Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-1.964/14-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la demandada a fs. 513/527 vta. y en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial a fs. 497/510, modificando el punto 1º de la parte resolutiva; y disponiendo que las costas generadas por la acción intentada por la accionada reconviniente se impongan a esta última, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 C.P.C. y C.).-
2Confirmar el fallo recurrido en lo demás que fuera materia de agravio.-
3Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto se de cumplimiento con las normas tributarias vigentes y se regulen en las anteriores instancias.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-1.964/14-TSJ Interlocutorio N°: 602.-
Actor: COLECCHIO JUAN CARLOS Demandado: TESCO CORPORATION SUC. ARGENTINA Objeto: S/ LABORAL – COBRO DE PESOS Fecha: 15-09-16 Texto: TOMO XVIII – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 602 FOLIO Nº 3453/3459 PROT. ELECT. TSS1 006 S.161
Río Gallegos, 15 de septiembre de 2016.-
Los presentes autos caratulados: “COLECCHIO, JUAN CARLOS C/TESCO CORPORATION SUC. ARGENTINA S/ LABORAL – COBRO DE PESOS”, Expte. Nº C-18.860/09 (C-1964/14-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación articulado a fs. 513/527 vta., por el Dr. Paulo Luis Schmidt, en su carácter de letrado apoderado de la parte actora, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 497/510. Esta última confirmó parcialmente el decisorio de Primera Instancia, obrante a fs. 412/420, en cuanto rechaza la demanda interpuesta por el Sr. Colecchio, y resuelve hacer lugar a las defensas de prescripción interpuestas tanto por el actor como por la demandada, modificando la regulación de honorarios de los letrados de la accionada (conf. fs. 509 vta./510).-
II. Contra esta resolución se alza el actor, interponiendo recurso de casación “…por violación de la ley (arts. 3° inc. a) Ley 1687) y en mérito a la doctrina de la arbitrariedad…” (cfr. foja 513). El fundamento de la pretensión recursiva está asentado en que la sentencia de Cámara “…omite expedirse en el punto primero sobre las costas, a partir de lo resuelto en el Punto 1° del pronunciamiento, y la calidad de vencida que reviste la demandada respecto de la reconvención planteada y el acogimiento de la excepción de prescripción planteada por ésta representación, conculcando abiertamente el art. 34 inc. 4° y 164 del CPCC de aplicación supletoria (art. 121 Ley 1444) y con ello los arts. 17, 18, 19, 28 y 32 de la Constitución Nacional, en tanto se ha omitido el tratamiento y resolución de un planteo de la parte actora realizado expresamente en el memorial de fs. 450/455 vta.
Y debe decirse que existe una manifiesta incongruencia por omisión, en virtud que en el punto primero no existe pronunciamiento sobre las costas y luego en el punto segundo se aplica al principio objetivo de la derrota, pero en lo que respecto (sic) a lo resuelto en ese punto, con lo cual puede decirse que además, la Cámara ha terminado por dictar una sentencia arbitraria, al quedar enmarcada en tal tipología en tanto no ha resuelto debidamente una cuestión introducida en la instancia y por ende sujeta a su decisión.” (cfr. foja 521 y vta.). Agrega que “Tampoco se explica con qué fundamento se pueden imponer las costas del presente proceso, en forma íntegra a la actora, conforme el rechazo de la contrademanda planteada por la accionada y el acogimiento de la prescripción planteada por nuestra parte respecto de la misma, en tanto conforme el art. 71 del CPCC, de aplicación supletoria deben ser distribuidas prudencialmente, teniendo en cuenta el resultado del juicio…” (cfr. foja 521 vta.).
Entiende que por este motivo “…corresponde conforme a derecho hacer lugar a la casación articulada en lo que respecta a las costas, e imponiendo las costas en el punto primero a la demandada vencida, distribuyendo las costas de primera instancia conforme tal resulte imponiendo las costas de segunda instancia por su orden conforme el resultado obtenido.” (cfr. foja 523). Continúa expresando que se agravia “…toda vez que la Cámara A quo hace lugar al primer agravio deducido por la apelante demandada, no obstante que erróneamente en el punto 1° del resolutorio en crisis expone que se rechaza el primer agravio de ambas partes, para luego en el punto 2° hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la firma Tesco Corporation Suc.
