledo-Perrot, año 2.007, pág. 930).
Volviendo a la doctrina comercialista, exponen Miguel A. Sasot Betes y Miguel P. Sasot que: “como señala Garrigues, en el caso de que los administradores hayan percibido en concepto de participación en las utilidades sumas que “realmente no deban tener ese concepto por tratarse de un año deficitario, tales suman deberán ser restituidas como percibidas indebidamente”, criterio que comparte Farina al afirmar que “toda percepción efectuada por los directores con violación del art. 261 constituye un acto nulo, pues tal es el efecto de la prohibición”, nulidad que obliga a “reintegrar a la sociedad, con intereses, lo cobrado en exceso…” (“Sociedades Anónimas. El órgano de administración”. Ed-. Asimismo, la sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, ha resuelto que: “Si aplicando el derecho de fondo, fuesen excesivos los topes votados como retribución del directorio por haberse violado el art. 261 de la ley 19.550, habiendo quedado firme la distribución que se consideró y aprobó por unanimidad según el primer punto del orden del día, el excedente, al ser devuelto, pasa a ser un saldo de utilidades que se transfiere a un nuevo ejercicio….” (“Sporetti, Nazareno c. F. Gonzalez e Hijos Comercial e Industrial S. A.”, del 5/10/79, publicado Ed- 85, 1980, pág. 524).
Así las cosas, considero que la restitución es una consecuencia legal de la declaración de nulidad, sin que resulte necesaria la acreditación de otros extremos, como postula el demandado (vgr. daño, extremo que importará, en todo caso, a la eventual pretensión de responsabilidad). Precisamente, paso a ocuparme del resto de los agravios que los demandados dirigen contra el tramo de pronunciamiento que ordenó la restitución de lo cobrado en exceso por el directorio.
Antes de entrar al debate propuesto en torno al carácter permanente o no de las comisiones o funciones que autorizan la superación del límite legal, creo conveniente reiterar que el párrafo 4º del art. 261 de la LSC, ha sido previsto para un supuesto de hecho específico: que realmente las ganancias sean, en valores absolutos, muy reducidas o inexistentes (Enrique Zaldivar, en “Cuadernos de derecho societario”, Ed. Abeledo- Perrot, Vol.III, año 1978, pág.501); y en este caso, de una simple lectura de los estados contables, por más amplia que sea la interpretación que se pueda dar al término “reducidas”, permite afirmar que no se presenta esa situación -además de no ser invocada-, lo que por sí solo autorizaría el rechazo del agravio.
Sin perjuicio de ello, aunque no fuere exigible la inexistencia o reducidas ganancias para habilitar la excepción a los topes legales (conf. Sala A de la Cámara Nacional en lo Comercial, “Zubía, Emeterio c. Forjagro S.A.” del 12-10-1981, publicado en LL, 1982-C, pág. 457 y Sala D de la misma Cámara “Vaccari de Gilbert, Norma c. Gilbert S.A. y otros”, del 8/5/1981, publicado en LL-1981-C, pág. 315), entiendo que el artículo contempla únicamente a las funciones o comisiones transitorias como excepción y posibilidad de sobrepasar el tope.
Reconozco que se trata de un tema que no es pacífico en la doctrina. Vale aclarar que el debate se plantea únicamente sobre las “funciones técnico administrativas”; lógicamente, porque las comisiones especiales son por definición transitorias.
Un sector doctrinario entiende, básicamente, que la excepción a los topes es aplicable tanto para el ejercicio de comisiones especiales de carácter temporario o eventual, como el de funciones técnico administrativas de carácter permanente y continuado. De lo contrario, exponen, no tendría sentido la distinción entre “comisión especial” y “función técnico administrativa” (Alberto Víctor Verón, ob. cit., T. 4, pág. 139), y se preguntan: si la intención de la ley fue la exceptuar a la regla que impone el tope rige respecto de las funciones técnicas permanentes, para que incluir a las funciones transitorias que no se encontraban comprendidas en tal regla (conf. Horacio Roitman, ob. cit. T. IV, pág. 410). Otro sector en cambio, al que adhiero, se basa en la redacción de la norma y en una lectura lógica de la misma, en el sentido de que, si las funciones permanentes son la regla, el último párrafo no puede sino referirse al presupuesto fáctico contrario como excepción; y además, el segundo párrafo agrega a la locución “funciones técnico-administrativas” la calificación “de carácter permanente”, y esa adjetivación no se formula en el cuarto párrafo.
En este sentido, explican Miguel A. Sasot Betes y Miguel P. Sasot que: “La lógica jurídica permite afirmar que si el legislador considera que hay funciones técnico-administrativas permanentes, es porque existen otras que no lo son, es decir, que son meramente transitorias.
Toda explotación industrial comercial o de prestación de servicios, implica la realización de un conjunto de tareas que requieren, para su debida ejecución, conocimientos especializados que quedan abarcados por el concepto genérico de tareas técnico-administrativas. Estas tareas son generalmente desempeñadas por personal permanente de la empresa, que integran el plantel de jefes, gerentes y ejecutivos. Es decir, son tareas no realizadas habitualmente por los integrantes del directorio quienes, a lo sumo, cumplen funciones de control y autoinformación.
En cambio, quedan en manos del directorio todas aquella funciones que hacen a la vida misma de la empresa en los altos níveles jurídicos, económicos, financieros, de representación y de decisión y que, en conjunto, son funciones permanente que deben cumplir, o velar por su cumplimiento los integrantes del directorio… Trasladando estas consideraciones a la expresión funciones permanentes, serán tales todas aquellas funciones que, ya sea por imperio de la ley o de los estatutos, representan obligaciones a cumplirse necesariamente por los directores, para las cuales la LSC ha previsto una remuneración fijada en el art.261 y que en ningún caso podrá ser superior al veinticinco por ciento de las ganancias del ejercicio, lo que permite afirmar que para estas funciones permanentes, si no hay ganancias no hay posibilidad de remuneración.
El hecho de que el legislador haya tratado conjuntamente las comisiones especiales y las funciones técnico-adminitrativas no permanentes, permite afirmar que se trata, para éstas últimas, también de funciones especiales, o sea, no permanente, sino meramente circunstanciales.
En consecuencia, sólo para estas funciones especiales cabe aplicar el 4ºpár. del art. 261 de la LSC, o sea, que la asamblea autorice, frente a lo reducido o inexistencia de ganancias, un pago especial para quienes lo realizan.” (en “Sociedades Anónimas. El órgano de administración”, ob. cit. págs. 272/273).
En el mismo sentido, la sala B de la Cámara Nacional Comercial ha resuelto que: “Interpretando armónicamente lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19.550 (Adla, XLIV,1310) las funciones técnico administrativas subsumibles dentro del supuesto de excepción previsto para el cuarto párrafo del mismo, son únicamente las que no ostentan el carácter de permanencia. Una interpretación contraria conduciría a que en un apartado de la norma se expresa que las funciones técnico administrativas de carácter permanente deben ser retribuidas dentro de la retribución limitada, autorizando seguidamente que las funciones técnico administrativas sin otra especificación relativa a su carácter temporal , justifiquen una remuneración en exceso. De tal modo, una hipótesis específica constituiría la regla, y su correlativa hipótesis genérica la excepción, interpretación que no parece defendible” (“Riviere de Pietranera, Lidia c. Riviere e Hijos S.A.”, del 7/7/1995, publicado en LL 1997-A, pág. 134).
