Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-2442/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE93167-2021 y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial dictada en PE113760-2021.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-2442/21-TSJ Interlocutorio N°: 3633 Actor: COLEGIO DE ODONTOLOGOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Demandada: PODER EJECUTIVO PROVINCIAL Objeto: AMPARO Fecha: 17/09/2021 Texto: TOMO XXXII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3633 FOLIO Nº 6330/6335 PROT. ELECT. TSS1 054 I.211
Río Gallegos, 17 de septiembre de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “COLEGIO DE ODONTOLOGOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ c/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL s/ AMPARO”, Expte. Nº C-20.117/20 (C-2442/21-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora, por intermedio de sus letradas apoderadas las Dras. Marcela Castro Dassen, Maria Cristina Riera y Agostina Fenoglio (cfr. PE93167-2021 Código de Validación: mid0j8), contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial (cfr. PE82105-2021 Código de Validación: 323kk8), que confirmó la declaración de inadmisibilidad formal del amparo, decidida en Primera Instancia (cfr. PE23263-2020 Código de Validación: o0yysv).-
II. En la especie, el Colegio de Odontólogos de la Provincia de Santa Cruz promovió acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Provincial, a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad del Decreto Nº 1246/2020 del 29 de octubre de 2020, reglamentario de una serie de artículos de la Ley Nº 547, modificada por la Ley Nº 3629.-
Sostuvo que el decreto en cuestión, además de exceder la facultad reglamentaria reconocida al Poder Ejecutivo Provincial, se traduce en una disolución del Colegio, al vaciarlo de sus funciones, tornándolo en un apéndice del Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz (cfr. pág. 4 de la PE15044-2020).-
Al sustentar la procedencia formal de la vía intentada, adujo que ese acto normativo lesiona en forma actual, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, los derechos consagrados en los artículos 14, 14 bis, 16, 18 y 19 de la Constitución Nacional. Dijo, igualmente, que la inmediatez en la aplicación del decreto determina que la única vía procedente es el amparo, toda vez que cualquier otro proceso tornaría ilusorio sus derechos (cfr. pág. 5 de la PE15044-2020).- El magistrado de Primera Instancia declaró la improcedencia formal de la acción de amparo, (cfr. PE23263-2020).-
Apelada esta decisión, la Excma. Cámara de Apelaciones la confirmó.-
Para así resolver, advirtió que el amparo sólo procede frente a un acto notoriamente ilegal, concreto y manifiesto que lesione un derecho y/o garantía constitucional, siendo carga del amparista acreditar palmariamente la inexistencia de acciones más idóneas y rápidas para su resguardo. Apoyó esta premisa en lo dispuesto por el artículo 3º, inciso d), de la Ley Nº 1117 (cfr. pág. 4 de PE 82105-2021). En consecuencia, estableció que es una exigencia para el Juzgador aplicar un criterio restrictivo respecto de la habilitación de este remedio excepcional (cfr. pág. 5 de PE cit.).- Resaltó que la pretensión del amparista de obtener la declaración de inconstitucionalidad del Decreto Nº 1246/2020 implica un acto de suma gravedad institucional, última ratio del orden jurídico, a lo que agregó que ese requerimiento se encarrila en un proceso que, por definición legal, no admite mayores posibilidades de debate y prueba. Dijo, asimismo, que si bien en el marco del amparo se admite la declaración de inconstitucionalidad de las normas, ello debe ser meritado en su justo alcance y con suma prudencia, máxime cuando el ordenamiento constitucional provincial contempla la acción de inconstitucionalidad autónoma (cfr. PE cit. y pág. cit.).- Hizo hincapié en la falta de invocación y acreditación por parte del amparista de otras vías más idóneas. En punto a ello, destacó que nada hizo para demostrar que el daño alegado -consistente en la disolución del Colegio- sólo podía ser reparado acudiendo al amparo y/o que el tránsito por la vía administrativa previa y el posterior acceso a la jurisdicción contencioso administrativa pudiera acarrearle un perjuicio irreparable (cfr. págs. 5 y 6 de PE82105-2020).- Consideró que la propia Ley Nº 547 ponía al Colegio de Odontólogos bajo la supervisión de la autoridad administrativa y, por ello, la pretendida arbitrariedad o ilegitimidad del decreto reglamentario no surgía como manifiesta. Como corolario de ello, estimó que su acreditación requería un análisis más profundo y de mayor amplitud probatoria (cfr. pág. cit).-
También expuso que no se había demostrado un perjuicio concreto ni un interés actual, directo, inmediato y sustancial exigido para la concreción del caso (cfr. pág. 7 de PE82105-2020).-