Argentina al concluir que no debe aplicarse el instituto de la suspensión e interrupción de la prescripción de manera acumulativa, sino, que ambas resultan excluyentes, motivo por el cual entiende que la acción intentada por el actor se encontraría irremediablemente alcanzada por el curso de la prescripción, no obstante lo expresamente normado por los arts. 9 y 257 de la LCT y el art. 3986 del Código Civil sobre el tema en particular y los sucesivos actos desplegados por el actor, suspendiendo e interrumpiendo el curso prescriptito.” (cfr. foja 523 y vta.). Explica que “… debe partirse de la base que la sentencia en crisis incurre en violación de la ley al aplicar erróneamente la misma al momento de considerar ambos institutos y efectuar el cómputo del plazo prescriptivo, pues el instituto de la prescripción consagrado en el art. 257 de la LCT, claramente expresa que el efecto interruptivo se aplicará sin perjuicio de la aplicación del art. 3986 del Código Civil que consagra la suspensión del plazo de prescripción establecido, en este caso por el art. 256 de la LCT, por el término de un -1- año ante la intimación fehaciente al empleador, pero en modo alguno establecen que la suspensión e interrupción de la prescripción resultan excluyentes, sino que por el contrario siempre deben interpretarse y aplicarse en cuanto resulten más favorables al trabajador.” (cfr. foja 523 vta.).
Solicita que se aplique la prescripción tal como computara el juez de primera instancia, y sostiene que “La confusión de la Cámara obedece a que el criterio aplicado resulta viable cuando tan solo existe un reclamo administrativo, el cual no puedo (sic) tomarse como acto interruptivo y además suspensivo ante la notificación del reclamo al demandado, pero esa situación y criterio, nunca puede trasladarse al caso de autos, en tanto existe una intimación por medio fehaciente de comunicación que determina la aplicación del art. 3986 del Cód. Civil y además el reclamo administrativo formulado ante la Secretaría de Trabajo que interrumpe conforme el art. 257 de la LCT.” (cfr. foja 524 vta.). Cita doctrina y jurisprudencia, y hace reserva del caso federal.- Declarado formalmente admisible el recurso de casación por la Alzada a foja 529 y vta., este Tribunal lo declara bien concedido a foja 539 y vta., poniéndose los autos a disposición de las partes, conforme lo dispuesto en el artículo 8 del Libro I, Título IV, Cap.
IV, Sec., 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CP C y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15, haciendo uso de las facultades que le otorga dicha norma sólo la parte demandada (conf. cert. foja 550). Esta última expone a fs. 543/549 los argumentos por los cuales entiende que no corresponde hacer lugar al recurso de casación y ratifica la reserva del caso federal.- Que a fs. 551/556 vta., dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, quien expresa “…voy adelantar mi opinión favorable al acogimiento del recurso de casación interpuesto y por ende a la falta de eficacia de la sentencia de cámara, en función de los distintos agravios expuestos por el actor.” (cfr. foja 553). Respecto del agravio relativo a la falta de imposición de costas, cita jurisprudencia y sostiene que debe prosperar en virtud del principio objetivo de la derrota (conf. fs. 553 vta./554); y con relación a los argumentos esgrimidos por el recurrente respecto de la prescripción, luego de citar jurisprudencia, concluye que “…la sentencia de Cámara, no se encuentra ajustada a derecho, surgiendo de la misma violación de la ley y arbitrariedad conforme lo alegara el recurrente, siendo opinión de esta Fiscalía que el recurso de casación interpuesto por el actor debe tener favorable acogida” (cfr. foja 556 vta.).- A foja 560 se llaman autos para sentencia.-
III. Que, conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por la parte actora, su desarrollo se propone en el ámbito del carril impugnativo previsto por el artículo 3° inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec., 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CP C y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15.-
Delineado el alcance del recurso, y siguiendo el orden de los agravios expresados por el actor, entendemos oportuno comenzar con el referido a la omisión de la imposición de costas en el primer punto de la sentencia impugnada. En dicho punto se resolvió declarar prescripta la acción interpuesta en el escrito de reconvención mediante la cual se requería al actor la devolución de una computadora personal entregada en el marco de la relación laboral, haciendo lugar a la defensa opuesta por la parte actora.-