Y en el sub-lite no sólo no se han invocado ni acreditado estas especiales tareas, sino que la apreciación conjunta del acta de asamblea y de la expresión de agravios de los demandados -que se basa en el carácter permanente de las funciones que autorizan la excepción-, obliga a concluir que las funciones o comisiones que se pretendieron remunerar no tenían el carácter transitorio requerido.
A todo evento, debo agregar que la carga de la prueba pesaba sobre los accionados (art. 375 del C.P.C.C.). En este punto, resalto que la propia jurisprudencia arrimada por los demandados indica un sentido contrario al alegado, me refiero al precedente “Vaccari” de la Sala D de la Cámara Nacional Comercial (previamente citado) en donde se decidió que: “…fue la defensa quien debió proveer la prueba de la pertinencia del honorarios pagado en exceso del límite ordinario. Ciertamente que la afirmación contraria a la legitimidad del pago provino de la pretensora, y en una posición superficial ello haría sostener que tal ilegitimidad debiera ser acreditada por el accionante. Pero ésta apoya su reclamo en una regla de derecho sustancial, según la cual el honorario del directorio de la sociedad ha de limitarse a consumir un cuarto de las ganancias de tal ente. Este es el sentido unívoco del segundo párrafo del art. 261 de en cuestión. Resulta entonces que las sumas distribuidas lo fueron con apoyo en una excepción contenida en la regla misma, pero operante en supuestos fácticos que la norma describe genéricamente…Por derivación de fundarse el derecho de los defendidos al cobro de las sumas discutidas, en una excepción legal preestablecida para ciertos supuestos de hecho, la carga de probar la situación que hace actuar la excepción queda impuesta a quien desee ampararse en tal permisión derogatoria de la regla.”
También plantean los accionados la violación de la buena fe y la doctrina de los propios actos, al haber consentido la accionante la retribución fijada al directorio excediendo los límites legales en anteriores asambleas, a lo que debo reiterar, que la sola pasividad o silencio frente a ilegalidades del pasado no veda la oposición a nuevas violaciones de la ley, incluso cuando éstas sean idénticas a aquéllas (Conf. C.N.Com., Sala A, "Multicanal SA c/ Supercanal Holding SA s/ sumario"; Cam. Civ. y Com. Mar del Plata, Sala II, "Barcio, Salvador R. c/ Hotel Las Rocas s/ incidente de apelación art. 250 del C.P.C." ya citados).
Lo expuesto hasta aquí es suficiente para confirmar la nulidad declarada en primera instancia, así como la orden de restituir lo cobrado en exceso, por lo que en este punto, considero innecesario y abstracto abordar el agravio de los demandados vinculado a la violación del art. 248 de la LSC, aun cuando comparto lo expuesto por la a-quo en el sentido de que se trata de un claro ejemplo de interés contrario entre los directores y el resto de los accionistas (conf. Vanasco, “Derecho…”, pág. 525). Por otra parte, y para finalizar este apartado dedicado a la fijación de honorarios por sobre el límite legal, debe prosperar el agravio actoral sobre la tasa de interés aplicable al monto que se ordenó restituir, puesto que si bien es cierto que el máximo tribunal provincial ha resuelto invariablemente, sentando de tal modo doctrina legal, que a los créditos reconocidos judicialmente que estén pendientes de pago, debe aplicárseles la tasa de interés que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días, vigente durante los distintos períodos de aplicación; no es menos cierto que nada impide seleccionar la tasa pasiva de mayor rendimiento (arts. 622 C.Civil de Vélez; 7 y 768 C.C.C.N.). Cabe aclarar al respecto, que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha convalidado este criterio en las causas B 62488 "Ubertalli Carbonino Silvia c/ Municipalidad de Esteban Echeverría. Demanda Contencioso administrativa" el 18/5/2016 y C 119.176 "Cabrera Pablo David c/ Ferrari Adrián Rubén. Daños y Perj." el 15/6/2016, al disponerse en las mismas que han de liquidarse según "la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Pcia. de Bs. As. en sus depósitos a treinta (30) días ". IV.C. El abuso de derechos. La protección de las minorías.
“Los socios tienen un interés concordante en una gestión común de la que participan activa, igualitaria y consecuentemente las decisiones sobre dicha gestión, se adoptan de acuerdo con el principio mayoritario o la ley de la mayoría, con añejos antecedentes tanto en el derecho romano como en los derechos germánico y canónico. Ello parte del supuesto de que frente a una decisión común, la opinión más numerosa es la que razonablemente conduce a una solución más acertada, quia per pluers melius inquiretur” (Ferrafa F. “Teoría de las personas jurídicas”, Madrid, 1929, pág. 767, citado por Julio C. Otaegui en “Invalidez de actos societarios”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, año 1.978, pág. 50). Recuerda Héctor Alegría que: “Al comienzo, se atribuía a la asamblea un poder soberano, expresión que se mantuvo hasta muy entrado el siglo. Sin embargo pronto se vio que esa presunta soberanía no era tal, en tanto no era absoluta, tenía fines determinados y, con el correr de los años y de las distintas legislaciones, se le fueron recortando y acotando poderes” (“El abuso de mayoría y de minoría en las sociedades anónimas”, publicado en la Revista de Derecho Privado y Comunitario, Ed. Rubinzal-Culzoni, T.16, “Abuso del derecho”, Así, para la adopción de decisiones válidas, el pronunciamiento debe ser adoptado con la necesaria participación de la minoría, mediante la celebración de un negocio jurídico que siguiendo a Otaegui puede ser calificado como acto colegial.
“Estructurada de tal forma la manera de tomar las decisiones por el órgano societario, mediante la opinión de la mayoría conforme el llamado acto colegial, el amparo del accionista minoritario contra las decisiones abusivas de la mayoría y también de ésta para el caso que sus integrantes se encuentren desconectados respecto de una minoría controlante provoca un problema para el legislador, de difícil solución equilibrada y que debe hallarse a través de diversas normas aptas, tendientes a actuar más por su acción de presencia ante la amenaza de su aplicación que por su efectivo y frecuente uso, ya que el mismo causaría evidente daño al crédito de la sociedad…En las sociedades cerradas se hace aún más necesario ese amparo de las minorías ante la inexistencia del mercado para la colocación de sus acciones, quedando así a merced de la mayoría y si bien aquí no se presenta la oposición entre inversores y especuladores, los conflictos entre mayoría y minoría llegan a presentar graves características (conf. Juan Carlos Forestier, “Nulidad de la resolución asamblearia que decide el aumento de capital con fundamento en el abuso de la mayoría”, LL 1985-
D, 972).