Por todo ello, concluyó que la pretensión del amparista no particularizaba ni precisaba una conducta reprochable de parte de la autoridad demandada, susceptible de violentar de manera actual o inminente sus derechos y, por lo tanto, desestimó el carril jurídico emprendido (cfr. pág. cit. de la PE23263-2020).-
III. Contra este pronunciamiento, el amparista interpuso recurso de casación mediante PE93167-2021, aduciendo violación de la ley, en los términos del artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad (cfr. pág. 1).-
El tenor del escrito recursivo es susceptible del siguiente compendio: en primer lugar, plantea la violación del artículo 43 de la Constitución Nacional; en segundo término, aduce la errónea aplicación del artículo 119, inciso 2º, de la Constitución Provincial; y, por último, fundamenta su impugnación con base en la doctrina de la arbitrariedad.-
En su agravio inaugural, dice que el Tribunal de Alzada se equivoca al calificar de excepcional la vía del amparo desde la órbita de la Ley Nº 1117, pretiriendo la vigencia del artículo 43 de la Ley Fundamental (cfr. pág. 8 de la PE93167-2021).-
Refiere que la exigencia de que no exista otra vía legal alude a un medio judicial más idóneo y, por ello, cuestiona que el órgano a quo afirmara que la acción de inconstitucionalidad podía cumplir ese requisito. Añade que esta vía dejaría vigente por mucho tiempo el decreto que ataca, afectando el funcionamiento del Colegio por años (cfr. pág. 9 de la PE93167-2021).-
Postula que en el caso de autos no se requiere mayor debate ni prueba y expresa que consentir la excepcionalidad del amparo como derecho constitucional, reservándolo a los casos en que no exista otra vía judicial, implica su desaparición (cfr. pág. cit. de la PE93167-2021).-
Plantea como interrogante si no resulta grave que a través de un decreto se modifique el espíritu de la ley y, en ese andar, subraya que la Ley Nº 547 establece en qué circunstancias el Colegio de Odontólogos debe dar intervención al Ministerio de Salud y Ambiente, mientras que el Decreto Nº 1246/2020 convierte a las decisiones de las máximas autoridades del colegio en supletorias y revisables por parte de la rama ejecutiva aludida (cfr. pág. 11 de la PE93167-2021).- En su segundo agravio, vuelve a reiterar que el acto normativo cuestionado altera el espíritu de la ley precitada, opinando que el Colegio pasa a ser un apéndice del Ministerio de Salud y Ambiente (cfr. pág. 12 de la PE93167-2021). Manifiesta, además, que esa cartera gubernamental pasó a ser la autoridad máxima, convirtiendo al Colegio en un ente permanentemente intervenido (cfr. pág. 15 de la PE93167-2021).- Finalmente, en cuanto a la arbitrariedad endilgada a la resolución en crisis, argumenta que si la Excma. Cámara de Apelaciones sostuvo que no correspondía el proceso de amparo, no podía expedirse sobre la constitucionalidad del decreto en cuestión y, menos aún, hacerlo con la liviandad con que lo hizo, incurriendo en auto contradicción (cfr. pág. 17 de la PE93167-2021). Dice que este análisis deviene arbitrario por cuanto ingresó al fondo de la cuestión y, asimismo, no analizó las argumentaciones que oportunamente vertió en su demanda y apelación, so pretexto de no tener la obligación de hacerlo (cfr. págs. 17 y 18 de la PE93167-2021).- Hace reserva del caso federal (cfr. pág. 18 de la PE93167-2021).-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación, (cfr. PE113760-2021-Código de Validación: 5iw4rp).-
Finalmente pasan los presentes al Acuerdo (cfr. PE112675-2021).-
IV. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
Para realizar esta tarea no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio.- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que el recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.-
V. Tal como fuera anticipado, el recurrente acusa la infracción de una norma no actuada; concretamente, alega que el órgano jurisdiccional de alzada no aplicó el artículo 43 de la Constitución Nacional.-
Liminarmente, debe advertirse que los términos vertidos en el escrito impugnativo bajo análisis aparecen como meras conjeturas edificadas sobre el texto constitucional que declaman con extrema laxitud su visión particular del caso sometido a juicio y, por ende, mal podrían calificarse como un cuestionamiento concreto y eficaz.-
El recurrente cuestiona, entre otras cuestiones, que la Excma. Cámara de Apelaciones haya considerado al amparo como última ratio (cfr. pág. 5 de la PE93167-2021).-
