Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada salvo en lo que se refiere al quántum de la multa apelada, la que debe reducirse al mínimo legal.
2Las costas se imponen en relación a sus respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-24663113-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 15 de Marzo de 2022 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación) y Ruben A. Marchevsky (Vocal Titular de la Tercera Nominación), a fin de resolver el expediente N° 31.663-I caratulado “Coito Eduarto s/ apelación”.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fs. 17/27 vta. se interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 25 de marzo de 2008 dictada por la AFIP-DGI, en virtud de la cual se determinó de oficio la obligación tributaria de la recurrente en el impuesto a las ganancias por el período fiscal 2002, se liquidaron intereses resarcitorios y se aplicó una multa con sustento en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal.
En primer lugar efectúa un análisis sobre la inflación y sobre sus efectos en el ámbito tributario. En este sentido, expone que a fin de corregir la distorsión provocada por la inflación, se dictaron en nuestro país las normas que incorporaron el mecanismo de ajuste por inflación en la ley del impuesto a las ganancias.
Aduce que la prohibición de utilizar tal mecanismo de ajuste dispuesta por normas dictadas con posterioridad, provocó que las empresas debieran pagar impuesto a las ganancias sobre rentas inexistentes y aún sobre pérdidas reales del ejercicio, ante el contexto inflacionario iniciado a partir del año 2002. Precisa que el cálculo del ajuste por inflación, en la determinación de la base imponible del impuesto a las ganancias en el año 2002, tuvo como finalidad, la eliminación de los efectos de la depreciación monetaria sobre el patrimonio, a los efectos del cálculo de la base para la aplicación del tributo. Entiende que, de no ser corregidos los efectos de la inflación, la capacidad económica gravada será inexistente o ficticia, con una clara afectación del principio de legalidad, además de principios de orden sustantivo y derechos del contribuyente y se termina violando el principio de no confiscatoriedad, precepto implícito de orden constitucional que surge de la garantía del derecho de propiedad consagrada en el art. 17 de la Constitución Nacional.
Sobre el particular, puntualiza que, según expuso el Alto Tribunal, la confiscatoriedad de tributos se configura cuando se prueba la absorción por parte del Estado de una parte sustancial de la renta o capital gravado.
Afirma que la negativa expresa por parte del organismo fiscal, para incluir el ajuste por inflación en la liquidación del impuesto, implica una flagrante violación a los principios constitucionales consagrados en los arts. 4, 14, 16, 17, 18 y 28 de la C.N..
Insiste en el sentido de que, de no aceptarse el ajuste por inflación, resultan violadas las siguientes disposiciones constitucionales: los derechos de protección al contribuyente (legalidad, capacidad contributiva, equidad, generalidad, prohibición de confiscatoriedad) y el derecho de propiedad entre otros.
Señala que la capacidad contributiva es la base de garantías que la Constitución Nacional otorga para limitar el poder de imposición del Estado y gravar con impuesto a las ganancias aquello que no es una verdadera ganancia sino tan solo la exposición de los activos y pasivos a un proceso inflacionario, vulnera el principio constitucional de equidad, consagrado en el art. 4, en tanto no se tendrá en cuenta la verdadera capacidad contributiva del obligado del pago para determinar el monto a ingresar, sino resultados distintos a los realmente obtenidos.
Aduce que un decreto del poder ejecutivo, dictado en ejercicio de la delegación legislativa, no puede suspender garantías consagradas constitucionalmente so pena de ser declarado inconstitucional.
Sostiene que la inflación creciente, que ha superado todos los límites aconsejables, determina que el contribuyente termine abonando una Tasa real por el tributo muy superior a la nominal establecida, resultando confiscatoria y violando el principio de igualdad ante la ley. Cita jurisprudencia para avalar su postura.
Por último, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 35/46 contesta la representación fiscal el traslado del recurso, quien por las razones de hecho y derecho que invoca, solicita se confirme la resolución apelada, con costas. Hace reserva del caso federal y acompaña los antecedentes administrativos de la causa.
III. Que a fs. 74 se elevan los presentes autos a consideración de la Sala “A” y a fs. 76 se ponen para dictar sentencia.
IV. Que con motivo de una fiscalización practicada al actor, se verificó que integraba la sociedad “Coito, Eduardo, Oscar, Antonio, Orlando René y Julio Roberto S.H., siendo partícipes cada uno en un 20% del resultado de la sociedad. La explotación de la citada sociedad, en el período fiscal 2002, determinó un resultado impositivo de $ 1.095.523,85, distribuyéndose a cada socio un importe que ascendió a $ 219.104,77. Los actuantes verificaron que el resultado impositivo de la sociedad contiene en el rubro otras deducciones, el monto de $ 691.773,96 que representa la diferencia entre la valuación de las existencias iniciales de bienes de cambio a valores de cierre del ejercicio (31/12/2002), respecto del valor de las mismas al inicio (01/01/2002). Dicha deducción fue impugnada (vid. informe final de inspección obrante a fs. 72/75 del cpo. de verificación del impuesto a las ganancias), en razón de lo cual se modificó el resultado del ejercicio y por ende, aumentó el resultado atribuible a cada socio y el impuesto a las ganancias calculado en consecuencia, ajuste que fue rechazado por el actor, razón por la cual se inició el procedimiento de determinación de oficio que culminó con la resolución que ante esta instancia se apela.
Es así que, la determinación del impuesto se origina en la impugnación de la deducción sustentada en la diferencia de valuación de las existencias iniciales, que conforme expone la actora, se calculó para corregir los efectos distorsivos que provocó la inflación en la base imponible del impuesto a las ganancias del período fiscal en cuestión.
El resultado impositivo determinado por el organismo fiscal arrojó un importe de $ 1.787.297,81, atribuyéndose a cada socio la suma de $ 357.459,56, determinándose un impuesto de $ 110.189,54 y un saldo a ingresar de $ 48.793,77.
V. Que ello así la cuestión nuclear a resolver consiste en determinar la procedencia de la deducción que la recurrente sustentó en la existencia de un proceso inflacionario iniciado en el período fiscal 2002, que habilitó, a su criterio, el cálculo del ajuste por inflación, a fin de corregir sus efectos distorsivos en la liquidación del impuesto a las ganancias.
En este sentido, y en cuanto a los agravios referidos a la afectación de derechos y garantías constitucionales por parte de las normas que impiden la aplicación del ajuste por inflación impositivo, tuvo oportunidad de expedirse nuestro Máximo Tribunal en varios precedentes. Así in re “Candy S.A.” (3/7/2009), sostuvo que: “...este Tribunal en los autos “Santiago Dugan Trocello S.R.L.”...expresó que tanto el art. 39 de la ley 24.073 como el art. 4 de la ley 25.561 -que sustituyó el texto de los arts. 7 y 10 de su similar 23.928- representan una decisión clara y terminante del Congreso Nacional de ejercer las funciones que le encomienda el art. 75, inc. 11, de la Constitución.”
“Con sustento en dicha norma y de conformidad con lo resuelto en otros precedentes (Fallos 315:158 y 992), en aquella oportunidad se recordó que resultaba indudable la competencia del legislador nacional para dictar la ley 23.928 y que, a partir de este acto, no sólo habían quedado derogadas las disposiciones legales sino que, además, debían ser revisadas las soluciones de origen pretoriano que admitían el ajuste por depreciación de la moneda, en cuanto, precisamente, se fundaron en la falta de decisiones legislativas destinadas a enfrentar el fenómeno de la inflación. Por ello, se agregó que la prohibición al reajuste de valores, así como de cualquier otra forma de repotenciar las deudas, tal como ordenan los preceptos cuestionados, es un acto reservado al Congreso Nacional por disposiciones constitucionales expresas y claras, pues es éste quien tiene a su cargo la fijación del valor de la moneda y no cabe pronunciamiento judicial ni decisión de autoridad alguna ni convención de particulares tendientes a su determinación (Fallos: 225:135; 226:261 y sus citas).” “En ese contexto, se añadió que el alegado incremento de la carga tributaria que traería aparejada la prohibición de emplear el mecanismo de ajuste del título VI de la ley del impuesto a las ganancias ha sido establecido por el Congreso Nacional, que es el único poder del Estado investido de la atribución para el establecimiento de tributos (Fallos: 155:290; 248:482; 303:245; 312:912; 316:2329; 319:3400, entre muchos otros), destacándose, al respecto, que las leyes 24.073 y 25.561 habían cumplido con el requisito del artículo 52 de la Constitución Nacional en cuanto al mecanismo específico de sanción de toda ley tributaria.” Agrega la Corte en dicho precedente que “Como ya se expuso, en la medida en que las normas cuya validez se debate en la causa han sido dictadas por el órgano al que el texto constitucional atribuye al ejercicio del poder tributario -respetándose incluso, el procedimiento legislativo que estatuye el art. 52 de la norma suprema- no puede alegarse una violación al principio de reserva de ley tributaria, conclusión que no se modifica por el mero hecho de que haya existido un período en el que se observó un sensible proceso inflacionario.”
“...Que no es función del Poder Judicial juzgar el mérito de las políticas económicas decididas por otros poderes del Estado, sino ponerles un límite cuando violan la Constitución y, en este caso, el derecho de propiedad.”
“...Es necesario, entonces, determinar si existe una afectación al derecho de propiedad y, a tales efectos, corresponde reiterar algunas de las pautas jurisprudenciales que esta Corte, desde antiguo, expuso sobre la materia, examinando su concreta aplicación en el sub lite”.
VI. Que en razón de lo expuesto por la Corte en la jurisprudencia citada, corresponde analizar los agravios del apelante orientados a poner en evidencia una afectación a su derecho de propiedad, por considerar que el impuesto determinado por el Fisco, resultó confiscatorio, único supuesto en el cual la Corte admitió -luego del análisis que efectuó en cada caso en particular- el cómputo del ajuste por inflación en la liquidación del tributo del período involucrado en autos.
En este sentido, como sostuviera el Dr. García Belsunce, la no confiscatoriedad de los tributos no es una expresa garantía constitucional, sino implícita, que surge de la aplicación de la garantía del derecho de propiedad consagrada en el artículo 17 de la C.N., y numerosa jurisprudencia, en forma pacífica, la ha declarado cuando los tributos, por su monto, confiscan el capital o la renta de los contribuyentes (cfr. García Belsunce, Horacio A., “Las garantías constitucionales del contribuyente”, DF, T° XXXIV, pág. 811 y sgtes.). El principio es consecuencia entonces del reconocimiento y tutela que la Carta Magna otorga al derecho de propiedad y a la caracterízación que del mismo hizo nuestro Máximo Tribunal. En ese sentido, cabe tener presente que es un principio aceptado sin hesitación que el impuesto no debe exceder determinados límites, dentro de los cuales debe mantenerse el interés fiscal. Ahora bien, también es cierto que no ha podido establecerse con precisión relativa la racionalidad de un gravamen, esto es, cuándo un porcentaje debe considerarse confiscatorio. En palabras de Bielsa, “en la jurisprudencia de la Corte Suprema se encuentran algunas fórmulas que si bien se inspiran en principios de equidad, no siempre tienen la precisión y la certeza necesarias para servir de base o un límite entre lo que es confiscación y lo que no es eso” (García Belsunce, op. Citada). La Corte ha dicho “...que el impuesto establecido por la ley no sea justo ni moderado, no se infiere la nulidad de los artículos que lo aplican, mientras no se demuestre su carácter confiscatorio, puesto que como lo ha declarado esta Corte, los inconvenientes o la falta de política de las leyes del estado, no constituyen necesariamente una objeción a su validez constitucional (Fallos 188:39), pues “...no puede desconocerse que el acierto o el error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse (Fallos 313:410), por lo que la declaración de inconstitucionalidad de una ley -acto de suma gravedad institucional- exige que la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable” (Fallos 314:424; 320:1166, entre otros).
En ese contexto, puede afirmarse que los impuestos no pueden ser confiscatorios porque lesionarían el derecho de propiedad; que no es facultad de los jueces revisar la oportunidad, conveniencia o justicia de los tributos o la justeza de la política tributaria en tanto no se lesione aquélla garantía y que ésta se verá agraviada cuando absorba una parte sustancial de la renta o capital gravado.
Comparto entonces el pensamiento mayoritario de nuestra doctrina en el sentido que la Corte nunca estableció criterios precisos y rígidos para determinar la confiscatoriedad en términos generales y con aplicación para todos los gravámenes, sino que se ha limitado a declararlo en algunos casos o porcentajes, para considerar que pasados los mismos, aquélla queda configurada (vid. García Belsunce, Bielsa, Casas, entre otros). De allí que “la confiscatoriedad de un tributo no puede ser establecida sino a consecuencia del análisis detenido de las circunstancias de hecho que condicionan su aplicación, y su incompatibilidad; por tal motivo, la violación al derecho constitucional de propiedad no puede resultar sino de la prueba de la absorción por parte del Estado de una parte sustancial de la renta o del capital gravado” (vid. Suprema Corte de Mendoza, Sala I, Autotransportes Andesmar S.R.L. c/provincia de Mendoza”, 11/11/91).
Por su parte, en el fallo “Candy S.A.” (3/7/2009), la Corte sostuvo que: “el poder estatal de crear impuestos no es omnímodo e ilimitado, pues tiene un natural valladar en los preceptos constitucionales que requieren que las contribuciones sean razonables en cuanto no han de menoscabar con exceso el derecho de propiedad del contribuyentes que debe soportarlas (Fallos 235:883)”.
Finalmente, en dicho decisorio nuestro Tribunal Cimero concluyó que “...la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste del Título VI de la ley del Impuesto a las Ganancias resulta inaplicable...en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas obtenidas por el actor -según cabe tener por acreditado con la pericia contable- y excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose así un supuesto de confiscatoriedad”.
VII. Que sentado lo que antecede, cabe señalar que ante esta instancia el recurrente no produjo prueba alguna, por lo que cabe remitirse a la producida en sede administrativa.
Así ello, obra agregado en los antecedentes administrativos (vid. fs. 14/19 del cpo. de antecedentes auxiliares) un informe pericial contable, en el cual se le solicitó al experto que determine el impuesto a las ganancias, por el período 2001/2002, utilizando la actualización de precios de la existencia inicial a valores de cierre. El perito, antes de responder a lo solicitado, aclara que el ajuste efectuado a las existencias iniciales que efectuó la sociedad de hecho, no implicó la realización del ajuste por inflación que estipula la ley del impuesto a las ganancias en sus arts. 94 y siguientes. En este sentido, precisa el experto que la metodología incluída en la ley prevé la actualización de las existencias iniciales utilizando índices de precios y no valores de cierre y, a su vez, se prevé la actualización de todas las cuentas intervinientes en el balance impositivo, y no únicamente de las existencias iniciales de bienes de cambio.
Sentado ello, surge evidente que la sociedad se apartó de lo dispuesto por la ley del impuesto respecto de la metodología prevista para calcular el ajuste por inflación impositivo, no habiendo especificado las razones que sustentaron su proceder.
En este sentido, y como señala el Fisco en la contestación del recurso, el procedimiento legalmente previsto para calcular el resultado por exposición a la inflación, tiene en cuenta la composición patrimonial y los movimientos de cada contribuyente en particular, pudiendo generar un ajuste negativo o positivo en la liquidación del impuesto del ejercicio.
De lo expuesto, se desprende que la sociedad debió calcular el ajuste por inflación conforme las pautas legalmente establecidas, luego de lo cual correspondía que efectuara el correspondiente análisis sobre confiscatoriedad, a efectos de decidir sobre la incorporación o no del ajuste señalado, en la declaración jurada respectiva.
En razón de lo que antecede, toda vez que la sociedad de hecho que integra el recurrente se apartó de la metodología legalmente prevista, limitándose a efectuar un ajuste configurado por el aumento del valor de las existencias iniciales de bienes de cambio, no se cuenta con la debida información para decidir acerca de la confiscatoriedad alegada, por lo que corresponde confirmar la determinación apelada, con costas.
VIII. Que, finalmente corresponde expedirse respecto a la multa aplicada con sustento en el artículo 45 de la ley 11.683.
Dicha norma tipifica el ilícito de omisión de impuestos, que requiere –en situaciones como la sub examine- la concurrencia de dos situaciones, a saber: a) omisión de pago de impuestos y b) la falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas. En este último supuesto, siempre que el juez administrativo haya descartado la existencia de “declaraciones engañosas”, además de los presupuestos de culpa o negligencia.
Ello así, el extremo objetivo que requiere la norma para su procedencia se encuentra verificado en la especie, pues como quedó dicho, como consecuencia de las tareas de verificación llevadas a cabo por el ente fiscal, se detectó que la recurrente se computó la proporción que le corresponde en el resultado de la sociedad de hecho que forma parte, que no se encontraba correctamente calculado, en razón de la deducción que resultara debidamente impugnada por el Fisco Nacional.
Con respecto al elemento subjetivo, cuya concurrencia es necesaria para la configuración del ilícito en cuestión, cabe efectuar algunas consideraciones. En ese sentido, debe tenerse presente que para que alguien pueda ser castigado debió obrar voluntariamente, con culpa, pues entiendo que deben excluirse aquellas sanciones exigidas sólo de modo objetivo.
Sobre el particular, cabe recordar que nuestro Máximo Tribunal al delinear el ilícito en cuestión sostuvo que “…surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador. Por lo tanto, la jurisprudencia que ha tenido en cuenta el a quo no es apta para decidir la cuestión en examen”
“Que, sentado lo que antecede, cabe destacar que esta Corte ha reconocido en numerosas oportunidades que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquél a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos - 271:297; 303:1548; 312:149). Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos - 316:1313; causa L.269.XXXII, "Lambruschi, Pedro Jorge s/ley 23771", fallada el 31/10/1997)”.
“Que por lo tanto, toda vez que en el caso ha quedado acreditada la materialidad de la infracción prevista por el art. 45 de la ley 11683 (texto citado) con la determinación de la obligación tributaria que ha quedado firme -de la que resulta la omisión del pago de impuestos y la inexactitud de las declaraciones juradas presentadas por la actora- la exención de responsabilidad sólo podría fundarse válidamente en la concurrencia de alguna de las circunstancias precedentemente aludidas” (“Elen Valmi de Claret”, del 31/3/99). En ese contexto, corresponde confirmar el encuadre de la sanción aplicada, debiendo señalarse, por lo demás, que el actor no expuso agravio alguno sobre la misma ante esta instancia.
Por último, en cuanto al quántum de la multa apelada, debe reducirse al mínimo legal, al no haber detallado el Juez Administrativo razones concretas por las cuales aplicó un porcentaje superior, con costas en relación a sus respectivos vencimientos.
El Dr. Marchevsky dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución apelada salvo en lo que se refiere al quántum de la multa apelada, la que debe reducirse al mínimo legal.
2. Las costas se imponen en relación a sus respectivos vencimientos.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta con el voto coincidente de dos vocales titulares de la Sala, por encontrarse vacante la Vocalía de la 1º Nominación (art. 184 de la ley 11.683). Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.-
Date: 2022.03.15 16:43:43 -03:00 Date: 2022.03.15 17:48:59 -03:00 Laura Amalia Guzman Ruben Alberto Marchevsky Vocal Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.03.15 17:49:00 -03:00
Fin de la sentencia