Por este motivo, el gobierno de la mayoría no es ilimitado. Tenemos, por un lado, límites legales específicos (vgr. precisamente los arts. 70 y 261 de L.S.C. vulnerados en este proceso), y por otro, uno genérico, representado por la doctrina del exceso del abuso del derecho.
Explica Vanasco que: “la doctrina del exceso de poder de la mayoría tendría cabida a partir de la amplia fórmula adoptada por el art. 251, que permite deducir la acción de impugnación de las decisiones asamblearias con fundamento en la nulidad de las declaraciones asumidas en violación de la ley, entendiéndose que tal supuesto no se da cuando no sólo infrinja una norma concreta, sino también cuando se adopta una resolución que en su contenido constituya una conducta reprobada por el ordenamiento jurídico positivo en forma concreta. Tal hipótesis queda configurada cuando, por ejemplo, la decisión adoptada por la mayoría implique el ejercicio abusivo de la posición dominante del grupo mayoritario, en perjuicio de los accionistas individuales o de un grupo de accionistas, ya que tal situación constituye una conducta que la ley no ampara –y, por ende, descalifica como acto lícito-, lo que ha sido motivo de una concreta disposición normativa, incorporada al art. 1071 del Cód. Civil. Y si la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, en este caso de los de la mayoría de los accionistas a imponer con su voto y a través del principio mayoritario la voluntad social, la declaración asamblearia carecerá de eficacia jurídica y habrá sido adoptada con un vicio genético que autoriza su denuncia como acto anulable”. (en “Contribución al estudio…” ya citada).
Y en este caso, adelanto que se configura un ejemplo típico de abuso de mayoría, evidenciado en la violación de varias normas jurídicas que han sido establecidas para limitar, específicamente, esa posible desviación. Nos encontramos aquí frente a una mayoría que reúne 58.893 votos (Evelia Brassa 21.715, Maria E. Cogorno 17.748, Roberto Jorge Riva 15.486 y Daniel P. Riva 3.944) de los 116.000 totales (según el estatuto vigente al inicio de las pretensiones, aunque el nuevo, agregado a fs. 407 y ss. que incrementa el capital respeta las mismas proporciones), que integra el directorio de la sociedad, percibiendo, lógicamente, una retribución por ello, y decide como política reiterada no distribuir dividendos.
La situación descripta, en abstracto, quizá constituya en sí misma solo un elemento indiciario que permite presumir (art. 163 inc.5º del C.P.C.C.) la existencia de abuso de derecho por parte de la mayoría -como límite genérico a su poder- o al menos obligaría a realizar un análisis más profundo sobre la voluntad social perseguida y su posible desviación. Sin embargo, entiendo que dicho análisis no es necesario en el sub-lite, toda vez que se presenta además, como dije, la violación de diversos recaudos legales que el legislador ha previsto como límite específico al poder deliberativo de la asamblea.
Siguiendo con la descripción realizada, podemos afirmar entonces la existencia de una mayoría que integra el directorio de la sociedad, y aquí lo transcendente y palmario del caso, que decide como política reiterada no distribuir dividendos, sin cumplir con los recaudos legales (arts. 66 y 70 de la LSC), y paralelamente, fija como retribución por sus labores directorales, honorarios que exceden ampliamente los límites del art. 261 de la L.S.C. (al menos en los dos últimas asambleas).
Dije que es un ejemplo típico, y en este punto voy a reiterar una cita de Isaac Halperin y Julio C. Oategui que ya realicé en otra parte de la sentencia, que sorprende por su parecido con la situación fáctica de autos, cuando en relación a los recaudos para la constitución de reservas, explican que: “la ley persigue impedir la acumulación de reservas en desmedro de los accionistas ajenos al grupo controlante, grupo que obtiene remuneración de su inversión por otras vías (retribución por desempeño de cargos sociales, v.g.-art. 261-), lo que cobra mayor gravedad en las sociedades cerradas, cuyas acciones carecen de un mercado, y así se impone al accionista la enajenación a precio inferior al valor real, para recuperar –aunque sea con pérdida- un capital no fructífero” (ob. cit. pág. 47).
Nótese que la situación descripta, incluso no tiene el aditamento del exceso del tope en la fijación de los honorarios (art. 261 de la L.S.C.), norma que protege a los accionistas de la excesiva voracidad de los directores, que con mucha frecuencia solían embolsar a título de honorarios partes substanciales de los beneficios sociales (conf. Enrique Zaldivar, ob. cit. pág. 502), por lo que la situación tiene todavía mayor gravedad que la descripta por los prestigiosos autores.
Es cierto que esas violaciones, apreciadas aisladamente, no pueden calificarse como abuso de derecho sino como violaciones de una norma prohibitiva o que fijan presupuestos de admisibilidad de ciertas decisiones (conf. Héctor Alegría ob. cit., pág. 332), y representarían fundamento suficiente para receptar la pretensión de nulidad; sin embargo, entiendo que la reiteración temporal y superposición de ambas violaciones – restricción de dividendos y retribución de honorarios en excesoconfiguran, además de faltas en sí mismas, una materialización del abuso del derecho por parte de la mayoría controlante.
Además, si a todo lo que vengo exponiendo le sumamos la esperable inacción de los directores frente a las irregularidades, y la del síndico, quien además certificó los estados contables de la empresa –cuestiones sobre las que volveré para al tratar la remoción- se configura, reitero, un claro abuso de derecho de la mayoría dominante, como vicio genético de los actos jurídicos bajo análisis.
Para concluir en cuanto a la nulidad de las asambleas, considero que la no distribución de los dividendos, o con más precisión, la retención sin cumplir los recaudos legales, la fijación de honorarios del directorio en exceso del límite del art. 261 de la L.S.C., y el abuso de la mayoría –como vicio en sí del acto jurídico aunque evidenciado por los vicios anterioresson suficientes para decretar la nulidad de las asambleas ordinarias de accionistas celebradas en fecha 24/04/2008 y 15/09/2009.
Para llegar a esta conclusión, debo agregar, descarto la relevancia que sobre la validez de la primer asamblea pueda tener la capitalización de la cuenta “resultados no asignados” decidida con fecha 12/11/2008 (ver fs. 407 del expte. 7223), porque aun cuando considero que obviamente ello gravitará sobre los efectos de esta sentencia, no obsta la declaración de nulidad, ya que eventualmente subsistirían el resto de los vicios evidenciados en los párrafos antecedentes. Ello sin mengua de que los eventuales efectos saneatorios que dicha capitalización pudo tener, al menos implícita y parcialmente, sobre el vicio consistente en la retención de dividendos sin cumplir con los recaudos de los arts. 66 y 70 de la L.S.C., no han sido invocados por la sociedad, ni por los directores, circunstancia que hubiese impedido la prosecución de este proceso de impugnación, aunque a la postre, tampoco los hubiese relevado de afrontar el pago de las costas generadas y de los eventuales daños –art. 254 de la LSC (conf. Horacio Roitman, ob. cit., T. IV, pág. 302/303). En lo demás, debo recordar que no es función de la judicatura emitir pronunciamientos abstractos, porque el interés para recurrir es lo que legitima la actividad del Tribunal de Alzada (SCBA, Ac.33894), razón por la que no abordaré el tratamiento del resto de los vicios alegados actoralmente (entre ellos, vgr. la posible violación del art. 248 o del derecho a la información).
