Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 233/13, en todas sus partes, con costas.
2Confirmar la Resolución 01/2013 (DT CAÑA) –cfr. Considerando XII- con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-44948306-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 6 de Mayo de 2022 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la ciudad de Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “A” Dres. Rubén Marchevsky (Vocal titular de la 3° Nominación) y Laura Guzmán (Vocal titular de la 2° Nominación) y a efectos de resolver el Expediente N° 38.424-I caratulada “COGRACOP S.R.L. s/ recurso de apelación”.
El Dr. Marchevsky dijo:
I. Que a fs. 51/73vta. la actora interpone recurso de apelación, en los términos del artículo 76 inciso b) de la ley N° 11.683, contra la Resolución AFIP N° 233/13 (DV RRR1), de fecha 30/09/2013, notificada el 07/10/2013, emanada de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Rosario I de la A.F.I.P. - DGI, mediante la cual se determina de oficio la materia imponible correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales 12/2007 a 12/2009 -ambos inclusive-.
Afirma ser una sociedad comercial, que posee una planta acopiadora de cereales y dedicarse a tal actividad, adquiriendo a los productores agropecuarios y revendiendo a las exportadoras.
Esgrime que, de acuerdo al principio de realidad económica, el ajuste carece de prueba y motivación suficiente. Niega la existencia de materia imponible no declarada.
Asegura haber cumplido cabalmente con las exigencias que surgen de la ley Nº 23.349 y la RG AFIP Nº 2300/07, especialmente la referida al citado régimen de retenciones. Y que, de ellas, así como de las demás normativas aplicables no se desprende de ninguna manera que para poder computar el crédito fiscal, el contribuyente deba cerciorarse que su vendedor, quien le facturó el impuesto, cumpla con sus obligaciones fiscales frente a la AFIP. Explica que ante ciertas circunstancias el organismo le otorga una lectura parcializada que proyecta a todas las operaciones cuestionadas, siendo tal razonamiento contrario a la adecuada motivación que debe existir en el acto administrativo (artículo 7 inc. e) Ley 19549); lo que deviene en la revocación de la resolución. Declara que, tal como dispone el art. 4 inc. a) de la citada RG 2300, el 8% del IVA era retenido por COGRACOP, informado mediante el SICORE, e ingresado oportunamente a las propias cuentas de la AFIP; mientras que el 2,5% restante, esto es, el IVA no retenido, era transferido a las cuentas bancarias de los productores mediante el CBU confirmado. Debido a ello, considera que la pretensión de la AFIP de ajustar el 100% del IVA de las operaciones impugnadas, habiendo sido ya ingresado el mencionado 8%, implicaría que el Estado perciba dos veces dicho 8%, configurando lo que el Código Civil llama “enriquecimiento sin causa”.
Señala que lo resuelto por el Fisco implicaría obligar al contribuyente a cumplir con un requisito que no existe normativamente, y que, además, lesionaría los derechos más fundamentales del mismo, ya que se violarían los artículos 17 y 19 de la CN, al afectar el derecho de propiedad, por un lado, y por obligar a alguien a hacer algo que la ley no manda, por el otro.
Asimismo, sostiene la imposibilidad de ingresar el 8% del IVA retenido por el presunto proveedor apócrifo, ya que cuenta a su favor con la mencionada retención que efectuó el comprador. Por ende –concluye- que la liquidación del SICORE no arrojaría suma alguna a cancelar.
Se agravia al entender que todas las operaciones se encontraban perfectamente documentadas y que fueron facturadas por los proveedores reales. Resalta, que al momento de llevarse a cabo las operaciones respectivas, éstos se encontraban inscriptos y no se hallaban incorporados a la base E-APOC, y que las facturas poseían CAI, siendo válidas.
Solicita se decrete la nulidad del acto administrativo de oficio al considerarlo arbitrario, toda vez que no se le permitió producir la prueba ofrecida.
Cita jurisprudencia y doctrina que interpreta apoyan su postura.
Finalmente, acompaña prueba documental, ofrece prueba testimonial, informativa y pericial contable, y hace reserva del Caso Federal.
II. Que a fs. 86/100 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso que oportunamente le fuera conferido y por las razones de hecho y derecho que expone, solicita que, oportunamente se dicte sentencia rechazando la acción incoada por la actora, confirmando la resolución administrativa, con costas. Ofrece como prueba documental los antecedentes administrativos de la causa. Se opone a la prueba ofrecida por la actora. Hace reserva del Caso Federal.
III. Que a fs. 112 se resuelve abrir la causa a prueba; por medio de la PV-2022-24427926-APN-VOCIII#TFN se declaró cerrado el período probatorio y se elevan los autos a consideración de la Sala “A”; a través del IF-2022- 25632518-APN-VOCII#TFN se pone la presente causa para alegar, obrando a fs. 257/260vta. y 262/266 los alegatos producidos por la actora y el Fisco Nacional, respectivamente; finalmente, con el IF-2022-41072851- APN-VOCII#TFN los autos pasan a sentencia.
Por otro lado, a fs. 80/82vta. la actora denuncia como hecho nuevo la Resolución N° 01/2013, mediante la cual la AFIP rechaza las compensaciones efectuadas, de acuerdo a la Resolución N° 233/133, e íntima el ingreso de los conceptos oportunamente cancelados con los saldos de IVA consignados por la recurrente –a tales efectos acompaña una planilla anexa con el detalle de las operaciones-. Sobre el particular, manifiesta que dicho acto viola el artículo 167 de la ley de rito, por lo que solicita se intime a la Administración a que cese en su ilegal conducta.
IV. Que a continuación corresponde establecer el contexto sobre el cual se produce la presente causa. Conforme surge de las constancias de autos, el organismo recaudador, en el ejercicio de las facultades que le son propias -art. 35 de la LPT-, dispuso la verificación al contribuyente COGRACOP S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30- 65883181-6), mediante Orden de Intervención N° 620.836, respecto del IVA períodos fiscales 12/2007 a 12/2009, comprobándose que la actora declara como actividad principal la “Venta al por Mayor en Comisión o Consignación de Cereales (incluye arroz), Oleaginosas y Forrajeras excepto semillas (COD. CIUU 461011)”, cerrando su ejercicio comercial el 30 de noviembre de cada año.
En relación al presente caso, y según consta en el Informe Final de Inspección-IVA (fs. 261/297 Cpo. Principal Nº 2), la División Investigación eleva Informe de Auditoría de la Dirección Regional Rosario I respecto del contribuyente COGRACOP SRL, en el que manifiesta que “un importante porcentaje de los créditos fiscales consignados por la firma que nos ocupa se consideran presuntamente irregulares, con lo que los saldos técnicos deberían verse notablemente afectados por el desarrollo de la presente fiscalización”, observando a diez (10) proveedores de COGRACOP SRL (fs. 1/22 Cpo. de investigaciones).
Con ese antecedente, el 31/05/2011 se dio inicio a la fiscalización que nos ocupa mediante acta F. 8000 Nº 03007 (Fs. 1/4 Cpo. Principal Nº 1), que procedió a ampliar la muestra a veintiún (21) proveedores -incluyendo los ya observados por la Dirección Regional Rosario-. Del análisis de lo actuado, resultó la existencia de deducciones de crédito fiscal provenientes de proveedores con conducta fiscal irregular, por lo que considera impugnables las declaraciones juradas presentadas por la responsable respecto del IVA -períodos fiscales 12/2007 a 12/2009-. Tal decisión se fundamenta en que “fueron constatadas un cúmulo tal de inconsistencias que derivaron en la impugnación del crédito fiscal declarado por la responsable” respecto de las operaciones de compra de cereal registradas a nombre de: TABORRA GISELA RAQUEL (CUIT Nº27-24407218-1), CINGOLANI MIGUEL ANGEL (CUIT Nº 20-06559652-1), DOS SANTOS CARLOS ALBERTO (CUIT Nº 20-11215108-8), FERZOLA AGROPECUARIA SRL (CUIT Nº30-70849996-6), RE NARCISO NAZARENO (CUIT Nº20-
06555917-0), MALÉNICA MARTÍN ALEJANDRO (CUIT Nº20-25353755-9), FABIANI DOMINGO JOSE A.
(CUIT Nº 20-06537565-7), RIFOMAR SA (CUIT Nº33-70971061-9) e INFUAGRO S.A. (CUIT Nº30-
71009124-9), por considerar que no fueron concertadas en cabeza de los mismos. Se destaca que RIFOMAR fue tipificada como “con resistencia a la fiscalización”, mientras que el resto de los proveedores observados se caracterizaron como “sin capacidad económica”. Además, se impugna la factura N° 154 del 31/07/2008 emitida por GARCIA HUGO ISMAEL (CUIT Nº20-14803175-5) por no poseer CAI otorgado por la AFIP, conforme a la RG 100/1998.
V. Que, en cuanto al agravio relacionado a la falta de motivación del acto apelado, cabe aclarar -en primer lugarque se trata de uno de los requisitos esenciales del acto administrativo -conf. art. 7, inc. e) de la ley 19.549- cuyo objetivo primordial es poner de manifiesto los motivos que determinaron el acto y su causa, conjugándolos con el principio de razonabilidad que debe guiar los actos de la Administración y cuya conclusión se reflejará en la parte resolutiva del acto dictado.
En este sentido, el imperativo legal de motivar los actos administrativos obliga a examinar sus causas y finalidades. De esta forma, se asegura que dicho análisis se efectúe, excluyendo o en su caso disminuyendo la posibilidad de dictar actos en forma apresurada, sin sustento legal o sin el análisis de las situaciones y factores que deben precederlos.
En la causa “Forex Cambio S.A.” la Alzada señaló: “[l]a motivación del acto administrativo es la explicitación de la causa, esto es la declaración de cuáles son las expresiones de las razones y las circunstancias de hecho y de derecho que ha llevado a dictar el acto. Aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad de la actuación de los órganos estatales…” Agregando que “…el ejercicio de las facultades discrecionales lleva implícito el deber de una mayor motivación del acto, ésta ha sido definida como la explicitación de la causa, es decir de la declaración de cuáles son las razones y las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar el acto que se encuentran contenidas en los considerandos.”
Y en esa línea tampoco puede confundirse la falta de motivación con la discrepancia sobre la ponderación que realizó el ente fiscal de los hechos y el derecho alegado en sustento de su pretensión, pues tal discrepancia no hace a la validez del acto, sino que dichos agravios se vinculan con la cuestión de fondo discutida (vide TFN Sala “A”: “Servicios Especiales San Antonio S.A.”, 14/11/97; Sala “B”: “Ana Clelia Vicenti S.R.L.”, 30/10/03; Sala “D”: “Club Olimpo Sociedad Civil”, 31/08/05, entre muchos otros).
Sentado ello, se observa de la lectura de las actuaciones administrativas, que en oportunidad de conferírsele la vista, se ha puesto al responsable en pleno conocimiento de las impugnaciones y cargos que se le formularan, guardando ello -luego- la debida congruencia con el acto resolutivo que posteriormente se dictara. Que del cotejo de las mentadas actuaciones no se vislumbran incumplimientos dentro del procedimiento de determinación a las reglas específicas contenidas en la ley de procedimiento fiscal, encontrándose los actos sustentados en los antecedentes que le sirven de causa y en el derecho aplicable, exponiendo en forma concreta las razones que inducen a emitirlos, luciendo, asimismo, y en principio, razonables lo motivos que los determinan.
Bajo las premisas enunciadas el Fisco Nacional analizó las pruebas acompañadas en sede administrativa, pero las consideró insuficientes para conmover el criterio fiscal.
En tales condiciones, cabe entender que en el caso de autos no se vio agraviada la garantía del debido proceso adjetivo, ya que es necesario que el vicio haya colocado a la parte en estado de indefensión, situación que no se verificó en el sub lite.
VI. Que tal como quedaron planteados los hechos, la cuestión a resolver en autos radica respecto de la caracterización como apócrifos de ciertos documentos emitidos por los proveedores mencionados precedentemente.