Que al respecto, este Alto Tribunal tiene dicho que “…se encuentra detraída al conocimiento de esta materia en casación por constituir una típica cuestión de hecho y de derecho procesal que escapa al control de esta instancia, constituyendo un principio general la irrevisabilidad sobre la base de que aquella imposición es facultad privativa de los jueces de grado, siendo el tema ajeno a la instancia extraordinaria, salvo cuando las costas se impusieran a quien no resultare vencido, o que exista inequidad en los criterios de distribución (confr. Tomo XIII, Sentencia, Reg. 467, Folio 2539/2542; Tomo I, Interlocutorio, Reg. 115, Folio 189/190; Tomo I, Interlocutorio, Reg. 104, Folio 169/170; Tomo II, Interlocutorio, Reg. 149, Folio 241/242; Tomo V, Interlocutorio, Reg. 868, Folio 993/994)” (cfr. Tomo XVII, Sentencia, Reg. 583, Folio 3332/3338).- Sin perjuicio que la imposición de costas es una cuestión de hecho no susceptible de revisión en esta instancia, consideramos pertinente señalar que la sentencia de Cámara resuelve declarar prescripta la acción intentada por la demandada en el escrito de reconvención, haciendo lugar a la defensa planteada por el accionante (conf. foja 509 vta., punto 1°). Ello sin que fuera indicada la forma en que cabía imponer las costas respecto de dicha acción, por lo que el recurrente considera que la asignación de las costas a su parte efectuada en el segundo punto del fallo incluye el primer punto de la sentencia.-
En este caso al resultar derrotada la demandada reconviniente por hacerse lugar a la prescripción interpuesta por el actor, asiste razón al recurrente en que debió determinarse la distribución de las costas en el primer punto del fallo ya que la reconvención es una pretensión autónoma de la resuelta en el segundo punto de la sentencia.-
Resulta oportuno señalar que la regla es que la reconvención genere su propia condena en costas y sus propios honorarios, y aunque este principio no es absoluto, se ha resuelto que “…estando ante una demanda y reconvención que prosperan, deberán aplicarse las costas al vencido frente a cada una de las pretensiones deducidas” (cfr. Osvaldo A. Gozaini, “Costas Procesales” -Volumen 2- Doctrina y Jurisprudencia, Tercera Edición, Ediar, pág. 583).-
En este sentido, entendemos oportuno recordar que sólo puede eximirse de costas a la parte vencida mediante un pronunciamiento expreso, en virtud del principio objetivo de la derrota establecido en el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia. Al respecto este Alto Cuerpo ha señalado que “Este principio no tiene carácter absoluto, sin embargo, para apartarse del mismo se requiere la configuración de situaciones de excepción o bien circunstancias específicamente contempladas en la ley que habilitan dicho proceder y de las cuales debe dar cuenta el magistrado en su decisorio (confr. segundo párrafo del art. 68 del C. P. C. y C.). En este orden de ideas vale destacar que la excepción a la imposición de costas según el hecho objetivo de la derrota debe interpretarse restrictivamente y sobre la base de circunstancias objetivas y fundadas, que demuestren la injusticia de aplicar el principio general, pues, de lo contrario, se desnaturaliza el fundamento objetivo de dicho régimen…” (cfr. Tomo XIV, Sentencia, Reg. 493, Folio 2702/2705).- Por su parte, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también se ha expedido en este sentido, sosteniendo que “…teniendo en cuenta que el fundamento de la condena en costas, tanto en el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial, como en el 19 de la ley procesal del fuero, radica en el hecho objetivo de la derrota, no puede la parte que resultó incuestionablemente vencida, agraviarse sobre su imposición (conf. causas L. 48.185, ‘Strinatti’, sent. del 10-III-1992; L. 59.294, ‘Laurito de Ramo’, sent del 1-IV-1997; L. 60.145, ‘Gómez’, sent. del 2-XII-1997; L. 71.437, ‘Raschetti’, sent. del 20-XII-2000)” (cfr. “Banco de la Provincia de Buenos Aires c. Draghi, Juan Pedro. Exclusión de garantía sindical”, LP L 98.143 S 11/03/09).- De esta forma, teniendo en cuenta que en el primer punto del fallo la Cámara rechaza la acción intentada por la accionada reconviniente, haciendo lugar a la defensa de prescripción interpuesta por el actor, y no advirtiendo motivos para apartarse del principio general que rige esta materia (art. 68 del CPC y C), corresponde imponer las costas generadas por dicha acción a la demandada vencida.-
IV. El segundo agravio expresado por el actor hace referencia al cómputo de la prescripción de los créditos laborales reclamados en este juicio.-