IV. G. La remoción de los directores.
En este punto, corresponde iniciar señalando que las particularidades del caso obligan a soslayar la exigencia consistente en el agotamiento de la vía intrasocietaria, dado que ante la condición de socia minoritaria de la accionante y el abuso de derecho por parte de la mayoría, sería infructuoso su intento (Ariel A. Dasso, “La intervención judicial en la sociedad anónima”, LL 1990-A, pág. 636) e igualmente, tampoco sería exigible dicho agotamiento cuando, como el caso, las asambleas han aprobado la gestión de los directores (conf. Horacio Roitman, ob. cit. T.IV, pág. 459).
Sentado ello, recordemos que aquí se ha alegado como justa causa de remoción el incumplimiento por parte del directorio de sus deberes de lealtad y diligencia (arts. 59 y 274 de la L.S.C.).
Como explica Ernesto Eduardo Martorell, con cita de Horacio Fargosi: “…en su momento, un listado de las obligaciones derivadas de la función de administrar un ente societario, en cuanto tarea, hubiera pecado siempre de incompleto, principalmente, por la imposibilidad de adaptar la dimensión o a la especialidad de cada sociedad.
Ante tal incoveniente, conforme se ha señalado con acierto, la ley ha optado por consagrar un cartabón de conducta, dotado de la suficiente permeabilidad como para posibilitar a los tribunales un manejo adecuado de cada situación particular…Mediante esas dos “ideas-fuerza” –en referencia al deber de actuar con lealtad y de obrar con la diligencia de una buen hombre de negocios- la actividad de los administradores se debe orientar hacia una gestión ordenada y prudente de los asuntos corporativos, en un marco en el cual la atención de los intereses de la sociedad siempre deberá ser antepuesta a la de los asuntos propios, pues no hay que olvidar que los directores de sociedades anónimas no dejan de ser, en sustancia, sino gestores de un patrimonio ajeno.” (el intercalado es propio, ob. cit. pág. 361).
Sostienen Halperin y Otaegui que: “El deber de obrar con lealtad es resultado de la vinculación de confianza que inspira la designación y la tarea de administración de bienes ajenos. De ahí su deber de obrar con lealtad porque todas las atribuciones conferidas son para emplearse de buena fe y para fines legítimos. La falta de lealtad resulta del simple conocimiento del carácter abusivo o fraudulento del hecho que se juzga, en la época en que éste se concreta, sin adoptar las medidas necesarias para impedirlo…”(ob. cit. pág. 546).
La obligación de obrar con lealtad va más allá del resultado obtenido en la gestión, lo que quiero decir, es que los hechos que seguidamente desarrollaré demostraran ese incumplimiento del deber de lealtad, y serán apreciados, con independencia del resultado de la gestión que a la postre haya logrado el directorio.
Lógicamente, el hecho de que se decrete la nulidad de las asambleas en cuestión, no implica, per se, la remoción de directores. Empero, los vicios que en este caso en concreto han ocasionado la sanción de nulidad, que consideré acreditados en los párrafos precedentes, traslucen también un incumplimiento de los deberes por parte del directorio que justifica su remoción.
Así, tuve por acreditado que la memoria no justificó debidamente la política de retención de dividendos, tanto en lo que respecta al mantenimiento de la reserva facultativa como a la utilización de la cuenta “resultados no asignados”, y que el directorio propuso a la asamblea la retribución de honorarios por encima de los límites legales, y es cierto, bien podría decirse que ello en sí mismo no importa una infracción o incumplimiento de los deberes por parte del directorio, por ser la asamblea el órgano que en definitiva aprobó las decisiones; más no puedo pasar por alto que los directores han emitido voto al tratarse la cuestión, e independientemente de que ello no haya tenido relevancia como vicio nulificatorio (art. 248 de la L.S.C.), no deja de ser un comportamiento reñido con la buena fe (arts. 59 y 272).
Por otra parte, no está de más señalar que la inobservancia genérica o específica de los arts. 63 a 66 de la L.S.C. podría comprometer eventualmente la responsabilidad del órgano directoral (conf. Mariano Gagliardo “Responsabilidad de los directores de sociedades anónimas”, ed. Abeledo-Perrot, año 1.981, pág. 132), al igual que la proposición a la asamblea de aprobar actos contrarios a la ley o a los estatutos (conf. Sasot Betes y Sasot, ob. cit. pág. 584); y aunque aquí se trate una pretensión de remoción y no de responsabilidad (acciones que tienen contornos diferentes, ver precedente de la Sala B de la Cámara Nacional Comercial, “Mourin Lopez c/ Editorial Molina S.A.” del 29/11/1994), este argumento igualmente pone en evidencia la ilegalidad de tales conductas, y su valoración negativa por el ordenamiento jurídico.
Además, también encontré acreditado el abuso por parte de la mayoría, valorando que ésta, percibía retribuciones por el desempeño de tareas en el directorio, utilizando como política reiterada la retención de dividendos, y además, fijaba los honorarios por aquellas labores por encima del límite legal, situación que por su gravedad es manifiestamente incompatible con un desempeño leal por parte de los directores, y obliga a pensar que utilizaron ese doble carácter de accionistas mayoritarios e integrantes del directorio, en beneficio propio y en contra de los derechos de la minoría (art. 59 de la L.S.C.).
Y debe destacarse que: “El abuso de las mayorías existe cuando se produce la ruptura de la igualdad entre todos los accionistas, pero es necesario además que se la haya provocado intencionalmente (elemento subjetivo) y la intención culpable existirá cuando se tenga conciencia de obtener una ventaja personal directamente o por persona interpuesta. Hay abuso de derecho en las decisiones de las asambleas en las sociedades cuando la mayoría responde a un interés personal y, a consecuencia de su voto, la decisión persigue ese interés en perjuicio del interés social o de los demás socios.” (conf. SCBA, Ac 51258, del 02/08/1994, autos “Di Lernia, Osvaldo c/Clínica Estrada S.A. s/Nulidad de Asamblea General Ordinaria). En cuanto a los efectos, que este tramo del pronunciamiento pueda tener, es preciso citar nuevamente la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, verbigracia la Sala B tiene resuelto que: “Es verdad que tanto la renuncia como la remoción con causa son actos que conllevan el aludido apartamiento del cargo. Pero esa similitud entre ambas figuras no obsta a que la diferencia entre ellas sea también notoria, lo cual impide su equiparación….Esa diferencia equivale a la que se presenta entre la remoción con causa de un director y su remoción incausada y deriva en que, mientras la primera impide que el director removido sea nuevamente elegido, la segunda habilita esa nueva elección sin ninguna limitación (autos “Haimovici Claudio J. c/ Casa Rubio S.A.”, del 11/5/2000), y la sala C que: “El objeto de esta acción, por ende, no se acota a obtener un desplazamiento del cargo, sino a lograr un pronunciamiento que, por razón de sus específicas consecuencias jurídicas, inhiba una reelección que no quedaría de aquel otro modo inhibida (Autos “Gegenschatz Roberto Enrique c/ Quimbel S.A. y otro s/ordinario, del 17/7/14).
