Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 179299
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de la parte actora, con costas (art. 68 del CPCCBA);
II. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); III)
Expte. Nº 179299 - Juzgado Civil y Comercial N°5 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “COLANTUONO, MARCELA MAGDALENA Y OTRO C/ INC SA., Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau:
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 27 de noviembre de 2023? 2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. El 27 de noviembre de 2023, el magistrado titular del Juzgado Civil y Comercial N°5 departamental, Dr. Carlos Ubaldo Méndez, dictó sentencia definitiva en la cual rechazó la demanda promovida por Marcela Magdalena Colantuono, Octavio David Calderón, Eugenia Calderón, Noelia Calderón, Florencia Calderón contra la firma INC S.A. y la citada en garantía HDI Seguros Argentina S.A., con costas.
Para así decidirlo, explicó que no fue discutido el acaecimiento de un accidente en el que perdió la vida José David Calderón ocurrido el 16 de noviembre de 2015 durante la realización de tareas de desmonte de una antena ubicada en el techo del local de la empresa demandada INC S.A., en la ciudad de Balcarce. La actora le atribuye responsabilidad civil a la demandada en su carácter de dueña y guardiana de la antena, en tanto que la citada en garantía, a su turno, invocó dos motivos que eximen a su cliente de responsabilidad: el hecho de que el actor cayó como consecuencia de un problema de salud, y que, en su caso, la causa del hecho fue la negligencia e imprudente accionar de la propia víctima que no adoptó las medidas de seguridad necesarias que la labor le exigía. La demandada, por su parte, postuló defensas similares a las de su aseguradora.
Seguidamente, por la naturaleza riesgosa de la antena, encuadró el caso en la teoría del riesgo creado, evaluando la responsabilidad de la demandada y las eximentes que las partes invocaron para demostrar la ruptura del nexo causal.
Analizó la pericia de la Lic. en seguridad e higiene, Marcela Patricia Pellegrino, quien citó la Resolución N°1718/2010 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social -Secretaría de Trabajo- relacionada con el Registro N°1694/2010 de la Federación de obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones y la empresa Telefónica de Argentina S.A., que consideró aplicable al caso. Enunció que las medidas de seguridad que debieron adoptarse incluían al arnés de seguridad, la correa de posicionamiento, el elemento de amarre anticaída “Y”, el salvacaída para cable de acero, el calzado de seguridad, casco protector, entre otros. Dio cuenta de la Norma Argentina IRAM 3622-1 atinente a la “Protección individual contra caídas de altura”, en la que se explica que ante el riesgo de caída es necesario considerar un sistema anticaídas que se adapten a los requisitos ergonómicos que la tarea requiere y solo deben ser utilizados cuando estén previstos medios y puntos de anclaje para que el trabajo pueda realizarse con seguridad.
Evaluó también la pericia del ingeniero electrónico Jorge Marcos Nahas, quien explicó que la torre que debió ser desmontada por el Sr. Calderón es “del tipo de las llamadas torres de comunicaciones arriostada”. Agregó que deben instalarse “retenidas temporales” durante su desmantelamiento, alineados con el centro del lado opuesto del triángulo de la base para que las retenidas queden igualmente espaciadas y correctamente alineadas. Reseñó el experto las medidas adoptar para la tarea de desmonte de la torre, incluyendo trabajo en equipo, la sujeción de la torre a la base y las riendas que la fijan al terreno, que deben estar firmes. Indicó que un torrista de 40 años de experiencia debería haber tomado todas las precauciones necesarias para percatarse del estado general y particular de la torre en cuanto a su estado material, anclajes y tramos. La persona debe “tomarse un tiempo prudencial y examinar cuidadosamente el estado de la torre y sus accesorios antes de comenzar cualquier trabajo de desmonte de la misma para no poner en peligro su seguridad física”.
Aseveró el perito que para desmontar torres que no se encuentran en buen estado de conservación y/o que sus anclajes no se encuentren correctamente amurados o fijados deben utilizarse andamios para prevenir la posibilidad de una fractura o quiebre en los distintos tramos de la torre. El ingeniero Nahas agregó en sus explicaciones que transcurrió un lapso de tiempo desde que se desmontó la antena, pero aun así es posible afirmar que la base es acorde al tamaño de la antena, pero no así los anclajes “ya que los mismos no respondían a este tipo de antenas y pudieron haber sido la consecuencia de que el torrista se confiara y produjera la posterior caída de la misma”. Aclaró también que de las fotografías surge que “las fijaciones de los anclajes prácticamente no existen (...) el estado actual de la base se encuentra en un pésimo estado de conservación y puede haber sido que el hormigón de la misma se resecara y produjera el desprendimiento de la totalidad del cuerpo de la antena cuando el torrista estaba desmontando”. Reiteró que es imprescindible que “antes de proceder al desmonte de cualquier tipo de antenas, el torrista debe tomarse un tiempo prudencial para verificar el estado de la estructura de la antena, es decir, la posibilidad de que la armazón de metal no esté en condiciones de colapsar debido al estado de debilidad propio del tiempo y corrosión del mismo, que los anclajes de fijación no estén fuera de la estructura propia de la antena o en condiciones de “soltarse” por fallas en la fijación de los mismos” (sic). Luego de detallar y explicar con precisión otras medidas de seguridad, aseveró que la estructura de la antena “se quebró desde la base (...) y eso hizo que colapsara en su totalidad”.
Seguidamente, el colega evaluó el testimonio del Sr. Miguel Angel Martín, quien fue ayudante de Calderón y testigo presencial del hecho. Dijo que la víctima tenía “arnés y casco de seguridad” y que “subió y un tramo de la torre se salió, se rompió, Calderón cayó con torre y todo. No sé a qué altura estaba pero calculo que tenía tres metros por tramo y él estaba a la altura de tres tramos. Yo no me acuerdo si se rompió el tramo dos o el tramo tres. Recuerdo que el tramo en el que él estaba apoyado se desprendió. No recuerdo bien”. Agregó luego que un pedazo de la torre cayó y otro quedó puesto, y que el arnés estaba sujeto al tramo en el que estaba apoyado y trabajando.