La prescripción ha sido definida como “…un modo tanto de adquirir como de extinguir derechos. Esto último se da por la inacción de su titular por el tiempo fijado en la ley. Tratándose de derechos y acciones provenientes de las relaciones individuales y en general, de disposiciones legales, reglamentarias o convenciones colectivas de trabajo, la prescripción a que se refiere la ley es la liberatoria” (cfr. Juan Carlos Fernández Madrid, “Tratado Práctico de Derecho del Trabajo”, Tomo II, La Ley, pág. 1508). Por otro lado, también se ha explicado que “En las relaciones laborales, la prescripción liberatoria se ha de regir, en primer término, por las normas específicas consagradas por la LCT y en los aspectos no reglamentados se aplicarán, con carácter complementario y subsidiario, las normas del derecho civil, siempre que resulten compatibles con los principios generales del derecho del trabajo” (cfr. Carlos Alberto Etala, “Contrato de Trabajo” -Ley 20.744- Tomo 2, Astrea, pág. 329).- En lo que hace al conflicto suscitado en autos, y a los fines de una mejor exposición, cabe destacar que no se encuentra en discusión la existencia de un acto suspensivo ocurrido con la intimación por C.D. 740650065 del 24 de agosto de 2006 (conf. foja 55 vta. y foja 76 vta.), y del acto interruptivo del 27 de septiembre de 2006, sucedido como consecuencia de la interposición de la demanda administrativa ante la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia (conf. foja 55, foja 01 y vta., del expediente administrativo y foja 76 vta.).-
Sin embargo, difieren en cuanto a los efectos de los actos suspensivo e interruptivo sobre el plazo de dos años previsto por la Ley de Contrato de Trabajo (conf. art. 256).-
Por otro lado, el magistrado de Primera Instancia rechaza la excepción de prescripción interpuesta por la demandada por considerar que “…el plazo de prescripción transcurrido hasta la fecha de suspensión se tiene por no sucedido por aplicación de la posterior interrupción…” (cfr. foja 416). Al respecto, los Jueces de Segunda Instancia señalan que “El magistrado en su sentencia ha procedido a acumular la suspensión y la interrupción de la prescripción…” (cfr. foja 504 vta.), para luego explicar que difieren de lo resuelto en la sentencia de Primera Instancia debido a que “Los distintos efectos de ambos institutos imposibilitan que sean acumulables, toda vez que al interrumpirse el curso de la prescripción se ‘borra’ al decir de Spota el curso del tiempo anterior transcurrido y al cesar la interrupción el término de la prescripción debe comenzar a correr nuevamente.” (cfr. foja 505 vta.). Por este motivo resuelven hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada, agregando que ya sea que se tome el plazo de suspensión o de interrupción “…ninguna de ambas instituciones permiten salvar la viabilidad de una acción que ya estaba prescrita…” (cfr. foja 506).- Por el contrario, el recurrente sostiene que es posible acumular ambos institutos ya que en este caso existieron dos actos realizados por separado: una intimación de la deudora por medio fehaciente -telegrama laboral- y un reclamo administrativo (conf. foja 516 vta.) es decir, hay dos actos que cortan el curso de la prescripción. Distinto sería el supuesto en que sólo existiera una demanda administrativa, a la que no sería posible acumularle el efecto interruptivo y suspensivo simultáneamente. Por lo tanto, entiende que encontrándose reunidos los requisitos de ambos institutos y en virtud de los principios de aplicación restrictiva de la prescripción e in dubio pro operario, corresponde acumular la suspensión y la interrupción, y de esta forma la demanda se encontraría entablada en tiempo y forma.- Entonces, corresponde analizar cuál es el efecto de los actos suspensivo e interruptivo que se produjeron en autos, a fin de determinar la solución más ajustada a derecho.-
Para ello cabe tener presente, en primer lugar, que este alto Tribunal ha afirmado que “…el plazo de prescripción… sólo comenzará a correr desde el momento en que se produce el distracto, que es a partir de cuando el crédito es debido…” (cfr. Sentencia, Tomo XV, Reg. 533, Folio Nº 2.996/3.004), y que de modo similar, calificada doctrina ha entendido que “…el crédito indemnizatorio resulta líquido y exigible desde el mismo momento en que se toma conocimiento de la extinción de la relación laboral, generalmente, con la recepción de la misiva correspondiente, salvo que se tome conocimiento del daño con posterioridad […] En consecuencia, desde el momento de la producción del daño o desde la ruptura del vínculo laboral, debe comenzarse a computar el plazo de la prescripción pues este hecho es el que hace nacer la obligación de indemnizar el daño causado, motivo por el cual debe tomárselo para computar el plazo a partir del cual comienza a correr la prescripción para el pago de las indemnizaciones de ley.” (cfr. “Extinción de la Relación Laboral”, Mario E. Ackerman, director y Alejandro Sudera, coordinador, Editorial Rubinzal Culzoni, Editores, págs. 721/722).- Por lo tanto a partir del día de la ruptura del vínculo laboral, es decir el 16 de febrero de 2006, comenzó a correr el curso de la prescripción, el cual conforme el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo es de dos años.-
Con relación a la suspensión de la prescripción en el derecho laboral, resultan aplicables al caso las reglas del entonces vigente Código Civil, y se ha explicado que: “El párr. 2° del art. 3986 del Cód. Civil dice así: ‘La prescripción liberatoria se suspende, por una sola vez, por la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica. Esta suspensión sólo tendrá efecto durante un año o el menor término que pudiere corresponder a la prescripción de la acción’. Para que opere la suspensión debe mediar, por consiguiente, una interpelación, un requerimiento de pago, como excepción a aquel otro principio general de que la mora se produce por el mero vencimiento del plazo de la obligación. En cuanto a la ‘forma auténtica’ requerida para que la suspensión sea eficaz, debe considerarse tal la que aleje toda duda sobre su veracidad y fecha, como por ejemplo, el acta notarial, el telegrama colacionado, la carta documento, etcétera…” (cfr. Carlos Alberto Etala, ob. cit., pág. 335).- Las reglas del Código Civil resultan aplicables en virtud de la remisión efectuada en el artículo 257 de la Ley de Contrato de Trabajo, y teniendo en cuenta que desde el mes de agosto de 2015 ha entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, resulta oportuno señalar que la norma indicada en el párrafo anterior se mantiene en el actual artículo 2541 del C.C. y Com. En efecto, continúa siendo un supuesto de suspensión “La interpelación fehaciente (art. 2541), cuando ella es realizada por el titular del derecho contra el deudor o el poseedor. Esta suspensión sólo tiene efecto durante seis meses o el plazo menor que corresponda a la prescripción de la acción. Se mantiene, pues, el mismo criterio utilizado por el art. 3986 del Código Civil de Vélez Sarsfield, aunque se acorta el plazo de prescripción de un año a seis meses…” (cfr. Carlos A. Calvo Costa y Luis R. J. Sáenz, “Incidencias del Código Civil y Comercial” Obligaciones. Derecho de daños -, Editorial Hammurabi, págs. 98/99).- Sin perjuicio que al momento de dictarse esta sentencia se encuentra vigente el artículo 2541 del Código Civil y Comercial, el curso de la prescripción se encontraba cumplido, por lo que corresponde aplicar la ley vigente al momento del hecho (conf. art. 7 del CPC y C).-
A los fines de una mejor exposición, comenzaremos estudiando los efectos del acto suspensivo e interruptivo interpuestos en autos en forma independiente, para luego analizar de que manera interactúan sobre el plazo de prescripción.-
En el caso que nos ocupa, el día 24 de agosto de 2006 el actor remitió un telegrama intimando a la demandada al pago de las diferencias adeudadas, que constituye una intimación fehaciente en los términos del artículo 3986 del Código Civil, por lo que se suspendió el curso de la prescripción por el término de un año; es decir, hasta el 24 de agosto de 2007. Entonces, si tenemos en cuenta que a la fecha de la intimación habían transcurrido seis (6) meses y ocho (8) días, el plazo de prescripción -de tomarse únicamente el acto suspensivo- concluiría el día 15 de febrero de 2009 y en consecuencia la demanda habría sido interpuesta en forma extemporánea (el día 6 de julio de 2009) (conf. foja 38 vta.).- Descartado el supuesto de suspensión para sostener la subsistencia del reclamo de autos, corresponde ingresar en el tratamiento del acto interruptivo: la interposición de la demanda administrativa.-
Este supuesto se encuentra expresamente previsto en el artículo 257 de la Ley de Contrato de Trabajo: “Se asignan efectos interruptivos a la reclamación hecha ante la autoridad administrativa del trabajo, pero en ningún caso por más de seis meses de su iniciación. Vencido el plazo de seis meses, esta fecha constituirá el dies a quo a partir del cual se debe computar nuevamente el plazo íntegro de prescripción…” (cfr. Carlos Alberto Etala, ob. cit. pág. 338).-
Entonces, teniendo en cuenta que la demanda ante la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia fue interpuesta el día 27 de septiembre de 2006, el plazo de dos años comenzaría el día 27 de marzo de 2007 y la acción habría prescripto el día 27 de marzo de 2009, por lo que en este caso la demanda también resultaría extemporánea (reiteramos, fue interpuesta en el mes de julio de 2009) (conf. foja 38 vta.). Resulta oportuno destacar en este sentido, que si bien el expediente administrativo fue archivado el 28 de febrero de 2011 (conf. fs. 112 del citado expediente), la Ley de Contrato de Trabajo establece que la interrupción de la prescripción no se extenderá por más de seis (6) meses en estos casos.