IV. G. La remoción del síndico.
Recordemos que la actora plantea como causa de remoción del síndico, entre otras, la incompatibilidad para ejercer la función, derivada del ejercicio simultáneo de las funciones de contador y auditor de los estados contables.
Al contestar la demanda, Nestor Palma negó su desempeño como contador de la empresa, y reconoce en cambio, su rol de auditor de los estados contables.
El análisis de la prueba producida, documental aportada por el síndico y pericias contables, no permite corroborar el desempeño del síndico como contador interno de la empresa.
Digo esto, porque se ha acreditado que el mismo se desempeña como contador público (fs. 529 del expte. 3395), se encuentra inscripto en Ingresos Brutos como contribuyente, teniendo como actividad principal “otros servicios de contabilidad y teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal” (fs. 493, pto. 2. C de la pericia). Asimismo figura como empleador ante la AFIP, registrando dos empleados a su cargo (fs. 493).
Además, ha acompañado recibos a la orden de la Junarsa S.A. en concepto de “Honorarios ejercicio 2007-2008” y “honorarios certificación balance contable ejercicio 2006/2007. Anticipo del ejercicio” (fs. 367 y ss. en expte. 3395), que coinciden con los libros llevados por la sociedad (ver fs. 493/494).
Y si bien es cierto que sería materialmente posible una superposición de tareas, es decir, del ejercicio de la profesión contador y al mismo tiempo prestar servicios internos de contaduría a la compañía (vgr. en diferente jornada laboral), tampoco la accionante ha aportado ningún medio de prueba que indique ese sentido; lo que me lleva a concluir que Néstor Palma no se ha desempeñado simultáneamente como contador de la firma, llevando la contabilidad de la misma y asesorándola en los asuntos contables (Art. 375 del C.P.C.C.), por lo que me limitaré a tratar únicamente, la posible incompatibilidad entre el ejercicio de las funciones de auditor o contador certificante de los estados contables con la de síndico, adelantando que se trata de una cuestión cuyo análisis ha dado lugar a posturas doctrinales antagónicas.
Partamos de la base, clara, de que no existe una norma concreta que preverá tal situación, quedando por tanto regida por los preceptos generales que sobre el tema tiene la LSC, es decir, los art. 286, 264 (por remisión de aquel) y 298, y la duda es precisamente, si esa acumulación de funciones afecta la independencia que esas normas procuran tutelar. Un sector de la doctrina considera compatible las funciones de síndico y auditor, siempre que el contador no mantenga una vinculación permanente con la sociedad.
En esta línea de pensamiento, podemos citar a Alberto Víctor Verón: “no existe incompatibilidad entre el informe del síndico y el dictamen del auditor emitido por el mismo contador público, siempre que lo produzca como profesional independiente (sin vinculación permanente con la empresa) y en documentos separados. Más aún, consideramos que es conveniente que así sea, ya que la función de auditor, que pondera los deberes del síndico, asegura la elaboración de un informe óptimo, basado en los procedimientos técnicos de auditoría que el contador debe emplear.” Y luego, se explaya sobre las opiniones contrarias, las que considera “inaceptables e inducen a confusión: a) Ya lo expusimos supra: el desempeño simultáneo de las funciones de síndico y contador dictaminante no son incompatibles siempre que se realice sin vinculación permanente con la sociedad. b) Olvidan que los atributos funcionales del síndico, no sólo comprende su independencia y lealtad, sino también su eficiencia y responsabilidad, cualidades estas últimas aseguradas como ningún otro por el síndico auditor. c) Ambas tareas, las de síndico y auditor, se influyen, se complementan e integran, optimizándose el informe del síndico al incluir un dictamen de auditoría que ha observado las normas personales y técnicas basadas en recomendaciones y dictámenes emanadas de organismos profesionales, cuya solvencia y autoridad son indiscutibles. d) No existe disposición legal alguna que tan siquiera eluda a la incompatibilidad en cuestión; al contrario, la res. 145/81 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Capital Federal establece expresamente la inexistencia de incompatibilidad, no sólo entre la función del contador público, que tiene a su cargo la tarea contable (sin relación de dependencia) y las del contador dictaminante y síndico de la misma sociedad, sino también entre el ejercicio de la sindicatura de una sociedad y la auditoría sobre los estados contables de ella.” (Ob. cit. T.4, págs. 409/410).
Por la misma idea pareciera inclinarse Juan M. Farina, aunque no categóricamente como el anterior, al plantear como interrogante si ¿Hay incompatibilidad entre el cargo de síndico y el de auditor?, respondiendo que: “La Ley no prevé este supuesto. Las opiniones están divididas. En general la tendencia es admitir la compatibilización, por considerar que se trata de un doble control que, lejos de debilitarlas, refuerza las funciones del síndico. Quienes se oponen a esta acumulación de cargos se basan en que el auditor es designado por el directorio y, generalmente, es quien fija su remuneración, lo cual le quitaría independencia a su actuación. En la práctica es frecuente la acumulación de ambas funciones, no existiendo – en nuestro conocimiento- antecedentes de cuestionamiento por vía judicial ni administrativa”; y luego, se ocupa del “contador certificante de los balances de la sociedad”, argumentando que: “Ni la ley ni el organismo administrativo de control se refieren expresamente a este supuesto. Sobre este tema se sostiene que nada obsta a que el contador público nacional, síndico de la sociedad anónima, además certifique (dictamine) los balances de ésta, pero siempre que no exista relación de dependencia, que el asesoramiento sea privativo del ejercicio profesional del contador público nacional y no atañe” llevar la contabilidad” de la sociedad, y que no realice actos de gestión.” (ob. cit. págs. 585/6).
También, el criterio es seguido por el art. 81 de la ley de Cooperativas Nº 20.337 en cuanto establece que: “Las cooperativas deben contar desde su constitución y hasta que finalice su liquidación con un servicio de auditoría externa a cargo de contador público nacional inscripto en la matrícula respectiva. El servicio de auditoría puede ser prestado por cooperativa de grado superior o entidad especialmente constituida a este fin. Cuando la cooperativa lo solicite y su condición económica lo justifique la auditoría será realizada por el órgano local competente. En este caso el servicio será gratuito y la cooperativa estará exenta de responsabilidad si no fuera prestado. La auditoría puede ser desempeñada por el síndico cuando éste tuviera la calidad profesional indicada.”
