Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Lomas de Zamora · Causa LZ-42352-2026
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar la medida autosatisfactiva peticionada por la parte actora (arts. 22 y ccdtes. del C.P.C.A.).
II. Imponer las costas en el orden causado (Art. 51 inciso 1°, segundo párrafo del CPCA) y diferir la regulación de honorarios para la oportunidad que adquiera firmeza la presente.
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CAUSA Nº LZ-42352-2026 . COLALONGO MARIA CECILIA C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA - OTROS JUICIOS
Banfield, 19 de Noviembre de 2026.-
VISTOS y CONSIDERANDO:
I. Que a fojas 1/3 se presenta la Sra. María Cecilia Colalongo mediante apoderado -acreditando tal extremo con el poder adjunto promoviendo acción urgente de cumplimiento en forma de medida autosatisfactiva contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, solicitando se ordene a dicho órgano el inmediato pago del subsidio por gastos de sepelio que le fuera reconocido por el monto de $680.000.
Indica que con fecha 12/07/2025 se produjo el fallecimiento de su madre -la Sra. Alicia Susana García- y ella tuvo que afrontar los gastos del servicio fúnebre básico. Acompaña la factura correspondiente. Asimismo, señala que cumplimentó en forma digital la totalidad de los requisitos exigidos por el portal oficial de trámites del Instituto de Previsión Social (I.P.S.) generándose la solicitud bajo el número 70204225.
Agrega que el propio organismo previsional concluyó el análisis técnico y formal de la documentación en torno a su solicitud, dictando el acto administrativo de aprobación bajo el estado "FINALIZADO". En virtud de ello, indica que se ordenó el depósito de la suma correspondiente al beneficio en la cuenta bancaria asociada al CBU aportado por la gestionante, ascendente a $680.000.
Concluye que a pesar de haber transcurrido casi un año desde la aprobación formal y el dictado de la orden de pago, el dinero jamás fue depositado y que al consultar la plataforma digital, el sistema se limita a arrojar un genérico estado de "en trámite" sine die, sin fecha cierta de cobro ni canales administrativos hábiles para destrabar el giro de los fondos por parte de la Tesorería.
Luego señala que la vía judicial elegida resulta plenamente procedente por tratarse de una pretensión dirigida al cumplimiento de un acto administrativo firme y consentido por la propia administración pública. Agrega que el IPS ha reconocido el derecho y ordenado el pago, pero se encuentra ante un incumplimiento material de la obligación.
Considera acreditada la condiciones necesarias para la procedencia de la acción, ofrece prueba y requiere una medida urgente dirigida al Instituto de Previsión Social (IPS) y/o Tesorería de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que en el plazo perentorio que se determine judicialmente , se efectivice la transferencia bancaria inmediata de la suma nominal aprobada de $680.000 a la cuenta bancaria cuyos datos aporta.
II. A fojas 10/13 se presenta la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires mediante apoderado -acreditando tal extremo a fojas 15- produciendo el informe oportunamente requerido en los términos del Artículo 23 del CPCA.-
Manifiesta que requirió al organismo demandado por medio del sistema informático GDEBA, la producción de un informe respecto de la solicitud de pago identificada con el número N° 70204225, a través del expediente N° EX-2026-34866178-GDEBA-FDE..
Por otro lado, manifiesta que resulta improcedente la medida autosatisfactiva impetrada. Para justificar ello, explica que la accionante no ha acreditado la existencia de un acto administrativo formal que reconozca el derecho invocado, destacando que no se acompañó resolución identificable por número y fecha, ni constancias que permitan verificar su firmeza. En tal sentido, destaca que el actor simplemente adjunta constancia web (del portal del IPS), la cual resulta insuficiente para dar la suficiente certeza del derecho supuestamente reconocido en cabeza de la actora.
Luego, conceptualiza a los actos administrativos y explica que en el caso de marras no se está en presencia a uno, sino que se pretende suponer la existencia de una resolución administrativa que reconozca el derecho que intenta efectivizarse.
Indica que la situación descripta impacta en la "fuerte probabilidad" de que el reclamo del actor sea atendible el cual constituye un requisito de admisibilidad de las medidas autosatisfactivas.
Continua explicando el instituto de la medida autosatisfactiva y sus diferencias con las medidas cautelares. Manifiesta que el reclamo actoral carece de "la fuerte probabilidad" de que el mismo sea atendible, lo cual acarrea el rechazo de la acción. En torno a ello, señala que en los presentes no se trata, como en otros procesos autosatisfactivos donde el acto administrativo firme no es ejecutado voluntariamente por la administración y pretende su lisa y llana ejecución, sino que aquí se desconoce la existencia misma de una manifestación de voluntad del organismo en tal sentido.
En esa lógica refiere que no se ha probado la existencia de un acto, y menos aún, de un derecho que pueda exigirse por la vía elegida.
Considera que, al no existir un acto administrativo consentido y firme propiamente dicho, el caso a resolver requiere de una mayor amplitud de debate y probatoria, no existiendo la fuerte probabilidad exigida para el despacho favorable de la medida.
Niega las circunstancias de hecho que no resulten acreditadas, hace reserva del caso federal y solicita se rechace la acción.
III. Habiendo sido reseñados las manifestaciones de las partes, se encuentran estos obrados en situación de analizar la procedencia del pedimento traido, motivo por el cual diré que la medida autosatisfactiva es un requerimiento "urgente" formulado al órgano jurisdiccional por los justiciables que se agota -de ahí su denominación- con su despacho favorable, no siendo, entonces, necesaria la iniciación de una ulterior acción principal.
Calificada doctrina ha sostenido que su procedencia "está supeditada a la concurrencia simultánea de circunstancias infrecuentes (o sea, no cotidianas) derivadas de la urgencia impostergable en la que el factor tiempo y la prontitud aparecen como perentorios; de la fuerte verosimilitud sobre los hechos, con grado de certidumbre acreditada al inicio del requerimiento o, en su caso, de sumaria comprobación; la superposición o coincidencia entre el objeto de la pretensión cautelar, provisional o preventiva - en la terminología clásica - con la pretensión material o sustancial, de modo que el acogimiento de aquella torne generalmente abstracta la cuestión a resolver porque se consumió el interés jurídico (procesal y sustancial) del peticionante" (conf. Jorge Walter Peyrano, Medidas Autosatisfactivas por Jorge Mario Galdós, Edit. Rubinzal- Culzoni Editores, Bs.As., pág.61).
Así las cosas, se requiere una posibilidad cierta, fuerte probabilidad o cuasi certeza de que el derecho invocado por el peticionante sea atendible, es decir el juzgador no debe tener prácticamente duda alguna sobre la procedencia del derecho esgrimido por el solicitante. Esta fuerte probabilidad excede la mera verosimilitud del derecho (fumus bonis iuris) propia de las medias cautelares clásicas, aunque sin llegar a la certeza definitiva que se alcanza al dictar sentencia en un proceso de conocimiento.
IV. Sentadas dichas bases, adelanto que la procedencia de la medida peticionada no se encuentra acreditada, al no alcanzarse el grado de convicción requerido para su despacho favorable. Si bien la documentación acompañada por la actora permite vislumbrar un reclamo potencialmente atendible en otra vía, resulta insuficiente para configurar la cuasi certeza exigida en este excepcional carril procesal.-
En efecto, de la documental arrimada no surge ningún número de expediente administrativo que permita verificar los antecedes y fundamentos del eventual pago, ni obra copia del acto administrativo formal que reconozca el derecho invocado. A mayor abundamiento, si bien en una de las capturas del portal digital consta el estado "Finalizado" respecto de la solicitud N° 70204225, en otra de las constancias acompañadas por la propia accionante se indica expresamente en el resultado de búsqueda que "el subsidio se encuentra en trámite", lo que impide tener por acreditada la existencia de un acto firme y consentido pendiente de mera ejecución material.-
Asimismo, tampoco se encuentra debidamente acreditada la situación previsional de la causante, Sra. Alicia Susana García, respecto del Instituto de Previsión Social, omitiéndose precisar si revestía el carácter de jubilada o pensionada con beneficio definitivo acordado, extremo exigido por el Art. 55 del Decreto-Ley 9650/80 para la procedencia del subsidio por gastos de sepelio.-
Por otra parte, tampoco advierto configurada la urgencia impostergable requerida para el otorgamiento de una tutela de carácter excepcional. Dicho recaudo no puede presumirse, sino que debe surgir acreditado de manera concreta de las constancia de la causa. La actora se limita a invocar la falta de percepción de una suma dineraria, sin describir circunstancias particulares que permitan advertir un perjuicio grave, actual e irreparable derivado de la sustanciación del reclamo por las vías procesales ordinarias.-
Tampoco es aclarada -ni mucho menos acreditada- la situación de la causante Alicia Susana Garcia respecto al I.P.S. No se indica si era jubilada, pensionada y/o eventualmente beneficiaria de un haber transitorio o definitivo. Esta circunstancia es determinante, ya que para iniciar un subsidio o gasto de sepelio la persona fallecida debe ser beneficiaria de forma definitiva de alguna prestación otorgada por el I.P.S. En este sentido, la jurisprudencia provincial tiene dicho que la medida autosatisfactiva no ha sido concebida para reemplazar los carriles procesales existentes ni puede operar como un atajo para obtener un pronunciamiento más rápido, sino que solo cabe acudir a ella cuando el derecho aparezca con un grado de certeza que determine una alta probabilidad de acogimiento, sumado a un estado de urgencia impostergable que revele la irreparabilidad de los perjuicios en caso de transitar las vías ordinarias (conf. CC0001 SI SI 43711 2018 591 I 27/12/2018 Juez RIBERA (SD), Carátula: Dominguez Juana María C/ EDENOR S.A. s/ amparo, Magistrados Votantes: Ribera-Zunino, conf. Sumario JUBA B5065276).
Con respecto a las costas, atendiendo a la naturaleza de la prestación reclamada y considerando que la actora pudo creerse razonablemente con derecho a litigar en virtud de los estados informáticos exhibidos por la plataforma del organismo, corresponde hacer excepción al principio objetivo de la derrota e imponerlas en el orden causado (Art. 51 inc. 1°, segundo párrafo del CPCA).
Por todo lo expuesto, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales RESUELVO:
I. Rechazar la medida autosatisfactiva peticionada por la parte actora (arts. 22 y ccdtes. del C.P.C.A.).
II. Imponer las costas en el orden causado (Art. 51 inciso 1°, segundo párrafo del CPCA) y diferir la regulación de honorarios para la oportunidad que adquiera firmeza la presente.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE (Conf. Acs. 4013/21, 4023/21 y 4039/21 SCBA).
GLADYS BEATRIZ MARTI JUEZ
Firmas
Funcionario firmante: MARTI Gladys Beatriz - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 2370-2026
Fin de la sentencia