Todo este material probatorio llevó al magistrado a concluir que el Sr. Calderón no adoptó las medidas de seguridad que la labor técnica encomendada le requería, considerando además la profesionalidad y experiencia que tenía en la materia. Estos descuidos, dijo el colega, configuraron un actuar culposo de la víctima con aptitud para interrumpir el nexo de causalidad y exonerar totalmente de responsabilidad a la demandada y su citada.
II. El recurso de la parte actora Los accionantes apelaron el fallo el 29 de noviembre de 2023 y fundaron su recurso el 21 de febrero de 2024. La réplica de la citada fue presentada el 1 de marzo de 2024 y la de la demandada el 4 de marzo de ese mismo año. Los agravios de los reclamantes pueden sintetizarse del siguiente modo:
i) Consideran que el juez realizó una aplicación errónea de la normativa que regula la responsabilidad por daños y de la doctrina legal de la Suprema Corte. Destaca que la prueba producida —en particular, la pericia médica y la testimonial— permitió demostrar la falsa versión de los hechos alegada por la contraía con apoyo en una autopsia carente de fundamentos. Se acreditó, dicen, que Calderón cayó conjuntamente con la torre, atado a ella con su arnés de seguridad, y que los traumatismos provocados por la caída generaron su muerte.
Estiman que la torre, en tanto cosa riesgosa, tuvo una participación activa en el hecho. Además, era viciosa, por los defectos en los anclajes de las retenidas. Alegan que eran la demanda o su citada quienes debían acreditar de modo contundente la existencia de hechos del damnificado que provoquen un quiebre total o parcial del nexo causal.
ii) Objetan que el juez receptó como eximentes a hechos que no tienen la aptitud para obrar como tales y que no fueron alegados ni por la demandada ni por la aseguradora, violando de ese modo el principio de congruencia. Refieren que INC S.A. no alegó ningún hecho de la víctima que actuara como eximente de responsabilidad, excepto que el Sr. Calderón había fallecido por una patología no vinculada a la caída de la torre. La aseguradora, dicen, si bien alegó genéricamente la posible culpa de la ´victima, “lo cierto es que lo hizo a través de preguntas retóricas que suponen múltiples escenarios eventualmente posibles, pero no hizo alegación concreta sobre una deficiencia en las medidas de seguridad que el Sr. Calderón adoptó, mucho menos de los tres supuestos incumplimientos a tales medidas que, sorpresiva y erróneamente, incorpora el a quo en su sentencia”.
Reparan en la poca voluntad de colaborar que tuvo el único testigo del hecho: el Sr. Martín, quien fue llevado a declarar con auxilio de la fuerza pública y nada de lo que dijo puede demostrar en forma contundente un hecho de la víctima en los términos del art. 1729 del CCyC.
En particular, cuestionan su relato en lo tocante a la ubicación del arnés de seguridad en sector de la torre en la que Calderón estaba trabajando, y ello así por resultar susceptible de múltiples interpretaciones y por estar en contradicción con lo dicho de otros testigos y con las conclusiones del perito Nahas. El hecho de que no mencione otras medidas de seguridad —por fuera del arnés y el casco— no es indicativo de su existencia.
En relación a las medidas de seguridad que el magistrado consideró omitidas por la víctima, entiende que ellas: (a) no eran exigibles; (b) a todo evento, no hubieran evitado el daño y (c) no fueron invocadas por la demandada o su aseguradora, violando con ello el principio de congruencia.
iii) Argumentan sobre cada una de las medidas de seguridad cuya omisión fue destacada por el juez para tener por acreditado el quiebre del nexo causal. En cuanto a la “instalación de la pértiga de vida”, consideran —citando fragmentos de la pericia del ingeniero Nahas— que no hubiera impedido la caída de toda la estructura. Así lo corrobora el experto cuando refiere que, en un caso de colapso total, la “pértiga de vida” se desploma en junto con la antena.
En lo que refiere a la colocación de “retenidas temporales”, respecto de las cuales el perito Nahas aseveró que las torres deben estar correctamente ancladas con ellas, y que “es posible que se deban colocar retenidas temporales durante su instalación y/o desmantelamiento”. Cuestionan que el experto no dice en qué casos sería “posible” (sin calificarlo como necesario u obligatorio) y tampoco se afirma que Calderón debió haber utilizado retenidas temporales. Es un error del juez concluir que la víctima estaba obligada a hacerlo.
Agregan que el perito señaló que es posible que en el caso Calderón, pese a haber cumplido con la diligencia en la revisión previa de la torre, pudo igualmente sufrir el siniestro. Destacan que en las explicaciones Nahas dijo que puede ocurrir que el grado de deterioro de la estructura, bases y anclajes haga que al agitar la estructura se tornen frágiles por el tiempo y ello incida en la rotura, cosa que el torrero puede no percibir el eventual quiebre de sus partes. Juzgan que debe considerarse que la víctima efectuó la revisión previa y su resultado, con base en su experiencia, fue que era seguro subir a la torre y desmantelarla. Por ello, las medidas de seguridad adicionales (como las retenidas temporales) no lucían como un recaudo a adoptar razonablemente conforme el criterio y la experiencia del torrero. En lo tocante a la utilización de andamios, enfatizan que el perito —contrariamente a lo interpretado por el juez— dice que deben utilizarse en torres en mal estado de conservación para prevenir la posibilidad de una fractura o quiebre en los distintos tramos. El estado de cosas que hace exigible esa medida (el mal estado de la torre) debe ser detectable en la revisión previa que hace el torrero; si ello no es apreciable por el operario, la medida no es exigible.