Ante tal problemática, este Tribunal ha centrado su atención y análisis, en la actividad desplegada por el Organismo recaudador, en el convencimiento que a él le corresponde, en primer lugar, el control de la verificación. En otras palabras, el Fisco debe sustentar su pretensión impugnativa a través de elementos concretos y razonables, lo que le permite suponer el carácter apócrifo de las facturas. Frente a dicha situación, la cuestión fáctica queda desplazada al contribuyente, que en ejercicio de su derecho de contradicción debe acreditar la verdad de sus dichos, esto es, la existencia de los proveedores y de la facturación que supuestamente emitieran a su nombre.
A tal fin corresponde analizar, para cada uno de los proveedores puestos en crisis, los elementos colectados y adjuntados en los antecedentes administrativos por el Fisco en la instancia administrativa que motivaron la impugnación de las operaciones, para luego considerar las pruebas acompañadas por el contribuyente en autos.
VII. Que corresponde avanzar con el análisis pormenorizado de los proveedores observados.
TABORRA GISELA RAQUEL (CUIT Nº27-24407218-1) -fs. 488 a 535 Cpo. Investigación y fs. 59/61 Cpo. Bases AFIP Otros Contribuyentes-: 1) Actividades Declaradas: Servicios de maquinaria agrícola N.C.P., excepto los de cosecha mecánica; Cultivo de Soja, de Maíz y de Trigo; 2) Domicilio Fiscal: Bustinza, Santa Fe; 3) Bienes Registrables: Titular del 33,33% de un inmueble y de un rodado -sedán 4 puertas-, este último vendido el 13/11/2009; 4) La firma no informa haber practicado retenciones en ningún impuesto por las supuestas compras realizadas, según DDJJ IVA; informa haber sufrido retenciones en el IG y en IVA, en los años 2008 y 2009, principalmente por COGRACOP SRL; 5) Existe acreditaciones bancarias por $119.260.- (año 2008) y $ 337.321.- (año 2009), principalmente en el Nuevo Banco de Santa Fe SA; 6) En el período analizado, presenta créditos y débitos fiscales similares en el IVA; 7) No declara empleados en el período de operaciones con la actora; 8) Excluida del Registro Fiscal de Operadores de Granos el 31/05/2010, por incorrecta conducta fiscal; registra alta con fecha 15/05/2007 en carácter de “productor”; 9) Registra alta en la base e-APOC el día 29/08/2002, categorizado como contribuyente “SIN CAPACIDAD ECONÓMICA”; 10) Según consta en el Informe de Inspección -fs. 521/527 Cpo.
Investigación-, a la contribuyente se le practicaron dos fiscalizaciones preventivas: a) OI Nº 44.442, en la que TABORRA aporta copia de contratos de arrendamiento por las ha. que explota -no posee campos propios-; el actuante localizó al titular del campo arrendado, quien negó la veracidad de dicho contrato; se constató, además, del cotejo de la firma de los recibos de cobro de los contratos y la que aparece en el contrato contra la asentada en la Multinota del titular del inmueble, que difieren visiblemente (fs. 522); en dicha inspección se concluye que el principal proveedor de la contribuyente no posee, a prima facie, capacidad física ni económica para prestar el tipo de servicio en cuestión; b) OI Nº 494.610, en la que se concluye “que por las inconsistencias del Informe Final de la AP 4442 de fecha 02/03/2010, se sugiere la exclusión del RFOG”; 11) La totalidad de los pagos fueron realizados mediante cheques, endosados por TABORRA y luego cobrados por terceros; la fiscalización detectó que algunos cobradores son empresas apócrifas - RAIZ PAMPA & Co SA, LA PAISANA SA y QRIANSA SRL, incluidas en la Base e-Apoc el 02/09/2009 como “Sin Capacidad Económica”, 23/05/2006 como “Desconocido por sus titulares o responsables” y el 01/07/2007 como “Sin Capacidad Económica”, respectivamente (fs. 202/204, 205/208 y 174/189 Cpo Bases AFIP Otros Contribuyentes N° 1)-, otros cobradores son personas que cuando fueron circularizadas, contestaron que su actividad es la de gestión de cobranzas, no aportando documentación ni datos adicionales –OLMEDO MARISA (fs. 984/987 Cpo Seguimiento Financiero N° 5)-, y el resto corresponde a personas cuya actividad no se relaciona con el comercio de cereales, tal es el caso de CAVIGLIA CARLOS, JORGE A BORTOLATO Y CIA, ASOCIACION MUTUAL PROTECCION DE VIDA, ASOCIACION MUTUAL J.C.
ROLT, CLARO, STOCK BROKERS SOCIEDAD DE BOLSA SA-; 12) Del circuito de seguimiento financiero se observa que el dinero correspondiente a las operaciones de TABORRA, no es incorporado en cuentas bancarias ni se verifica su utilización en la cancelación de obligaciones comerciales; 13) Con respecto al seguimiento físico del cereal, del total de 141 Cartas de Porte informadas por COGRACOP de operaciones con TABORRA, aproximadamente el 59% del volumen total corresponden a cereal que ingresa al acopio, mientras que el 41% restante responde a operaciones donde la actora actuó como intermediario, esto es, la mercadería no pasó por la planta de acopio que explota sino que habría sido entregada por TABORRA directamente o por orden de ella, en el puerto; 14) Contestó la circularización, sin diferencias con lo informado por COGRACOP; y 15) AFIP impugna el total del crédito fiscal por entender que la comitente “ha sido utilizada para blanquear cereal adquirido de forma marginal para luego ser vendido a firmas exportadoras”, y explica tal conclusión, entre otros, en razón de “…no poseer capacidad económica ni financiera para producir el cereal comercializado, … del seguimiento financiero no surgen acreditaciones en cuentas del productor ni pagos a proveedores, verificándose cobros por ventanilla por personas o empresas cuya actividad no se relaciona con la producción de granos, … el seguimiento físico muestra … una participación en la cadena de comercialización no acorde con la que corresponde a la producción, acopio y posterior comercialización de granos al sector exportador…”.
CINGOLANI MIGUEL ANGEL (CUIT Nº 20-06559652-1) -fs. 536/615 Cpo. Investigación y 74/77 Cpo.
Bases AFIP Otros Contribuyentes-: 1) Actividades declaradas: Cultivo de Soja y de Girasol; Transporte automotor de cargas N.C.P.; Venta al por mayor en comisión; 2) Domicilio Fiscal: Monte Buey; 3) Bienes Registrables: rodado utilitario, transferido; propiedad en la provincia de Córdoba, declarada en el año 2003; 4) Informa acreditaciones bancarias por $21.167.072.- (año 2008) y $ 10.198.767.- (año 2009); 5) Presenta DDJJ de IVA hasta febrero de 2010, informando débitos fiscales relevantes con COGRACOP, en el período analizado. Respecto del Impuesto a las Ganancias, presenta DDJJ hasta el período fiscal 2008, exponiendo un resultado fiscal de $ 511.277,01 que cancela con retenciones sufridas resultando un saldo a favor del contribuyente de $ 1.819.015,77; 6) Declara un único empleado en relación de dependencia, hasta 01/2009; 7) Excluida del Registro Fiscal de Operadores de Granos el 01/06/2009, por incorrecta conducta fiscal; registra alta con fecha 17/08/2001 en carácter de “productor”; 8) Registra alta en la base e-APOC el día 30/03/2009, categorizado como contribuyente “SIN CAPACIDAD ECONÓMICA”; 9) El contribuyente fue fiscalizado bajo la OI Nº 400.149, Dirección Región Rosario, de fecha 23/07/2009 (fs. 586/588 Cpo.
Investigación) en el desarrollo de la cual se determina que las cartas de porte acompañadas para justificar las ventas reflejan procedencia de granos de zona rural de Monte Buey, procedencia que no se corresponde con los contratos de arrendamiento aportados por la comitente –no posee campos propios-, por lo que se concluye que “no hay ningún predio rural explotado por el contribuyente en dicha zona” y, por tanto, “el responsable no ha aportado documentación que justifique el origen del grano comercializado”; 10) La totalidad de los pagos fueron realizados mediante cheques, endosados por CINGOLANI y luego cobrados por terceros; la fiscalización detectó que algunos cobradores son empresas apócrifas –QRIANSA SRL y RAIZ PAMPA & Co SA- o personas que cuando fueron circularizadas contestaron que su actividad es la de gestión de cobranzas, no aportando documentación ni datos adicionales –OLMEDO MARISA-; otros cobradores fueron: ASOCIACION MUTUAL 23 DE ENERO, ASOCIACION MUTUAL PROTECCION DE VIDA, PEUGEOT CITROEN ARGENTINA SA, STOCK BROKERS SOCIEDAD DE BOLSA SA, ASOCIACION MUTUAL J.C.
ROLT, ANGEL FACCIUTO (según sello, apoderado de C.A.M.E.C.I.A.R., siglas del CENTRO DE AYUDA MUTUA ENTRE COMERCIANTES E INDUSTRIALES), FEDERICO MARCHIORI (según sello, apoderado de RAISER SA); PEUGEOT informa que los cheques cobrados restan de la Cta. Cte. que se mantiene con MARSEILLE SA y responde al concepto de venta de automóviles y repuestos (fs. 884/976 Cpo. Seguimiento Financiero N° 5); ASOCIACION MUTUAL J.C. ROLT informa que los cheques fueron recibidos de PONCE RUBEN EZEQUIEL, CANEPA RODOLFO HUGO y ANFUSO ROSALIA DEL VALLE (fs. 853 Cpo. Seguimiento Financiero N° 5), personas que no tienen actividades relacionada con la que desarrolla por el presunto comitente (fs. 209/211, 212/214 y 215/217 Cpo.
Bases AFIP Otros Contribuyentes N 2); CAMECIAR informa que los cheques se recibieron en depósito de la cuenta a la vista N° 22383, perteneciente a DIAZ NESTOR RICARDO (fs. 1001/1013 Cpo. Seguimiento Financiero N° 6); el resto fue circularizado pero no recibieron el requerimiento o no lo respondieron; 11) Del circuito de seguimiento financiero se observa que el dinero correspondiente a las operaciones de CINGOLANI, no es incorporado en cuentas bancarias, ni se verifica su utilización en la cancelación de obligaciones comerciales; 12) Con respecto al seguimiento físico del cereal, del total de 151 Cartas de Porte informadas por COGRACOP de operaciones con CINGOLANI, el 12% corresponden a cereal que ingresa al acopio por un volumen de aproximadamente el 13% del total de operaciones registradas con CINGOLANI, por lo que el resto (87%) corresponde a operaciones donde COGRACOP actuó como intermediario, es decir, la mercadería no pasó por la planta de acopio que explota sino que habría sido entregada por CINGOLANI directamente o por orden de ella, en el puerto; 14) No respondió la circularización; y 15) AFIP impugna el total del crédito fiscal por considerar que se trata de un proveedor insolvente, que no posee capacidad económica y/o financiera para desarrollar las operaciones y que fue utilizado en forma interpósita en la comercialización de granos sin ser el verdadero partícipe de las transacciones.
DOS SANTOS CARLOS ALBERTO (CUIT Nº 20-11215108-8) -fs. 616/681 Cpo. Investigación y fs.78/81 Cpo. Bases AFIP Otros Contribuyentes-: 1) Actividades declaradas: Cultivo de Soja y de Trigo; Venta al por mayor en comisión o consignación de cereales; 2) Domicilio Fiscal: Corral de Bustos, Córdoba; 3) Bienes Registrables: 50% de inmueble, un rodado utilitario modelo 1994 y otro sin descripción modelo 1981; poseía otros tres vehículos que fueron vendidos con fecha 08/01/2003, 02/06/2008 y 11/11/2009; 4) El contribuyente no practica retenciones; en los años 2007 y 2008 registra haber sufrido retenciones en IG y en IVA por COGRACOP, entre otros; 5) Registra acreditaciones bancarias hasta el año 2009 por un monto de $236.473; en el año 2008 el monto asciende a $2.568.243.-; 6) Presenta DDJJ de IVA hasta febrero de 2010, pero desde 08/2008 sin movimiento; en los períodos donde operó con COGRACOP (enero a febrero de 2008) informa montos relevantes en concepto de débitos fiscales.
