Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-869/23-TSJ
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-869/23-TSJ Interlocutorio N°: 472 Actor: COLEGIO DE ODONTOLOGOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Demandada: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD Fecha: 10-08-2023 Texto: TOMO IX -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 472 FOLIO Nº 1785/1786 PROT. ELECT. TSS1 006 O.231
Río Gallegos, 10 de agosto de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “COLEGIO DE ODONTOLOGOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD”, Expte. Nº C-869/23, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud de la presentación que efectuara la Dra. Marcela Castro Dassen, en el carácter de apoderada del Colegio de Odontólogos de la Provincia de Santa Cruz, solicitando: “…la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 1246/2020 en la medida en que mediante el mismo se modifica en su esencia la Ley de Creación del Colegio de Odontólogos, contrariando el principio de legalidad consagrado por el art. 19 y el de supremacía de las leyes consagrado por el art. 31 ambos de la Constitución Nacional.” (cfr. PE918575-2023, INT00027998.pdf, pág. 1).- Afirma que: “...este decreto reglamentario, además de exceder claramente la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Provincial, se traduce en la disolución del Colegio, al vaciarlo de sus funciones, tornándolo un apéndice del Ministerio de Salud y Ambiente.” (cfr.
PE cit., pág. 7).- Agrega que el Decreto impugnado: “...afecta asimismo el art. 14 de la Constitución Nacional en cuanto a que protege el Derecho a la Asociación, que en el caso se encuentra legislada y reglamentada por la Ley 547, y destacándose que cualquier reglamentación está sujeta al control de razonabilidad a partir de los valores implicados y protegidos para las organizaciones profesionales, y que en el caso mediante el dictado del Decreto no se trata de una limitación sino de la desaparición de este derecho, al dejar toda decisión del Colegio que une a los odontólogos a merced de la aprobación del PEP. Vulnera el art. 14 bis de la Constitución en tanto afecta las condiciones dignas y equitativas de labor, al dejar a merced del Estado cualquier regulación en el ejercicio de la profesión, sea respecto de la salubridad y seguridad, como a la retribución, dejando a merced de grandes corporaciones como las Obras Sociales y el propio Estado Provincial la fijación de los honorarios mínimos éticos, las condiciones de trabajo, habilitación de consultorios, etc., en razón de que toda decisión que tome el Colegio debe superar el 'filtro' de un Ministerio.
El derecho a la igualdad protegido por el art. 16 se encuentra también comprometido, al discriminar a la profesión odontológica respecto de otras profesiones, Médicos, Contadores, Psicólogos, etc. que gobiernan su matrícula y el ejercicio de su profesión sin injerencia del Estado. El art. 18 de la Carta Magna garantiza el derecho al debido proceso, que incluye desde ya el proceso administrativo, el que se encuentra claramente violentado con el avasallamiento de todo derecho sin siquiera dar intervención a los afectados.” (cfr. PE cit., pág. 8).- Sostiene que: “También lesiona el Decreto objeto de autos, el inc. 2 del art. 119 de la Constitución Provincial que establece como atribución y deber del Gobernador de la Provincia promulgar las leyes y expedir Decretos o Reglamentos para su ejecución sin alterar su espíritu.” (cfr.
PE cit., pág. 9).- Ofrece prueba y hace reserva del caso federal (cfr. PE cit., págs. 13/14).-
Corrida vista de la acción al Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, dictamina que el Excmo. Tribunal Superior de Justicia es competente para entender en la misma (cfr. PE930190-2023).-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE584404-2023.-
II. Que corresponde definir cuál será el adecuado marco legal por el que en definitiva deberá transitar el presente proceso.-
Ingresando en el estudio del tema, se observa a primera vista que el objeto de la pretensión importa el planteamiento de una acción de inconstitucionalidad, a fin de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto Provincial Nº 1246/2020. Razón por la cual, este Tribunal Superior, por imperio del mandato constitucional al que alude el artículo 132, inciso 3) de la Constitución Provincial, es competente para entender en la causa.- Al carecer nuestro ordenamiento procesal de un procedimiento específico a aplicar en las acciones de inconstitucionalidad y no pudiendo impedirse el ejercicio de la propia competencia por ausencia de normas rituales que la rijan, con estricto apego a la garantía de la defensa en juicio y debido proceso en sus formas esenciales, corresponde establecer o fijar las pautas procedimentales a seguir de conformidad a las particulares circunstancias que se plantean.- En consecuencia, y remitiéndonos a los antecedentes de este Tribunal en casos similares, corresponde determinar que la causa tramitará sujeta a las normas procedimentales del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600 (cfr. causas Nros. 207/91; C-245/93 y S-280/95; entre otros, en que se aplicó el trámite de la Ley 22, derogada por la Ley 2600 -art. 110-; y posteriormente, antecedentes registrados en el Libro de Otros Recursos, Tomos VII, Reg. 365, Folio 1377/1378; VIII, Reg. 385, Folio 1456/1457, Reg. 389, Folio 1471/1472 y IX, Reg. 447, Folio 1690/1691, Reg. 448, Folio 1692/1693 y Reg. 468, Folio 1770/1771).- Por todo lo expuesto y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Imprimir al presente el trámite previsto en el Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.- Protocolización: TSS1006O.231 Tomo: IX Interlocutorio: 472 Folio N°: 1785/1786 Secretaría: 1
Fin de la sentencia