- En este punto corresponde efectuar una aclaración: doctrinariamente se ha asignado a la demanda administrativa el doble efecto suspensivo/interruptivo de la prescripción, y al respecto se ha explicado que “La reclamación administrativa interrumpe la prescripción, pero además constituye una interpelación ‘en forma auténtica’ si ha sido notificada al deudor, por lo que en este caso también producirá el efecto de suspender la prescripción durante un año (art. 3986, Cód. Civil). Ante esta situación, el trabajador puede elegir el régimen más favorable, o sea que, según las circunstancias, podrá invocar los efectos suspensivos o interruptivos de la reclamación administrativa” (cfr. Carlos Alberto Etala, ob. cit., pág. 339).- A esta situación se refería el recurrente cuando explicaba que no puede asignarse el doble efecto interruptivo/suspensivo a la demanda administrativa, y le asiste razón en que se debe optar por uno de los dos. Sin embargo, ya vimos que de asignarle el efecto interruptivo la situación no resulta favorable a su pretensión.-
En el caso de optar por el efecto suspensivo de la demanda administrativa, es decir, que la suspensión de un año se compute a partir del día 27 de septiembre de 2006, el resultado tampoco resulta favorable a la pretensión del actor debido a que la acción prescribiría el 15 de febrero de 2009.-
Cabe destacar que la parte actora ha modificado su argumentación durante el curso de este proceso: En el escrito de contestación a la excepción interpuesta por la contraria, el actor afirma que “…no resulta acertado lo expuesto por la demandada respecto a que la aplicabilidad del acto suspensivo del plazo de prescripción por el término de un año previsto por el art. 3986 del Código Civil, resulta excluyente del plazo interruptivo de seis -6- meses previsto por el art. 257 de la LCT, conforme lo expresamente establecido por la mencionada norma, con lo cual deviene ineludible que el crédito reclamado por mi mandante resulta a todas luces exigible no siendo alcanzado totalmente por el curso de la prescripción […] el plazo se extiende a tres años y seis meses, teniendo en cuenta la suspensión por un año (art. 3986 C.C.) ante el acto suspensivo operado mediante la intimación fehaciente de fecha 24-08-06 con más los seis -6- meses como consecuencia del reclamo administrativo (art. 257 LCT) incoado ante la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social…” (cfr. fs. 76 vta./77).- Posteriormente, al interponer el recurso de casación, el accionante argumenta sus fundamentos recurriendo al criterio adoptado por el Juez de Primera Instancia para el cómputo del plazo de prescripción, distinto al sostenido oportunamente por el actor (conf. fs. 523 vta./525 vta.).
Recordemos que el magistrado sostuvo en la sentencia que “De los hechos relatados surge que el distracto laboral sucedió el 16/02/2006; a partir de dicha fecha comenzó a correr el plazo de prescripción hasta el día 24/08/2006, momento en el cual el actor remite Telegrama Ley…” (cfr. foja 415 vta.), luego explicó que “…la suspensión del plazo de prescripción opera hasta el día 24/08/07; no obstante ello, en medio de dicho plazo surge la interrupción del plazo prescriptivo de la acción, en virtud de la aplicación del art. 257 de la LCT, esto es con fecha 27/09/06, en la cual se da comienzo al trámite administrativo…Es pues, a partir del día 27/09/06 que se interrumpe el plazo de prescripción por el plazo de seis meses, esto es hasta el día 27/03/07, fecha en la cual termina el plazo de interrupción y continúa suspendido en virtud de la intimación efectuada el día 24/08/06, hasta el 24/08/07” (cfr. foja 416).- Entonces, si bien en un comienzo el actor pretendía que al plazo bianual de prescripción se adicione el término de un año de suspensión y los seis meses correspondientes al acto interruptivo; al recurrir la sentencia de Cámara se basa en el criterio del Juez de Primera Instancia, esto es, que el acto interruptivo suprima el plazo previamente transcurrido, y luego de transcurridos los seis meses correspondientes se reinicie el plazo de suspensión para luego continuar con los dos años de prescripción establecidos por el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo.-
Es importante señalar, tal como lo hace la Excma. Cámara, que la naturaleza jurídica de la interrupción y la suspensión de la prescripción impiden que puedan ser acumuladas. En efecto, la suspensión y la interrupción de la prescripción son dos instituciones que difieren una de otra no sólo en los fundamentos, sino también y específicamente en los efectos. Así, la suspensión provoca la detención del curso de la prescripción sin que se borren los efectos producidos hasta el momento, en tanto que la interrupción inutiliza el lapso transcurrido, volviendo a correr nuevamente el término de la prescripción -desde el comienzo- a partir del cese de la causa interruptiva.- De esta simple descripción se advierte claramente la incompatibilidad de la acumulación de ambos institutos, ya que si el acto interruptivo ocurre mientras se encuentra suspendido el curso de la prescripción, al cesar la causal interruptiva en modo alguno podrá reanudarse la suspensión, ya que ésta inutilizó el plazo transcurrido con anterioridad a su producción.-