Finalmente, nos encontramos con las disposiciones de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que son transcriptas en la pericia contable (vgr. fs. 488 y ss. del expte. 7223): La Resolución Técnica Nº7 dispone las “Normas de auditoría”, las cuales abarcan aquellas aplicables a la auditoría en general y las que conciernen, en particular, a la auditoría externa de los estados contables: -Entre las normas de auditoría general, el apartado A dispone que es condición básica la independencia del auditor con relación al sistema objeto de la auditoría.
-El punto III.A.2 establece que el auditor no es independiente en los siguientes casos: “Cuando estuviera en relación de dependencia, con respecto al ente…No se considera relación de dependencia al registro de documentación contable, la preparación de los estados contables y la realización de otras tareas similares remuneradas mediante honorarios, en tanto no coincidan con funciones de dirección, gerencia o administración del ente cuyos estados contables están sujetos a la auditoría.” La resolución Técnica Nº15 contiene las “Normas sobre la actuación del contador público como síndico societario”, que abarca tanto aquellas que se refieren a los controles a los estados contables en general, y en particular, a la auditoría de los estados contables:
-Entre las normas generales (III) el apartado A fija las condiciones básicas para el ejercicio de la sindicatura, señalando en el pto. 1 que el síndico debe ser independiente, y en el pto. 3 que: “Las funciones de síndico son compatibles con otros servicios profesionales realizados por el contador público, en la medida que estos cumplan con las condiciones de independencia respecto de la Sociedad, descriptas en la Resolución Técnica Nº 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Particularmente, son compatibles las funciones de síndico y de auditor externo.”
-Entre las normas particulares (IV) el apartado A referido a las condiciones básicos para el ejercicio de la sindicatura, reitera en el pto.1 la necesaria independencia del síndico, y en el punto 8 que la compatibilidad de las funciones de síndico y de auditor externo, y agrega que: “Podrá variar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos a aplicar en el cumplimiento de una y otra función pero, básicamente, los objetivos son similares y nada impide que ambas funciones puedan recaer en un mismo contador público.”
-Por último, el ANEXO X, contiene los fundamentos de las normas, y se explica, en lo que aquí interesa que: “la necesidad de efectuar una auditoría de estados contables de acuerdo con las normas de auditoría vigentes determina una compatibilidad plena entre las funciones de síndico y de auditor externo. La naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría podrán variar, pero los objetivos son similares. Es por ello que, desde el punto de vista de la profesión de contador público, se ha venido interpretando y sosteniendo que, en el cumplimiento de sus tareas, el síndico actúa sobre la base de las normas de auditoría de los organismos profesionales en todo aquello que hace a controles sobre la existencia de activos, sobre la documentación respaldatoria de operaciones, sobre la revisión de registros contables y, fundamentalmente, a la preparación de su informe sobre los estados contables de la Sociedad. A ello debe agregarse que la sola circunstancia de que el síndico pueda ser, además, auditor externo en nada perjudicará su independencia. En todo caso no es la mera y eventual superposición de tareas la que genera el conflicto de intereses o vulnera la independencia profesional. Antes bien, de tal acumulación se ha dicho que refuerza la función de la sindicatura y resulta consecuentemente valiosa para la Sociedad.”
Otro sector de la doctrina, mayoritario, no deja de reconocer la frecuencia en la práctica de la situación descripta, pero postula abiertamente su incompatibilidad.
Allí, podemos ubicar a Carlos Suarez Anzorena: “…Si puede el síndico contador actuar en dicho doble carácter a los efectos de informar y certificar balance, es dudoso. En la práctica ello es frecuente y la misma es admitida por la IGJ. Mi opinión es negativa al respecto ya que, aunque vinculadas, es distinta la naturaleza de las funciones, la Ley requiere el concurso de ambas a los efectos del balance, y por otra parte, la actividad del contador profesional, por ser un modo de habitual de vida del profesional, hace nacer un derecho a remuneración por tal concepto, y con ello, un interés económico en él. Si se trata del ejercicio de la sindicatura por auditorías, es diferente…” (Revista de Derecho Comercial, Ed. Depalma, año 1.968-1,págs. 451 y ss).
A Enrique Zaldivar: “¿Puede considerarse que existen, además de las indicadas precedentemente, prohibiciones tácitas? Nuestra respuesta es afirmativa, siempre que se trate de situaciones que vulneren notoriamente la independencia de la sindicatura respecto del órgano de administración. Así, debe entenderse que no pueden ser síndicos ni los asesores de la sociedad, ni sus colaboradores, pues entre éstos y el directorio existe un vínculo que aun cuando no sea estrictamente el de empleador-empleado a que se refiere el inc. 2º del Art. 286, involucre una relación económica que afecta a la señalada independencia” y luego, en nota al pie de página agrega, concretamente, que: “En cambio, hasta la fecha, la IGPJ, no se ha opuesto a que el contador certificante del balance actúe como sindico en la misma sociedad. Esta posición no concuerda con el espíritu de los arts. 286 y 298” (ob. cit. T. III, pág. 627).
A Isaac Halperin y Julio C. Otaegui: “la Inspección General de Personas Jurídicas ha decidido que no pueden mantener una vinculación permanente con la sociedad (abogado o apoderado); con el mismo criterio que no puede serlo el escribano (con los títulos del art. 285, L.S.), ni admitirse que certifique el balance: la ley ha querido su establecer la más absoluta independencia, y asegurar su desempeño leal.” (ob.cit. págs. 624/625).
A Eduardo Barreira Delfino: “… la objetividad en el desempeño de la función sindical sólo se verá asegurada en la medida en que el síndico no tenga intervención alguna como profesional, ni directa ni indirectamente, en los negocios de la sociedad cuyo control le compete” (citado por Ernesto Eduardo Martorell en “Los síndicos de sociedades anónimas (y el consejo de vigilancia” ed. Depalma, año 1.991, pág.121).
A Juan Leonel Palladino: “El error de la legislación vigente es quizá el de exigir la certificación de los balances por contador independiente, cuando la sindicatura es ejercida por un profesional de ciencias económicas o sociedad civil constituida entre ellos, pero tal como se encuentra el panorama en la actualidad, no quedan dudas de que ambas funciones resultan incompatibles. La cuestión esencial y dirimente radica en determinar si el contador certificante o auditor, que debe ser contratado por el directorio de la sociedad, y cuyas funciones son por propia naturaleza remuneradas (Art. 1623 del Código Civil), tiene la suficiente independencia para acumular las funciones de síndico societario, y la respuesta debe ser negativa en todos los casos.” (en su detallado trabajo sobre el tema, titulado “Algunas consideraciones sobre la incompatibilidad del síndico societario para comportarse al mismo tiempo como contador certificante o auditor de los estados contables de sociedades anonimas cerradas o de familia.” Publicado en la Revista Electrónica del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján, RED Sociales, 2: 61-93).