Dicen que no hay prueba que de cuenta de que, al momento de ser desmantelada, la torre estuviera en mal estado de conservación y/o que éste fuera detectable por el torrero. Tampoco se probó que no se realizara una inspección previa o que pudo Calderón detectar una situación anómala y no lo hizo (o que, frente a ello, no tomó las prevenciones necesarias).
iv) En un segundo agravio (punto «II.III») invocan la violación de criterios vigentes en materia de responsabilidad por daños y respecto de la función social de la responsabilidad objetiva.
Desarrollan los fundamentos y propósitos sociales que subyacen a las normas que regulan el factor de atribución de responsabilidad objetivo por el riesgo creado, destacando en especial la protección a la víctima como objetivo primordial. Citan doctrina y jurisprudencia sobre la temática.
v) En el tercer y último agravio (punto «II.IV») invocan la violación al paradigma constitucional de defensa del vulnerable y la omisión de considerar adecuadamente las asimetrías existentes entre las partes. Argumentan que la sentencia hace recaer todas las obligaciones sobre el Sr. Calderón, en tanto omite toda consideración sobre las obligaciones de la demandada, cuya omisión tuvo incidencia en la producción del siniestro y su fatal resultado.
Reparan en la disparidad de situaciones en las que se encuentran el Sr. Calderón y la demandada. Dicen que, pese a no haber una relación laboral, existía una asimetría evidente entre una sociedad anónima de gran envergadura y un trabajador que ha sido contratado para un trabajo puntual, mereciendo este última una protección especial merced al carácter vulnerable que ostenta. Refieren que así lo imponen razones de justicia y equidad.
Cuestionan que la demandada no haya probado la mecánica del accidente, limitándose a sostener una hipótesis basada en la autopsia y sin hacer declarar al gerente del hipermercado ni otros empleados que estuvieron en el lugar y que bien podrían conocer el estado de la torre, la revisión de ella por la víctima o las medidas de seguridad que ésta adoptó, entre otras medidas de prueba omitidas.
Piden se dicte una nueva sentencia haciendo lugar a la demanda.
III. Tratamiento del recurso Por razones de orden lógico analizaré en primer lugar el agravio de los actores vinculado a la violación al principio de congruencia. Seguido a ello, evaluaré el mérito de las quejas relacionadas con la admisión de la eximente de responsabilidad fundada en la culpa de la víctima. Sobre el final, daré tratamiento a los restantes argumentos a través de los cuales reclaman la revocación del fallo apelado.
Adelanto que, a mi modo de ver, el recurso no debe prosperar.
III.a. Sobre la violación al principio de congruencia No es tal el defecto de congruencia que la recurrente le endilga al fallo atacado con fundamento en la ausencia de un planteo expreso de una eximente basada en la culpa de la víctima.
La firma HDI Seguros S.A. respondió la citación en garantía planteando dos hipótesis de defensa. La primera, desarrollada en el punto «V.a.1.» del escrito de fecha 17/09/2018 y sustentada en el informe de autopsia realizado en la investigación penal preparatoria, consistió en alegar que Calderón sufrió un tromboembolismo pulmonar masivo mientras se encontraba en la torre, provocándole la caída. La segunda, detallada en el apartado «V.b» de la misma pieza (y que se titula “Culpa de la víctima”), consistió en alegar que, aun de aceptar la hipótesis fáctica de la actora —esto es, admitiendo por cierto que los hechos ocurrieron como se narraron en el escrito de demanda—, los daños «fueron producto de su negligente accionar» (sic). Luego de plantear diversos escenarios posibles sobre lo que hizo o dejó de hacer el Sr. Calderón, la aseguradora agregó que «no hay duda que “lamentablemente” (por lo sucedido) ha existido negligencia y/o impericia del Sr. Calderón en la realización de su actividad, resultando su caída, una clara y lógica consecuencia de ello».
A los fines de demostrar esta última defensa, ofreció prueba pericial en higiene y seguridad para que responda múltiples puntos de pericia que tuvieron por propósito conocer cuáles eran las medidas de seguridad que exigía la naturaleza de la labor técnica encomendada al Sr. Calderón (v. punto «VIII.8» del escrito de contestación de citación de garantía). Fue la citada la que ofreció (v. punto citado) y luego instó (v. escrito del 02/09/2019) la producción de la pericia en ingeniería, para complementar los puntos que la Lic. en higiene y seguridad no pudo responder por resultar ajenos a su incumbencia profesional.
En este contexto, considero que el planteo de la citada en garantía fue lo suficientemente claro y explícito como para considerar que el actuar culposo del Sr. Calderón (y su impacto en la estructura causal del lamentable suceso) formó parte de la materia debatida y podía ser objeto de prueba y decisión. Se infiere de ello que el juez, al desestimar la demanda con fundamento en el actuar culposo de la víctima, no se apartó de los límites cognitivos establecidos por las partes en sus respectivos escritos postulatorios.
El agravio, en cuanto a este tópico refiere, debe ser desestimado (arts. 34.4 y 163.6 del CPCCBA)
III.b. Sobre la culpa de la víctima y las medidas de seguridad.
III.b.1. Si bien por otros fundamentos, concuerdo con la decisión del magistrado de rechazar la demanda.
Según se desprende de las circunstancias que llegan incontrovertidas a esta instancia, el accidente que le costó la vida al Sr. José David Calderón se produjo el 16 de noviembre de 2015 en el techo de un inmueble propiedad de la demandada, ubicado en la localidad de Balcarce.
La firma INC S.A. contrató al Sr. Calderón, torrista de vasta experiencia en la materia, para desmontar una torre de altura ubicada en la parte superior del local en el que funciona un supermercado. La muerte de Calderón se produjo por las lesiones sufridas al caer desde el tercer tramo de la torre, a una altura de aproximadamente 10 metros.