En este sentido, al resolver una causa en la que se había producido un acto interruptivo seguido de un acto suspensivo cuyos efectos se superponían, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo -Sala II- sostuvo que “…el efecto del expte. administrativo 04/129/07 R que invoca como causal interruptiva en los términos del art. 257 LCT y que se originó a partir del 26/1/07 hasta el 8/3/07, a partir del 27/2/07 quedó subsumido en la suspensión que originó el telegrama citado pues, a partir de entonces, medió una superposición de causales que impiden la sumatoria ya que sólo pueden ser acumulados los períodos no superpuestos en un mismo segmento temporal. En efecto, resulta evidente que ningún efecto puede producir en el curso de la prescripción el pretendido reclamo administrativo con posterioridad al 27/2/07 ya que sólo puede suspenderse o interrumpirse una prescripción ‘en curso’ y no la que se encontraba suspendida a partir de esa fecha …Como lo ha señalado la más autorizada doctrina, sólo se puede suspender o interrumpir la prescripción en curso y no la que ya se ha operado o la que no está en curso (conf.
(Cfr. Llambías, J.J., ‘Tratado de Derecho Civil’, parte general, Tomo II, pág. 2114). En síntesis, en el lapso en el que la prescripción quedó suspendida por la CD del 27/2/07…esto es hasta el 27/2/08 cesó el efecto interruptivo del reclamo en sede administrativa llevado a cabo en el expte antes mencionado (iniciado el 26/1/07); y el trámite ante el SECLO (iniciado el 28/5/07) tampoco pudo suspender un plazo que ya se encontraba suspendido desde el 27/2/07 en base a lo que prevé el art. 3986 segundo párrafo del Código Civil. Como ya lo ha señalado esta Sala, no son acumulables los efectos de una y otra causal en períodos que se superponen, el efecto del reclamo materializado en el expte administrativo antes señalado y el llevado a cabo ante el SECLO, con la suspensión que provocó la intimación del 27/2/07, ya que aquellos quedaron incluidos en el lapso de suspensión prevista en el art. 3986 del Código Civil…De allí que no pueda considerarse que uno resulte ‘acumulable’ al otro dentro del cual quedó subsumido” (cfr.
“E.R.G.A. c/ Kaleu Kaleu S.A. s/Despido” del 30/08/2013, www.cij.gov.ar).- Siguiendo esta línea de pensamiento, se puede advertir que el acto interruptivo interpuesto cuando el plazo prescriptivo se encontraba suspendido no puede surtir efecto, dado que no se puede interrumpir un plazo que en ese momento no estaba corriendo. Es por ello que tampoco es posible reanudar el plazo suspensivo al concluir los seis meses que prescribe el artículo 257 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que la propia naturaleza del acto interruptivo descarta esta posibilidad al haber inutilizado lo ocurrido con anterioridad a su interposición.-
A su vez, el primer criterio sostenido por el accionante al oponerse a la excepción de prescripción tampoco resultaría viable. Recordemos que el actor pretendía que se sume el plazo de suspensión a los seis meses correspondientes a la interrupción (conf. fs. 76 vta./77), lo cual como viéramos en los párrafos que anteceden no resulta posible, pero tampoco obtendría un resultado favorable de otorgarse un efecto suspensivo al reclamo administrativo.-
De esta forma, si le asignáramos efecto suspensivo a la demanda administrativa entablada por el accionante, ésta aún ocurriría cuando el plazo se encontraba suspendido por un año por la intimación efectuada mediante telegrama. En efecto, el telegrama fue remitido el día 24 de agosto de 2006 (suspendiendo el plazo hasta el 24 de agosto de 2007), por lo que la demanda administrativa fue interpuesta durante dicha suspensión (el día 27 de septiembre de 2006).-
Así lo ha entendido la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo -Sala VII-, que en un caso similar al que nos ocupa, ha expresado que “El efecto interruptivo de la actuación administrativa en la especie ha quedado subsumido dentro del plazo anual generado con la constitución en mora verificada el 3/9/2007, ya que fue iniciada a escasos días de aquél tal como quedó expuesto (el 13/9/2007) … No soslayo que el recurrente hace hincapié en la acumulación del cómputo de la suspensión y de la interrupción, argumentando que no estaría prohibida tal situación, pero no advierte que en la causa ambas situaciones no se han verificado de modo concatenado sino en forma contemporánea, resultando insostenible la postura propuesta de sumar los seis meses de suspensión luego de concluido el efecto de la suspensión, sin atender a las fechas en que ambas situaciones ocurrieron…” (cfr.
“Freyre, Rebeca Marcela c/ Telefónica Móviles Argentina S.A. s/Despido”, del 26/06/2014, www.cij.gov.ar).- También se expidió en forma similar la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, señalando que “…no resulta posible acumular suspensiones cuando se configura una superposición de causales (intimación fehaciente y trámite ante el SECLO) y, en el supuesto de producirse dicha situación debe tomarse aquella que establezca el plazo mayor. En el caso, el hecho suspensivo más beneficioso para la actora fue la intimación fehaciente mediante telegrama … y, por lo tanto, sólo cabe computar la incidencia que tuvo dicha misiva sin adicionar los seis meses por el trámite ante el SECLO” (cfr.
“Alderete Liliana c/ Blanef S.A. y otro s/Despido”, del 19/03/2014, www.cij.gov.ar).- Es que sin perjuicio de que la prescripción se aplique restrictivamente, y que en materia laboral se debe estar en caso de duda a favor del trabajador, lo cierto es que este instituto tiene una utilidad social que no puede ser dejada de lado. En efecto, se ha dicho que “La doctrina dominante entiende … que el fundamento de la prescripción extintiva es de orden social, pues apunta a asegurar y a consolidar la estabilidad y la certidumbre de las relaciones jurídicas (Llambías, Borda, Trigo Represas, León, Moisset de Espanes, Salvat, Galli, De Gasperi, Morello, Colmo Puig Brutau)…El orden y la paz social requieren que los derechos sean ejercitados dentro de un lapso razonable fijado por la ley.
Con ello se evita que determinadas situaciones de hecho puedan ser revisadas al cabo de un determinado tiempo, lo cual ‘da certeza a los derechos y (…) aclara la situación de los patrimonios, que se ven descargados en su pasivo de las obligaciones prescriptas’ (Trigo Represas)” (cfr. Ramón Daniel Pizarro y Carlos Gustavo Vallespinos, “Instituciones de Derecho Privado” Obligaciones, Tomo 3, editorial Hammurabi, pág. 658).- Por los argumentos expuestos, entendemos que la sentencia de Cámara se encuentra, en este punto, ajustada a derecho, correspondiendo rechazar el agravio esgrimido por el recurrente.-
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto y en consecuencia casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial a fs. 497/510 modificando el punto 1º de la parte resolutiva, disponiendo que las costas generadas por la acción intentada por la accionada reconviniente se impongan a esta última, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C. y C., por remisión del art. 121 de la ley N° 1444), confirmando el fallo recurrido en lo demás que fuera materia de agravio.- En razón de cómo se resuelve, corresponde que se adecuen los honorarios regulados por las instancias de grado y diferir la regulación de honorarios correspondiente a esta instancia hasta que se de cumplimiento con ello y con las las normas tributarias y previsionales vigentes. Téngase presente las reservas del caso caso federal efectuada a fs. 527 y 548 vta.-
Por todo ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la demandada a fs. 513/527 vta. y en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial a fs. 497/510, modificando el punto 1º de la parte resolutiva; y disponiendo que las costas generadas por la acción intentada por la accionada reconviniente se impongan a esta última, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 C.P.C. y C.).-
2. Confirmar el fallo recurrido en lo demás que fuera materia de agravio.-
3. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto se de cumplimiento con las normas tributarias vigentes y se regulen en las anteriores instancias.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso y en virtud de encontrarse vacante un cargo de Vocal (art. 27, 2º párrafo, de la ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Angeles Mercau –Vocal; Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos- Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1006S.161 Tomo: XVIII Interlocutorio: 602.-
Folio N°: 3453/3459.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia