Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2019-55108498-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de nulidad articulada por la actora, con costas.
2Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-128273552-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 28 de Noviembre de 2022 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el Ex. 2022-93839279-APN- SGAI#TFN, caratulado “ COLA EDUARDO ALBERTO s/recurso de apelación”
La Dra. Gómez dijo:
I. Que mediante RE-2022-93836563-APN-SGAI#TFN, el Sr. Eduardo Alberto Cola interpone recurso de apelación contra la resolución dictada el 8 de julio de 2022 por la Dirección Regional Río Cuarto por la que se le determinó de oficio el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia (Ley 27.605 y su reglamentación), intimándose saldo a ingresar al organismo recaudador, liquidándose intereses resarcitorios y, finalmente, imponiendo una multa del 100% del aporte presuntamente omitido, ello en base al artículo 45 de la ley de rito fiscal (RE-2022-93837584-APN-SGAI#TFN).
El recurrente plantea como cuestión previa la nulidad del acto, en virtud de sostener la ausencia de firma de funcionario competente. Señala que no existe manera de saber si el escrito enviado al domicilio fiscal electrónico fue emitido por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Río Cuarto de la Dirección General Impositiva, como se lee antes del título “RESUELVE”, u otra persona simplemente imprimió el escrito y lo envió al domicilio fiscal electrónico. Puntualiza que grave duda causa la ausencia de firma, como el signo de interrogación que aparece junto al nombre de Rovera, Fabricio Miguel. Además, advierte que incluso el CUIT indicado en la página 1 del escrito no coincide dado que contiene un número más –un cero en el caso- que los asignados por la AFIP, lo que genera incertidumbre y nulidad planteada.
Pone de relieve que el artículo 200 de la ley 11.683, conforme la modificación introducida por el art. 243 de ley 27.430 (B.O. 29/12/2017), es claro en cuanto se podrá utilizar la firma electrónica y la firma digital, de acuerdo a los lineamientos que fije el Poder Ejecutivo Nacional; siendo que a la fecha ello no ha sucedido, el organismo está obligado a emitir los actos con firma autógrafa no pudiendo acudir a la ley 25.506 (art. 1°), que reconoce la generalidad del empleo de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica, en las condiciones que establece esa norma, porque la ley 27.430 es posterior y específica para el Fisco Nacional, tampoco resulta de aplicación la ley de procedimientos administrativos.
Subraya que al tomar vista de los antecedentes administrativos, previos al dictado del escrito apelado, la oficina fiscal le entregó copia de ellos, donde no constaba firma ológrafa ni autorizada alguna salvo en el dictamen jurídico. En tal sentido, destaca que la hipotética “vista” previa recibida en el domicilio fiscal electrónico adolece de las mismas falencias, excepto algunas firmas ológrafas. Finalmente, arguye que aun cuando se pretendiera dar validez a la firma digital en virtud de la ley 25.506 y su modificación, intentando sortear la clara disposición del art. 200 de la ley 11.683 -lo que según dice el apelante jurídicamente es inadmisible-, el propio acto se encarga de descartar explícitamente dicha validez, por la específica leyenda inserta de “firma no verificada”. Por lo demás, expone los agravios relativos al ajuste practicado, ofreciendo prueba. Solicita se declare la nulidad del acto apelado, con costas.
II. Mediante archivo adjunto al IF-2022-11775973-APN-DTD#JGM contesta traslado el Fisco Nacional. Respecto a la nulidad planteada, expone que no es condición para la validez del acto notificado que el mismo registre firma ológrafa, siendo válidas las notificaciones efectuadas. Sostiene que de acuerdo al procedimiento vigente, se registrará sólo una firma digital (de aquel que suscribe el acto administrativo) cuyo “sello visible” se inserta al final del archivo "pdf." o documento generado. Explica que ese sello visible es una “señal” que permite al usuario saber quién es el sujeto firmante, si al momento de suscribir el documento la firma era válida y si pudo ser validada mediante los certificados de seguridad que se intercambian sistémicamente al momento del envío electrónico.
Resalta que si bien el sello es la señal visible, no es la firma en sí misma (en los términos que se concibe a la facsimilar u ológrafa), debido a que la firma digital es simplemente un código/clave encriptado que integra al archivo que se envía al destinatario y que le permite “confiar” que ese archivo que recibe no fue adulterado. Además se aclara que se ha publicado en la página institucional el material de asistencia a los contribuyentes, que ayuda a efectuar la configuración correspondiente, permitiendo validar el certificado de AFIP sin inconvenientes; concluye que la manera en que se observe la firma digital, no obsta a la validez de la notificación cursada, por cuanto resulta correcto el procedimiento criptográfico realizado.
Remarca que durante el procedimiento llevado a cabo en sede administrativa, el actor pudo tomar vista de la totalidad de las actuaciones, extraer copias, y a la vez que pudo dirimir cualquier inquietud que tuviera sobre el procedimiento seguido. En tal sentido, destaca que tanto el acto por el que se puso a disposición la documentación para tomar vista de las actuaciones como el acta labrada cuando ello se produjo, fueron suscriptas de la misma manera que la determinación de oficio notificadas al domicilio electrónico constituido por el actor. Sostiene así que el apelante, tuvo en todo momento certeza de que las actuaciones eran legítimas, y ha tenido conocimiento certero del procedimiento llevado adelante por el Organismo Fiscal. Concluye que cualquier intento de nulidad, como las argumentaciones traídas a debate, no son más que meras afirmaciones carentes de sustento jurídico, motivo por el cual corresponde expresamente su rechazo, con costas.
A su vez y por los argumentos que expone solicita se confirme el acto apelado, con costas.
III. Mediante PV-2022-121227506-APN-VOCX#TFN se declara admisible como de previo y especial pronunciamiento la excepción de nulidad articulada por la actora y se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D”.
A través del IF-2022-126859286-APN-VOCX#TFN pasan los autos a sentencia.
IV. Sentado ello, corresponde resolver sobre la excepción planteada.
Del cotejo de las actuaciones administrativas surge que la planilla de cálculo de intereses resarcitorios de la Resolución N° 22/2022 apelada en autos, tiene inserta la firma digital del Sr. Rovera Francisco Miguel, haciendo notar que esa pieza también es parte integrante de ese acto recurrido por tratase de la última hoja (vide IF-2022- 117756222-APN-DTD#JGM). Asimismo, el citado funcionario también suscribió digitalmente la vista (vide IF- 2022-117755559-APN-DTD#JGM).
Que el Contador Francisco Miguel Rovera fue asignado mediante Disposición 193/2021 (publicada en el B.O. el 27 de mayo de 2021) como Jefe de División Int. - Div. Revisión y Recursos de la Dirección Regional Río Cuarto (DI RRCU) de la AFIP-DGI, con lo cual no puede desconocerse su competencia para firmar el acto que en autos es cuestionado.
En esta línea, asiste razón a la representación fiscal en cuanto a la procedencia del procedimiento criptográfico, resultando ello de conformidad con lo prescripto por el art. 2° de la ley N° 25.506 debido a que la firma digital fue susceptible de verificación, y en forma simultánea se identificó debidamente al firmante. Además las presunciones de autoría e integridad que rigen toda firma digital se mantienen incólumes según lo dispuesto por los arts. 7 y 8 de la mencionada ley (conf. criterio seguido por esta Sala D, en la sentencia de fecha 21 de noviembre de 2019 dictada en el EX-2019-55108498-APN-SGAI#TFN, “Estudio de Ingeniería Reyes y Asociados SRL”).
Finalmente, surgiendo de las constancias administrativas que el recurrente tuvo a disposición la totalidad de las actuaciones y pudo formular su descargo y el recurso ante este Tribunal en tiempo y forma, resaltando que el acto apelado dictado la resolución por autoridad competente y no detectándose irregularidad alguna durante el procedimiento cursado en sede administrativa que colocara al actor en estado de indefensión, corresponde rechazar la excepción de nulidad articulada, con costas.
La Dra. O’Donnell y el Dr. Martín dijeron que :
Adhieren al voto de la Vocal Instructora.
Del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar la excepción de nulidad articulada por la actora, con costas.
2. Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Regístrese, notifíquese, oportunamente vuelvan los autos a la Vocalía instructora para continuar con el trámite de la causa.
Date: 2022.11.28 09:31:28 -03:00 Date: 2022.11.28 12:25:36 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.11.28 16:04:58 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.11.28 16:04:59 -03:00
Fin de la sentencia