También existe jurisprudencia en este sentido:
Los fallos del por entonces Juez de Primera Instancia de Registro y Minas de Salta, el Dr. Emilio Cornejo Costas, en los casos “Lufa S. A.” del 24/11/1980 en el que sostuvo que “el síndico de la sociedad no puede ser el mismo profesional que certifique los estados contables de ella, pues éste debe ser contratado por la sociedad, para mantener la independencia de criterio, sin perjuicio de las múltiples incompatibilidades que la Ley 19550 impone”; y “Cerámica del Norte S.A.”, fallo del 25/03/1982: “si bien no existe una prohibición expresa que veda al contador certificante y auditor de los balances suscribir los mismos como síndico societario, sería contrario al espíritu de la Ley que ha querido garantizar la independencia de la sindicatura, no admitir la existencia de una prohibición tácita en aquellos casos en los que se vulnera notoriamente la independencia de la sindicatura respecto del órgano de administración.” (citados por Juan Leonel Palladino, ob. cit.).
La sala D de la Cámara Nacional en lo Comercial: “Mantener la función sindical y asignar tal calidad al mismo contador certificante de los estados contables, provoca una opinable situación, en la cual la misma persona individual que ha producido los estados contables, o los ha “auditado” o “certificado”, luego revisa su propia labor para dictaminar sobre ella como síndico. Tal situación origina un formulismo que, además de tal, es “insensato”, en el sentido de carente de sentido final útil… Dada la incompatibilidad del ejercicio de la sindicatura de la sociedad y certificación de estados contables por una misma persona, ésta ha de cesar en su función como síndico societario, porque no cabe imponer la cesación del otro vínculo…”. (Benavent,Oscar Luis c. Benavent Hnos. S.A.” del 25/4/95). Anotado por Ricardo Augusto Nissen, quien se enrola “…entre quienes sostiene la existencia de una incompatibilidad manifiesta en el profesional contable que ejerce la sindicatura y en el desempeño de tal cargo informa a los accionistas sobre la situación económica y financiera de la sociedad, dictaminando sobre la memoria, inventario, balance y estado de resultados (art. 294 inc.5 de la ley de sociedades) y a la vez suscribe los estados contables como contador certificante o auditor” (“Incompatibilidad entre las funciones de síndico societario y contador certificante de los balances”, publicado el LL, 1996-A, 501).
La misma sala de ese Tribunal, aunque con otra integración, en un fallo más reciente ha resuelto que: “…existe una esencial incompatibilidad entre las funciones del Síndico y el Contador certificante como del auditor. Como lo destaca el fallo y lo ha hecho con otra composición esta Sala, resultaría incongruente que el contador que certificó los estados contables o aquél profesional que los auditó puedan luego, cambiando su ropaje por el Síndico, revisar su propia labor y, más inverosímil aún, dictaminar su desaprobación … Por el contrario, que el síndico emita opinión remitiendo al consejo del auditor vuelve casi inútil su figura. No debe olvidarse que si bien ambas funciones son en general diversas, ambos profesionales (Síndico y auditor) ejercen tareas de control (interno y externo ) que requieren de una total independencia entre sí para que pueda cumplirse realmente la finalidad que les asigna la ley. Aun cuando se ha dicho que la función Sindical radica sustancialmente en un control de legalidad de la marcha de la sociedad, es claro que este cometido requiere del análisis de la documentación contable (artículo 294 inciso 1 Ley 19.550) como insumo necesario para pronunciarse sobre la regularidad de los balances mediante el informe que le impone el inc. 5º del artículo 294 de la ley específica. Es evidente que esta puntual tarea, lo llevará indefectiblemente, a realizar un nuevo contralor de los elementos ya auditados. Función que la recurrente no podría cumplir si una sola persona reuniere las calidades de Síndico y Auditor externo. Lo dicho refleja la incompatibilidad de ambos cometidos, pues es evidente la falta de independencia en el ejercicio de sendas funciones; elemento (independencia) que según la propia resolución técnica invocada por los apelantes, debe existir como condición necesaria para que puedan unificarse en un solo profesional las dos labores…” (precedente “Isabella” de la Sala D de la Cámara Nacional Comercial, ya citado).
La misma idea puede extraerse del Anteproyecto de Reforma a la Ley se Sociedades (2004) citado por Horario Rotiman, que en el inciso cuarto del artículo 286 prevé como incompatibilidad para ser síndico, con mayor amplitud que el texto actualmente vigente, a “quienes estén vinculados por alguna función, mandato, tarea laboral o colaboración profesional con la misma sociedad o con otra controlante o vinculada” (ob. cit. pág. 662). Ante la existencia de estos dispares criterios doctrinales y la falta de previsión legal concreta, soy de la idea de que esta incompatibilidad no puede ser apreciada en abstracto.
Sin embargo, estamos ante un supuesto en el que, como ya dije, se conjugan todos los elementos indicadores de un abuso de derecho por parte de la mayoría, y reitero, se trata de una sociedad anónima cerrada, que no distribuyó dividendos, que aprobó honorarios ilegales a sus directores, quienes encima, votaron favorablemente esas cuestiones. Si a ello le sumamos entonces, que el órgano de control de legalidad del desempeño de los órganos sociales está a cargo de la misma persona que audita y certifica los estados contables, y percibe, lógicamente, un sueldo por el desempeño de tales tareas; y además, ya adentrándome en el resto de las causales de remoción alegadas, guarda absoluto silencio y se mantiene inactiva frente a las flagrantes violaciones legales explicadas, no puedo sino concluir que el síndico no ha tenido la suficiente independencia en el ejercicio de su función.
Precisamente, Juan Leonel Palladino, para fundar su postura respecto de la incompatibilidad de las funciones, da como ejemplo “la situación de casi rehén en la que queda el heredero de un socio fallecido de una sociedad anónima cerrada, cuyas acciones carecen de valor venal por falta de mercado. Si a esa hipótesis que se origina por una deficiencia de la ley, se le adiciona la existencia de un contador que cumple ambos roles y que, por ende, carece de la suficiente independencia, el grado de desamparo es mayor. Máxime si se optó por estatuto contar con sindicatura en lugar de prescindir de ella (art. 284). (ob. cit.) Volviendo al resto de las causales invocadas, creo oportuno recordar que el síndico tiene como deber genérico controlar la legalidad de los actos de los otros órganos sociales (arts. 281, 294 inc.9º de la L.S.C.).
Específicamente, debe dictaminar sobre la memoria, tratando, entre otros temas, toda propuesta de los administradores referida a la constitución de reservas que no sean legales o estatutarias (conf. Miguel A. Sasot Betes y Miguel P. Sasot, en “Sociedades Anónimas. Sindicatura y consejo de vigilancia”, ed. Àbaco de Rodolfo Depalma, año 1.986, pág.126; Martorell, ob. cit. pág. 182); y fiscalizar que la remuneración de los directores sea liquidada conforme a las pautas legales o estatutarias, controlando que el monto máximo que por todo concepto perciban los miembros del directorio, incluidos sueldos y otras remuneraciones, no exceda el tope establecido por el art. 261; debiendo, en su caso, “verificar que dicho tope sólo sea excedido si se cumplen estos cinco requisitos: 1)que no haya ganancias, o ellas sean muy reducidas; 2) que los directores hayan desempeñado funciones técnicoadministrativas, o integrado comisiones especiales; 3) que el tema figure como punto específico en el orden del día; 4)que sea aprobado por la asamblea de accionistas; 5) que las remuneraciones en exceso sean destinadas expresamente a los directores encuadrados en el supuesto 2.” (Martorell, ob. cit. pág. 246).
Asimismo, frente a la eventual inobservancia de la ley o del estatuto, el síndico tiene el deber de impugnar los actos y decisiones de la asamblea (conf. Martorell, ob. cit. págs. 254/255). No debe perderse de vista que la misión de la sindicatura se centra esencialmente en velar que los órganos de la sociedad no se aparten de la ley y de los estatutos en la ejecución de las atribuciones que le son propias, misión de control de legalidad que requiere que el síndico esté legitimado para adoptar las medidas que fueren necesarias para neutalizar cualquier desviación del directorio o de la asamblea antes que lleguen a efectivizarse creando un daño a la sociedad o los accionistas (conf. Sasot Betes y Sasot, ob. cit. pág.150). Siendo ello así, resulta claro que cabe achacarle al síndico, la omisión de tal cometido, frente a las ilegalidades objeto del planteo impugnativo que fueron receptadas, originando las nulidades de las asambleas y también la remoción de los directores; por lo que corresponde remover al síndico Néstor Palma del desempeño de la sindicatura, haciéndole extensivas las consideraciones realizadas, en cuanto a los alcances de la decisión, en el apartado referido a la remoción de los directores.
Por último, resta desestimar el planteo defensivo del síndico apuntalado sobre el carácter abstracto del tratamiento de su remoción, en virtud de la sobreviniente liquidación de la sociedad decidida por la asamblea de fecha 4/7/2015 (ver fs. 685/687 de los autos nro. 3395), toda vez que la liquidación de la sociedad no implica la cesación de la sindicatura como órgano de control societario (conf. arts. 101 y ss. de la L.S.C.).
V. Conclusión Por lo hasta aquí expuesto, propongo al Tribunal:
a) Receptar los recursos de apelación interpuestos por la accionante, y rechazar, en cambio, el interpuesto por la parte demandada, y en consecuencia;
b) Declarar la nulidad de las asambleas ordinarias de accionistas celebradas en fecha 24/04/2008 y 15/09/2009 (arts. 1, 66, 70, 251, 261 de la L.S.C.; 622, 1050 y 1071 del C.C. de Velez; 7, 9, 10, 390 y 768 del nuevo C.C. y C.; 358,375, 384 y ccs. del C.P.C.C.) c) Ordenar la restitución por parte de los directores a la sociedad, del importe cobrado en exceso por la retribución del ejercicio económico cerrado el 30/06/2009, que asciende a la suma de $ 188.501,30, a la que deberá adicionarse los intereses liquidados según la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Pcia. de Bs. As. en sus depósitos a treinta (30) días (arts. 251, 261 de la L.S.C.; 1050 del C.C. de Velez; 390 del nuevo C.C. y C.)
d) Remover del directorio a María Elsa Cogorno, Evelia E. Brassara, Roberto Jorge Riva y Daniel P. Riva; y del ejercicio de la sindicatura al contador Nestor Palma (arts. 264, 281, 286, 298 de la L.S.C.). e) Imponer las costas de ambas instancias a los demandados (art. 68 del C.P.C.C.).
f) Diferir honorarios para su oportunidad (doctr. art. 31 de la ley 8.904).
ASI LO VOTO.-
Los Señores Jueces Dres. Volta y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde:
a) Receptar los recursos de apelación interpuestos por la accionante, y rechazar, en cambio, el interpuesto por la parte demandada, y en consecuencia;
b) Declarar la nulidad de las asambleas ordinarias de accionistas celebradas en fecha 24/04/2008 y 15/09/2009 (arts. 1, 66, 70, 251, 261 de la L.S.C.; 622, 1050 y 1071 del C.C. de Velez; 7, 9, 10, 390 y 768 del nuevo C.C. y C.; 358,375, 384 y ccs. del C.P.C.C.).
c) Ordenar la restitución por parte de los directores a la sociedad, del importe cobrado en exceso por la retribución del ejercicio económico cerrado el 30/06/2009, que asciende a la suma de $ 188.501,30, a la que deberá adicionarse los intereses liquidados según la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Pcia. de Bs. As. en sus depósitos a treinta (30) días (arts. 251, 261 de la L.S.C.; 1050 del C.C. de Velez; 390 del nuevo C.C. y C.).
d) Remover del directorio a María Elsa Cogorno, Evelia E. Brassara, Roberto Jorge Riva y Daniel P. Riva; y del ejercicio de la sindicatura al contador Nestor Palma (arts. 264, 281, 286, 298 de la L.S.C.).
e) Imponer las costas de ambas instancias a los demandados (art. 68 del C.P.C.C.).
f) Diferir honorarios para su oportunidad (doctr. art. 31 de la ley 8.904).
ASI LO VOTO.-
Los Señores Jueces Dres. Volta y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí: FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA, GASTON MARIO VOLTA Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, ANTE MI, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).-
//NIN, (Bs. As.), 2 de Febrero de 2017.
AUTOS Y VISTO:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del C.P.C.C.-, se resuelve: a) Receptar los recursos de apelación interpuestos por la accionante, y rechazar, en cambio, el interpuesto por la parte demandada, y en consecuencia;
b) Declarar la nulidad de las asambleas ordinarias de accionistas celebradas en fecha 24/04/2008 y 15/09/2009 (arts. 1, 66, 70, 251, 261 de la L.S.C.; 622, 1050 y 1071 del C.C. de Velez; 7, 9, 10, 390 y 768 del nuevo C.C. y C.; 358,375, 384 y ccs. del C.P.C.C.).
c) Ordenar la restitución por parte de los directores a la sociedad, del importe cobrado en exceso por la retribución del ejercicio económico cerrado el 30/06/2009, que asciende a la suma de $ 188.501,30, a la que deberá adicionarse los intereses liquidados según la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Pcia. de Bs. As. en sus depósitos a treinta (30) días (arts. 251, 261 de la L.S.C.; 1050 del C.C. de Velez; 390 del nuevo C.C. y C.).
d) Remover del directorio a María Elsa Cogorno, Evelia E. Brassara, Roberto Jorge Riva y Daniel P. Riva; y del ejercicio de la sindicatura al contador Nestor Palma (arts. 264, 281, 286, 298 de la L.S.C.).
e) Imponer las costas de ambas instancias a los demandados (art. 68 del C.P.C.C.).
f) Diferir honorarios para su oportunidad (doctr. art. 31 de la ley 8.904).
Regístrese, notifíquese y colóquese copia de la presente sentencia en los procesos acumulados.- FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA, GASTON MARIO VOLTA Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, ANTE MI, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).-
Fin de la sentencia