Frente a ello, cabe recordar que la primera tarea que debe emprender la parte recurrente cuando se propone emplear esta vía extraordinaria “…es la recta interpretación del pronunciamiento que se dispone a impugnar; si defecciona en esta labor, es decir, si desinterpreta el fallo, dirigiendo la crítica a premisas o conclusiones que no constituyen la verdadera motivación de la sentencia, el recurso será insuficiente.” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3392, Folio 5690/5693, entre otros).- Cotejados los argumentos conclusivos expuestos en la resolución en crisis con aquellos otros que el casacionista incluyera en su pieza recursiva, es fácilmente advertible que estos últimos evidencian un ayuno de fundamentación, en tanto parten de un presunto criterio del Juzgador que en realidad no fue expuesto por éste. Es que el tribunal de grado no efectuó una afirmación como la reseñada, sino que lo que concretamente aseveró, con apoyo en jurisprudencia del Máximo Tribunal del país, fue que la declaración de inconstitucionalidad de una norma (en nuestro caso, el Decreto Nº 1246/2020) constituye “…'un acto de suma gravedad institucional, última ratio del orden jurídico'…” (cfr. pág. 5 de la PE82105-2021), exposición que en modo alguno resulta equivalente a la que la recurrente le adjudica.- El eje central sobre el cual reposó, en definitiva, el fallo emitido por la Excma. Cámara de Apelaciones expuso que era una carga del amparista acreditar la inexistencia de vías más idóneas que el amparo, teniendo como dirimente, para decidir la cuestión, que los argumentos trazados en la demanda no lograron demostrar eficazmente esa premisa.-
Este núcleo de la decisión no es criticado por el recurrente mediante argumentos conducentes para poner en evidencia un decisivo error de argumentación, sino que construye alrededor de él meras discrepancias inhábiles para lograr la revisión casatoria.-
Vinculado con ello, aparece un tópico aludido por la Excma. Cámara de Apelaciones que reviste una relevancia trascendental para evitar la desnaturalización de los cauces procesales previstos en el ordenamiento jurídico para pretensiones como la vehiculizada en el sub lite.-
En su escrito de inicio, el actor precisó que la acción de amparo se promueve con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto Nº 1246/2020 (cfr. pág. 1 de la PE15044-2020).-
Frente a ello, el Tribunal de grado sostuvo que si bien a partir de la reforma constitucional del año 1994 resulta posible la declaración de inconstitucionalidad de normas en el proceso de amparo, ello debe ser meritado en su justo alcance y con suma prudencia; máxime cuando el artículo 132, inciso 3º, de la Constitución Provincial contempla la acción de inconstitucionalidad autónoma con competencia originaria ante este Tribunal Superior de Justicia (cfr. pág. 5 de la PE82105-2021). Esto último no puede pasar desapercibido, puesto que el amparo no puede ser el vehículo para viabilizar solapadamente planteos que tienen por objeto directo obtener una sentencia declarativa de certeza constitucional.- En su pieza recursiva, el recurrente plantea un agravio sobre este tema, expresando que no puede considerarse a la acción de inconstitucionalidad como un medio judicial idóneo, puesto que dejaría vigente por mucho tiempo el Decreto Nº 1246/2020, afectando su funcionamiento como institución (cfr. pág. 9 de la PE93167-2021).-
Este planteo resulta insusceptible de cognición en esta instancia extraordinaria, en tanto trasluce la introducción de nuevos argumentos que no fueron ensayados oportunamente en sede de grado.-
En efecto, la pretensión inicial tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad del acto normativo enunciado no contiene fundamento alguno tendiente a demostrar la falta de idoneidad del cauce procesal reflejado en el artículo 132, inciso 3º, de la Constitucional Provincial.-
Así las cosas, cabe rememorar que este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que las argumentaciones que conforman una defensa novedosa por no haber sido sometidas a decisión de los jueces de grado son inatendibles en casación y que no puede admitirse una argumentación cuando resulta novedosa en esta sede en tanto no fue propuesta en la etapa en que debió plantearse (cfr., Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3403, Folio 5721/5725, entre otros).-
Por ello, el agravio ensayado, al no haber sido oportunamente propuesto en la instancia de origen, deviene inaudible en esta sede extraordinaria.-
Amén de ello, es elemental advertir que las pretensiones declarativas de inconstitucionalidad pueden tramitar a través de diversos cauces procedimentales. Entre ellos, se encuentra el amparo. Pero no se trata de la única vía pues, los procesos ordinarios o sumarísimos también podrían ser procedimientos aptos para dar trámite a pretensiones de este tipo, así como también distintos procedimientos especiales previstos para la tutela de derechos específicos (cfr. Carlos José Laplacette, “Acciones declarativas de inconstitucionalidad: en el poder judicial de la Nación, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1ª ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley, 2020, págs. 178, 180 y 181).- En sintonía con lo expuesto, Matías A.
Sucunza sostiene que: “Cuando se trate de una impugnación directa, general, abstracta y preventiva, tendiente a evitar su aplicación a casos futuros, deberemos utilizar la acción originaria de inconstitucionalidad (…) En cambio, cuando se trabaje sobre una afectación concreta, actual y el planteo de inconstitucionalidad sea indirecto, podré utilizar cualquier de las vías generales o especiales existentes (por ejemplo, pretensiones de restablecimiento de derecho o amparo) (…) Teniendo en consideración que la acción originaria de inconstitucionalidad es una vía especial y que excepcionalmente puede admitir el tratamiento de alguna afectación concreta, quienes deseen acudir al amparo deberán acreditar porqué aquella no es eficaz para la tutela de los derechos en cuestión o que daño grave e irreparable le genera su utilización.
La forma en que expongamos y definamos la pretensión o la posibilidad de argumentar en torno a la presencia o ausencia de los recaudos de ambas vías, será determinante para desentrañar cuál es la más apta. La norma y/o el acto aplicativo en relación a la persona en cuestión, debe resultar abiertamente inconstitucional. Ello así porque la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio (…): lo manifiestamente arbitrario o ilegal debe ser evidente; y, el ámbito de discusión propio del amparo limita el examen amplio (cfr. autor cit., “Ley de amparo individual y colectivo de la provincia de Buenos Aires: análisis, comentario y desarrollo jurisprudencial”, 1ª ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Editores del Sur, 2018, págs. 107 a 109).- Como se vio, mediante la presente contienda se cuestiona un mandato general, abstracto e impersonal de índole local -como lo es el Decreto Nº 1246/2020- acusando la infracción del plexo constitucional.
Ante este escenario, resulta clave advertir que la demanda originaria de inconstitucionalidad constituye -indudablemente- un carril hábil para la defensa de la Constitución Provincial y por dicho motivo debe encontrar en el laboreo jurídico un lugar de privilegio.- Siendo la declaración de inconstitucionalidad de las normas una de las funciones más delicadas que se confía a un órgano de justicia y asimismo un acto de suma gravedad institucional, es imperativo atender al mandato constitucional emanado del artículo 132, inciso 3º, de la Constitución Provincial. En esta línea, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido que: “Impugnándose una ley local por presuntas transgresiones a normas constitucionales, surge prima facie comprometida la competencia originaria de esta Suprema Corte atribuida por el art. 149 inc. 1º de la Const.
Prov. [actual art. 161, inc. 1º, cuyo contenido es similar al art. 132, inc. 3º de nuestra Constitución]” (cfr. sum. “Jose Refosco (Pigeon Club Argentino) c/Acción de Amparo s/cuestión de comp. art. 6º C.C.A.”, del 14/09/93, causa B 55.366).-
Por ello, vale resaltar que al encontrarse prevista una vía específica idónea para dirimir la relación concreta entre las cláusulas superiores que se dicen trasgredidas y el texto normativo puesto en tela de juicio, ésta debe prevalecer frente al carácter subsidiario que posean las restantes (v.gr. el amparo). Como se dijo, estas premisas fueron ponderadas en el fallo cuestionado, sin que el recurrente haya desplegado un embate recursivo oportuno e idóneo que consiga poner en crisis lo expuesto.-
VI. Por otra parte, el recurrente endilga al pronunciamiento en crisis una errónea aplicación del artículo 119, inciso 2º, de la Constitución Provincial.-
En punto a ello, esgrime que el decreto cuestionado altera el espíritu de la ley precitada, opinando que el Colegio pasa a ser un apéndice del Ministerio de Salud y Ambiente (cfr. pág. 12 de la PE93167-2021).-
Cabe advertir que el impugnante se limita a reiterar argumentos ya ensayados en las instancias ordinarias, sin mayores aditamentos, es decir, sin hacerse cargo de los motivos ofrecidos por el tribunal de mérito, por lo que carecen de la idoneidad técnica necesaria para revertir lo decidido.-
Vale recordar que la Excma. Cámara de Apelaciones, sobre este tópico, se circunscribió a señalar que “…la propia ley N° 547 ponía al Colegio de Odontólogos bajo la supervisión de la autoridad administrativa y por ello, la pretendida arbitrariedad o ilegalidad del decreto reglamentario no surge como manifiesta…” (cfr. pág. 6 de la PE82105-2021).-
Así las cosas, se observa que los argumentos del recurrente se dirigen, en definitiva, a brindar su propio punto de vista, pretendiendo recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo VI, Reg. 880, Folio 1019/1021, entre otros).-
Es aplicable a la causa bajo estudio lo ya dicho por este Alto Cuerpo: “…No se observa más que la enumeración de prerrogativas supuestamente lesionadas, lo que no basta para abrir la vía extraordinaria (confr. TSJSC, Tomo XII, Interlocutorio, Reg. 1632, Folio 2348/2350; Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2619, Folio 3918/3920; Tomo IX, Sentencia, Reg. 303, Folio 1637/1641). Que, sobre el particular, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la sola mención de preceptos no basta para abrir la vía extraordinaria (Fallos: 165:62; 181:290; 266:135; 310:2306; entre otros), correspondiendo, por todo ello, desestimar tal pretenso agravio.” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXV, Reg. 3042, Folio 4927/4930).- En tales condiciones, el recurso aparece como insuficiente en tanto se aparta del hilo conductor plasmado en la sentencia cuestionada, omitiendo de tal modo descalificarla.-
VII. Por último, el recurrente tilda de arbitraria a la decisión emitida por la Excma. Cámara de Apelaciones, por cuanto, por un lado, habría declarado improcedente la acción de amparo y, por el otro, se expide respecto de la cuestión de fondo al analizar la constitucionalidad del Decreto Nº 1246/2020 (cfr. pág. 17 de la PE93167-2021).-
Este razonamiento carece de idoneidad para superar el valladar que se interpone en el acceso a esta instancia extraordinaria, toda vez que el recurrente no esboza ningún argumento atendible que permita vislumbrar la existencia de alguno de los presupuestos que configuran la arbitrariedad. Para descalificar una sentencia por arbitraria no es suficiente alegar tal vicio, sino que hay que demostrarlo. En esta inteligencia este Alto Cuerpo ha sostenido que “… '…para que se configure el extremo del absurdo o de la arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que 'el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento'…'…”(cfr. Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3510, Folio 6012/6016, entre otros).- No se demuestra ni se aprecia que el fallo constituya una decisión sujeta a descalificación, por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales; antes bien, más allá de la discordancia que se pueda mantener con los criterios sustentados por los jueces, el fallo contiene fundamentos de diverso orden que le dan suficiente consistencia jurídica; máxime teniendo en cuenta que no se advierte -tal como se denuncia en la pieza recursiva- un avance de los magistrados de la Excma. Cámara de Apelaciones en la cuestión de fondo, sino que, por el contrario, se aprecia un estudio dedicado a indagar sobre uno de los presupuestos específicos necesarios para habilitar el andarivel procesal intentado, esto es, la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta del Decreto Nº 1246/2020.- Así las cosas, examinados los términos del recurso, se advierte que no posee fundamentos suficientes para acceder a esta instancia.-
VIII. Que en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte actora mediante PE93167-2021 no logra habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido, y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial dictada en PE113760-2021, de conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, teniendo presente la ratificación de caso federal efectuada.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE93167-2021 y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial dictada en PE113760-2021.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Vocal, Dra. Alicia de los Angeles Mercau (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidenta- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1054I.211 Tomo: XXXII Interlocutorio: 3633 Folio N°: 6330/6335 Secretaría: 1
Fin de la sentencia