Respecto de la DDJJ de IG, las presenta hasta el ejercicio fiscal 2008, cuando informa un Impuesto determinado por $275.990,09 que cancela con retenciones sufridas, resultando un saldo a favor del contribuyente de $144.419,99; 7) Declara cinco empleados en relación de dependencia, hasta 11/2007; 8) Excluida del Registro Fiscal de Operadores de Granos el 30/06/2008, por incorrecta conducta fiscal; registra alta con fecha 17/08/2001 en carácter de “productor”; 9) Registra alta en la base e-APOC el día 29/05/2008, categorizado como contribuyente “SIN CAPACIDAD ECONÓMICA”; 10) La comitente fue inspeccionada por la Región Rosario I de la DGI-AFIP, mediante: a) OI N° 287.597, de cuyo Informe de fecha 22/02/2008 -651/652 Cpo Investigación-, surge que el responsable manifiesta que “no posee la documentación que respalda su actividad”, por lo que el actuante recomienda se dé la baja del Registro Fiscal de Operadores de Granos, conforme lo dispone el art. 40 de la RG 2300; y b) OI Nº 307.051, Informe Final de Fiscalización de fecha 28/05/2008 -fs. 650/652 Cpo.
Investigación-, en el cual se determina que “el contribuyente para justificar la producción de los granos debería contar con inmuebles propios o arrendados o una combinación de estos, ubicados en 35 departamentos de 8 provincias distintas (origen de los granos informados), por lo que habría necesitado contar un total de 15.825 ha. de campo bajo explotación”, siendo opinión de los actuantes de dicha inspección que corresponde su inclusión en la base e-APOC; 11) La totalidad de los pagos fueron realizados mediante cheques, endosados por DOS SANTOS y luego cobrados por ASOCIACIÓN MUTUAL J.C.ROLT;
circularizada dicha mutual, contesta que los cheques fueron recibidos de PONCE RUBEN EZEQUIEL, CANEPA RODOLFO HUGO y ANFUSO ROSALIA DEL VALLE (fs. 853 Cpo Seguimiento Financiero N° 5), personas que no tienen actividad relacionadas con la que desarrolla el presunto comitente (fs. 209/211, 212/214 y 215/217 Cpo Bases AFIP Otros Contribuyentes N 2); circularizados otros cobradores, no contestaron o no recibieron el requerimiento; 12) Del circuito de seguimiento financiero se observa que el dinero correspondiente a las operaciones de DOS SANTOS, no es incorporado en cuentas bancarias ni se verifica su utilización en la cancelación de obligaciones comerciales; 13) Con respecto al seguimiento físico del cereal, el total de las 109 Cartas de Porte informadas por COGRACOP respecto de DOS SANTOS corresponden a operaciones de acopio;
14. Se remitió requerimiento a su domicilio fiscal pero fue devuelto por “plazo vencido no reclamado”; y 15) AFIP impugna el total del crédito fiscal por considerar que se trata de un proveedor insolvente, que no posee capacidad económica y/o financiera para desarrollar las operaciones y que fue utilizado en forma interpósita en la comercialización de granos sin ser el verdadero partícipe de las transacciones.
FERZOLA AGROPECUARIA SRL (CUIT Nº30-70849996-6) -fs. 682/747 Cpo. Investigación y fs. 82/85 Cpo. Bases AFIP Otros Contribuyentes-: 1) Actividades declaradas: Cultivo de Trigo (desde 08/2009); Venta al por menor de semillas, abonos, fertilizantes y otros productos de vivero; Servicios de almacenamiento y depósito; Venta al por mayor en comisión o consignación de cereales; 2) Domicilio Fiscal: Henderson, Buenos Aires; 3) Se envió requerimiento a su domicilio fiscal pero fue devuelto con la leyenda “rechazado”; 4) Bienes Registrables: un rodado utilitario modelo 2006; 5) El contribuyente practica retenciones en el IG y en IVA; en el año 2008 el total de retenciones en IVA ascendió a $ 1.062.058,39; registra haber sufrido retenciones en IG y en IVA, en los años 2008 y 2009 por NIDERA SA y VINCENTIN SAIC, entre otros; 6) Registra acreditaciones bancarias hasta el año 2009; en el año 2008 por $ 32.238.379.- y en 2009 por $ 39.921.487; 7) Declara un empleado en relación de dependencia, hasta 07/2009; 8) Excluida del Registro Fiscal de Operadores de Granos el 14/09/2009, por exclusión de pleno derecho; registra alta con fecha 12/02/2004 en carácter de “acopiador”; 9) Registra alta en la base e-APOC el día 07/10/2010, categorizado como contribuyente “SIN CAPACIDAD ECONÓMICA”; 10)
Según consta en el Informe Final de Fiscalización OI Nº 559.614, con fecha 06/12/2010 -fs. 647/652 Cpo. Investigación- a fin de dar cumplimiento a la IG 748/05 (DI PYNF) –“Inexistencia de Capacidad Operativa”-, se procede a iniciar un procedimiento de fiscalización, resultado de la cual se decide dar de alta al comitente en la base e-Apoc, encuadrándolo en “Resistencia a la fiscalización, sin capacidad económica, sin capacidad financiera, desconocido por sus titulares y/o responsables, y con irregularidades en la cadena de comercialización”; tal decisión obedece a: haberse constatado, el 06/12/2010, que en el domicilio fiscal del comitente se visualiza un local comercial donde funciona otro emprendimiento comercial, y que de la base e-fisco surge que la empresa en cuestión ha efectuado venta de cereales –maíz- con fecha 23/11/2009, observándose además Cartas de Porte emitidas por traslado de soja con fecha 14/09/2009, siendo ambas operaciones posteriores a la baja de los impuestos registrada por FERZOLA (fs. 55/57 Cpo.
Legajo Ferzola Agropecuaria SRL); 11) La totalidad de los pagos fueron realizados mediante cheques, endosados por FERZOLA y luego cobrados por ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE BARRIO ECHESORTU, ASOCIACIÓN MUTUAL J.C.ROLT y GABRIEL DAVI; dichos cobradores fueron circularizados, quienes manifestaron que los cheques se los dieron CANEPA RODOLFO HUGO, PONCE RUBEN EZEQUIEL/CANEPA RODOLFO HUGO/ANFUSO ROSALIA DEL VALLE y FERNANDO VERNUCCIO, respectivamente (fs. 997, 853 y 1026 Cpo Seguimiento Financiero); actividad declarada según Base AFIP: PONCE “servicios inmobiliarios” (fs. 209/211), CANEPA “servicios de contabilidad y teneduría de libros” (fs. 212/214 Cpo. Base AFIP Otros Contribuyentes N° 2), ANFUSO S/D (fs. 215/217), y VERNUCCIO “Servicio técnico” (fs. 218/220); 12) Del circuito de seguimiento financiero se verificó que el dinero correspondiente a las operaciones de FERZOLA AGROPECUARIA SRL, no es incorporado en cuentas bancarias, ni en la cancelación de sus obligaciones comerciales; 13) La firma informa que el pago del IVA fue realizado mediante transferencia bancaria Nº 5182/4 del Banco provincia de Bs.
As. (fs. 744 Cpo. Investigaciones); habiéndosele requerido a dicha institución fotocopia del legajo de apertura de la mencionada cuenta, esta informa que “de las averiguaciones practicadas en el Sistema Bancario en Línea de esa Institución, no surge la existencia de cuentas abiertas a nombre de FERZOLA AGROPECUARIA S.R.L.” -fs. 746/747-; 14) Con respecto al seguimiento físico del cereal, del total de 46 Cartas de Porte informadas por COGRACOP de operaciones con FERZOLA, 21 (46%)
corresponden a cereal que ingresa al acopio, por un volumen que representa aproximadamente el 46% del volumen total de operaciones registradas con FERZOLA, por lo que el resto (54%) corresponde a operaciones donde COGRACOP actuó como intermediario, esto es, la mercadería no pasó por la planta de acopio que explota sino que habría sido entregada por FERZOLA directamente o por orden de ella, en el puerto; 15) AFIP impugna el total del crédito fiscal por considerar que se trata de un proveedor insolvente, que no posee capacidad económica y/o financiera para desarrollar las operaciones y que fue utilizado en forma interpósita en la comercialización de granos sin ser el verdadero partícipe de las transacciones.
RE NARCISO NAZARENO (CUIT Nº20-06555917-0) -fs. 748/822 Cpo. Investigación y fs. 88/90 Cpo. Bases AFIP Otros Contribuyentes-: 1) Actividades declaradas: Cultivo de Soja y de Cereales no clasificados; Venta al por mayor en comisión o consignación de cereales; 2) Domicilio Fiscal: Inriville, Córdoba; 3) Bienes Registrables: un rodado sin descripción, modelo 1966; 4) El contribuyente informe haber sufrido retenciones en los años 2008 y 2009 en IG y en IVA; 5) Se informan acreditaciones bancarias relevantes en el año 2008 por un monto de $ 3.794.632.-, en cuentas del Banco Macro SA y HSBC Bank Argentina SA; en el año 2007 las acreditaciones ascendieron a $ 18.000.- y en 2009 no tiene acreditaciones informadas; 6) No declara empleados en relación de dependencia; 7) Excluida del Registro Fiscal de Operadores de Granos el 16/06/2009, por incorrecta conducta fiscal; registra alta con fecha 17/08/2001 en carácter de “productor”; 8) Registra alta en la Base E-APOC el día 30/04/2009, categorizado como contribuyente “SIN CAPACIDAD ECONÓMICA”; 9) En el Informe de Investigación – Operativo Granos 2008-, se identifican las siguientes causales de exclusión de RFOG: “la realidad económica indica que la cantidad de granos comercializados en carácter de PRODUCTOR no se condice con la actividad efectivamente desarrollada por el contribuyente, dado que no justifica la producción de los granos comercializados, ni como productor ni como comerciante de granos…”; asimismo, en cuanto a la producción de los granos afirma que el comitente no se encuentra en condiciones de justificar desde el punto de vista de las toneladas entregadas, al no presentar ni contrato de arrendamiento ni propiedad de inmueble rural de al menos 1800 ha. –las necesarias para producir el volumen por él comercializado- (fs. 776/791 Cpo.
Investigación 4°); en el Informe de Inspección realizado por la Dirección Regional Rio Cuarto bajo la OI Nº 501.726, con el objeto de determinar, fehacientemente, la condición de contribuyente “Sin capacidad económica”, el inspector actuante concluye que el comitente no tiene capacidad técnica ni económica para llevar adelante la actividad de acuerdo a las solicitudes de cartas de porte efectuadas (fs. 792/793 Cpo. Investigación 4°); 10) Según informa COGRACOP, la totalidad de los pagos a este comitente se efectuaron con cheques de la firma COGRAN SRL (fs. 796), mientras que los pagos del IVA indica que fueron realizados a la Cuenta Corriente Nº 15536/9 del Nuevo Banco Bisel SA, Sucursal Los Surgentes; de la respuesta al requerimiento de la fiscalización a los bancos involucrados, se constata que los cheques fueron cobrados por OLMEDO MARISA, CAVIGLIA CARLOS, LA PAISANA SA, STOCK BROKERS SOCIEDAD DE BOLSA SA, QRIANSA SRL, PEUGEOT CITROEN ARGENTINA SA, ASOCIACION MUTUAL PROTECCION DE VIDA, GITANES SRL, ninguno de los cuales realiza actividades relacionadas con la producción de granos; además, se observa que existen algunos fueron cobrados por ANGEL FACCIUTO (según sello, apoderado de C.A.M.E.C.I.A.R.); del posterior cotejo de tales cobradores, se comprobó que: PEUGEOT informa que los cheques cobrados restan de la Cta.
Cte. que se mantiene con MARSEILLE SA y responde al concepto de venta de automóviles y repuestos (fs. 884/976 Cpo Seguimiento Financiero N° 5), LA PAISANA y QRIANSA están incluidos en la base Apoc, CAVIGLIA no recibió el requerimiento, y la ASOCIACION MUTUAL, MARSEILLE y GITANES lo recibieron pero no contestaron; 11) Del circuito de seguimiento financiero se observa que el dinero correspondiente a las operaciones de RE, no es incorporado en cuentas bancarias ni se verifica su utilización en la cancelación de obligaciones comerciales; 12) Con respecto al seguimiento físico del cereal, del total de 37 Cartas de Porte informadas por COGRACOP de operaciones con RE, 8 (42%) corresponden a cereal que ingresa al acopio, que representa aproximadamente el 44% del volumen total de operaciones registradas con RE, por lo que el resto (56%) corresponde a operaciones donde COGRACOP actuó como intermediario, en otras palabras, la mercadería no pasó por la planta de acopio que explota sino que habría sido entregada por RE directamente o por orden de ella, en el puerto; 13) Si bien se exhibe Contrato de Arrendamiento de RE (fs. 822 Cpo.
Investigación), en el Informe Final de Inspección que obra a fs. 792 Cpo. de Investigación, se indica que el contribuyente manifestó, en Acta con fecha 15/07/2010, que en el año 2008 trabajaba un total de 77 ha., alquiladas cerca de Inriville, no haciendo en esa oportunidad mención alguna del contrato de arrendamiento de fs. 822; 14) Se remitieron 2 requerimientos a su domicilio fiscal, pero ninguno fue respondido; y 15) AFIP impugna el total del crédito fiscal por considerar que se trata de un proveedor insolvente, que no posee capacidad económica y/o financiera para desarrollar las operaciones y que fue utilizado en forma interpósita en la comercialización de granos sin ser el verdadero partícipe de las transacciones.
MALENICA MARTIN ALEJANDRO (CUIT Nº20-25353755-9) -fs. 823/861 Cpo. Investigación y fs. 86/87 y 91/96 Cpo. Bases AFIP Otros Contribuyentes-: 1) Actividad declarada: Cultivo de Soja; 3) Bienes Registrables informados al fisco en el período donde realizó transacciones con COGRACOP (enero y febrero de 2009: dos rodados, no utilitarios, modelos 1992 y 1979, y una propiedad cuyo avalúo y de $ 1.445,09, en la provincia de Santa Fe; 4) El contribuyente no practica retenciones, ni de IVA ni del IG; en el año 2009 registra haber sufrido retenciones en IG por $ 65.034,34 y en IVA por $ 258.622,73, principalmente de los agentes de retención COGRACOP SRL y MARCAFE SRL; 5) Se informan cuentas bancarias en el Banco de la Nación Argentina y Nuevo Banco de Santa Fe, registrando acreditaciones en el año 2009 por un monto de $254.263.-; 6) las operaciones con COGRACOP datan de enero y febrero de 2009, meses en los que el débito fiscal declarado es similar al monto total de IVA operado con la actora; no presenta DDJJ del IG en el ejercicio fiscal 2009, siendo la última DDJJ informada la del año 2008; 7) No declara empleados en relación de dependencia; 8) Excluida del Registro Fiscal de Operadores de Granos el 28/09/2009, por incorrecta conducta fiscal e incumplimiento total o parcial de requerimientos al detectarse, según Informe de Investigación Operativo Granos 2009, que no posee capacidad operativa en relación a la cantidad de cereal movilizado, no registra empleados en relación de dependencia, no ha practicado retenciones por servicios de terceros ni por arrendamientos, no posee bienes suficientes registrados a su nombre, no registra pagos relacionados con el volumen comercializado, y presentó DDJJ IG ejercicio 2008 sin ingresos declarados, verificándose en ese período actividad gravada en dicho impuesto (fs. 26/33 Cpo Legajo MALENICA MARTIN); registra alta con fecha 17/08/2001 en carácter de “productor”; 9) Registra alta en la base e-APOC el día 26/04/2010, categorizado como contribuyente “SIN CAPACIDAD ECONÓMICA”, como resultado de la fiscalización practicada por la Dirección Regional Rosario II, mediante OI Nº 447.680, descargada el 26/04/2010, en virtud de la cual se concluye que “se puede presumir que este contribuyente no cuenta con capacidad operativa, financiera y patrimonial que le permitirían justificar el origen del cereal vendido, tratándose en principio de una operación de blanqueo de ventas de granos que han sido adquiridos en el mercado marginal” (fs. 92/94 Cpo Base AFIP Otros Contribuyentes N° 1); 10) La totalidad de los pagos fueron realizados mediante cheques -fs. 860 Cpo.
Investigación-; habiendo circularizado al Banco Macro –única entidad con la que opera-, la fiscalización constató que tales cheque fueron cobrados por OLMEDO MARISA, RAIZ PAMPA & Co SA, LA PAISANA SA y QRIANSA SRL, estas tres últimas firmas incluidas en la Base e-Apoc el 02/09/2009 como “Sin Capacidad Económica”, 23/05/2006 como “Desconocido por sus titulares o responsables” y el 01/07/2007 como “Sin Capacidad Económica”, respectivamente (fs. 202/204, 205/208 y 174/189 Cpo Bases AFIP Otros Contribuyentes N° 1); respecto de OLMEDO, afirma que su actividad es la gestión de cobranzas, no aportando mayores datos (fs. 193/195); el resto fue aplicado a las cuentas de CLARO y CTI; 11) Del circuito de seguimiento financiero se observa que el dinero correspondiente al neto por las operaciones de MALENICA, no es incorporado en cuentas bancarias ni se verifica su utilización en la cancelación de obligaciones comerciales, ya que los que cobran los cheques no realizan actividades relacionadas con la producción de granos; 12) Con respecto al seguimiento físico del cereal, las 27 Cartas de Porte informadas por COGRACOP de operaciones con MALENICA, corresponden a cereal que nunca ingresa al acopio, es decir, el 100% trata de operaciones donde COGRACOP actuó como intermediario, dado que la mercadería no pasó por su planta de acopio sino que habría sido entregada por MALENICA directamente (27 operaciones) o por orden de ella (15 operaciones), en el puerto; 13) Observan los inspectores que, a pesar del contrato de arrendamiento exhibido de 56 has (fs. 844/845vta.
Cpo. Investigación) -que data del año 1996-, el volumen vendido a COGRACOP es diez veces mayor al que se podría producir en el citado predio, por lo que la fiscalización entiende que la actora no podía desconocer que el cereal adquirido difícilmente era producido por MALENICA; a lo anterior se suma que dicho contrato de arrendamiento rige hasta la campaña 2005-2006, siendo que las operaciones con dicha comitente, de interés en autos, refieren al año 2009; además, se destaca que, de la base efisco, no surge que la propiedad de dicho inmueble sea de la Sra. Magdalena PRUZE, quien figura en el contrato como arrendadora, así como tampoco se observan presentaciones de DDJJ ni pagos a la AFIP (fs. 168/170 Cpo.
Base AFIP Otros Contribuyentes N° 1); 14) Se remitió requerimiento a su domicilio fiscal, pero fue devuelto por “plazo vencido no reclamado”; y 15) AFIP impugna el total del crédito fiscal por considerar que se trata de un proveedor que se considera insolvente, que no posee capacidad económica y/o financiera para desarrollar las operaciones y que fue utilizado en forma interpósita en la comercialización de granos sin ser el verdadero partícipe de las transacciones.
SUCESIÓN DE FABIANI DOMINGO JOSE A. (CUIT Nº 20-06537565-7) -fs. 862/932 Cpo. Investigación y fs. 100/111 Cpo. Bases AFIP Otros Contribuyentes-: 1) Actividades declaradas: Cultivo de Soja; Venta al por mayor en comisión o consignación de cereales; 2) Domicilio Fiscal: Monte Buey, Córdoba; 3) Se remitió requerimiento a su domicilio fiscal pero fue devuelto como “Rechazado”; 4) Bienes Registrables: pick up modelo 1982 y 2 vehículos sin descripción modelos 1968 y 1982; 5) No informa haber practicado retenciones, según DDJJ IVA; registra haber sufrido retenciones en el IG ($ 1.127.820,32) e IVA ($ 24.362.018,91), en el año 2009;
6. Registra acreditaciones bancarias en el año 2009 por un monto total de $ 7.795.551, en los bancos Provincia de Córdoba SA, de la Nación Argentina, y en el HSBC Bank Argentina SA.; 7) No declara empleados en relación de dependencia; 8) Excluida del Registro Fiscal de Operadores de Granos el 23/11/2009, por incorrecta conducta fiscal; registra alta con fecha 17/08/2001 en carácter de “productor”; 9) Registra alta en la Base E-APOC el día 11/06/2009, categorizado como contribuyente “SIN CAPACIDAD ECONÓMICA”; 10) Según consta en el Informe de Investigación -Operativo Granos 2009-, el funcionario actuante concluye que “el contribuyente no posee capacidad operativa para haber vendido la suma de $ 50.067.550.- atento que solo explota 30 has.
Asimismo, se observa que los movimientos de ventas corresponden solo a los meses de febrero y marzo de 2009. A través de Acta el contribuyente manifestó haber solicitado la clave personalmente y habérsela entregado al Sr. RUBÉN TOMÁS MURARO, CUIT 20-12840148-3, quien, a su vez, aparece en otros casos (CINGOLANI MIGUEL ANGEL, MURARO ELDO) como receptor de claves fiscales. Por lo expuesto corresponde su inclusión en la base apoc bajo la calidad de CONTRIBUYENTES SIN CAPACIDAD ECONÓMICA”; 11) A fs. 923 Cpo. Investigaciones, obra fotocopia del contrato entre DISTRIBUCIONES INTEGRALES SA -presidente: RUBEN TOMAS MURARO- con el Sr. FABIANI, por 2505 has, con vigencia entre julio/2007 hasta el año 2008; según surge del Informe que obra a fs. 901/903 del mismo cuerpo, en Acta de fecha 14/05/2009 el Sr.
FABIANI manifiesta que explota 30 has, que no posee herramientas propias, que no es titular de inmuebles rurales ni de maquinaria agrícola, que gestionó la clave fiscal y se la entregó al Sr. MURARO RUBEN TOMAS, y que el total producido en la Campaña 2008-2009 asciende a 287 quintales; de la consulta llevada a cabo por la fiscalización a la empresa arrendadora y a su director, surge que no es propietaria de los inmuebles supuestamente arrendados, que no informa alquileres y que no declara ingresos acorde con esa actividad (fs. 221/240 Cpo. Base AFIP Otros Contribuyentes N° 2); 12) La totalidad de los pagos fueron realizados mediante cheques de COGRAN SRL (fs. 909 Cpo Investigaciones), observándose que los mismos son endosados por MALLADA JUAN MANUEL – con sello que dice ser apoderado de FABIANI- y luego cobrados por LA PAISANA SA, RAIZ PAMPA & Co SA y QRIANSA SRL -estas tres firmas incluidas en la base Apoc-, OLMEDO MARISA -quien manifestó dedicarse a la actividad de cobranzas, ser monotributista, emitir facturas, pero haber perdido toda la información, por lo que no aporta datos de quienes le entregaron los valores-; otros cheques fueron cobrados por ASOCIACIÓN MUTUAL J.C.
ROLT -quien mediante Multinota informa que los valores fueron recibidos de PONCE RUBEN EZEQUIEL, CANEPA RODOLFO HUGO, y ANFUSO ROSALIA DEL VALLE-; 13) Del circuito de seguimiento financiero se observa que el dinero correspondiente a las operaciones de FABIANI, no es incorporado en cuentas bancarias ni se verifica su utilización en la cancelación de obligaciones comerciales, ya que los que cobran los cheques no realizan actividades relacionadas con la producción de granos (fs. 209/217 Cpo. Bases AFIP Otros Contribuyentes); cabe destacar que circularizado MALLADA, afirma no tener registros ni vínculo alguno de lo solicitado, ni de las fechas, número e importes consignados (fs. 1030 Cpo. Seguimiento Financiero N° 6); 14) Con respecto al seguimiento físico del cereal, el total de las 13 Cartas de Porte informadas por COGRACOP de operaciones con FABIANI, corresponden a cereal que ingresa al acopio; y 15) AFIP impugna el total del crédito fiscal por considerar que se trata de un proveedor que se considera insolvente, que no posee capacidad económica y/o financiera para desarrollar las operaciones y que fue utilizado en forma interpósita en la comercialización de granos sin ser el verdadero partícipe de las transacciones.
RIFOMAR SA (CUIT Nº33-70971061-9) -fs. 928/1036 Cpo. Investigación y fs. 933/1036 Cpo. Bases AFIP Otros Contribuyentes-: 1) Actividades declaradas: Cultivo de Soja; Venta al por mayor en comisión o consignación de cereales; 2) Domicilio Fiscal: CABA; 3) Se remitió requerimiento a su domicilio fiscal pero fue devuelto con la leyenda “se mudó”; se visitó el domicilio fiscal, y no se encontró a la firma; 4) Integrantes: RODRIGUEZ HORACIO JAVIER (CUIT Nº 23-40983097-9), con domicilio fiscal en CABA, y MARRA NESTOR ANIBAL (CUIT Nº 20-10310971-0), Presidente del directorio, con domicilio fiscal en la localidad 25 de mayo, provincia de Buenos Aires; 5) Bienes Registrables: no informa; 6) El contribuyente informa haber practicado retenciones en el IVA y en IG en el año 2007 por $ 2.028.840,29 y en el año 2008 por $ 1.237.493,09, según DDJJ IVA; no practicó retenciones en el año 2009, ejercicio donde efectuó ventas a COGRACOP SRL; en los años 2007 a 2009 registra haber sufrido retenciones en IG y en IVA; 7) Se informan acreditaciones bancarias en el año 2007 ($ 26.895.052), 2008 ($ 33.665.322), 2009 ($ 92.520.468) y 2010 ($ 185.234); 8) las operaciones con COGRACOP SRL son de abril de 2009, por un monto de IVA de $ 33.248; en ese mes, el comitente declara un Débito Fiscal por $ 944.659,06, y un saldo de libre disponibilidad a favor de $ 3.623.768,26; la última DDJJ presentada corresponde al período 09/2010, pero desde 06/2010 no informa operaciones; presenta DDJJ del IG hasta el ejercicio 2008, por lo que no declara en este impuesto las ventas a COGRAPOP; 9) No declara empleados en relación de dependencia; 10) Excluida de Pleno Derecho del Registro Fiscal de Operadores de Granos el 20/07/2009; la sociedad registra el alta con fecha 15/06/2007 en carácter de “acopiador”; 11) Registra alta en la Base e-APOC el día 02/04/2010, categorizado como contribuyente “CON RESISTENCIA A LA FISCALIZACIÓN”; 12) Según consta en el Informe de carga de APOC, originado en la OI Nº 496.422 -fs. 979/984 Cpo.
Investigación- se establece que, de acuerdo a los elementos analizados, se sospecha que “ RIFOMAR es una firma que ha sido creada con el objeto de: ocultar a los verdaderos accionista o responsables, impedir su localización a efectos de evitar ser fiscalizada, y ser funcional para el blanqueo de operaciones”, por lo que propone “la carga en base e-APOC enmarcando al caso en lo estipulado en el punto 2.2.5 – Con resistencia a la fiscalización de la Instrucción General 748/2005 que abarca a aquellos sujetos que resisten a la fiscalización y cuya hipótesis de evasión está directamente relacionada con las características de usinas”; 13) COGRACOP informa que el pago del IVA a este proveedor fue realizado mediante transferencia bancaria a la Cuenta Nº 390000505 del Banco COMAFI, Sucursal Tribunales; también dice que pagó el cereal con un cheque de $ 7.916,30 y una transferencia por un importe de $ 290.246,41; solicitado al banco el resumen de la cuenta bancaria, se confirmó tal acreditación a la vez que se comprobó un retiro en efectivo efectuado ese mismo día, a través del pago por caja de un cheque de $ 898.457.-, cobrado por SILVIO MIRANDA (DNI 11.726994); se constató que MIRANDA no realiza actividad vinculada con la producción o comercialización de cereales, no presenta declaraciones juradas atento ser monotributista (Fs. 241/245 Cpo.
Bases AFIP Otros Contribuyentes);
14. Con respecto al seguimiento físico del cereal, las 11 Cartas de Porte informadas por COGRACOP de operaciones con RIFOMAR, corresponden a cereal que nunca ingresó al acopio, es decir, el 100% son operaciones donde COGRACOP actuó como intermediario, dado que la mercadería no pasó por su planta de acopio sino que habría sido entregada por orden de RIFOMAR en el puerto; y 15) AFIP impugna el total del crédito fiscal por considerar que se trata de un proveedor que se considera insolvente, que no posee capacidad económica y/o financiera para desarrollar las operaciones y que fue utilizado en forma interpósita en la comercialización de granos sin ser el verdadero partícipe de las transacciones.
INFUAGRO S.A. (CUIT Nº30-71009124-9) -fs. 62/73 y 161/167 Cpo. Bases AFIP Otros Contribuyentes-: 1) Actividad declarada: Venta al por mayor en comisión o consignación de cereales; Venta al por mayor de cereales; Venta al por mayor de aceites y grasas; Elaboración de aceites y grasas de vegetales refinadas; 2) Domicilio Fiscal: CABA; 3) Se remitió requerimiento a su domicilio fiscal pero fue devuelto por “plazo vencido no reclamado”; se visitó el domicilio fiscal, no encontrándose persona alguna, por lo que se considera “domicilio inexistente o desconocido” 4) No se informan bienes registrables de su titularidad; 5) El contribuyente ha practicado retenciones; se destaca la efectuada a RIFOMAR SA, empresa incluida en la base e-APOC, cuya actividad era la de acopio; ha sufrido retenciones en los años 2008 y 2009, en el IG ($ 113.436,13 y $ 4.787.704) y en IVA ($ 1.423.533,41 y $136.032), respectivamente; 6) Se informan acreditaciones bancarias en el año 2009 por un monto de $ 56.087.428; 7) INFUAGRO declara débitos fiscales superiores al crédito fiscal computado por COGRACOP, y saldos de libre disponibilidad en los meses de enero y febrero de 2009; 8) Declara cuatro empleados en relación de dependencia en el año 2009, pero no realiza pagos de aportes; 9) Excluida del Registro Fiscal de Operadores de Granos el 29/06/2009, por incorrecta conducta fiscal; registra alta con fecha 18/04/2008 en carácter de “acopiador”; 10) Registra alta en la base e-APOC el día 29/09/2011, categorizado como contribuyente “SIN CAPACIDAD FINANCIERA”; 11) Del seguimiento financiero llevado a cabo se observa que la cancelación del neto de la operación se efectuó mediante transferencias bancarias; solicitados a la entidad financiera los resúmenes correspondientes, se confirma las acreditaciones en la cuenta del comitente y se detectan retiros en efectivo efectuados por la propia firma, el mismo día de la acreditación o al siguiente (fs. 4/81 y 542/549 Cpo.
Seguimiento Financiero); 12) Con respecto al seguimiento físico del cereal, las 36 Cartas de Porte informadas por COGRACOP de operaciones con INFUAGRO, corresponden a cereal que nunca ingresó al acopio, es decir, el 100% son operaciones donde COGRACOP actuó como intermediario, dado que la mercadería no pasó por su planta de acopio sino que habría sido entregada directamente o por orden de INFUAGRO en el puerto; y 13) AFIP impugna el total del crédito fiscal por considerar que se trata de un proveedor que se considera insolvente, que no posee capacidad económica y/o financiera para desarrollar las operaciones y que fue utilizado en forma interpósita en la comercialización de granos sin ser el verdadero partícipe de las transacciones.
GARCÍA HUGO ISMAEL (CUIT 20-14803175-5) -fs. 1037/1073 Cpo. Investigación y fs. 120/132 Cpo. Bases AFIP Otros Contribuyentes-: 1) Actividades declaradas: Venta al por mayor en comisión o consignación de cereales; Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas; 2) Domicilio Fiscal: CABA; 3) Se remitió requerimiento a su domicilio fiscal pero fue devuelto por “desconocido”; se considera como “domicilio inexistente o desconocido”; 4) Se informa relaciones con CASTILLO MARTA ALEJANDRA (CUIT Nº 27- 14938399-4) como titular de las cuentas bancarias, y con PIO ALBERTO DOMINGO (CUIT Nº 20-12800325- 9), como integrante de la sociedad NOGALITO SRL (CUIT Nº 30-70938239-6); dicha empresa se encuentra en la base e-APOC como “ SIN CAPACIDAD ECONÓMICA” -fecha de carga 03/05/2010-; 5) No se informan bienes registrables de su titularidad; 5) El contribuyente no informa haber practicado retenciones; declara haber sufrido retenciones en el año 2008, en el IG ($ 77.115,07) y en IVA ($ 29.046,86); en 2009, solamente del IG ($ 8.331,95); 6) Se informan acreditaciones bancarias en el año 2005 por un monto de $ 1.439.114, y en el año 2006 por $ 170.800; no existiendo acreditaciones en los años posteriores; 7) No posee solicitudes de facturas presentadas, ni tampoco informó facturas electrónicas emitidas, ni posee controladores fiscales; en base a lo expuesto, y a haberse constatado que el número de serie que figura al pie de la factura no corresponde a un controlador fiscal, y que el número de CAI no corresponde a una autorización de impresión, la fiscalización concluye que la Factura Nº 0001-00000154 (fs. 1070 Cpo.
Investigaciones) es apócrifa; 8) No declara empleados en relación de dependencia; 9) No existe información del Sr. GARCIA en Registro Fiscal de Operadores de Granos ni en la base e-APOC; 10) El comitente ha sido fiscalizado bajo la OI Nº 398458, en fecha 04/03/2009 por la Dirección Regional Microcentro, y el inspector actuante concluye “remitir las actuaciones a la División Investigación de la Dirección Regional Microcentro con el objeto de cargar al contribuyente en la base E-APOC de acuerdo a lo establecido en el punto 2.2.6 de la IG 748/05 (DI PYNF)”, con la salvedad que “se encuentra pendiente la consulta del domicilio legal/real que surge del P.U.C.”, sito en Rosario (fs. 1062/1066 Cpo. de Investigaciones); 11) Según la factura impugnada, COGRACOP adquiriere de PROVINAGRO, propiedad de GARCIA HIGO ISMAEL, el producto “Glifosato”; dicha factura se paga mediante dos cheques librados por el corredor COGRAN SRL del Nuevo Banco Bisel SA Nº 20164444 y 20164446; del Seguimiento del Circuito Financiero llevado a cabo por la inspección, surge que esos cheques habrían sido canjeados, siendo cobrados por DROGUERIA 20 DE JUNIO y DROGUERIA KELLERHOFF SA; según se observa de las copias de los cheques -solicitados al banco y que obran a fs. 1096 y 1097 del Cpo de Investigaciones-, los mismos no fueron endosados por GARCIA ni figura como beneficiario de los mismos, sino que fueron entregados directamente por COGRACOP a esas droguerías, sin la intervención del supuesto proveedor; y 12) AFIP impugna el total del crédito fiscal por considerar que se trata de un proveedor que se considera insolvente, que no posee capacidad económica y/o financiera para desarrollar las operaciones y que fue utilizado en forma interpósita en la comercialización de granos sin ser el verdadero partícipe de las transacciones.
Asimismo, la inspección destaca que, además de los proveedores observados por la División de Investigaciones, se procedió a analizar otros comitentes: RAMELLO SERGIO Y ARIEL S (CUIT N° 30-70827636-3), SANTA TERESA AGROPECUARIA (CUIT N° 33-57334486-9), DE ROMEDI MARIO LUIS (CUIT N° 20-06187061-
0), MARTINO LORENZO HECTOR (CUIT N° 20-11229104-1), PRADO GUSTAVO SOTERO (CUIT N° 20-
16633776-4), MASCOTTI ALCIDES (CUIT N° 20-10811407-0), BERTOLOTTO MARTIN EZEQUIEL (CUIT N°20-26373505-7), CALAMANTE ENRIQUE Y OSCA (CUIT N° 30-61363287-1), SPERNANZONI HECTOR CESAR (CUIT N° 20-06642327-2), PRODUCTOS ARGENTINOS SRL (CUIT N° 30-69086661-3) y ESTABLECIMIENTO LAS MARIAS S.H. LERD (CUIT N° 33-70905948-9), no surgiendo observaciones respecto de ellos, con excepción de que el requerimiento cursado al comitente SANTA TERESA AGROPECAURIA no fue recibido, devuelto con la leyenda “plazo vencido no reclamado”.
En lo relativo a las Cartas de Porte analizadas, observa la fiscalización que del total de 5655 comprobantes que reflejan el cereal movilizado por COGRACOP en el período 12/2007 a 12/2009 –según fecha de descarga-, en 596 de ellas constan alguno de los proveedores impugnados. De ese universo de 596 Cartas de Porte, se observa que la localidad de “Origen” respecto a un mismo proveedor varía, es decir, que cada uno de los proveedores cuestionados indica como “Origen” de los granos, diversas localidades. Y resalta que esta situación se agrava cuando el proveedor interviene como “A la Orden”, esto es, cuando el “Remitente” de la Carta es COGRACOP, y se envía “A la Orden” del proveedor en cuestión.
Finalmente, la inspección describe las principales inconsistencias detectadas en la operatoria con todos los proveedores de cereal observados: 1) De los antecedentes que obran en autos referidos a TABORRA, CINGOLANI, DOS SANTOS, FERZOLA AGROPECUARIA SRL, RE, MALENICA, FABIANI e INFUAGRO, resultado de distintas fiscalizaciones practicadas por el organismo recaudador con anterioridad a la presente, se encuentran caracterizados como “SIN CAPACIDAD ECONOMICA”, mientras que RIFOMAR se tipificó como “CON RESISTENCIA A LA FISCALIZACIÓN”. 2) Todos los pseudo proveedores mencionados en el punto 1º, se encuentran al momento de la Vista excluidos del Registro Fiscal de Operadores de Granos. 3) No obstante los antecedentes de cada proveedor cuestionado, con el objetivo de verificar la real concreción de las operaciones en cabeza de los mismos, la fiscalización actuante recabó de las bases de datos con que cuenta el Organismo, toda la información relativa a las cartas de porte que dan respaldo al circuito físico del cereal operado, surgiendo: a) Para aquellos casos donde el pseudo proveedor se encuentra inscripto como productor de cereales -TABORRA y MALENICA-, no existe constancia fehaciente alguna de que dispongan de campos de su propiedad o arrendados en las localidades en donde las cartas de porte indican que fue cargado el cereal, irregularidad que se profundiza en relación a MALENICA, en cuya documental se consignan diez (10) localidades distintas; b) Para aquellos casos donde el pseudo proveedor se encuentra inscripto como intermediario en la compra y venta de cereal -INFUAGRO SA-, no existe constancia de donde se originó el cereal adquirido por COGRACOP SRL, atento a no obrar en las bases de datos de la AFIP que la proveedora observada haya practicado retenciones/percepciones relacionadas con la operatoria de granos durante el período en cuestión, observación que se agrava si se considera que las cartas de porte indican seis (6) localidades distintas de la provincia de Córdoba y una (1) de la provincia de La Pampa como sitios donde se cargó el cereal; c) Para aquellos casos en que formalmente reviste el carácter tanto de productor como de intermediario -CINGOLANI, DOS SANTOS, FERZOLA AGROPECUARIA SRL, RE, RIFOMAR SA, y FABIANI-, para todos excepto FABIANI, no consta en las bases de información fiscales antes mencionadas que hayan practicado las retenciones/percepciones que conlleva la operatoria de cereal, así como tampoco logró verificarse certeramente la posesión de inmuebles propios o alquilados aptos para la producción agrícola en las localidades consignadas como origen del cereal, inconsistencia fundamental, máxime si tenemos en cuenta la gran variedad de lugares implicados -9 para CINGOLANI, 6 para DOS SANTOS, 7 para FERZOLA AGROPECUARIA SRL y 8 para RE-; d) Respecto de FABIANI -fallecido-, se destaca que la suma del total de kilogramos consignados en las cartas de porte informadas relativas al mismo supera ampliamente los 400.000 kg., cuando el mismo contribuyente -en vida- declaró que no es titular de inmuebles rurales ni de maquinaria agrícola, que gestionó la clave fiscal y se la entregó al Sr.
MURARO RUBEN TOMAS (CUIT 20-12840148-3), y que el total producido en la campaña 2008/2009 ascendió a 287 quintales (28.700 kilogramos). 4) De las 596 cartas de porte informadas, sólo 227 –que representan el 38,09%- tienen como destino a COGRACOP SRL, cuando esta debería ser la operatoria regular en la cadena de circularización de un acopio. 5) Las inconsistencias indicadas en los puntos anteriores –respecto del origen, kilogramos o del destino del cereal- debilitan la credibilidad de las cartas de porte que respaldan documentalmente el traslado del cereal en cuestión, irregularidades que analizadas conjuntamente con las restantes mencionadas dejan en evidencia que el cereal no fue proveído por quienes figuran en la contabilidad de la responsable. 6) En referencia a los medios de cancelación de las operaciones en cuestión, a INFUAGRO SA y a RIFOMAR SA se les habría abonado utilizando principalmente transferencias bancarias, y a los restantes pseudo proveedores a la inversa, es decir, depositando en cuentas bancarias sólo el importe del impuesto al valor agregado no retenido (fs. 33/39 del Cuerpo Principal N° 1, fs. 531/534, 589/594, 653/656, 743/744, 794/796, 859/861, 908/910 y 983/984, de Cuerpos de Investigación). 7) Sobre las transferencias bancarias efectuadas en cuenta de INFUAGRO SA y de RIFOMAR SA corresponde mencionar que, a partir de los resúmenes de cada una de la cuentas respectivas, se corroboró la acreditación de los montos y se observó, en cada caso, el retiro de los fondos en efectivo en los días subsiguientes, actitud llamativamente irregular en comparación con el circuito financiero habitual de un productor y/o intermediario en el comercio de granos (fs. 1/81, 542/549 y 643/700 Cuerpo de Seguimiento Financiero); 8) En cuanto a los valores que habrían sido entregados como contrapartida del cereal en cuestión a TABORRA, CINGOLANI, DOS SANTOS, FERZOLA AGROEPCUARIA SRL, RE, MALENICA y a FABIANI, en base al análisis de la documentación suministrada por las instituciones bancarias respectivas, el personal fiscalizador no logró verificar que el importe neto relativo a las operaciones formalmente documentadas a nombre de tales contribuyentes tuvieran un destino acorde con el de un emprendimiento –tanto de compra/venta como de producción- agropecuario, ya que en su mayoría, encontraron su último destino en mutuales, sociedades de bolsa u otros terceros cuya actividad no guarda relación alguna con la agrícola o bien se encuentran incluidos en la base APOC (fs. 847/1053 Cpo. de Seguimiento Financiero y Cuerpo de Bases AFIP Otros Contribuyentes). 9) Una irregularidad más grave aún se verificó en relación al supuesto pago mediante transferencia bancaria efectuado en cuenta N° 5182/4 del Banco Provincia de Buenos Aires a FERZOLA AGROPECUARIA SRL, en virtud de la respuesta recibida por la entidad bancaria: “ de las averiguaciones practicadas en el Sistema Bancario en Línea de esa institución, no surge la existencia de cuentas abiertas a nombre de FERZOLA AGROPECUARIA SRL” (fs. 744/7456 Cpo. de Investigaciones) y 10) El personal actuante remitió requerimientos a los pseudo proveedores en cuestión con el objeto de recabar otra documental que acredite fehacientemente la real concertación de las operaciones en cabeza de ellos mismos, resultando esta tarea infructuosa atento a que, a excepción de TABORRA, no se obtuvo respuesta alguna de los mismos por diversos motivos, a saber: “Rechazado” –FERZOLA AGROPECUARIA SRL y FABIANI-, “Plazo vencido no reclamado” –MALENICA, INFUAGRO SA y DOS SANTOS-, “Se mudó” –RIFOMAR SA- y “Desconocido” –HUGO GARCÍA-, o bien recepcionado el requerimiento en cuestión, no fue contestado –RE- (ver Cuerpos de Circularizaciones y Exportadores).
VIII. Que ello sentado, corresponde ahora que este Tribunal aprecie el elenco probatorio producido en los presentes autos.
Que del análisis de los informes de la Sociedad Gremial de Acopiadores de Granos (fs. 119) y de la pericia contable (fs. 150/223), no surge elemento alguno que refute la tesis que el Fisco Nacional sostiene en la resolución recurrida, en cuanto a la conducta irregular de los proveedores observados.
En efecto, la Sociedad Gremial valida como una conducta habitual en la actividad que los acopios, con la finalidad de reducir costos, traten de evitar que la mercadería a comercializar ingrese físicamente a la planta. Estrategia que, como vimos, ha adoptado COGRACOP SRL en el 61.6% de las Cartas de Porte analizadas, que representan el 58.7% del volumen total que surge de las mismas. Y, más allá de la observación referida a la incorrección de utilizar Cartas de Porte con un origen distinto a aquél declarado y autorizado -que excede el objetivo de este análisis-, lo cierto es que tal validación de la Sociedad Gremial, en lo que aquí interesa, sólo alcanza a reafirmar que efectivamente la actora ha llevado a cabo el traslado de cereal, pero nada dice acerca de los proveedores del grano.
En otras palabras, el informe no hace sino confirmar el movimiento físico del cereal desde los lugares de origen detallados en las mencionadas Cartas de Porte hasta los lugares de destino, pero no ayuda a despejar las dudas que se levantan con relación a la identificación de los reales proveedores del cereal, pudiendo identificarse únicamente el lugar de origen de los mismos.
Que tal extremo tampoco se ve revertido por el Informe Pericial, donde solo se deja constancia de los datos asentados en los libros contables, los medios de pago utilizados y el cumplimiento de la normativa vigente, cuando en realidad dichas registraciones sólo valen en relación con la fe que merezcan los comprobantes que le sirven de respaldo (cfr. art. 35 de la L. 11683), documentos que al ser puestos fundadamente en crisis en el caso, restan eficacia probatoria a las aludidas registraciones.
IX. Que, una vez realizada la descripción de los hechos, cabe señalar que la Sala V de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo en la causa "Barreré y Asociados Soc. De Hecho" de fecha 24/06/05, ha sostenido que para que se pueda reconocer al contribuyente el crédito fiscal, éste debe probar, entre otras cosas, la real existencia de las compras efectuadas, con sus correspondientes facturas donde el impuesto se encuentra discriminado.
Dicho criterio fue reafirmado por la Corte Suprema de la Nación en recientes fallos en las causas "Stopcar S.A." y "Feretti, Félix Eduardo", de fechas 21/08/13 y 10/03/15 respectivamente.
Así las cosas, es necesario destacar -como lo sostuve en mi voto correspondiente a la causa caratulada “ARRE BEEF S.A. s/recurso de apelación” de fecha 21/9/2018- que la mera existencia de facturas en legal forma no habilita, sin más, el cómputo del crédito fiscal. Con sólo observar el texto del artículo 12 de la ley de IVA se puede apreciar la evidente intención del legislador de resguardar la determinación final del gravamen imponiendo una serie de requisitos y condiciones para que el crédito fiscal pueda ser computado como tal por el contribuyente. Así encontramos que, entre el propio artículo 12 y otras normas complementarias, dicho cómputo está sujeto a: a) que sea imputable al período fiscal en que hubiera sido facturado y discriminado; b) que se encuentre facturado y discriminado en la factura o el documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas cualquiera que fuese la etapa de su aplicación; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que la cancelación de la operación se instrumente a través de determinados medios de pago; h) que las operaciones que originan crédito fiscal hubieran generado para el vendedor, importador, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Que como puede colegirse, se trata de una serie de requisitos concurrentes de tipo formal algunos y de tipo material otros, inscribiéndose entre estos últimos la generación del débito fiscal en cabeza del sujeto que emite la factura, lo que no hace más que garantizar la característica de un impuesto plurifásico no acumulativo como el tratado.
Que esta modificación legal data de 1990 y recepta los argumentos de los Dictámenes 35/84 y 22/85 – DATJ- que cuestionaban que la simple emisión de una factura, aunque cumpliera con los requisitos legales, pudiera acordar válidamente un crédito fiscal al comprador.
Que hasta la citada modificación legal la propia Corte – caso “Industrias Electrónicas Radio Serra S.A.”- sustentaba la impugnación de créditos fiscales amparándose en el principio de la realidad económica para no hacer lugar a cómputos de créditos sin el correlato de una operación explícita que hubiera generado el débito pertinente.
Que en este marco, el requisito para la computabilidad del crédito fiscal, basado en la “generación del débito fiscal” o “perfeccionamiento del hecho imponible” en cabeza del vendedor, locador, importador o prestador, como reza el último párrafo del artículo 12 de la Ley de IVA, no supone la posible declaración y pago por parte de éste del gravamen sino que tamiza por el artículo 6 en tanto se trate de venta de bienes o de locación o prestación sobre bienes, se requiere que medie la efectiva existencia de los bienes y estos hayan sido puestos a disposición del comprador.
No pasa inadvertido que de las constancias de la causa surgen serias irregularidades en cabeza de los proveedores, tanto en el análisis del circuito financiero de las operaciones de la actora, como en el circuito físico de movimiento de cereales, o en la capacidad operativa de los mismos proveedores.
En lo que hace al circuito físico de cereales, del análisis de las Cartas de Porte, se corrobora el movimiento del cereal desde el lugar de origen al lugar de destino, pero no hecha luz sobre si tales operaciones fueron efectivamente concertadas en cabeza de los proveedores que se indican en dichos documentos, al no observarse que detenten la posibilidad fáctica de proveerlos.
Por otra parte, la imposibilidad de contactarlos o la falta de respuestas por parte de los supuestos proveedores de COGRACOP SRL consignados en las cartas de porte, no ayudan a ofrecer otros elementos que permitan acreditar que la compra se realizó en cabeza de ellos, a pesar de haber sido posible demostrar la existencia física del bien transado. Por tal motivo, en los presentes autos sólo se determinó el Impuesto al Valor Agregado y no el Impuesto a las Ganancias, temperamento que resulta acorde a lo dispuesto por la ley del tributo aquí apelado, pero de manera alguna ofrece elementos que permitan acreditar que la compra se realizó en cabeza de los proveedores cuestionados.
En este orden de ideas, cabe poner de relieve que una cosa es reputar de apócrifa una factura por el mero hecho de que el proveedor no haya presentado las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado y/o al impuesto a las ganancias, o que las haya presentado en forma constante con saldo a su favor, circunstancias estas, que resultan completamente ajenas al adquirente de tales bienes o servicios y que no bastan, por sí solas, para calificar de falso instrumento alguno. Pero otra muy distinta es la situación que se presenta cuando se dan, concomitantemente, una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las operaciones y, como corolario, una actitud de la apelante que se limita a aseverar dogmáticamente que no le compete el control de la situación fiscal de aquellos con quienes contrata, sin aportar dato adicional alguno (gerentes, domicilios reales, depósitos, seguros, sujetos encargados de la cobranza, contratos, etc.) tendiente a profundizar la investigación en terrenos que resultan de su exclusivo interés (cfr. doctrina jurisprudencial emergente de TFN - Sala A - "Molla, Pedro José" - 17/3/2002, en idéntico sentido esta Sala - "in re" "Vialbo Construcciones SA" - 2/12/2002).
En consecuencia, la impugnación de los proveedores ha sido adecuadamente valorada por el Fisco Nacional, toda vez que ha quedado demostrada la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que presentan un cuadro de serios reparos respecto de su capacidad operativa para poder prestar los servicios o bienes facturados, los que llevaron a concluir que los mismos no fueron prestados por los proveedores impugnados.
Va de suyo, que en el examen de las presentes actuaciones no se ha considerado relevante que el proveedor figurase o no en la base APOC al momento de las operaciones cuestionadas y que contara con autorización para emitir comprobantes (conf. esta Sala, Exp. N° 32915-I “Feliciano Pazos S.A. c/ DGI”, del 14-11-18; Exp. N° 37.594-I “Megamodel S.A. c/DGI”, del 18-12-18 y Exp. 39.442-I “Goldsonic S.A. c/DGI”, del 26-12-18), pues lo concreto y decisivo es que al demostrarse los extremos que tornan inverosímiles las operaciones, la inclusión o no del proveedor en la citada base, no comporta un factor que permita soslayar los datos obtenidos y menos aún prescindir de la realidad que implica la imposibilidad de la concreta realización de las mismas. También es preciso mencionar que el análisis del Fisco Nacional, efectuado sobre los proveedores impugnados, se basó en una profunda investigación que se requiere para el caso, tal como lo propone el “Protocolo de actuación para la investigación de delitos penales tributarios a través del uso de facturas apócrifas” – Resolución (PGN) Nº 149/2009 que si bien no es una pauta de seguimiento obligatorio para el ente fiscal, otorga una mayor rigurosidad y sustento a la investigación y consecuente conclusión.
Vale aclarar que no es de vital importancia la oportuna aprobación por parte de la AFIP o de otros organismos estatales para que los proveedores se encuentren habilitados o en condiciones de existir jurídicamente, operar comercialmente o emitir facturación, todo lo cual podrá hacer final y eventualmente reprochable y sancionable el incumplimiento de deberes de los funcionarios actuantes. En este estadío de la controversia y a la luz de aquello que consta en el expediente, lo que fundamentalmente debe establecerse es la materialidad y veracidad de la operación desde el punto de vista económico dado que el hecho imponible en crisis, que pudo haber dado lugar al cómputo de créditos fiscales, es un hecho económico más allá de las relaciones jurídicas entre las partes. Que en consecuencia, voto por confirmar el criterio fiscal que impugna el crédito fiscal computado respecto de los proveedores TABORRA GISELA RAQUEL, CINGOLANI MIGUEL ANGEL, DOS SANTOS CARLOS ALBERTO, FERZOLA AGROPECUARIA SRL, RE NARCISO NAZARENO, MALÉNICA MARTÍN ALEJANDRO, SUCESIÓN FABIANI DOMINGO JOSE A., RIFOMAR SA e INFUAGRO S.A., por entender que las facturas que documentan dichos gastos y que contienen el crédito fiscal son apócrifas, sin que la interesada haya probado la real existencia de la operaciones en cabeza de los proveedores cuestionados. Además, voto por confirmar la impugnación de la factura Nº 154 del 31/07/2008 emitida por GARCIA HUGO ISMAEL por no cumplir con las formalidades exigidas por la norma pertinente -poseer CAI otorgado por la AFIP, conforme a la RG 100/1998-, independientemente de haberse demostrado en autos el carácter de apócrifo del mismo. Todo ello, con costas.
X. Que corresponde referirse al agravio que considera que la pretensión de la AFIP de ajustar el 100% del IVA de las operaciones impugnadas -habiendo sido ya ingresado el 8%-, implicaría que el Estado perciba dos veces dicho 8%, configurando lo que el Código Civil llama “enriquecimiento sin causa”.
Al respecto he de mencionar que, tanto en la Vista como en la resolución apelada en autos, el fisco fundamenta su decisión en haber constatado un cúmulo tal de inconsistencias que derivaron en la impugnación del crédito fiscal declarado por la responsable, respecto de las operaciones de compra de cereal registradas a nombre de los proveedores consignados en tales resoluciones, por considerar que no fueron concertadas en cabeza de los mismos. Es decir, no desconoce la existencia de las operaciones de compra, sino que expresa dudas respecto de los vendedores consignados en las facturas, entendiendo que son falsos porque carecen de capacidad económica, financiera, patrimonial y operativa para desarrollar la producción y/o el acopio de la mercadería comercializada. Con sustento en este concepto, entiende que las operaciones sí se produjeron, pero no fueron facturadas a nombre de los verdaderos responsables, existiendo terceros ocultos que utilizaron a los sujetos antes mencionados para incumplir o evadir sus obligaciones fiscales.
Esta idea se exterioriza por la propia AFIP al contestar los agravios, cuando afirma que “en la presente se impugna crédito fiscal computado por la adquirente, con origen en operaciones generadoras del hecho imponible pero perfeccionadas con sujetos distintos a los que emitieron las facturas, es decir, las operaciones resultan ser actos simulados consistente dicha simulación en la interposición de personas, pero no es un acto carente de realidad en cuanto a la existencia del cereal, entonces, se han practicado retenciones sobre operaciones reales, aunque en cabeza de otro proveedor”.
En esa línea de razonamiento, el fisco reconoce que las compras han existido pues la mercadería se entregó efectivamente a los exportadores/industriales, por ello entiende que corresponden las retenciones efectuadas por COGRACOP SRL.
Que en un caso similar al que aquí nos ocupa, en la causa N°33.965-I caratulada "Cooperativa de Trabajo Molinera de Saladillo Ltda. s/recurso de apelación” he sostenido que “la postura asumida por el organismo fiscal aparece como contradictoria ya que, por un lado, los proveedores existen como sujetos pasivos de la retención y a su vez no son reconocidos como proveedores de la actora”.
Y que, además “debe entenderse que según surge de la economía general de este gravamen, al impugnársele el crédito fiscal, la actora asume el ingreso de todo el impuesto sobre el valor agregado de todos los actores económicos que hayan generado dicho valor antes que los bienes hubieran llegado a ella. Esto se corrobora simplemente, contrario sensu, con el régimen especial de recupero de IVA para exportadores ya que al reintegrarles a éstos el crédito fiscal reflejado en sus facturas de compras, vinculadas a la exportación, se libera a la misma de todo este gravamen, siguiendo el criterio imperante, en nuestra ley y en la legislación comparada, de gravar los consumos sólo en el país de destino, que es lo que persigue la ley de IVA. En esta inteligencia, si al reintegrarse un crédito fiscal discriminado en la factura de un proveedor se libera de todo el gravamen al bien o servicio, al impugnarse el cómputo de un crédito fiscal no sólo se alcanza al valor agregado por la propia actora sino a los valores agregados anteriores, asumiendo el impugnado la carga total del impuesto de actores económicos que estuvieran operando en la marginalidad”.
Agregando que, como consecuencia de lo antedicho y de la desaparición fuente tanto del crédito fiscal como la de obligación de retener, queda en evidencia que el ingreso al Fisco de este último concepto resulta infundado, que así lo he expresado en la causa “Cooperativa Agropecuaria Unión y Progreso LDA.” del 24/8/18.
Ello es así, toda vez que “...el pago de la retención es imputado al contribuyente que la soporta. Sin embargo, al seguirse la tesitura del Fisco, se ignora a este contribuyente y, por ende, el importe del IVA retenido e ingresado no podrá ser aprovechado por sujeto alguno, dando origen a un enriquecimiento sin causa del Estado” (Dictamen de la Procuración General de la Nación, en la causa “Compañía Argentina de Granos S.A.” del 8/11/16), recalca dicho dictamen que “...no son auténticas retenciones practicadas respecto del impuesto que corresponde a un tercero, sino que -ante el reconocimiento de la falsedad del IVA abonado a esos proveedoresdevienen en ingresos propios, que ha efectuado sin causa...”.
Asimismo, he manifestado que en tal razonamiento el organismo fiscal debió aplicar la teoría de las correcciones simétricas, contenida en el art. 81 de la ley 11.683 en su anteúltimo párrafo, el que dispone que “Cuando a raíz de una verificación fiscal, en la que se modifique cualquier apreciación sobre un concepto o hecho imponible, determinando tributo a favor del Fisco, se compruebe que la apreciación rectificada ha dado lugar a pagos improcedentes o en exceso por el mismo u otros gravámenes, la Administración de Ingresos Públicos compensará los importes pertinentes, aun cuando la acción de repetición se hallare prescripta, hasta anular el tributo resultante”, siendo ésta una disposición imperativa y no facultativa (“La Biznaga S.A.” Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia del 31/03/1987).
Para concluir, en base a los argumentos referidos anteriormente, que dado que el dinero perteneciente al contribuyente tachado de apócrifo ha ingresado a las arcas fiscales, obligarlo a ingresar el tributo sin considerarlas, importaría una especie de enriquecimiento ilícito a favor del Fisco.
No obstante lo antes expuesto, debemos traer a colación reciente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Compañía Argentina de Granos SA”, en el que el Máximo Tribunal adopta una posición contraria al entender que resulta pertinente “rechazar el argumento atinente a que las retenciones ingresadas por la empresa resultarían incausadas por no corresponder a operaciones de venta que hayan generado el correspondiente crédito fiscal, toda vez que, como quedó comprobado en autos, el ajuste fiscal no se fundó en la declaración de inexistencia de las operaciones sino en la impugnación del cómputo del crédito fiscal originado en ellas…”. Para, en el considerando 16 afirmar que “cabe aclarar que la solución que aquí se adopta se compadece con la normativa legal vigente y con los hechos comprobados en la causa, de manera que una solución contraria que hiciese lugar a la demanda de repetición significaría un enriquecimiento sin causa de la empresa aquí actora pues incrementaría su patrimonio en la medida de las sumas retenidas en concepto de IVA que gravaron efectivamente las transferencias onerosas de cereales a CAGSA, y cuya titularidad pertenece a los proveedores a quienes en definitiva corresponda adjudicar las respectivas ventas, se trate de los productores fictos o de los ocultos, según la tesis fiscal. Por tal motivo, carece de sustento el planteo de la actora dirigido a señalar que el eventual rechazo de su pretensión pueda conducir a una injusta falta de aprovechamiento del IVA retenido e ingresado por sujeto alguno, dando así lugar a un enriquecimiento sin causa del Estado Nacional, pues nada impediría a los referidos productores que se consideren con derecho para comparecer por la vía pertinente a fin de demostrar que son quienes efectivamente soportaron las retenciones y a quienes correspondería efectuar la imputación de su pago de acuerdo con las previsiones legales correspondientes (confr. arg. doctrina de Fallos: 306:1548)” (CSJN “Compañía Argentina de Granos SA c/AFIP (DGI) s/contencioso administrativo – varios”, sentencia del 1/03/2021).
Esto, por cuanto como resulta en el caso que nos ocupa, la AFIP-DGI no desconoce la existencia de las operaciones de compra de COGRACOP SRL, sino que pone en duda la titularidad de los reales vendedores del cereal. En consecuencia, se impugna el cómputo de los créditos fiscales de IVA originados en esas operaciones dada la incertidumbre en relación con tales proveedores.
En esa línea de razonamiento, se reconoce que las compras han existido pues la mercadería se entregó efectivamente a los exportadores/industriales, por lo que corresponden las retenciones efectuadas por COGRACOP SRL, dado que el tributo debía pagarse porque las operaciones han existido según las pruebas que dan cuenta del circuito físico de la mercadería.
Así, más allá de nuestra opinión sobre el tema en debate, razones de economía procesal y seguridad jurídica hacen que este Tribunal adopte el criterio de la Corte.
Ello así, voto por no hacer lugar al planteo de la recurrente respecto de las retenciones por ella practicadas.
XI. Que, en lo que toca a los intereses resarcitorios, el art. 37 de la ley 11.683 dispone que “La falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio”. “…La obligación de abonar estos intereses subsiste no obstante la falta de reserva por parte de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS al percibir el pago de la deuda principal y mientras no haya transcurrido el término de la prescripción para el cobro de ésta”.
Respecto a su naturaleza jurídica el Máximo Tribunal ha fijado su postura en el sentido “El presupuesto generador de los intereses establecidos por el art. 42 de la ley 11.683 (t. o. en 1978 y sus modific.) así como de los previstos por el art. 161, no es otro que la mora del deudor en el cumplimiento de la prestación que la ley pone a su cargo. Esta falta de cumplimiento oportuno - se encuentre la deuda a cargo del contribuyente o del Estado es el hecho que la ley contempla para establecer el comienzo del curso de los intereses ya que ellos representan un modo específico de indemnización al acreedor, por el retraso en la satisfacción de esa obligación pecuniaria”(Fallos: 308:283), es decir que le reconoce características indemnizatorias, tendiendo así a resarcir a la víctima, en este caso la Hacienda Pública, restituyéndola al estado anterior a la mora.
Que ello es así, por cuanto se impone en forma automática, sin interpelación alguna, ni debe ponerse en mora al deudor, al ser obligaciones de plazo cierto y no exige para su aplicación la tramitación de sumario alguno por tratarse de una sanción de tipo civil.
Que para que se configure la mora deben presentarse tres elementos concurrentes, a saber:
a) El retardo en el pago de la obligación a cargo del deudor. El organismo fiscal es el encargado de fijar los vencimientos para la presentación tanto de las declaraciones juradas de los impuestos a cuyo cargo se encuentra su recaudación, como los anticipos de ellos, retenciones y percepciones que deben ingresar los contribuyentes (conf., Decreto 618/97), mediante las respectivas resoluciones, el retardo entonces se producirá con la falta de cumplimiento total o parcial en el plazo fijado por el ente recaudador.
b) Que ese retardo sea imputable al deudor. Es decir que el incumplimiento le sea imputable por culpa o dolo. Esto ha sido reconocido por el propio Fisco en los Dictámenes DATJ de la DGI 117/77 y 7/78 y convalidado también por la Corte de Suprema de Justicia de la Nación in re “IKA-Renault SAICyF” del 25/02/1982, “...El artículo 42 de la ley 11683 (actual art. 37) establece que la constitución en mora del deudor se produce automáticamente, esto es, por el solo acaecimiento del plazo, sin necesidad de requerimiento previo. Con ello, el precepto citado hace referencia expresa al elemento formal de la mora, pero no al elemento subjetivo constituido por la imputabilidad del retardo, el que también integra el concepto de dicho instituto jurídico. No obstante, dada la naturaleza resarcitoria de los intereses previstos en el citado artículo 42 y la falta de toda previsión sobre el carácter de la mora del deudor, es posible recurrir a la legislación común para llenar ese vacío, siendo de aplicación a la ley tributaria, consecuentemente, la última parte del artículo 509 del Código Civil (artículo 1732 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación), que exime al deudor de las responsabilidades de la mora -intereses moratorios, etc.- cuando prueba que no le es imputable” (artículo 1730 del nuevo Código en el marco de “la función resarcitoria” Sección 3°, Título V del Libro Tercero). En el mismo sentido Vendomé SRL, CNFCA Sala III, 9/10/79 y ESSO SAPA - CNFED. CONT. ADM. - SALA III - 27/07/1983).
c) El daño. Consiste en la privación del uso del capital al Estado durante el período en que el deudor estuvo en mora, teniendo lugar en esta materia por la falta de ingreso al vencimiento de la obligación tributaria. Que a tenor de lo expuesto y no habiendo probado la actora que la mora en el ingreso de sus obligaciones fiscales no le es imputable, corresponde confirmar los intereses resarcitorios aplicados en la resolución apelada.
XII. Que en lo referente a la Resolución N° 01/2013 (DT CAÑA) que rechaza las compensaciones efectuadas –sobre la base de la determinación aquí apelada- e íntima a ingresar los conceptos cancelados a través de ese medio, corresponde su confirmación de conformidad con los argumentos vertidos en los Considerandos anteriores.
Sin perjuicio de ello, he de remarcar que le asiste razón al recurrente cuando sostiene que dicha resolución es contraria a lo dispuesto por el artículo 167 de la ley procedimental. Tal entendimiento reposa en lo resuelto por esta Sala, en su anterior composición, in re “Pilotes Trevi S.A.”, sentencia del 15/12/2006, donde expresó que “si bien la Administración Fiscal emite dos resoluciones, resultan que jurídica y económicamente son inescindibles ya que en definitiva, la atinente a la denegatoria de la compensación reconoce como fundamento la precedente, sujeta a las implicancias legales consecuentes de la apelación ante el Tribunal y asimismo que la denegatoria de la compensación e intimación consecuente del importe respectivo, en razón de la vinculación apuntada y por imperio de los hechos vendría, indirectamente, a significar la exigibilidad del monto ajustado y apelado; circunstancia que implicaría el efecto suspensivo del recurso interpuesto ante este Tribunal”. En el caso de autos, se advierte que la intimación cursada por el Fisco Nacional, se encuentra alcanzada por el efecto suspensivo sobre la intimación de pago que posee el recurso de apelación ante este Tribunal deducido por la recurrente contra la determinación de oficio en que dicho acto se basa, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 167 de la Ley N° 11.683, razón por la cual cabe concluir que el Fisco Nacional debió abstenerse de ejecutar tales actos hasta tanto este Tribunal dicte sentencia sobre la cuestiones traídas a su conocimiento, por aplicación del principio de unicidad recursiva del acto administrativo.
En esta misma dirección, con fecha 26/04/2007, la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Unitan S.A.”, compartió el criterio del fallo “Pilotes Trevi” ya citado, señalando que: “En efecto, sin perjuicio de que la autorización de solicitudes de compensación no posee un régimen equiparable a las determinaciones de oficio en razón de las diversas vías de impugnación, tal como esta Sala ha manifestado en precedentes anteriores, no puede dejar de advertirse la íntima vinculación que se corrobora en el caso entre la determinación de oficio del organismo recaudador y la intimación de pago por tributos compensados con saldos a favor impugnados por la primera. Este nexo causal directo fue reconocido por el propio tribunal administrativo al rechazar, en el precedente citado, la excepción de incompetencia acusada por la representación fiscal en un caso similar al presente”.
Por tanto, la denegatoria de la compensación e intimación consecuente del importe respectivo, en razón de la vinculación apuntada y por imperio de los hechos vendría indirectamente a significar la exigibilidad del monto ajustado y apelado; circunstancia que implicaría obviar el efecto suspensivo del recurso interpuesto ante este Tribunal. Las costas se imponen por su orden.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos y a los Considerandos V a IX y XI a XII del voto del Dr. Marchevsky.
II. Que corresponde rechazar el planteo de la recurrente dirigido a obtener que se rechace la pretensión fiscal de ajustar el 100% el impuesto al valor agregado de las operaciones impugnadas sin considerar el 8% ingresado. En efecto, el derecho a repetir previsto en la ley procesal confiere legitimidad a los contribuyentes y responsables del gravamen que hubieren soportado el tributo, circunstancia que no se da en la especie, pues la recurrente actuó como agente de retención, ingresando el impuesto de otro (vid. Voto de la suscripta en la causa “Cooperativa Agropecuaria Unión y Progreso Ltda.”, 24/8/2018 y sus citas).
Cabe destacar que nuestro Máximo Tribunal abonó esta postura en un reciente pronunciamiento recaído in re "Compañía General de Granos S.A. c/AFIP-DGI”, de fecha 11/03/2021 en donde, en lo que aquí interesa, sostuvo: “… Corresponde también acoger los restantes agravios de la demandada y, en consecuencia, rechazara la demanda, pues este Tribunal ha sostenido con anterioridad que los agentes de retención solo se encuentran autorizados a demandar la repetición de los impuestos regidos por la ley 11.683 en los supuestos en los que el cumplimiento del deber que la legislación les impone ha derivado en un perjuicio personal (Fallos 306:1548; 324:920), y en el caso de autos resulta claro que CAGSA no ha demostrado como correspondía la existencia y acreditación de perjuicio alguno.”
En mérito a lo expuesto, voto por confirmar la resolución venida en recurso. Con costas.
Que en virtud de la votación que antecede, SE
1. Confirmar la Resolución N° 233/13, en todas sus partes, con costas.
2. Confirmar la Resolución 01/2013 (DT CAÑA) –cfr. Considerando XII- con costas por su orden. Se deja constancia que el presente pronunciamiento se dicta con el voto coincidente de dos Vocales Titulares por encontrarse vacante la Vocalía de la 1ra. Nominación (art. 184 de la ley 11.683).
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. - Date: 2022.05.05 17:59:12 -03:00 Date: 2022.05.06 11:47:08 -03:00 Ruben Alberto Marchevsky Laura Amalia Guzman Vocal Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.06 11:47:09 -03:00
Fin de la sentencia