El daño sufrido por Calderón se produjo en el marco de la ejecución de un contrato de obra en el que el desmonte del artefacto era el resultado técnico —el opus— que INC. S.A. (comitente) le encomendó al Sr. Calderón (contratista) (art. 1252 primer párrafo del CCyC). Y destaco el contexto negocial en el cual tuvo lugar el lamentable suceso dado que la responsabilidad del comitente por el daño sufrido por el contratista, haya o no intervención de cosas riesgosas o viciosas, debe regirse, en primer lugar, por las reglas propias del tipo negocial y luego, residualmente, por las normas generales de la responsabilidad (incluyendo la responsabilidad objetiva por el riesgo o vicios de las cosas o cualquier otra que pudiere juzgarse aplicable). Galdós explica con claridad este punto al estudiar la teoría del riesgo y vicio de las cosas y su aplicación en daños contractuales. Dice el autor que, en casos de daños sufridos en la órbita contractual, corresponde aplicar en primer lugar las disposiciones de cada contrato en particular (en el caso, el contrato de obra; arts. 1251 y sig. del CCyC); luego, las disposiciones del capítulo de los contratos (arts. 957 y sig. del CCyC) y, por último, las reglas generales de la responsabilidad civil (incluyendo la presunción causal que el art. 1757 del CCyC genera entre el riesgo de la cosa y los daños ocasionados) [Galdós, Jorge M., La responsabilidad por riesgo y vicio de las cosas en el Código Civil y Comercial. El art. 1757 y los principios generales, en “Tratado de Derecho de Daños” -Picasso-Sáenz, Dir.-, Buenos Aires: La Ley, 2019, t. III, pág. 129). No corresponde, entonces, evaluar si la demandada responde por el solo hecho de ser propietaria de una cosa cuyo riesgo o vicio motivó el daño sufrido por la víctima (art. 1757 del CCyC). El caso exige un encuadre distinto que da forma a una pregunta también diversa: es menester determinar cuál es la responsabilidad del comitente de una obra por los daños sufridos por el contratista cuando la labor encomendada conlleva necesariamente la manipulación o utilización de una cosa riesgosa propiedad de la primera (y cuando el contratista ha sido seleccionado especialmente por sus conocimientos de ese tipo de cosas en particular y de los peligros que implica su manipulación, reparación, desarmado, etcétera). Lorenzetti explica que se han planteado dos modos de resolver este interrogante.
Para una primera tesis, dice el autor, los riesgos deben ser asumidos por el empresario o contratista, dado que este último actúa a su propio riesgo económico y es a su cargo el costo de la previsión contra los peligros derivados de las cosas que emplea. El profesional debe prevenir los acontecimientos dañosos derivados de las cosas que utiliza o sobre las que trabaja, aun cuando no sean de su propiedad.
Para otra tesis (que es evidentemente la que ha seguido el juez de primera instancia) debe aplicarse el régimen de la responsabilidad objetiva de quien es comitente y propietario de una cosa riesgosa, sea por aplicación del art. 1757 del CCyC o por aplicación de una obligación de seguridad contractual (Lorenzetti, Ricardo L., Tratado de los Contratos: Parte Especial, Santa Fe:
Rubinzal-Culzoni, 2021, t. II, pág. 731-2).
El autor se inclina por la primera solución: imputar al empresario o contratista los daños que él mismo sufre aun por el hecho de las cosas de propiedad del comitente. Tres argumentos centrales justifican esta solución: (a) el empresario es un profesional que debe conocer las cosas sobre las que actúa y por ello está en mejores condiciones de prevenir el daño; el comitente habitualmente no conoce los riesgos y los vicios que presentan tales elementos; (b) el profesional tiene la cosa bajo su control ya que es depositario de ella, de modo que no puede afirmarse que puede pesar sobre el propietario un deber de cuidado sobre una cosa que no controla y (c) la economía del contrato, al establecer un precio suficiente para pagar la realización de un trabajo autónomo a riesgo de quien lo realiza, incluye la previsión del costo del aseguramiento; de lo contrario se utilizaría el trabajo del dependiente que es más económico al pagarse un salario, pero, como contrapartida, se asumen los riesgos del daño sufrido por el dependiente (ib. ídem).
Márquez concuerda con esta lectura y afirma que «[e]l empresario es el productor de la actividad riesgosa, pues es quien dispone los medios para su realización, por lo que no puede endilgársele al comitente responsabilidad objetiva por los daños sufridos por el empresario (...) el empresario de obra actúa a su propio riesgo económico y por ello desempeña un trabajo autónomo (...) como consecuencia de ello, es también a su cargo el costo de la previsión contra los riesgos derivados de las cosas que emplea» (Márquez, José Fernando, La atribución de riesgo en el contrato de obras. Daños a la persona del empresario, La Ley 05/07/2012, 6).
Pita coincide al decir que la constatación de que las cosas propiedad del comitente —incluso riesgosas o peligrosas— fueron causa o tuvieron alguna intervención en el resultado dañoso no tiene virtualidad suficiente para modificar la regla general que determina su irresponsabilidad por los daños o lesiones sufridos por el empresario (Pita, Enrique M. Contrato de obra: responsabilidad del comitente por los daños a la persona del empresario, La Ley Litoral 2021 (junio), 6).
La Sala A de la Cámara Nacional en lo Civil resolvió con idéntico criterio el caso "Vallejos, Gregorio c. La Favorita" (sent. del 30/05/1997, La Ley 1997-D, 348) en el que un techista fue contratado para colocar una membrana en el techo de un inmueble industrial propiedad de la accionada. Caminando sobre esa estructura, el material cedió y el contratista cayó sufriendo diversos daños. El Tribunal consideró que el empresario es un experto y es a su cargo la verificación del estado del techo. Afirmaron los jueces que, si la obra se corresponde con el oficio de la víctima, quien asumió la prestación de aportar los elementos o herramientas para llevarla a cabo, debe concluirse que el daño producido por el accidente se debió exclusivamente a la negligencia en el cuidado de las cosas utilizadas para ese menester o a su omisión de precaverse del propio riesgo inherente a la actividad. La misma solución adoptó la Sala B de la Cámara Nacional Civil en el caso “Oropeza Omonte, Mariel c/Solanas Country S.A." (del 12/04/2016, La Ley, AR/JUR/21001/2016) donde se resolvió que quien encomendó la reparación de un equipo de aire acondicionado a una persona experta en la materia no debe responder en su carácter de dueño de la cosa por el fallecimiento de esta por electrocución, pues la naturaleza de la encomienda implicó el desplazamiento de la guarda jurídica de la cosa al locador quien, en su carácter de profesional, estaba en mejores condiciones de prevenir el daño.
En otro caso similar, resuelto por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, se evaluó la responsabilidad del comitente de una obra por las lesiones que sufrió un albañil cuentapropista en el uso de un andamio propiedad del dueño del inmueble. Se resolvió allí que, no existiendo una relación laboral y resultando aplicables las reglas propias de la locación de obra, el dueño no debe responder por la imprudencia o negligencia del locador o por el riesgo propio de la actividad para la cual había sido contratado y sobre la que tiene conocimientos específicos (STJPC, en autos "Barrios, Claudio Daniel c. Bernabeu, José s/daños y perjuicios", del 14/03/2022, publicado en La Ley AR/JUR/24456/2022). Creo que este es el enfoque adecuado.
En efecto, la responsabilidad del comitente por el daño sufrido por el contratista o empresario no puede juzgarse únicamente por su rol de dueño de una cosa riesgosa pues se trata de un encuadre que omite considerar adecuadamente el contexto negocial en cuyo seno se gesta el daño. En particular, deja por fuera dos circunstancias que resultan dirimentes: la existencia de un vínculo negocial preexistente entre la víctima y el pretenso responsable y el hecho de que la víctima fue contratada especialmente para trabajar con esa cosa riesgosa, considerando su experiencia y profesionalidad en la manipulación de ese tipo de artefactos y los peligros que ello conlleva (arts. 957, 961, 1252, 1253, 1256 y cctes. del CCyC). Calderón era un torrista de vasta experiencia en la materia y fue contratado para realizar una labor esencialmente peligrosa y para operar sobre una estructura igualmente riesgosa.
Su incontrovertida expertise en el oficio suponía, en el marco de la ejecución de la prestación debida, que: (a) conocía o debía conocer los riesgos propios de manipular ese tipo de estructuras, pues su disciplina o profesión así lo exigen (son conocimientos “razonablemente requeridos”, en los términos del art. 1256 inc. “a” del CCyC); (b) sabía o debía saber cómo evaluar y diagnosticar el modo en que esos riesgos se verificaban en el caso puntual de la torre que le fue encomendado desarmar; (c) debía adoptar las medidas necesarias para minimizar esos riesgos y, en su caso, salvaguardar su vida e integridad psicofísica si alguno de ellos se concretaba en un accidente (pues las medidas de seguridad operan en un doble sentido: para que el riesgo no se traduzca en un accidente y para que, de ocurrir este último, el contratista pueda resultar ileso) y (d) como corolario o resumen de todo lo anterior, el contratista experto tenía un mayor deber de “obrar con cuidado y previsión” dado que, como enseña Lorenzetti con referencia al contrato de obra en particular, «a más expertise, más exigente el análisis de la negligencia» (art. 902 y 909 del CC y 1725 del CCyC; ob.cit., pág. 553). He leído una y otra vez las pericias producidas y, en consonancia con lo decidido por el juez, me veo persuadido de que el Sr. Calderón no adoptó en el caso las medidas de seguridad necesarias para la índole de la labor que le fue encomendada y no existe motivo suficiente para condenar a la demandada a resarcir a los accionantes por los daños que dicen haber sufrido.
El perito ingeniero Jorge Marcos Nahas explicó en su dictamen del 23/11/2019 que el Sr. Calderón debía desmontar una torre de comunicaciones de tipo “arriostada”. Dicha labor exige previamente verificar la sujeción de la torre a la base y las riendas que la fijan al terreno, las cuales deben estar firmes. Asimismo, el torrista debe comenzar por la parte superior de la torre y entre tramo y tramo, cuando va desmontando, debe fijar una columna sólida de hierro denominada “pértiga de vida” que no le permita que, al desmontar un tramo, pueda desprenderse el siguiente. Es posible, dijo, que deban colocarse retenidas temporales al desmantelar una torre de esta naturaleza (pág. 2 del dictamen).
Además, el torrista debe controlar el estado general de cada tramo de torre antes de comenzar el desmonte para verificar su estado y para que no corra peligro de partirse por estar en malas condiciones, sea por estar podrido o corroído (pág. 6).
Explicó que el torrista no debe subir solo, sino con la asistencia de un compañero que «sostiene el tramo de hierro firme (...) (pértiga de vida) y que va corriendo ese hierro cuando se desmonta cada una de las secciones superiores de la torre» (pág. cit.). Todos los que intervienen en la operación deben contar con arneses de seguridad y sujeción a los tramos de la torre, así como «comprobar fehacientemente la efectividad de las riendas de sujeción de la torre al terreno» (pág. cit.).
En cuanto a la necesidad de verificar el estado de la torre a desmontar, indicó que «sin dudas es necesario verificar cada una de las situaciones de estructura y anclajes de la torre a desmontar. También es importante tener en cuenta la antigüedad de la torre y su estado general de corrosión o posibilidad de fractura por su condición de desgaste» (pág. 7).
Agregó que «un torrero con una experiencia de trabajo de 40 años debería haber tomado todas las precauciones necesarias para percatarse del estado general y particular de la torre en cuanto a su estado general, anclajes y tramos de la misma (...). Debe tomarse un tiempo prudencial y examinar cuidadosamente el estado de la torre y sus accesorios antes de comenzar cualquier trabajo de desmonte (...) para no poner en peligro su seguridad física» (pág. 10).
En el supuesto de que la torre no esté en buen estado de conservación, o sus anclajes no se encuentren correctamente amurados o fijados, señaló que “deben utilizarse andamios para prevenir la posibilidad de una fractura o quiebre en los distintos tramos de la torre” (pág. 8.).
En sus explicaciones del 08/12/2019, Nahas destacó que los anclajes no eran los propios de este tipo de antenas “y pudieron haber sido la consecuencia de que el torrista se confiara y produjera la posterior caída de la misma”.
Aclaró también que la revisión previa del torrista implica “la verificación del estado de la estructura de la antena, es decir, la posibilidad de que la armazón de metal no esté en condiciones de colapsar debido al estado de debilidad propio del tiempo y corrosión del mismo, que los anclajes de fijación no estén fuera de la estructura propia de la antena o en condiciones de soltarse por fallas en la fijación de los mismos”. Advirtió además que esa es una revisión técnica que se efectúa a ojo de buen cubero, y que el riesgo o peligro implícito en la operación nunca es bajo, sino de alta graduación (pág. 3).
El dictamen del ingeniero Nahas es clarificador para comprender, concretamente, en qué consiste la diligencia debida por el contratista considerando la naturaleza de la labor encomendada y demás circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar (arts. 1253, 1256 incisos "a" y "c" y 1725 del CCyC).
Tiene razón el juez al destacar que Calderón no colocó retenidas temporales para el desmonte de la torre, no utilizó un sistema de andamios de modo de neutralizar todo posible riesgo derivado del mal estado de la estructura, ni tampoco usó una pértiga de vida (es decir, el mecanismo de seguridad que vincula cada sección de la torre e impide que el desmonte de un tramo haga caer el siguiente). Agrego a ello que su ayudante no estaba ubicado debajo del torrero sosteniendo la pértiga de vida, como explicó que debía hacerlo el perito y es evidente que tampoco verificó correctamente “el estado de cada parte de la torre, para que no corra peligro de partirse por estar en malas condiciones, sea por estar podrido o corroído” (pág. 6 del dictamen). Tampoco utilizó un mecanismo de salvaguarda idóneo para prevenir una caída en la hipótesis en que se desprenda el tramo al cual él mismo se encontraba sujetado con el arnés.
Sobre este último entiendo que el perito Nahas comete un error cuando hipotetiza sobre lo que pudo haber ocurrido o el modo en que él considera que se cayó la torre.
El único testigo presencial del hecho, el ayudante Miguel Ángel Martín, brindó una declaración que, si bien parca, ha sido lo suficientemente clara como para comprender mínimamente la mecánica del hecho.
Al declarar el 23/08/2019 Martín afirmó que el hecho se produjo cuando Calderón subió a la torre y “un tramo (...) se salió, se rompió; Calderón cayó con torre y todo. No sé a qué altura estaba, pero calculo que tenía tres metros por tramo y él estaba a la altura de tres tramos. Ya no me acuerdo si se rompió el tramo dos o el tramo tres. Recuerdo que el tramo en el que él estaba apoyado se desprendió”. Aclaró que su compañero cayó junto con el segmento de la torre al cual se encontraba amarrado con su arnés. Dijo que “un pedazo [de la torre] se cayó y un pedazo quedó puesto” (v. declaración del 23/08/2019).
Este relato es compatible con lo que brindó Juan Fernando Alessio, Jefe de Bomberos que intervino en los primeros auxilios. Alessio declaró que “sobre el lugar recuerdo haber visto la estructura caída, doblada en el piso en forma parcial para mí, no total, pero caída” (v. declaración del 26/06/2019). Ambos relatos son concluyentes en un punto: el accidente no se produjo por un “desprendimiento de la totalidad del cuerpo de la antena”, como elucubra el perito ingeniero en las explicaciones del 08/12/2019, sino que la desgraciada caída tuvo su origen en un desprendimiento parcial de la estructura: por la rotura (término utilizado por el testigo Martín) de uno de los segmentos de la torre, muy probablemente el último, en el que se encontraba trabajando Calderón y en el que había atado su arnés de seguridad (sin que exista prueba alguna de alguna medida de seguridad idónea para proteger su vida si cedía o fallaba el tramo en el cual el propio contratista se encontraba trabajando).
Ello deja sin fundamento al agravio de los actores sustentado en que, por el modo en que el perito dice que la antena se cayó, la pértiga de vida no hubiera operado como una medida de seguridad idónea para proteger al Sr. Calderón. Esa aserción del experto no puede ser tomada a su literalidad porque, reitero, el ingeniero allí efectúa una inferencia sobre la base de una hipótesis que se probó falsa: la torre no se cayó íntegra, sino que se desprendió el último tramo en el cual estaba trabajando el torrista. Digo más: la hipótesis del perito siquiera es compatible con el relato que los propios apelantes formularon en su demanda, donde explican que Calderón cae junto con el último tramo de la torre que se desprendió y al cual tenía atado su arnés (v. fs. 47/vta, primer párrafo de la demanda).
Los apelantes afirmaron que el hecho de que el testigo Martin no mencione otras medidas de seguridad no es indicativo de su inexistencia. El argumento, que parte de una interpretación extremadamente literal de la declaración del ayudante de Calderón, no es fundado.
Martín no narró las medidas de seguridad dando respuesta a una pregunta genérica o que refiera a otra circunstancia vinculada al hecho: le fue preguntado expresamente "si para realizar dichas tareas el Sr. Calderón tomó algún tipo de medida de seguridad y en su caso indique cuál o cuáles" (pregunta quinta del interrogatorio). Siendo ese el contexto del diálogo, es razonable interpretar que la descripción del testigo —que solo habló de arnés y casco— se basó en una enumeración taxativa y cerrada de las medidas a las que refería la pregunta.
De hecho, ese detalle es concordante con el acta policial efectuada por el Oficial Subayudante Santiago S. Sito (fs. 1 de la IPP), con la declaración de los médicos y bomberos que intervinieron en los primeros auxilios, que solo dieron cuenta del arnés, de borceguís negros, del "mameluco azul" y del arnés de seguridad (v. declaraciones de Julio Mauricio Sturzenegger, Mirta Ivana Cativiela, Ariel Domingo Cavuoti, todas del 26/06/2019) y con el relato contenido en la propia demanda, donde se enumeran las medidas de seguridad adoptadas por Calderón y que no difieren de las mencionadas por su ayudante (v. fs. 47 último párrafo).
Tampoco tienen razón los accionantes cuando cuestionan la exigencia de las restantes medidas de seguridad que el magistrado juzgó omitidas por Calderón; me refiero a la utilización de un sistema de andamios y las retenidas temporales. Los apelantes argumentaron que no se probó que la torre se encontraba en mal estado o que ello fuera detectable por Calderón. Alegaron además que no se probó la necesidad de adoptar tales medidas de seguridad cuya omisión se reprocha en el fallo apelado.
El argumento no es fundado porque, aun aceptando la premisa que le da sustento, la decisión del juez es igualmente correcta.
Lo que ha quedado claro gracias al dictamen del ingeniero Nahas es que el torrista es quien debe evaluar meticulosamente el riesgo que subyace en la operación que se le encomienda, considerando —y diagnosticando, con extrema cautela— el estado general de la estructura que debe desarmar. Debe verificar el estado general de los materiales, de los anclajes, de los tramos a desmontar y todos los accesorios de la torre que determinan su solidez y firmeza. Tanto más si le fue encomendado su desarmado, lo que lleva a pensar (o cuanto menos a considerar) que existe una altísima probabilidad de que la torre estuviese sin uso o sin adecuadas condiciones de mantenimiento y seguridad.
De ello se sigue que no es posible argumentar sobre si se probó o no la necesidad de tal o cual medida de seguridad, pues era el propio contratista —y nadie más que él— quien debía [y estaba en mejores condiciones de] realizar ese diagnóstico y decidir sobre el modo de llevar a cabo la tarea y los mecanismos de seguridad idóneos para no poner en peligro su vida y la de su ayudante. La existencia misma del accidente demuestra, en retrospectiva, que el diagnóstico de Calderón sobre la solidez y firmeza de la estructura fue evidentemente equivocado: la torre no era segura para que se suba y menos aún para hacerlo sin otras medidas de seguridad que neutralicen el riesgo de desprendimiento del tramo en el que estaba ubicado y atado con su arnés.
A falta de acuerdo en contrario, es el contratista quien "elige libremente los medios de ejecución del contrato" (art. 1253 del CCyC), quien debe proveer “los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra” (art. 1256 inc. “c” CCyC) y lo hace en base "a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización, por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada” (art. 1256 inc. "a" del CCyC).
El correlato de lo anterior es que es el propio contratista quien debe asumir los costos derivados de sus propias decisiones: esto es, de la defectuosa elección de esos medios, de la indebida elección de esos materiales adecuados para ejecutar la prestación, o cuando todo ello obedece a una incorrecta aplicación de los conocimientos que le eran razonablemente requeridos según las reglas de su arte o disciplina (v. Lorenzetti, ob.cit.).
Lo que quiero significar con lo anterior es que la queja no puede prosperar porque el actuar culposo de Calderón se verifica indistintamente por uno u otro motivo: o bien no utilizó las medidas de seguridad que la labor le exigían (utilizar la pértiga de vida, las retenidas temporales, un sistema de andamios, procurar que su arnés no esté atado al mismo tramo en el que se encontraba y desde el cual su ayudante dice que se cayó, etc.), o bien no diagnóstico correctamente el estado de la estructura para poder determinar si era seguro subirse a los distintos tramos que debía desmontar sin adoptar todas esas medidas de seguridad. Ambas omisiones se explican recíprocamente dado que una es causa de la otra. Sea por negligencia, impericia o imprudencia en una y otra labor (diagnóstico del estado de la torre y adopción de medidas de seguridad idóneas), es claro que el fatal desenlace tuvo como única causa adecuada al comportamiento culpable del propio contratista.
Aclaro que la solución que aquí propongo no varía si se adopta el encuadre normativo escogido por el juez, y sobre el cual edifican sus agravios los actores. Ambos enfoques (la tesis de que los riesgos derivado de la defectuosa prevención y ejecución de la obra los asume el contratista -detallada más arriba- y la tesis de la responsabilidad del comitente por el riesgo o vicio de las cosas de la que es propietario -asumida por el juez-) pueden resultar caminos argumentales alternativos que, en este pleito en particular, dan fundamento a una misma solución.
Quiero decir con ello que, sea por un defecto en el modo en que el contratista cumple su obligación y administra indebidamente los riesgos propios de su actividad (arts. 1082, 1252, 1253 y 1256 del CCyC), o bien como eximente de responsabilidad frente a un enlace causal presunto entre el riesgo o vicio de la cosa y el daño producido (arts. 1725 y 1757 CCyC), el resultado es exactamente el mismo: no hay responsabilidad del comitente propietario de la cosa riesgosa o viciosa.
Es por todo lo dicho que propondré al acuerdo desestimar el agravio en estudio (arts. cit.).
III.b.3. Sobre la vulnerabilidad, la asimetría y otras razones invocadas por los actores en su segundo y tercer agravio.
No son de recibo los restantes argumentos de los accionantes en los que se reclama la especial consideración de la situación de vulnerabilidad de la víctima, la asimetría entre esta última y la demandada o el pedido de una solución con fundamento en razones de equidad y justicia.
Imputarle a una persona las consecuencias dañosas sufridas por otra a causa de un incumplimiento negocial o de un ilícito requiere un juicio de valor, un motivo o razón suficiente que justifique la imposición de ese deber resarcitorio. Este elemento axiológico o valorativo no es determinado por el juez con base en sus preferencias personales o sus convicciones morales, sino que se encuentra establecido y positivizado por el legislador en las normas especiales y generales que regulan los factores de atribución en la responsabilidad civil.
En otras palabras, los magistrados nos limitamos a evaluar si, en un caso determinado, se verifican los extremos que arrojan un resultado positivo a ese juicio de valor o reproche, pero no podemos crear ex novo criterios o factores de atribución distintos de los que la ley regula para cada tipo de controversia.
Aún la equidad, que mencionan los apelantes en varios pasajes de su recurso, está regulada como factor de atribución para casos muy específicos y distintos a los que se verifican en este pleito: los daños causados por actos involuntarios (art. 1750 CCyC) y el reembolso de los gastos de quien evita o disminuye la magnitud de un daño del cual sería responsable un tercero (art. 1710 inc. "b" CCyC).
El contrato en cuyo seno se gestó esta lamentable tragedia, quiérase o no, es un contrato paritario y no hubo (ni se probó que hubiere) ninguna circunstancia que pudiere siquiera sugerir que Calderón haya aceptado el trabajo que le fue encomendado subsumido en una extrema y absoluta necesidad, o que alguien (el comitente o un tercero) lo hubiere forzado a realizar esa tarea en contra de los estándares de conducta que las lex artis le imponían, cualquiera sea la consecuencia que los actores pudieren pretender que se derive de ello. La sola diferencia entre la situación económica de los actores y la de la demandada no constituye una razón suficiente para imponer a una parte —por ese solo motivo— el deber de resarcir los daños sufridos por la otra.
Concuerdo con Guibourg cuando advierte que los magistrados debemos ser extremadamente cautos con lo que usualmente se denomina la justicia del caso concreto o cualquier otra forma de solución atípica o excepcional, dado que termina por reservar a la ley un papel secundario y subordinado (Guibourg, Ricardo. "Los jueces y la nueva estructura del sistema jurídico." Anuario de filosofía jurídica y social, 2006, pág. 141).
La referencia al “paradigma constitucional de defensa del vulnerable” tampoco constituye un motivo suficiente para juzgar la incorrección o injusticia de la decisión apelada, sobre todo si los actores no explican qué reglas, premisas o criterios —concretos y específicos— se inferirían de ese postulado genérico y cómo serían aplicables al caso concreto que aquí se dirime.
El uso de principios morales para atribuir contenidos al derecho, de la mano de la pretensión de la justicia del caso individual, dispersa por completo los criterios de decisión y disminuye las garantías que emanan del sistema fundado en normas generales (Guibourg, Ricardo, Magia, cultura y derecho, Revista Isonomía N°32, 2010, pág. 182).
Tampoco se trata de hacer recaer en la víctima el peso de su propia conducta, ni menospreciar la experiencia que seguramente tuvo el Sr. Calderón en el oficio al que se dedicaba desde hace tanto tiempo, como se alega en el recurso.
La pregunta central que define el éxito de la demanda es si existe un motivo por el cual la propietaria de la torre, por el solo hecho de ser tal, deba responder por los daños sufridos por el torrista a quien se le encargó su desarmado.
A mi modo de ver, y como he argumentado extensamente más arriba, la respuesta es negativa: el solo hecho de ser propietario de la cosa riesgosa no es razón suficiente para que la comitente deba responder por los daños sufridos por el contratista a quien se le encomendó especial y específicamente una labor que requería conocer, administrar y lidiar prudentemente con esos riesgos y ajustar su actividad en cuanto sea necesario para prevenir accidentes o evitar que de ellos resulte herido o dañado. Analizar qué hizo o dejó de hacer el Sr. Calderón es una labor inevitable a la hora evaluar la procedencia del reclamo de los actores; y en ese derrotero, es la ley —y no la judicatura— la que impone un estándar de conducta agravado a la hora de evaluar el modo en que actúa un profesional o experto en la realización de una tarea (arts. 1082, 1252, 1253, 1725, 1757 y cctes. del CCyC).
No creo que esta solución represente una “lamentable respuesta del servicio de justicia”, como se alega en la página final del memorial. El caso no ha puesto de manifiesto una laguna normativa o siquiera axiológica que genere alguna perplejidad sobre el modo en que debe interpretarse el derecho aplicable o la manera en que debe ser dirimida la controversia. El rechazo de la demanda deriva una aplicación concreta —y, a mi juicio, incontrovertida— de normas de derecho civil de las cuales que no surge el derecho resarcitorio que los actores invocan frente a la demandada. Idéntica solución emerge aun de adoptar el enfoque propuesto por los actores y admitido por el juez, sobre la base de la responsabilidad objetiva derivada del riesgo o vicio de las cosas.
Por supuesto que ello no me impide comprender que se trata de una decisión profundamente antipática para los reclamantes dado que detrás de su reclamo hay una tragedia familiar y un dolor inmenso que ninguna sentencia podrá ya revertir o componer. Pero, de nuevo, no hay en esta última circunstancia —ni en la situación particular de los reclamantes o la que tenía en vida el Sr. Calderón— un motivo o factor de atribución suficiente que permita arribar a una solución distinta, total o parcialmente favorable a los apelantes.
Finalmente, me interesa aclarar que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires citado por los recurrentes (A. 72075, "Maidana, Jorge I. c/ Provincia de Buenos Aires", del 26/06/2017) no constituye doctrina legal, en tanto los ministros limitaron su decisión a exponer la insuficiencia argumental del embate recursivo, sin brindar asertivamente criterios interpretativos sobre las normas aplicables al caso. De hecho, existe jurisprudencia, también de la Casación, donde confirman una decisión que se sustentó en la tesis contraria: la falta de responsabilidad del locatario comitente por el daño sufrido por el locador albañil en el uso de una sierra propiedad de los demandados (véase SCBA, C. 100.284, "Toranza, Marcos Omar contra Kolman, Raúl y otra. Daños y perjuicios", del 10/12/2008). Por todo lo expuesto hasta aquí, propondré al acuerdo desestimar el recurso de la parte actora y confirmar la sentencia en lo que ha sido materia de agravio (arts. 1082, 1252, 1253, 1725, 1757 y cctes. del CCyC).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I) Rechazar el recurso de la parte actora, con costas (art. 68 del CPCCBA) II) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia, se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve: I) Rechazar el recurso de la parte actora, con costas (art. 68 del CPCCBA); II) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967); III) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia